Pronunciamientos

«No habrá una solución estable al problema de encaje entre Cataluña y España sin que los catalanes se puedan pronunciar sobre su futuro en un referéndum.» Son palabras de esta semana de Miquel Iceta, futuro primer secretario del PSC. Es verdad que fueron precedidas de la advertencia de que ese pronunciamiento catalán debía producirse tras un acuerdo entre las partes, o sea, entre el Gobierno autonómico y el central. Y también lo es que Iceta no estaba aludiendo con ello a una consulta como la prevista el 9 de noviembre, sino a una cuya pregunta él mismo formuló como sigue: «¿Quiere que el Gobierno de Cataluña negocie con las instituciones del Estado un acuerdo que garantice el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, un pacto fiscal solidario y el blindaje de las competencias en lengua y cultura?» Pero, aun así, su postura —y la del partido que pronto va a representar al máximo nivel— continúa estando fuera de lugar, por cuanto parte de una premisa falsa: la de que los catalanes no se han pronunciado sobre su futuro. Sí lo hicieron. En junio de 2006, para ser precisos. Y luego el Tribunal Constitucional, atendiendo a la circunstancia de que el Estatuto votado y aprobado por las Cortes españolas y por una considerable mayoría de la minoría del cuerpo electoral catalán que ejerció su derecho al voto contenía unos cuantos artículos incompatibles con la Carta Magna, anuló lo que entraba en colisión con nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente, si las Cortes hubieran hecho bien su trabajo, lo aprobado por los catalanes en referéndum no habría merecido recorte alguno. Pero, qué se le va a hacer, el PSOE necesitaba salvar la cara ante sus socios nacionalistas y no le importó ensuciarse las manos en el Congreso en la confianza de que la sentencia del Constitucional sería benévola y, en último término, tardaría en llegar —como así fue—. Si bien se mira, lo que Iceta está proponiendo ahora es devolverle al Estatuto aquellos artículos que no encajaban en la Constitución y fueron, por tanto, justamente eliminados. Y hacerlo, por supuesto, sin que el resto de los españoles puedan pronunciarse al respecto.

(ABC, 12 de julio de 2014)