La condición humana

Habrá que estar eternamente agradecidos al doctor Mu. De no ser por él, lo más probable es que hoy en día careceríamos de un testimonio excepcional para tratar de comprender, en toda su complejidad —esto es, en su bondad y en su maldad infinitas—, la condición humana. El doctor Mu hizo en su momento algo muy simple: le propuso a Denise Affonço que redactara sus propias memorias. Es más, le indicó que no intentara escribir una novela, que relatara tan sólo lo que ella había «visto y vivido, día a día, bajo el régimen de los jemeres rojos». Y Denise Affonço aceptó. A cambio, durante las semanas que tardó en narrar sus vivencias, tanto ella como su hijo pudieron comer tres veces al día. O sea, mañana, tarde y noche. Para alguien que había pasado casi cuatro años de su vida en la más absoluta indigencia, con una sola y miserable comida diaria —una suerte de brebaje inmundo hecho a base de arroz y maíz— y alimentándose a escondidas con los escarabajos o gusanos que encontraba en los campos encharcados donde trabajaba de sol a sol, esas semanas de escritura supieron a gloria. Lo cual no impide, claro, que el ejercicio de recordar fuera también para Affonço tan arduo como doloroso. El doctor Mu era un oficial médico del ejército vietnamita que acababa de invadir Camboya para derrocar, a los pocos días, el régimen de los jemeres rojos. En otras palabras, su propuesta tenía un evidente objetivo político: recabar el testimonio de uno de los pocos supervivientes del horror que había asolado el país entre abril de 1975 y enero de 1979. Tarde o temprano los responsables de aquel exterminio —se calcula que fallecieron, de un modo u otro, cerca de dos millones de seres humanos— iban a comparecer ante la justicia, por lo que la narración de Affonço constituía una valiosísima prueba de cargo. Y aun cuando ella misma, llegada la hora, pudiera aportar su testimonio de viva voz, había que impedir a toda costa que el tiempo, entre tanto, borrara o falseara las huellas de la barbarie. De ahí la importancia de que pusiera por escrito su propia tragedia, sin ficción alguna y sin renunciar a contar, con todo detalle, hasta el más mínimo recuerdo. Gracias a esa feliz circunstancia —y a la previsión de la propia autora de aquellas memorias, que hizo una copia del manuscrito en papel carbón y la conservó durante un cuarto de siglo—, disponemos en la actualidad de una obra conmovedora, «El infierno de los jemeres rojos» (Libros del Asteroide, 2010). En ella sabemos del calvario de una mujer franco-vietnamita, residente en Phnom Penh, la capital camboyana —donde había nacido en 1944—, emparejada con un chino comunista —aunque ella era anticomunista—, con quien tuvo tres hijos, y empleada como secretaria del agregado cultural de la Embajada Francesa. Esta mujer, cuya vida transcurría con una relativa placidez a pesar de los nubarrones políticos y revolucionarios, se vio de golpe obligada por los jemeres rojos a evacuar la ciudad y a trasladarse con toda su familia hacia la selva, con la promesa de que, una vez limpiada Phnom Penh de indeseables, tanto ella como los suyos podrían volver. En realidad, para los nuevos dueños del país no había otros indeseables que los propios evacuados. Si se les conminaba a abandonar todas sus pertenencias y a marchar, en condiciones atroces, hacia al norte, era para someterlos al plan que los jerifaltes del partido —Pol Pot y compañía— habían urdido desde sus tiempos de estudiantes en el París de posguerra, cuando abrazaron el comunismo. Un magno programa de reeducación, que debía convertir a los camboyanos, y en particular a la población urbana, en anónimos cultivadores de la tierra privados de cualquier recurso. Una limpieza general, que debía eliminar en aquellos seres humanos todo rastro de humanidad. Una aniquilación, en fin, del pueblo por el pueblo, a fuego lento, pero echando mano asimismo de los métodos más expeditivos. Denise Affonço, aun sin ser camboyana, vivió todo esto. Con la perplejidad, primero, de quien no puede creer lo que está viendo, lo que está sufriendo. Con la fortaleza, luego, de quien se impone la obligación de resistir, aunque sólo sea porque la propia resistencia supone una posibilidad de salvación para su propia familia. Con el desespero, entre medio, de descubrir que aquel padre de sus hijos del que la separaron nada más llegar a la primera estación de su calvario ha sido asesinado, y de descubrirlo no como cabría esperar, mediante una comunicación de sus captores, sino a los dos años y medio de su partida, durante uno de los frecuentes lavados de cerebro a que eran sometidas las presas, al anunciarles que el dique aquel en cuya construcción están trabajando sin descanso y sin casi nada que llevarse a la boca, ni líquido ni sólido, va a llamarse «el dique de las viudas». Con el dolor de tener que asistir a la interminable agonía de su propia hija, muerta de hambre, y de su cuñada y sobrinos —con quienes compartía cautiverio—, muertos también de hambre o simplemente ejecutados por haber osado robar algún alimento. Y con la entereza suficiente, en definitiva, como para ir soportando tantas penalidades, tanto tormento, sin otro fin, aparte el de salvar la vida, que llegar a contarlo algún día. De ahí que el relato contenido en «El infierno de los jemeres rojos» no pueda sustraerse en ningún momento a la obsesión por la comida. Como escribe la propia autora, «la comida, o el fantasma de la comida, fue la obsesión de los refugiados, su preocupación existencial a cada instante, durante cuatro años. (…) No había otra ocupación que el trabajo (al que nos obligaban) y el alimento (que faltaba). Nada más. ¿El ocio? Las reuniones de adoctrinamiento». Pero, más allá de esa idea fija, que llevó a Affonço y a los suyos a nutrirse con toda clase de plantas y animales, sin reparar —qué remedio— en las condiciones de insalubridad en que se encontraban y en el consiguiente perjuicio para su salud, el relato constituye un fresco inestimable sobre la condición humana. Basta recordar, en este sentido, el maravilloso ejemplo de esa mujer y de quienes, como ella, lograron sobrevivir al martirio. Pero hay más. Porque el libro también nos enseña, en contraposición con lo anterior y por si lo hubiéramos olvidado, que la maldad no tiene límites. Y que no existe peor maldad que la derivada de la aplicación de una doctrina totalitaria, en este caso el comunismo. Bajo el señuelo de una sociedad nueva, de una sociedad sin mercado, sin moneda, sin nada de cuanto el hombre ha sido capaz de atesorar como bien común a lo largo de siglos de progreso; bajo el señuelo de una sociedad así, formada por meras réplicas de un mismo patrón, lo que se acaba instaurando —lo que se instauró en Camboya hace más de tres décadas— es una verdadera tiranía, en la que el individuo pierde cualquier atisbo de dignidad y donde sólo reinan el hambre, la tortura, el miedo y la delación. Es decir, la muerte. ABC, 30 de diciembre de 2010.

