El quinquenio rojo de Pedro Sánchez

Cuando los ciudadanos españoles estén aún bajo los efectos de los resultados de las próximas elecciones autonómicas y locales –y es de esperar que estos contribuyan decisivamente a empezar a afrontar con determinación los tres riesgos a los que está expuesta la democracia española y que son, según las justas palabras del Rey Felipe VI en su discurso de Navidad, “la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones”–, Pedro Sánchez cumplirá cinco años al frente del Gobierno. Cinco años que van a prolongarse, con toda seguridad, unos meses más, pues no parece que, de aquí a entonces, vaya a haber adelanto electoral.

A lo largo de este quinquenio se han establecido muchos paralelismos con la historia de la Segunda República española. Algunos atinados, otros no tanto, y no pocos para la galería y sin fundamento ninguno. También ha habido simples referencias a aquel régimen, a menudo ditirámbicas. Entre estas últimas sobresalen las del propio presidente del Gobierno, quien no hace mucho, como recordaba este mismo lunes en El Mundo Francisco Sosa Wagner, calificó la Segunda República de “luminosa”. Dado el contrastado apego a la ignorancia de Pedro Sánchez, es inútil preguntarse en qué evidencias descansaba, a su juicio –si juicio había–, dicha luminosidad. El propio Sosa reportaba en su artículo a modo de ejemplo una ristra de hechos imputables a los periodos de gobernanza republicano-socialista que demostraban precisamente todo lo contrario. O sea, escasísima luz y muchísima sombra.

Tanto el llamado bienio rojo (1931-1933) como los pocos meses de gobierno del Frente Popular que precedieron a la Guerra Civil estuvieron presididos por el afán de imponer un programa y unas políticas de izquierda al conjunto de la Nación. No existió jamás voluntad de consenso por parte de los gobernantes, empezando por el propio Azaña. La República no podía sino estar al servicio de los republicanos, y para ello toda medida, aplicada de grado o por fuerza, era lícita. Incluso aquellas que contravenían las disposiciones legales vigentes. Como mucho, tales disposiciones terminaban por adaptarse a golpe de decreto al objetivo perseguido. Por lo demás, las Cortes Constituyentes crearon una Comisión de Responsabilidades cuyo propósito no fue otro que el de juzgar las contraídas por el exrey Alfonso XIII y determinados exministros de la Dictadura. El nuevo régimen se construía por oposición al anterior y se consideraba legitimado, a través de sus representantes parlamentarios, para emitir un veredicto sobre la actuación de sus máximas figuras, empezando por la del mismísimo monarca.

Es difícil no ver en el cercano quinquenio rojo de Pedro Sánchez un reflejo de aquel bienio rojo republicano tan aparentemente luminoso. Los modos autoritarios más propios de una dictadura –recuérdense las prórrogas de los estados de alarma o el abuso gubernamental del decreto ley–; el forcejeo permanente con el marco constitucional; el desprecio por la separación de poderes; la voluntad de imponer un programa político de parte y el consiguiente rechazo de toda transacción con las fuerzas políticas de oposición; el ninguneo al que ha sido sometida reiteradamente la figura del jefe del Estado, o el control de los medios de comunicación, son solo unos ejemplos que nos retrotraen de forma inevitable al precedente de hace noventa años.

Pero tal vez lo más significativo sea esa necesidad de demolición del pasado que hermana ambos periodos. Cuando la República, los vituperios se los llevaba la institución monárquica y su última concreción gubernativa, la dictadura de Primo de Rivera. Ahora la Monarquía parlamentaria continúa en el punto de mira –al igual que la Transición política y la Constitución que de ella emana–, hasta el punto de que los socios de gobierno de Sánchez no se privan de vincularla, como hacía hace poco el Rufián republicano de nuestro tiempo, con la dictadura de Francisco Franco.

Justo es reconocer, sin embargo, que existe una diferencia notable entre aquel bienio y el actual quinquenio. Así como Azaña fue un dignísimo escritor, de Sánchez no se conocen más que los plagios. Incluso, visto lo visto, los de naturaleza política.

(The Objective, 28 de diciembre de 2022)

Los malversadores lingüísticos

La rapidez con que se van agrietando los muros de esta patria nuestra que es el edificio constitucional hace que a veces los articulistas se vean forzados a encajar en una misma pieza más de un tema. Algo así le ocurrió, sospecho, a Antonio Muñoz Molina en “Los malversadores” (El País, 17-12-2022), donde trataba básicamente de la reforma del delito de malversación y de sus nocivas consecuencias, al tiempo que aludía a la derogación del de sedición. Que puede darse una relación entre ambos delitos resulta incuestionable. El propio Muñoz Molina lo reconocía sin tapujos al afirmar en su artículo, en alusión al golpe a la catalana de 2017, que “es sin duda un delito muy serio destinar a una conspiración secesionista fondos públicos que vienen de los impuestos de todos nosotros”. He dicho sin tapujos y no, alguno había, sólo que en este caso la adversativa había asomado ya la patita en el mismo párrafo unas líneas más arriba. El articulista se había incluido entre las “muchas personas escépticas y a la vez partidarias de la concordia” que podían “al menos conceder el beneficio de la duda a esas medidas apaciguadoras [en referencia a la derogación del delito de sedición]” y se mostraba convencido de “que el indulto a los secesionistas condenados” había sido “un precedente alentador”. O sea, destinar fondos públicos a una conspiración secesionista era un delito muy serio, pero había que conceder el beneficio de la duda a la derogación del delito que subyacía a la conspiración misma en tanto en cuanto, al igual que el indulto, podía resultar una medida apaciguadora. La pax catalana, pues, se imponía a cualquier otra consideración.

Por lo demás, el resto del artículo –aparte del inevitable rejonazo ideológico al “gamberrismo político de la derecha española [que] socava más todavía [la Administración de Justicia] al bloquear ilegalmente el funcionamiento de sus órganos de gobierno”– consistía en una loa de los servicios públicos y de la abnegada labor de sus servidores, y en la denuncia de la degradación a que están sometidos por culpa del despilfarro de ese dinero que –y esto ya no lo decía él–, mal que le pese a Carmen Calvo, no es de nadie y sí de todos. No puedo estar más de acuerdo con el autor en lo uno y en lo otro. Eso sí, yo habría añadido a su exhorto la necesidad de incluir en la gestión pública el concepto de eficiencia. De incluirlo de verdad, no sólo en teoría. Supongo que a Muñoz Molina le basta con aquellos paseos por el infierno madrileño a los que se refería hará pronto un par de años y a aquellas conversaciones con los tenderos para hacerse cargo de una tal degradación, pero la Administración dispone de otros recursos para saber si se gestiona con eficiencia el dinero público o si, por el contrario, se malversa. Otra cosa es que los políticos, como máximos gestores de lo público, lo tengan presente en su labor y hagan caso, por ejemplo, a las recomendaciones europeas sobre el control del gasto o a los informes de organismos independientes como la Airef. Si así fuera, ni el Estado ni las autonomías tomadas de una en una tendrían la deuda pública que tienen.

