El crítico literario Ernesto Ayala-Dip confiesa hoy en su periódico que tiene miedo y que de ese miedo tiene la culpa un manifiesto, el de Libres e iguales. Que un manifiesto firmado por ciudadanos más o menos relevantes infunda miedo a otro ciudadano resulta tremendo; ni que fuera un pronunciamiento. Pero hay quien así lo toma, qué le vamos a hacer. Y luego, en fin, el miedo es libre. Incluso el de un crítico literario como Ayala-Dip. A mí, sin embargo, lo que más me ha llamado la atención de su artículo no es ese miedo próximo al terror pánico que exhibe, ni tampoco esa natural inclinación por otro manifiesto, federal federal, ni siquiera su incomprensión ante el hecho de que un poeta y un cineasta, categorías nobles donde las haya, pudieran haber suscrito tamaña amenaza; es esa «gramática severa» que ha creído encontrar en el texto del manifiesto aterrorizante y que él ejemplifica en ese par de frases: «Reclamamos al Estado que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla. Ninguna infracción debe quedar impune y ninguna sentencia puede ser desacatada». Por más vueltas que le doy, no alcanzo a ver dónde la gramática deja de ser simplemente correcta para tornarse también severa. A no ser que el articulista confunda ambos conceptos y considere fuera de lugar tener que sujetarse a una norma, sea esta gramatical o de otra índole. Porque lo que subyace en este «severa» no es otra cosa, en el fondo, que el rechazo de la ley y la reivindicación del derecho a violarla. O, si lo prefieren, la exigencia de impunidad ante los actos de desacato, en consonancia con lo que está ocurriendo en Cataluña desde hace por lo menos un par de años. Si bien se mira, a no pocos españoles –y, entre ellos, a bastantes catalanes– lo que en verdad les incomoda es tener que vivir en un Estado de derecho. O sea, en el Estado que la inmensa mayoría de los españoles se dieron hace ya más de 35 años.