Un nombramiento extraordinario

Si alguien ha tenido en Cataluña alguna idea, algún plan, relacionados con la cultura catalana; si alguien ha dedicado gran parte de su vida política a imaginar cómo debía ser esa cultura; si alguien, en fin, ha ambicionado llegar a gestionarla algún día, ese alguien no es otro que Ferran Mascarell. Es verdad que el actual consejero «in pectore» ya se había visto agraciado con el cargo en abril de 2006. Pero también lo es que la caída en barrena de Pasqual Maragall tras el referéndum del Estatuto, unida a la posterior cesión a ERC del área de Cultura, ya con José Montilla de presidente, hicieron que su mandato quedara entonces limitado a apenas seis meses. De ahí que la noticia de su nombramiento no pueda sino entenderse como un acto de estricta justicia, algo no muy habitual en estos lares.

Claro que la vuelta de Mascarell al Departamento Cultura mueve también a otras consideraciones. Por ejemplo, a la que vincula el ofrecimiento del cargo y su posterior aceptación a la participación de Mascarell en la «Casa Grande del Catalanismo» auspiciada por Artur Mas. O a la que lleva a preguntarse si el sectarismo del que siempre se le ha acusado desde las filas convergentes va a proyectarse, en el futuro, hacia otra clase de filas, y entre ellas las socialistas. O a la que consiste en plantearse si su acreditada propensión al gasto público puede encajar en un horizonte marcado por la austeridad y la contención.

Con todo, ninguna de estas consideraciones alcanza, en importancia, a la que resulta de constatar que Mascarell es el primer político, desde la reinstauración de la democracia, en ejercer un mismo cargo en dos formaciones políticas de muy distinto signo ideológico, por no decir aparentemente enfrentadas. Ni en Cataluña ni en el conjunto de España había ocurrido nunca, que yo sepa, algo similar. Se trata, pues, de un nombramiento extraordinario. Por eso Mascarell va a ser también el primero en tener que aplicar un programa electoral radicalmente distinto, en sus presupuestos culturales, a cuantos él mismo había urdido en las últimas décadas para el PSC. Pero, a lo que se ve, eso no importa demasiado. Porque si una lección puede extraerse de su nombramiento es la triste lección de que hoy, en Cataluña, ya no hay separación ninguna entre gobierno y oposición, y todo, hasta la cultura, resulta intercambiable.