Pero la malversación de ese dinero de todos presenta también otras facetas. Estos días se ha aludido a muchas de ellas, pero hay una que yo he echado en falta o tal vez no he sabido encontrar. Me refiero a la malversación relacionada con las políticas lingüísticas. Estoy seguro de que en esto Muñoz Molina no podrá por menos que estar de acuerdo conmigo, aunque sólo sea por la a todas luces sobrante Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Pero el dispendio de esta oficina madrileña es una ridícula gota de agua en el océano de los millones y millones de euros públicos que les cuestan a los españoles las políticas lingüísticas en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial. Desde las propias estructuras administrativas para llevar a cabo las distintas políticas, que incluyen no sólo el campo de la enseñanza, la comunicación institucional y los medios de comunicación públicos, como a veces se cree, sino el conjunto de la administración autonómica –piénsese, por ejemplo, en la sanidad balear, cuyos trabajadores están sometidos cíclicamente a la exigencia del dominio del catalán con los efectos perversos que ello conlleva en el orden de la desigualdad entre los ciudadanos españoles–; desde el coste de esas estructuras, decía, hasta el reguero de subvenciones destinadas a sostener las entidades vinculadas con la lengua cooficial en cuestión, a promover los programas de normalización lingüística en el sector privado y asociativo, o a mantener con respiración asistida a medios de comunicación afines con la excusa de que usan la llamada lengua territorial.

Todo ese dinero público, cuyo destino, al margen de su cuantía, ya es de por sí más que opinable, se vuelve directamente afrentoso cuando se piensa en todo aquello que podría haberse hecho con semejante presupuesto allí donde realmente hacía y sigue haciendo falta para apuntalar el Estado del bienestar. Y si encima se repara en la general ineficiencia de esas políticas lingüísticas, a juzgar por el porcentaje de uso en estas autonomías de las respectivas lenguas cooficiales tras cuatro décadas de persistente irrigación millonaria, a la afrenta por la malversación se le añade, siempre y cuando uno no sea nacionalista, una muy comprensible indignación.

(The Objective, 21 de diciembre de 2022)

¿Nadie va a hacer nada?

El pasado sábado recibí un mensaje de un amigo. Era muy escueto. Tan escueto como significativo: “¿Nadie va a hacer nada?”. No pude sino contestarle: “Eso me pregunto yo”.

Todo indica que los últimos desafueros del Gobierno a través de su largo brazo legislativo –tanto monta, monta tanto; aquí no hay separación de poderes– y en contra del poder judicial, tendentes a lavar hasta la blancura más extrema el pasado delictivo del ejecutivo golpista de la Generalidad catalana a cambio del apoyo de sus socios separatistas a los presupuestos de 2023, han colmado la poca paciencia que les debía de quedar a millones de españoles. Añadan a lo anterior las bravatas de Sánchez e Illa, su fiel monaguillo, este domingo en un acto en Barcelona. Después de que el socialismo patrio –PSOE o PSC, tanto monta, monta tanto– haya evidenciado con su proceder el respeto que le merece nuestra Carta Magna, el monaguillo se puso estupendo y soltó: “A partir de ahora las lecciones de constitucionalismo, las lecciones de patriotismo, las vamos a dar los socialistas”. Si se trataba de la patada a seguir del rugby adaptada a la práctica política o de un intento de emular aquel Gran Salto Delante de la China de Mao, sólo el tiempo lo dirá.

Y ese tiempo no debería ser únicamente el que fijen las citas electorales del año próximo, y en particular la decisiva de diciembre. Cuando alguien pierde definitivamente la paciencia, como es el caso, insisto, de millones de españoles –así se desprende al menos de los porcentajes que figuran en las encuestas de opinión–, tiene dos opciones: resignarse y confiar en que las cosas terminen arreglándose, o puede, como preguntaba retóricamente mi amigo en el mensaje que me mandó, hacer algo. Y en la actual política española eso se traduce, en el primer caso, en fiarlo todo a lo que nos deparen dentro de un año las urnas, o sea, a que los resultados hagan posible un cambio de gobierno, y en el segundo, en reaccionar ya desde ahora para que el año que viene no pase en balde. En el último caso el gran problema, no hace falta precisarlo, es el quién y el qué.

Y la primera mirada hay que dirigirla, como es obvio, a nuestros representantes políticos. ¿Pueden los grupos parlamentarios que no están conchabados con el sátrapa socialista hacer algo más que ejercer, sesión tras sesión, su tarea de oposición? Sí, claro, pueden llegar por ejemplo a un acuerdo para presentar una moción de censura que permita al candidato a la investidura, ya que no salir victorioso tras la votación final dada la composición de la cámara, sí leerle al menos la cartilla a Pedro Sánchez y proponer un programa de gobierno para la próxima legislatura. Tanto lo uno como lo otro necesitaría probablemente de intervenciones de un día entero a tenor del cúmulo de despropósitos, barbaridades y fraudes de ley cometidos en estos cuatro años y medio de gobernanza del actual presidente, pero el candidato contaría con una ventaja: no tendría límite de tiempo. Ahora bien, ¿quién recogería el guante? Lo lógico es que lo hiciera quien cuenta con todos los números para ser el próximo presidente del Gobierno si las urnas le acompañan, o sea, Alberto Núñez Feijóo. Pero el presidente del PP no parece estar por la labor. Quedaría la opción de un independiente, como se ha barajado estos días a propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal. Pero ni por esas.

En todo caso, por necesaria y oportuna que sea esa iniciativa parlamentaria, tan importante o más es la capacidad de movilización que demuestre la sociedad civil. Una movilización de la opinión pública y, como complemento, una movilización ciudadana. Es de sobra conocido que los políticos se mueven si alguien les empuja a ello, es decir, si no les queda más remedio que rendirse a la evidencia de que no pueden ni deben quedarse atrás. Y eso está en manos de los medios de comunicación y de las asociaciones y entidades que representan, al margen de la clase política, la sociedad misma. Lo que no obsta, claro está, para que ambas instancias, la políticamente representativa y la asociativa, actúen a la par.

Se haga esto o aquello –y ojalá sea lo uno y lo otro–, si los resultados electorales determinan finalmente que Sánchez ha de abandonar La Moncloa, a los nuevos gobernantes les esperará una tarea que no será como la de anteriores cambios de color político. Tras lo vivido estos últimos años –inclúyase aquí también, por supuesto y en primerísimo lugar, el golpe de 2017 en Cataluña–, ya no basta con regresar a la Constitución de 1978. Sánchez la ha carcomido hasta tal punto que un simple tratamiento, por integral que sea, resultará insuficiente. No va a quedar otro remedio, si no queremos que surja otra plaga como la presente, que abrir un proceso constituyente que tome nota de lo ocurrido y ponga a salvo los cimientos de la Nación de ciudadanos libres e iguales que nos dimos los españoles hace ahora 44 años.