ABC, 28 de diciembre de 2010.

En tránsito

Uno creía que la crisis económica lo curaba todo, pero no. Queda Cataluña, como un islote irredento. O, para ser precisos, la política catalana. A juzgar por lo que ha dado de sí el debate de investidura, aquí lo importante no es el fomento del empleo, ni la reforma del mercado laboral y las pensiones, ni las propuestas de regeneración democrática; no, aquí lo importante es «la transición nacional», también llamada «transición catalana». Lo ha dicho el que a estas alturas —o sea, cuando ustedes estén leyendo este artículo— se habrá convertido ya, de no mediar sorpresa, en el 129 presidente de la Generalitat. Y lo ha dicho no de refilón, sino en la parte culminante de su discurso, allí donde la palabra clímax encuentra su razón de ser. Así pues, habrá que preguntarse qué demonios es esa transición a la que tanto apego parece tener Artur Mas.

Hace unos días Arcadi Espada advertía en su blog de que esa transición no llevaba a ninguna parte. Que, al contrario de la española, que llevaba a la democracia, esa carecía de complemento. Y que semejante indeterminación iba a caracterizar, como en tiempos del pujolismo, la política catalana. No estoy tan seguro. En el discurso de Mas —por cierto: escrito en un catalán donde no faltan, para no perder la costumbre presidencial, los errores gramaticales— la «transición nacional» se opone, en su formulación misma, a la «transición democrática». (Al igual que Cataluña —a lo largo del documento y en la propia cabeza de Mas— se opone siempre a España.) De ahí que sea lícito suponer que, si la transición democrática consistió en pasar de un régimen dictatorial a uno democrático, la transición nacional no pueda sino consistir en pasar de un régimen no nacional —esto es, regional o, a lo sumo, autonómico— a uno nacional. O, si lo prefieren, del estado de Autonomía al estado de Estado. Así se deduce, al cabo, de la apelación al pueblo catalán como sujeto de soberanía; de la reiterada reivindicación del derecho a decidir; de la exhibición, como principal desafío legislativo, de ese Pacto Fiscal que viene a sustituir, terminológicamente hablando, al Concierto vasco y que el dirigente nacionalista se propone arrancarle, a cambio de votos, al Gobierno de España que salga de las próximas elecciones generales; y todo ello rematado por esa rocambolesca definición de Cataluña como «idea en movimiento», de la que cabe esperar, me temo, muchos menos sentidos que sinsentidos.

Así las cosas, ojalá lleguen pronto las generales y nos traigan la más absoluta de las mayorías.

ABC, 25 de diciembre de 2010.

Tiempos de mudanza

El pasado jueves arrancó en Cataluña la IX legislatura. La cosa empezó con lágrimas. No el mismo jueves, sino la víspera. Según propia confesión, Ernest Benach, presidente saliente del Parlamento, estuvo todo el día llorando como una Magdalena. No en casa, en la Cámara misma. Se ve que fue despidiéndose de todo el personal y en cada despacho soltaba el llanto. Pobre hombre. Y encima nadie se lo agradece. Porque esta es otra. A Benach los ciudadanos le han echado del sitial, cierto; pero no de la bancada. De ahí se ha ido él porque ha querido. Como Montilla, que podía haber seguido y ha preferido convertirse en un ex. (O sea, cobrar durante cuatro años el 80% del sueldo y disponer de secretaria —o secretario, no vaya a enfadarse el mujerío—, coche oficial y una suculenta jubilación.) O como Madí, que ha cambiado los negocios políticos por los de verdad. Pues bien, a esos dos todo el mundo les reconoce el detalle. Que si tiene mucho mérito abandonar la política activa, que si gente así constituye un ejemplo para el conjunto de los ciudadanos, que si lo importante es saber perder; en fin, todo lo bueno. Y, en cambio, a Benach ni un gesto público, ni una palmadita de afecto, ni una triste columna periodística. Nada. Y el hombre, claro, hecho un mar de lágrimas.

Otro al que echaron hace tiempo pero que amenaza con volver es el antiguo mentor de Benach en el «clan de la avellana», Josep-Lluís Carod-Rovira. Tras haberse tirado toda una legislatura viajando por el mundo a costa del erario público y encima sin saber inglés —lo cual, según revelan los cables de Wikileaks, dejó asombrado en su momento al mismísimo cónsul de Estados Unidos en Barcelona—, se pavonea en los últimos días de que el batacazo electoral de su partido, con él, no habría ocurrido. Y de que lo importante ahora es mirar al futuro y construir una santa alianza nacional y de izquierdas. Vaya, algo así como aquella ERC de Macià, pero con Carod al frente.

El que no está para mudanzas, en cambio, es Higinio Clotas. Clotas lleva tres décadas en el Parlamento. Entró en la primera legislatura y ahí sigue. Y desde 1999, siempre en la mesa, como vicepresidente. O sea, con coche oficial. Que esa es la razón, dicen, por la que Montserrat Tura se ha subido esta vez al estrado, aunque ella como secretaria. ¿Que para qué quiere coche oficial, la consejera saliente? Pues para pasearse por Cataluña llevando la buena nueva parlamentaria y postulándose, de paso, como futura líder del partido, que en octubre hay congreso. Y para no perder la costumbre, claro.

ABC, 18 de diciembre de 2010.

El imperio de las Autonomías

La mayor servidumbre del Estado de las Autonomías, no me cansaré de repetirlo, es que cada día es menos Estado y más Autonomías. Un ejemplo: la reciente huelga salvaje de los controladores, más allá de las lógicas reflexiones sobre la necesidad de acabar de una vez por todas con el chantaje a que se ve sometido el Estado por parte de 2.500 teóricos servidores de lo público, sirvió para que algunos reclamaran en Cataluña la inmediata transferencia a la Generalitat de la gestión de los aeropuertos catalanes. El razonamiento era el siguiente: Aena y los controladores son un vestigio del franquismo, por lo que hay que acabar con él. Y la mejor forma de acabar con él es disolver ese vestigio en tantos lotes aeroportuarios como autonomías existen. O, al menos, darle a Cataluña lo suyo y allá se las compongan las demás.

¿Quieren otro ejemplo? El Consejo Intertextil acaba de hacer público un estudio realizado por la consultora Interbrand del que se desprende que no existe en el mercado internacional una «moda española» o, si lo prefieren, una marca «España». Y ello pese a la importancia creciente de grupos como Inditex y Mango. ¿El motivo? Pues guarda relación, al parecer, con la ausencia de una estrategia conjunta por parte de nuestras empresas textiles o, mejor dicho, de los distintos gobiernos de las comunidades autónomas donde esas empresas tienen su sede.

Pero acaso el ejemplo más significativo sea el de los resultados del informe PISA. Como saben, cada tres años la OCDE evalúa en comprensión lectora y en competencia matemática y científica a alumnos de quince años de una serie de países del mundo entero. Uno de estos países es España, que suele quedar muy por debajo de la media —y que en esta ocasión tampoco ha defraudado las expectativas—. Pero las pruebas también sirven para determinar el nivel de los alumnos españoles según la comunidad autónoma a la que pertenecen. Así, gracias a ellas nos enteramos de que Cataluña se halla por fin en el buen camino, de que Castilla y León se sale, de que Andalucía no levanta cabeza o de que Baleares está fatal. Y también de que las autonomías del norte sacan mejor nota que las del sur —nada nuevo, en el fondo—. Pero, ¿y España? ¿Sabe alguien cómo sacarla del pozo de le mediocridad, educativamente hablando? ¿Se le ha ocurrido a alguien pensar que esas comunidades autónomas, mejores o peores, no son sino las partes de un todo, o sea, de un mismo sistema educativo?

Mucho me temo que no. Y, lo que es peor, no creo que a nadie le importe.

ABC, 11 de diciembre de 2010.

Peatones y universitarios

La cosa estaba entre los pasos de peatones y la universidad. O sea, estaba en decidir con cuál de los dos estudios quedarme para hacer este artículo. Los dos son estudios recientes. Los dos tienen a Europa como universo. Los dos ponen a España en su sitio. Los dos sirven para explicar, en fin, por qué la crisis económica se ha cebado con nosotros de este modo. Al final, claro, me ha sido imposible escoger. De ahí que haya optado por comprimir en pocas palabras un material que daría, sin duda, para mucho más.