(The Objective, 14 de diciembre de 2022)

Gobernar prevaricando

Cuando el 4 enero de 2020 Pedro Sánchez se presentó a la investidura que iba a permitirle lograr la mayoría parlamentaria que aún le sostiene y, en definitiva, acabar formando gobierno con Unidas Podemos, incluyó en su discurso el siguiente empeño: “Pretendemos gobernar para todos los españoles, sean cuales sean sus ideas y fuera cual fuere su voto”. Pese a lo loable del propósito, no creo que ningún español se lo tomara en serio: ni los que le habían dado su voto ni, por supuesto, los que se habían abstenido de hacerlo. Esa clase de promesas a las que se entregan los gobernantes son todas postizas y a beneficio de inventario. Pero es que, además, el candidato socialista a la investidura llevaba ya en aquel momento diecisiete meses de gobernanza en solitario, un tiempo más que suficiente para que los españoles pudieran ponderar el valor de su palabra.

Un año más tarde, casi día por día, le preguntaron a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, si el ejecutivo de coalición iba a terminar la legislatura. Y Calvo no sólo respondió que sí, sino que añadió: “Tenemos que culminar un trabajo que es bueno para la izquierda de este país”. Mayor sinceridad imposible. Nada que ver, en este sentido, con el redomado embustero que la había nombrado para el cargo. El trabajo del gobierno de coalición no era para todos; sólo para unos, los de izquierda. Pero Calvo, a su vez, también mentía, aunque fuera por omisión, Se le había olvidado decir que el trabajo era bueno asimismo para el separatismo, fuese este de izquierda o de derecha.

Cuando se han cumplido cuatro años y medio de aquella moción de censura, puede afirmarse, remedando la célebre frase de Alfonso Guerra, que España se encuentra en un estado que no la reconoce ni la madre que la parió. Esa madre, encarnada en los políticos de la Transición y en su obra mayor, la Constitución de 1978, garantía suprema de nuestro Estado de derecho, ha sufrido ya tanto desprecio, tanto acoso, tanta violencia, que su supervivencia empieza a ser un verdadero milagro. Si el pulso proviniera tan sólo de quienes pretenden acabar con el Estado de derecho, la gravedad existiría, claro, pero los ciudadanos tendrían al menos el amparo de las instituciones, empezando por las del poder ejecutivo. No es el caso, sobra precisarlo. Más incluso: ese poder ejecutivo, y en concreto el Gobierno de España, se comporta la mayoría de las veces con premeditación y alevosía en contra del interés general. Hasta el punto de que su principal seña de identidad ha sido la prevaricación.

Los ejemplos son tan abundantes, la hemeroteca tan generosa, que no basta el espacio de una Tercera para exponerlos por entero. Me limitaré, pues, a lo más notorio y trascendente, esto es, a la corrosión a que el ejecutivo ha sometido y somete la separación de poderes, pilar de toda democracia representativa. De un lado, ha fagocitado el poder legislativo hasta convertirlo en un simple apéndice de sus voluntades. Recuérdense los episodios protagonizados por la presidenta del Congreso Meritxell Batet, siempre dispuesta a poner la alfombra roja a sus correligionarios del Gobierno y afines modelando el reglamento a su antojo. O los inconstitucionales estados de alarma prorrogados ad eternum con el objeto de soslayar el imprescindible control de las fuerzas de la oposición. O el abuso del decreto ley para sortear las engorrosas tramitaciones parlamentarias. O los proyectos de ley convertidos en proposiciones de ley –el relativo a la sedición, sin ir más lejos– a fin de evitar los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo Fiscal o Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por otro lado, el Gobierno ha forcejeado sin descanso con el poder judicial. Sirvan como ejemplos su empecinamiento en negarse a cambiar el sistema de elección de los componentes del CGPJ o la concesión de indultos a los condenados por el golpe de 2017, desoyendo los informes del Tribunal Supremo. Por no hablar de las recientes introducciones de enmiendas en la proposición de ley sobre la supresión del delito de sedición, a fin de asegurarse, de una parte, el sometimiento del propio CGPJ y el control en última instancia del Tribunal Constitucional, y, de otra, una reforma del delito de malversación cocinada al gusto de los condenados por el golpe de Estado en Cataluña. Todo ello en medio de invectivas proferidas desde el ejecutivo contra miembros de la judicatura, como las que se oyeron a raíz de los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí, ese bodrio legislativo impulsado por el Gobierno y bendecido por una mayoría nada despreciable de diputados.

Tampoco el llamado cuarto poder ha salido indemne. A los obscenos nombramientos a dedo para la dirección de RTVE se han sumado las subvenciones directas o indirectas a las empresas de medios de comunicación serviles y, en contraste con ello, las diatribas constantes contra las que no se han plegado a su dicterio; las ruedas de prensa en La Moncloa con preguntas debidamente seleccionadas en función de quien las formulase, y, en fin, ese deseo expresado por la propia ministra portavoz de que los medios reserven en el futuro un espacio para la información pública, en lo que no puede sino entenderse como la voluntad de resucitar las viejas “consignas” del primer franquismo.

Esa erosión continua y consciente de nuestro tejido democrático, esa prevaricación gubernamental desenfrenada, ha ido acompañada de la promulgación de leyes como la de Memoria democrática, basada en la manipulación de los hechos y la ocultación de la verdad sobre nuestro pasado común, con lo que la convivencia entre españoles ha sufrido de nuevo un batacazo –el anterior fue en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero–, del que cada vez resulta más difícil recuperarse.

Ante todo ello, no cabe ya esperar resignadamente a que termine la legislatura y pueda iniciarse un tiempo nuevo. Tanto las formaciones políticas como la sociedad civil constitucionalistas deben tomarse muy en serio la amenaza y actuar en consecuencia. De lo contrario, quién sabe lo que va a quedar dentro de un año de nuestro Estado de derecho.

(Abc, 12 de diciembre de 2022)

Qué hay de la nueva política

Las grandes convulsiones políticas y económicas suelen traer la necesidad de cambios. Que esos cambios luego se traduzcan en hechos y fructifiquen ya es otro cantar. Hará pronto tres lustros, cuando estalló la crisis económica y el gobierno de entonces, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se negó a afrontarla y prever sus consecuencias, se habló mucho de la necesidad de una “nueva política”. Era una forma de decir que el país necesitaba cambios, que esos cambios no podían esperar si queríamos salir del pozo y que no correspondía ya a los partidos tradicionales –o sea, al bipartidismo que había caracterizado la política española desde los tiempos de la Transición– llevarlos a cabo.

El sintagma no era nuevo. Es más, históricamente había servido para todo, lo mismo para un barrido comunista que para un fregado filofascista. Lo utilizó Lenin en 1922 para bautizar su nueva –y a la postre criminal– política económica, la NEP, y lo utilizó a su vez el gobierno de Vichy en 1940 –en su caso, el de politique nouvelle– para aludir a su colaboración, no menos criminal que la soviética, con la Alemania nazi. Pero esos antecedentes, a la hora de atribuirse la etiqueta, se dejaban de lado, como se dejan de lado los hechos del pasado que no nos conviene o apetece recordar, en el supuesto de que sepamos, claro está, de su existencia. Lo nuevo siempre cotiza al alza. Incluso cuando, como aquí, está lejos de serlo.