Los pasos, primero. Los pasos de peatones españoles figuran entre los menos seguros de Europa. Al menos, según el EuroTest, un consorcio de 18 automóvil clubs continentales que lleva ya una década realizando prospecciones relacionadas con la movilidad. En el estudio de este año han tomado como muestra 18 ciudades europeas, y entre ellas dos españolas, Valencia y Málaga. Pues bien, a ambas les ha cabido el honor de ocupar, respectivamente, los puestos antepenúltimo y penúltimo de la clasificación, lo que significa que la visibilidad y el mantenimiento de sus pasos de peatones —y, en consecuencia, la seguridad de quienes los cruzan— dejan mucho que desear. Es evidente que tanto en una ciudad como en otra el dinero, en los últimos tiempos, no ha escaseado. Como lo es que debe de haberse invertido —es un decir— en otros menesteres.

Y ahora la universidad. La Fundación BBVA acaba de presentar un estudio en el que se examinan «las percepciones y experiencias del que será el segmento profesional mayoritario de los próximos años, analizando las similitudes y diferencias en seis países europeos». España es uno de estos países. El resto son Francia, Alemania, Italia, Suecia y el Reino Unido. O sea, la «crème de la crème» de la universidad europea. Pues bien, el estudio revela que los estudiantes españoles son los que tienen un mayor nivel de dependencia familiar; los que más han elegido la universidad por la cercanía; los más críticos con la preparación profesional recibida, y los menos familiarizados, en fin, con la investigación que llevan a cabo sus profesores. Ah, se me olvidaba, y los que más aceptan cualquier forma de práctica contraria a la propiedad intelectual, como bajarse música o películas por internet sin pagar o descargarse programas por el mismo sistema.

En síntesis: ¿qué puede esperarse de un país que tiene en tan baja consideración la seguridad de sus ciudadanos y cuyos universitarios presentan semejante perfil? Me temo que miseria, mucha miseria —de la moral y de la otra—. Y poco más.

ABC, 4 de diciembre de 2010.

Una generación

«Estas elecciones serán decisivas y muy importantes, nos jugamos mucho (…). Decidiréis qué camino tiene que seguir Cataluña, no durante una legislatura, sino seguramente durante toda una generación». Son palabras del todavía presidente de la Generalitat, José Montilla, y fueron pronunciadas hace casi tres meses, coincidiendo con el anuncio de la fecha de las autonómicas. Ignoro de quién fue la idea de introducirlas en el discurso, si suya o del escribidor, pero el caso es que conferían a la cita del 28 de noviembre una trascendencia fuera de lo común. Como si el voto que los catalanes habían de emitir aquel día no valiera tan sólo para los cuatro años prescritos, sino para muchísimos más —para veinticinco o treinta, que es lo que suele atribuirse, generalmente, a una generación—. O, si lo prefieren, como si a lo largo de ese extenso periodo la vida política catalana tuviera que estar cortada, sin remedio, por un mismo patrón. Y ello por más elecciones autonómicas que se celebraran entre tanto.

Existe la posibilidad, claro, de que la generación en cuestión cumpliera, en el discurso del presidente, una función meramente enfática. Que no obedeciera, vaya, a cálculo temporal alguno y sólo estuviera allí para realzar la importancia de la convocatoria. Da igual. Incluso en este supuesto, su presencia en el discurso presidencial era premonitoria. Porque, vistos los resultados, si algo parece fuera de toda duda es que el pasado domingo los catalanes —o tres quintas partes de quienes, entre ellos, tenían derecho a voto— tomaron algunas decisiones cuyo alcance va mucho más allá de una simple legislatura.

La primera decisión fue devolver el poder autonómico a aquellos que lo habían ejercido, de forma ininterrumpida, durante casi un cuarto de siglo. No creo que en ello influyeran demasiado los méritos contraídos por Convergència i Unió como partido opositor. Ni tampoco los de su líder, Artur Mas. Influyó, si acaso, el recuerdo de un tiempo, el de los gobiernos de Jordi Pujol, en que la política fluía sin demasiados sobresaltos, lo mismo en el terreno de los hechos que en el de las ficciones. Un tiempo, para entendernos, en el que había orden y la gente, mal que bien, iba tirando. Y también influyó, sin duda, el convencimiento de que la solución a la crisis y al paro —o, como mínimo, los cuidados paliativos que ambos requieren— no iban a traerla quienes habían estado gestionando hasta entonces la cosa pública en connivencia ideológica con los responsables del Gobierno del Estado. En esta clase de situaciones, el castigo al culpable suele llevar aparejada la apuesta por la única alternativa posible, esto es, la apuesta por CIU —lo cual no impide que los excelentes resultados obtenidos por el Partido Popular se deban también, en mayor o menor medida, a una percepción semejante, aunque referida en este caso al conjunto de España—.