Esa nueva política a la que me estoy refiriendo la encarnaron en su momento en España dos partidos. Por un lado, Ciudadanos; por otro, Podemos. Ciudadanos, aunque nacido en Cataluña en 2006 con el propósito manifiesto de intervenir en la política nacional, no dio realmente el salto al ruedo ibérico hasta que las autonómicas catalanas de 2012 confirmaron su crecimiento como contraparte al separatismo. Es verdad que en el espacio político al que aspiraba –esa franja transversal que aúna el liberalismo y la socialdemocracia de entonces– y en su denuncia desacomplejada de los efectos nocivos del nacionalismo en todas las esferas de la cosa pública tenía una dignísima antecesora en UPyD. Pero el hecho de que Rosa Díez ocupara desde 2008 un escaño en el Congreso, unido a su condición de antigua parlamentaria autonómica y europea por el PSOE, impidieron sin duda que la formación magenta, cuyo peso político se desvaneció casi por entero en 2015, fuera considerada una muestra de la nueva política surgida como respuesta a la crisis económica de 2008.

En cuanto a Podemos, fundado a comienzos de 2014, sí puede afirmarse sin reservas que su existencia bebe directamente de aquella necesidad de cambio originada por la crisis y, más en concreto, del movimiento del 15-M. Su impugnación programática de la política tradicional, de la Transición misma y de la democracia representativa situaron al partido en una radicalidad nunca vista hasta entonces, en una nueva política que aspiraba a lograr la supremacía de la izquierda española y de cuanto pudiera catalogarse de antisistema.

Lo que vino a continuación lo conoce de sobra el lector y se resume en sendos fracasos. A día de hoy Ciudadanos, con la cúpula inmersa en una fraterna y letal refriega, es lo más parecido a un alma en pena. Lo cual no debería ser motivo de gozo para nadie, y menos para quienes sueñan con canibalizar sus restos. Las políticas reformistas propuestas por el partido en 2015 y jamás implantadas a nivel nacional siguen siendo imprescindibles para España. Y no parece que el PP de Alberto Núñez Feijóo esté ni vaya a estar por la labor de sacar provecho de la herencia. Podemos, por su parte, se encuentra a un paso de tomar un rumbo parecido al de Ciudadanos; todo dependerá de lo que ocurra con la marca en las elecciones autonómicas y municipales –circunstancia a la que no es ajena, por supuesto, la competencia nada amigable por el mismo espacio político de Yolanda Díaz y el incombustible PCE–.

Pero una cosa es Podemos y sucedáneos, y otra muy distinta el destino de sus desvariados desafueros programáticos. Una buena porción de ellos, hay que reconocerlo, se ha llevado a la práctica con un gobierno, el actual, del que ha formado parte. Aun así, más vale que pierdan toda esperanza: ni se lo van a reconocer en el futuro, ni mucho menos van a atribuirlo a aquella ya avejentada nueva política de la que hace años presumía la formación.

Y es que, si bien se mira, la única nueva política merecedora de este nombre ha sido la aplicada por Pedro Sánchez desde junio de 2018. Nadie como él ha destruido con semejante ahínco, desde el poder y pactando con el mismísimo diablo, sea este podemita o separatista, los pilares de nuestra democracia liberal. Queda todavía por lo menos un año de acoso y derribo, pero puede ya afirmarse sin lugar a duda que si por algo va a pasar a la historia el personaje no será, muy a su pesar, por haber exhumado los despojos de Francisco Franco, sino por haber sido el artífice de la ejecución de esa nueva y profundamente corrosiva política.

(The Objective, 7 de diciembre de 2022)

En manos de la ideología

Toda política es representación. La parlamentaria, además, lo es por partida doble. De un lado, el diputado está donde está en representación de los ciudadanos que le han prestado su voto porque figuraba en una lista electoral, y también en representación del resto de los electores –aunque esto último el diputado suele olvidarlo en menos que canta un gallo, suponiendo que llegue a saberlo alguna vez–. De otro lado, el diputado representa. O sea, actúa y sobreactúa, asume a conciencia un papel, construye un personaje; hace teatro, en definitiva. Ese personaje, claro está, le acompaña a todas partes. Cuando hace declaraciones en sede parlamentaria o a pie de calle, cuando le entrevistan en la radio o la televisión, cuando escribe –o le escriben– un tuit, ya no es fulano de tal, sino el político fulano de tal. De ahí que sean tan patéticos los intentos de algunos políticos por dejar de serlo según les conviene, por sostener que hablan a título personal. Mientras están en política, todas las personas, les guste o no, son personajes.

Es en este formato en el que hay que encajar las últimas escaramuzas habidas en el Congreso o fuera de él. Carla Toscano e Irene Montero, por ceñirnos a ellas, son personajes y obran como tales. Que algunos ciudadanos se enojen o sientan vergüenza ajena por lo que dicen o por como lo dicen, se entiende. Pero, qué quieren, es lo que hay. Y no sólo en política, también en la sociedad española de estas primeras décadas de siglo a la que representan. Que esas diputadas, por el puesto que ocupan –la segunda, además, con la agravante de formar parte del Gobierno–, diesen ejemplo y se comportasen, o sea, actuasen con corrección, sería lo lógico. Sin embargo, convendrán conmigo en que es mucho pedir. Y más cuando la presidencia del Gobierno de España la ocupa un mentiroso compulsivo con rasgos psicopáticos y una egolatría guiñolesca.

Ese personaje al que llamamos político sólo se resquebraja cuando del record se pasa al off the record. Pero no al off voluntario, que sigue siendo, claro, impostado, sino al involuntario. Aquello del micro que por un descuido ha quedado abierto en la emisora o el plató. En la política española el caso más conocido es el de aquella entrevista del ínclito Iñaki Gabilondo a su amigo José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas de la campaña para las generales de 2008. Recién terminada y mientras abandonaban el plató, el entonces presidente del Gobierno le confesó al periodista: “Yo creo que nos conviene que haya tensión”, a lo que este último asintió. Pero el primero no se quedó ahí. En consonancia con la conveniencia antes expresada, afirmó: “Yo voy a empezar, a partir de este fin de semana, a dramatizar un poco”.

Esa estrategia de la tensión, tan cultivada en los dos mandatos de Rodríguez Zapatero, se ha mantenido a lo largo de los cerca de 19 años transcurridos desde entonces, mandara quien mandara en La Moncloa. Cuando la crisis económica se llevó por delante lo que quedaba del viejo partido socialista y el ya expresidente Rodríguez Zapatero se dedicó de lleno a su alianza de civilizaciones y a traficar acuerdos con las dictaduras bolivarianas, Podemos tomó el relevo. Y en 2018 la llegada de Sánchez al poder de la mano de una mayoría parlamentaria formada por partidos que habían dado muestras abundantes de su apego a eso que ahora Irene Montero y los suyos han bautizado como “violencia política” –y que no es sino la actualización de aquella vieja tensión zapateril– y, en particular, la posterior entrada de Podemos en el Gobierno, tensionó hasta tal extremo la esfera y el debate políticos que no parece ya una exageración afirmar que en España la democracia y el Estado de derecho corren serio peligro.

En este sentido, la aparición de Vox ha constituido un simple reactivo. No le den más vueltas: la principal responsabilidad de cuanto está ocurriendo y de sus efectos en la convivencia entre españoles –al margen de la que corresponde a la mansa dejación de funciones del PP cuando ha gobernado– es de la izquierda gubernativa y de sus fieles aliados. Decía Jean-François Revel en 1988 que la ideología era “una triple dispensa: dispensa intelectual, dispensa práctica y dispensa moral”. Y ponía como máximo ejemplo –aunque no único– al socialismo. Es decir, a lo que ahora entendemos, tomada en su conjunto, por izquierda. La dispensa intelectual consistía en tener en cuenta tan sólo los hechos favorables a la tesis que se sostiene, incluso a inventarlos de cabo a rabo si es preciso. La dispensa práctica, por su parte, consistía en prescindir del criterio de eficiencia, o sea, en negar toda validez probatoria a los fracasos. Y la dispensa moral, en fin, consistía en situarse por encima del bien y del mal, en convertir la ideología en la única moral posible.

Han pasado 34 años desde entonces, pero no me negarán que tanto la definición como su aplicación al pensamiento de izquierda en particular no sólo estaban bien traídas, sino que siguen estándolo. Y así nos va, por cierto.

(The Objective, 30 de noviembre de 2022)

La RAE al habla

Les supongo al tanto de los hechos. Aun así, se los recuerdo por si acaso. El pasado 22 de septiembre trece especialistas de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II de lo que antes se conocía como Selectividad y ahora con distintas sopas de letras según la comunidad autónoma de que se trate –en lo que constituye un ejemplo más del efecto sedante de las siglas, pero también, seamos justos, de cierta pertinencia pedagógica, dado que poco seleccionan ya unas pruebas cuyo porcentaje de aprobados se acerca sospechosamente al de los síes de aquellos congresos de antaño del Partido Comunista Búlgaro, donde el recuento de votos superaba el número de participantes–; trece especialistas, decía, pertenecientes a diez comunidades autónomas, firmaban un manifiesto titulado expresivamente “Competencias para la nada: en contra de la propuesta de las EBAU/EvAU redactada por el Ministerio de Educación” y lo hacían público en la plataforma change.org en busca de adhesiones. Ayer eran ya 3.560 las personas adheridas.

El texto describe minuciosamente el procedimiento por el que se fusionarían, de aprobarse la propuesta ministerial, las pruebas lingüísticas –de castellano, inglés y la lengua cooficial correspondiente– hasta reducirse a una veintisieteava parte de la extensión que tiene en las pruebas actuales cada uno de los idiomas. Lo cual comportaría, claro, una merma análoga de los contenidos y del conocimiento que de su asimilación se deriva. No hace falta precisar que lo importante para los pedagogos del Ministerio no es el conocimiento, sino lo que llaman con gran pompa la evaluación competencial, como si esta fuera posible sin la existencia de unos conocimientos previos. El experimento, por lo demás, eximiría a los alumnos de demostrar, mediante una mayor o menor destreza expresiva, lo que han aprendido y asimilado a lo largo del bachillerato, puesto que el modelo de examen casi no requiere del recurso a la expresión escrita.

Pero, aunque este es el hecho, la noticia está en otra parte. En la Real Academia Española, para ser precisos. A ella se dirigieron también los firmantes del manifiesto pidiendo amparo, y el pasado viernes la RAE respondía. Y no con un simple acuse de recibo, sino con una declaración institucional en la que ponía de relieve su coincidencia con el análisis llevado a cabo por los especialistas en su manifiesto y la consiguiente discrepancia profunda con el nuevo modelo de pruebas que el Ministerio de Educación pretende adoptar.

Como ha destacado la periodista Olga R. Sanmartín, se trata de la primera vez en que la RAE se expresa con semejante contundencia para criticar la política educativa de este gobierno en relación con asuntos que son de su plena incumbencia académica. Y no hay duda de que hace bien al abandonar su habitual prevención y enfrentarse sin medias tintas a quien le da de comer, o sea, al Ejecutivo. En noviembre de 2020, cuando el debate parlamentario de la actual ley educativa tocaba ya a su fin en el Congreso y no quedaba sino el trámite del Senado –resuelto, por cierto, con una premura vergonzosa por parte de la mayoría gubernamental–, la RAE emitió un comunicado sobre la educación en español en las comunidades bilingües. Y, aun cuando la argumentación empleada para defender el derecho de todo ciudadano español a recibir la enseñanza en su lengua materna resultaba impecable, el tono y las formas –“la RAE sigue atentamente la deliberación”, “la RAE confía en que el legislador”, etc.– eran mucho más templados y condescendientes que los actuales para oponerse al cambio de modelo de Selectividad. Quién sabe si lo ocurrido en el campo de la educación española en el par de años transcurridos no habrá convencido a los miembros de la institución de la necesidad de poner de una vez pie en pared.

Y, ya puestos, no estará de más recordar a nuestros académicos algo que sin duda no ignoran. Los derechos de los hablantes de esa lengua que es la de todos se siguen pisoteando en noviembre de 2022 en los centros escolares de muchas partes de España, empezando por los de Cataluña y Baleares, por lo que sería de agradecer que la RAE se pronunciara también sobre el particular. No tanto para conocer qué opina, lo que debería darse por descontado, espero, a estas alturas –en 2010 su director de entonces, José Manuel Blecua, se declaraba partidario de la inmersión lingüística en catalán–, como para que el prestigio y la autoridad de la institución sirvan de aliento a los sufridos movimientos ciudadanos que defienden en el aula y en la calle la enseñanza en español. El mísero 25%, ya saben. Al fin y al cabo, la homóloga de la RAE en Cataluña, la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes, no ha tenido ni tiene empacho alguno en defender una y otra vez justo lo contrario.

(The Objective, 23 de noviembre de 2022)

Eso que llaman en Baleares el interés social y general

Cualquiera que se haya tomado la molestia de analizar la evolución de la enseñanza pública en Baleares a lo largo de las últimas décadas y en lo que se refiere al uso de las dos lenguas cooficiales habrá constatado, no sin cierto asombro, lo mucho que se asemeja a la habida en Cataluña desde la llegada al poder de Jordi Pujol y, en particular, desde que en 1992 se generalizara la implantación del modelo de inmersión lingüística, aplicado ya como programa piloto desde el curso 1983-1984. Y digo lo del asombro por un par de razones principalmente. En primer lugar, porque el peso del catalanismo en la sociedad balear era, y sigue siendo, si no exiguo, sí bastante liviano. Luego, porque en estos años finales del pasado siglo, mientras en Cataluña gobernaba Convergència i Unió, en Baleares lo hacía el Partido Popular. ¿Es posible que, aun así, la enseñanza pública evolucionara de forma pareja? Sí, es posible, siempre y cuando nos ciñamos al uso vehicular de las lenguas y al carácter pionero de Cataluña con respecto a Baleares. En otras palabras: en este terreno la administración educativa balear ha sido una fiel imitadora de su hermana mayor catalana.