Pero en la decisión de devolver a la federación nacionalista las riendas de la gobernación autonómica influyó sobre todo otra decisión, en gran parte complementaria. Me refiero, por supuesto, a la drástica retirada de confianza de los ciudadanos catalanes a lo que se ha venido en llamar «el tripartito». Si en 2006 un 50% los votantes —casi un millón y medio de personas— habían apostado por las fuerzas políticas que acabarían constituyendo, tras la renovación de alianzas, el nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña, esa confianza se redujo el pasado domingo hasta un 32% —el equivalente a algo más de un millón de personas—. Y aunque la fuga de votos no se proyectó de forma equidistante sobre los tres miembros del terceto —el más perjudicado, en términos porcentuales, fue ERC, que perdió casi la mitad de sus sufragios— todos acusaron el golpe. Y en especial, el PSC, que a esas defecciones debe sumar las registradas ya en 2006 con respecto a las elecciones de 2003, las últimas en las que Pasqual Maragall encabezó la candidatura socialista —en total, algo más de 460.000 en siete años—.

Por eso, las consecuencias de los recientes comicios autonómicos no pueden ser en modo alguno de corto alcance. En la cultura política del catalanismo —la única reconocida oficialmente en ese trozo de España, no vaya a olvidarse—, el septenio protagonizado por el tripartito constituía la única alternancia imaginable y, luego, posible. Suponiendo que se tratara en verdad de una alternancia, puesto que, al margen de alguna veleidad izquierdista, la acción de gobierno consistió sobre todo en pasear la identidad de acá para allá, empezando por todo lo relacionado con el Estatuto y acabando por las mismísimas corridas de toros. De ahí que el fracaso notorio del experimento deba considerarse casi como un fracaso definitivo, de esos que permanecen activos en la memoria de los ciudadanos durante por lo menos una generación.

Pero hay más. Ese fracaso ha tenido una cabeza visible, la del presidente Montilla. Lo que no debería llevarnos —sólo faltaría— a eximir a Maragall o a José Luis Rodríguez Zapatero de su cuota de culpa como impulsores o instigadores del proceso y colaboradores necesarios. Pero Montilla, recuérdese, no ha sido únicamente la triste figura que ha encabezado durante más tiempo un gobierno tripartito, sino también el urdidor del primer acuerdo, el de 2003 con ERC, que desembocó en el Pacto del Tinell. A su favor, cabe reconocer que el mismo domingo por la noche anunció que no repetiría como primer secretario del partido y, al día siguiente, que renunciaba a su escaño en el Parlamento catalán (lo que sin duda —no todo van a ser malas noticias para él— ha debido de constituir un gran alivio). Sea como sea, ha asumido su parte de responsabilidad y, o mucho me equivoco, o él también ha decidido, como los catalanes, qué camino va a seguir durante una generación. En todo caso, uno alejado, si no de la política, sí de la primera línea política.

Otra cosa es lo que pueda ocurrir con el partido. El PSC siempre ha presumido de haber garantizado en todo momento, a lo largo de la democracia, la cohesión social en Cataluña. Y puede decirse que, en efecto, así ha sido. Sólo que esa cohesión tenía un precio: la sumisión al nacionalismo. Un precio ciertamente muy caro para una formación construida, en gran medida, sobre una amplia base de militantes y simpatizantes llegados a Cataluña de todos los rincones de España y de extracción social más que modesta, a la que se superpuso, ya desde el comienzo, una clase rectora surgida en su gran mayoría de la burguesía y la alta burguesía catalanas. Durante cerca de un cuarto de siglo, la fórmula ha funcionado. Pero, a la hora de verdad —y la hora de la verdad, para cualquier partido, es cuando toca gobernar—, todo se ha venido abajo.

¿Qué nos deparará el futuro? Muchas sorpresas, sin duda, pero en lo tocante al socialismo catalán me temo que no muy gozosas. A no ser que en algún estadio de la generación que se avecina sus dirigentes —y no me refiero ya a los Montilla y compañía— sean capaces, por fin, de asumir la realidad y resolver sus contradicciones. Eso si entonces, claro, sigue existiendo el partido tal como hoy lo conocemos.

ABC, 1 de diciembre de 2010.