Con todo, el mismo año en que el nacionalismo catalán ponía en marcha su plan de colonización de la escuela pública mediante la inmersión en la llamada lengua propia de la Comunidad, en el Boletín Oficial del Estado se publicaba una resolución de 18 de junio de 1992, firmada por el entonces secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la que se regulaba “la elaboración de proyectos curriculares en el ámbito de la Lengua y la Literatura de la Comunidad de Baleares”. El texto advertía de que la resolución se dictaba “previa consulta a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares” –en aquella época las competencias no habían sido aún transferidas– y hacía hincapié en la necesidad de que en la etapa infantil el niño tuviera un “acercamiento afectivo y vivencial a la lengua propia del territorio en el que vive”, o sea, según el Estatuto de Autonomía, el catalán. Y en este sentido añadía: “(…) es preciso pensar en la posibilidad de implantación de programas como los de Inmersión Lingüística (…)”. La huella del modelo implantado en Cataluña era evidente.

Cinco años más tarde, esa huella encontraría en la ingenuidad y la torpeza del PP balear un terreno abonado. Fue, en efecto, un gobierno presidido por el popular Jaume Matas el que aprobó el llamado “decreto de mínimos” (decreto 92/1997, de 4 de julio), por el que se establecía que el número de horas lectivas que tenían que impartirse en catalán debía ser “como mínimo igual” al de las impartidas en castellano. Un umbral del 50% que, en manos de los gobiernos de izquierda y nacionalistas que vinieron a continuación, ha terminado siendo en la práctica totalidad de los centros públicos de cerca del 100%, como han demostrado los informes elaborados por la asociación de profesores PLIS a partir de los proyectos educativos de cada uno de estos centros. Lo mismo que en Cataluña, en una palabra.

De ahí que produzca vergüenza ajena uno de los argumentos utilizados por esa mayoría de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares –tres de cinco, encabezados por el ponente Gabriel Fiol, notorio catalanista galardonado por la independentista Obra Cultural Balear– que han denegado a un padre de familia las medidas cautelares que solicitaba para su hija a fin de que esta pudiera cursar en el presente curso un 25% de la enseñanza en castellano a la espera de un pronunciamiento judicial firme. Me refiero al de que ninguna de las sentencias anteriores invocadas por el demandante –en concreto, las relativas a Cataluña y a la obligación de la Generalidad de aplicar ese 25% en la enseñanza– sienta jurisprudencia y debe aplicarse, por tanto, a Baleares. ¿Existe acaso alguna diferencia entre la educación balear y la catalana en lo referente al uso vehicular de las lenguas en los centros públicos y en parte en los concertados? A estas alturas, ninguna, como no sea el grado de descaro y provocación con que actúa cada una de las administraciones, en lo que la catalana, justo es reconocerlo, lleva una ventaja considerable.

Pero hay otro argumento al que han recurrido los tres jueces partidarios de denegar las medidas solicitadas por este ciudadano, y es el del interés general. A su juicio, el que esa alumna pudiera recibir, a la espera de la sentencia, un 25% de enseñanza en castellano, o, lo que es lo mismo, una sola y mísera asignatura impartida en esta lengua en vez de en catalán, desbarataría de modo innecesario el interés social y general. Un interés social y general que supera, según la resolución, “en cuanto a la intensidad de su necesaria protección a cualquier interés particular del recurrente”. Lo que leen. Y el responsable del texto es un Tribunal Superior de Justicia, el de las Islas Baleares, España, donde la lengua oficial del Estado y única que “todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar” (CE, 3.1) es el castellano.

Aun así, no todo está perdido. De una parte, la sentencia definitiva sigue pendiente, mal que le pese a la presidenta Francina Armengol, que no tuvo ayer empacho ninguno en calificar de “buena noticia” la denegación de las medidas cautelares. De otra, lo ocurrido revela que existen al menos en Baleares dos magistrados de una integridad ejemplar –y cuando digo magistrados, entiéndase aquí magistradas– que han emitido un voto particular en el que se deconstruye punto por punto la argumentación de sus colegas de tribunal.

(The Objective, 16 de noviembre de 2022)

¿Quién votará a Ciudadanos?

“La particularidad nacional es lo que queda de una cultura después de haber suprimido el esfuerzo personal de pensar.” Estas palabras que Mihail Sebastian pone en boca de uno de los personajes de su novela Desde hace dos mil años, publicada en 1935 y en cierta medida autobiográfica, bien pudieran haber servido hace algo más de tres lustros para enmarcar el nacimiento de Ciudadanos (Cs) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Y no sólo porque ambos partidos surgieron de sendos manifiestos suscritos por intelectuales –o sea, por personas a las que se supone una querencia por la reflexión–, sino porque en la fundación de cada una de esas fuerzas políticas estaba muy presente la necesidad de plantar cara de una vez a los nacionalismos catalán y vasco, respectivamente. Dicho de otro modo: por entonces, lo mismo en Cataluña que en el País Vasco, las filiales de los dos grandes partidos nacionales habían desistido de luchar, con el beneplácito de sus mayores, contra una cultura política, la del particularismo del lugar, caracterizada por su oquedad, por su renuncia a ejercitar el pensamiento crítico, por su sumisión gregaria a un ideal colectivo en detrimento de la libertad individual. Cs y UPyD nacieron, pues, con la voluntad de llenar este hueco y devolver a la ciudadanía, mediante propuestas vinculadas con la gestión de la realidad y sus problemas y la denuncia de toda clase de corrupciones, empezando por las del propio sistema, su verdadera razón de ser. Y ello tanto en las comunidades autónomas donde ambas formaciones surgieron como en el resto de España.

En qué ha parado hoy en día esa voluntad regeneradora es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es en qué ha parado cada partido. UPyD se disolvió en diciembre de 2020, lastrado por las crisis y las purgas y después de cinco años de persistente agonía electoral. En cuanto a Cs, sigue ahí, representado en no pocas instituciones, aunque las crisis y las purgas, por un lado, y los vaticinios demoscópicos de cara a las próximas elecciones autonómicas, locales y generales, por otro, tienden a situarlo en una coyuntura muy similar a la de la formación nacida en el País Vasco. Si no en la disolución misma, sí en la irrelevancia, lo que para una fuerza política viene a ser prácticamente lo mismo. Lo cual –visto con ojos alejados de cualquier interés partidista, pero no de un interés llamémosle general consistente en considerar que una formación provista de un ideario y un programa como el que tuvo UPyD y tiene aún Ciudadanos es más necesaria que nunca en España a tenor de la oferta política presente– resulta bastante descorazonador. Sobre todo si uno repara en que el inicio del derrumbe de UPyD tuvo al menos como compensación el auge de Cs, que fue incorporando cuadros y sumando electores procedentes del partido liderado por Rosa Díez sin reparo alguno, mientras que el actual desplome electoral de las huestes de Inés Arrimadas no parece que haya engrosado ni vaya a engrosar ninguna fuerza política de nuevo cuño con un patrón asimilable al de Cs y, por extensión, a UPyD.

¿Tiene sentido, en estas circunstancias, seguir votando a un partido como Ciudadanos? Evidentemente, la respuesta dependerá de lo que cada ciudadano asocie al acto mismo de votar. La decisión del elector es libérrima, faltaría más, y del mismo modo que nadie puede afearle que opte por unas siglas determinadas y no por otras, tampoco se le puede recriminar que recurra al voto en blanco, al nulo o que simplemente se abstenga de presentarse en el correspondiente colegio electoral. Si nos ceñimos a unos comicios legislativos y al caso de quien ha votado hasta la fecha a Cs y se encuentra presa del desaliento, se produce además una distinción significativa. En lo que denominamos la derecha existen dos votos refugio para esos desencantados: el del PP por su componente liberal, y también, aunque menos, el de Vox por su radicalidad frente al separatismo. Pero ¿y en la parte izquierda del tablero? Ni en el PSOE de Sánchez ni en Podemos o sucedáneos parece existir cobijo para ellos. Por no hablar de los distintos nacionalismos periféricos. ¿Qué van a hacer, por tanto, todos esos socialdemócratas a los que votar al PP les ha dado siempre repelús y que habían hallado en Cs un lenitivo a la deriva de Sánchez? ¿Qué van a hacer ante el dilema de volver a votar al partido naranja, aun sabiendo que el rendimiento de la papeleta puede ser cero, o, por el contrario, votar en blanco o quedarse en casa? ¡Menudo calvario el suyo!

(The Objective, 9 de noviembre de 2022)

Del feminismo de Camba al desvarío de la 'ley trans'

Con los años, uno entra en la edad de las relecturas. Por supuesto, ello no significa que de repente uno deje de leer lo que se escribe y se edita hoy en día, como si ninguna novedad mereciera ya la pena. Pasa tan solo que el reloj de la vida va marcando las horas y uno no quiere privarse del placer de volver sobre determinadas lecturas con las que disfrutó en sus años más o menos mozos. Se da incluso el caso, como me ocurrió a mí hace un par o tres de semanas con la interesante biografía de Camba que Francisco Fuster acaba de publicar (Julio Camba. Una lección de periodismo, Fundación José Manuel Lara), en que se produce una conjunción entre lo nuevo y lo viejo. Digamos que lo primero lleva a lo segundo, aunque, puestos a ser sinceros, yo a Camba, como a Pla, los leo y los releo desde hace décadas, con una devoción similar a la de esos creyentes que leen y releen, antes de acostarse, un fragmento del ejemplar de la Biblia que guardan en el cajón de su mesilla de noche.

Pero a lo que íbamos. En su biografía Fuster alude a un artículo de Camba escrito durante su estancia en Londres como corresponsal de El Mundo, publicado a finales de 1911 y titulado “Las suffragettes. Feminismo con pantalones”. El artículo lo leí hace años, como el resto de su producción londinense de entonces, pero lo cierto es que lo había olvidado y gracias a la referencia del biógrafo he vuelto a él. Trata, como el título ya da a entender, del movimiento sufragista y, en especial, de la radicalización que estaba experimentando en Estados Unidos –donde la obtención de un triunfo electoral había llevado a las mujeres a vestirse de hombres, esto es, con pantalones– y, en menor medida, en Inglaterra. Al respecto, Camba consideraba que “en el fondo, las feministas no quieren otra cosa más que suplantar, sustituir al hombre. No hay nada menos femenino que el feminismo. El feminismo es un ideal que pudiéramos llamar masculinista. Todas estas mujeres son varoniles. Su mayor vanidad consiste en decir que ellas son tan capaces como los hombres de echarse a la calle y de realizar actos de violencia. Al feminismo le falta dulzura, morbidez, simpatía. En una palabra, le falta feminismo”.

Ha llovido mucho desde que Camba escribió este artículo. Ha llovido un larguísimo siglo, en el que las mujeres –cuando menos en el llamado primer mundo– han progresado una enormidad en derechos, empezando por el del sufragio, hasta el punto de que hoy en día la igualdad efectiva entre sexos es, con alguna que otra disfunción que el tiempo irá solventando, un hecho. Y en ello ha tenido mucho que ver el feminismo, sin duda. Pero no el feminismo como algo monolítico, como un movimiento, sino el de aquellas mujeres que han luchado a favor de esa igualdad de derechos y de oportunidades sin recurrir a la victimización de su propio sexo, sin prestarse a la degradante política de cuotas en el ámbito público, sin echar mano del lenguaje políticamente correcto ni, en general, de eso que se conoce como “perspectiva de género”. O sea, el de que aquellas mujeres que han predicado con el ejemplo al margen de ideologías y movimientos.

Ahora que el empecinamiento del movimiento feminista en negar la biología y sustituirla por un constructo cultural denominado género ha alcanzado ya su último estadio con la ley del sólo sí es sí y, sobre todo, con la ley trans y su autodeterminación de género desde casi la mismísima cuna, hasta el punto de abrir una brecha considerable en el seno del movimiento y del principal partido de izquierda que le presta su apoyo; ahora que ello ha derivado en actos de censura a la libertad de expresión en recintos universitarios como los sufridos de forma reiterada por los profesores Pablo de Lora y Javier Errasti –el más reciente, la semana pasada en la Complutense madrileña, donde páginas de libros suyos críticos con la ley trans han servido, una vez emborronadas con insultos e incluso amenazas de muerte, para empapelar las paredes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología–; ahora que el desvarío, en fin, parece no tener límites, quizá no esté de más volver a aquella reflexión de Camba de hace más de un siglo y a su convencimiento de que “en el fondo, las feministas no quieren otra cosa más que suplantar, sustituir al hombre”.

Puede parecer una boutade, puro ingenio malicioso. Pero, como escribió Arcadi Espada, con Camba es casi un imperativo andarse con cuidado. Al fin y al cabo, fue el propio periodista gallego quien avisó en 1913, en su crónica de presentación a los lectores de Abc, de que no había que tomarle nunca completamente en serio. “Ni completamente en serio ni completamente en broma”, añadió al punto.

(The Objective, 2 de noviembre de 2022)

Fosas de segunda y victimarios de primera

Cualquiera que se haya acercado a la recién estrenada ley de Memoria Democrática sin otros prejuicios que los que van sedimentando de forma irremediable en todos nosotros la experiencia y el conocimiento, convendrá conmigo en que se trata de una ley de parte, en las antípodas de ese buenismo presuntamente inclusivo formulado en el preámbulo: “Con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”. Basta con recordar lo legislado durante los distintos gobiernos presididos por Pedro Sánchez, para concluir que, al menos hasta la fecha, no ha habido jamás voluntad alguna de “fomentar un discurso común” en ningún ámbito. ¿Lo habrá a partir de ahora en relación con esa deuda que, según el legislador, tiene contraída la democracia española con su pasado?

Difícilmente. Una simple cata del texto resulta más que suficiente para comprobarlo. Esta ley mal llamada de Memoria Democrática persigue como su predecesora de 2007, pero doblando la apuesta, el enaltecimiento del antifranquismo, o sea de la izquierda y los nacionalismos periféricos, y, a un tiempo, el blanqueo de la actuación de las fuerzas políticas ideológicamente afines durante la guerra civil. Su objetivo, pues, no es en absoluto favorecer la unión de los españoles sino, muy al contrario, potenciar la división y el enfrentamiento entre ellos. Mediante un planteamiento maniqueo que arranca en el preámbulo e impregna todo el articulado, la ley bosqueja un relato del pasado que refuta las evidencias aportadas por las más recientes investigaciones historiográficas sobre la Segunda República y la guerra civil. En otras palabras, un relato del pasado por completo ajeno a la verdad.

Este domingo Marcos Ondarra daba cuenta aquí mismo de lo que en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones y Memoria Democrática, semillero del nuevo texto legal, entienden por víctima de la guerra civil. En respuesta a la petición de un particular, el organismo ha reconocido no tener constancia de la existencia de más de dos millares de víctimas de las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña enterradas furtivamente durante la contienda, por lo que no figurarán en principio en el Censo Estatal previsto en la ley. Y ello a pesar del hallazgo de un informe judicial de 1937 en el que se reconocía su existencia. A su vez, la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalidad catalana se ha negado reiteradamente a atender la petición de la Asociación Raíces para que se exhumen los restos de 700 víctimas de la represión en la retaguardia republicana ubicados en una fosa del municipio de Montcada i Reixac. No hay duda de que la connivencia entre el Gobierno central y el de la Generalidad sigue dando sus frutos.

Y así como, en función de los cuerpos que contienen, hay fosas de primera –las que se excavan– y fosas de segunda –las que permanecen sin abrir–, también hay victimarios cuya posterior condición de víctimas parece haber eximido de su responsabilidad criminal. El ejemplo más notorio, aunque la condición de victimario se limite en su caso al campo de la responsabilidad política, es el del expresidente de la Generalidad Lluís Companys, fusilado por los franquistas en 1940 en el Castillo de Montjuïc tras un juicio sumarísimo. Como bien sabe cualquier persona mínimamente formada e informada, Companys, en calidad de máximo representante del Estado en Cataluña, encabezó la intentona golpista del 6 de octubre de 1934 contra la propia República, con el saldo de decenas de muertes, y, ya durante la guerra, se convirtió en máximo responsable político de la represión habida en esta parte de España, cifrada en miles y miles de víctimas. Pues bien, el otro día informaba Voz Pópuli de la proposición no de ley presentada por ERC en el Congreso en la que se solicita, “en virtud de la nueva legislación, la realización de un acto formal de desagravio por parte del Gobierno español” para con la figura de Companys. Ignoro si finalmente la iniciativa prosperará, pero de ser así, espero que los organizadores del acto de blanqueo memorialístico estén a la altura y le pongan como lema aquella máxima ciceroniana según la cual una muerte honrosa puede glorificar una vida innoble.

Así, al menos, tal vez logremos acercarnos, ni que sea un poquitín, al propósito aquel del preámbulo de la ley de ir cerrando esa deuda que, al parecer, la democracia española tiene contraída con su pasado.

(The Objective, 26 de octubre de 2022)

Derivas conservadoras y derivas progresistas

Me decía el otro día un amigo en relación con la trayectoria ideológica de un exprofesor universitario y articulista en activo, que sus opiniones de hace años eran muy estimables, pero que en los últimos tiempos el hombre había sufrido una deriva conservadora. Dado que el término deriva suele emplearse, entre otros usos, para referirse a una “evolución que se produce en una determinada dirección, especialmente si esta se considera negativa” (DRAE), deduje que para mi amigo lo de este opinador era algo así como un descarrío, una transición de lo bueno a lo malo, de la virtud al pecado. En otras palabras: a su juicio, una persona de izquierdas que con el paso del tiempo se hubiera vuelto de derechas no habría evolucionado; habría entrado en una franca deriva.

Se me ocurrió entonces que del mismo modo que existían derivas conservadoras, tenían que existir por fuerza derivas progresistas, por más que yo no recordara haberme topado con esta expresión ni oralmente ni por escrito. Acudí, pues, a Google, tecleé “deriva progresista” y me salieron 635 resultados. Existir, pues, existía. Luego hice lo propio con “deriva conservadora” y el buscador arrojó una cifra bastante superior: 3.150, o sea, cinco veces más. No se me escapa, por supuesto, la fragilidad del método, su carácter aproximativo y aleatorio. En días sucesivos repetí las búsquedas y los resultados variaron algo: la brecha se ampliaba o se acortaba, a veces de forma notoria, pero lo que no variaba era la tendencia. La deriva conservadora ganaba siempre por goleada a la progresista. Y en el momento en que escribo este artículo –ayer para el lector–, la relación es de 9 a 1, siempre a favor de la primera.

Que el lenguaje político y periodístico haya tendido a fijar el sintagma “deriva conservadora” antes que el de “deriva progresista” acaso sólo indique qué ideología prevalece entre el profesorado de las facultades de políticas y de periodismo –ese profesorado del que todavía aspira a formar parte Pablo Iglesias en lo tocante a la primera de las facultades y a la Complutense madrileña– y, por extensión, en quienes ejercen dichas profesiones y disponen de tribunas y altavoces para expresarse y hacerse oír. Una ideología, la suya, que se sustenta en la premisa de que lo progresista es lo moral y políticamente correcto, de lo que se sigue que toda evolución hacia posturas conservadoras no puede sino constituir una deriva. Poco importa, en este sentido, que eso que llamamos edad –o sea, el paso del tiempo– actúe en general como lenitivo de las utopías de juventud, y que en ese proceso no intervenga la mayoría de las veces doctrina ninguna. Quien renuncia a una ideología de izquierdas no evoluciona, deriva. Será porque, como afirmaba este mismo lunes Pedro Sánchez en la inauguración de la exposición sobre los últimos 40 años del PSOE, “caminamos con la conciencia tranquila de haber estado en el lado correcto de la historia y eso (…) no hay nadie más que lo pueda decir en nuestro sistema político”.

Mi querido y añorado Horacio Vázquez Rial escribió en el verano de 2011 un artículo titulado “¿Por qué ser conservador cuando se es liberal?” (La Ilustración liberal, 48) en el que, entre otros asuntos, aludía lo que había sido el zapaterismo –agonizante ya por entonces–. Pues bien, en ese breve ensayo Horacio ponía el acento en la obsesión de la izquierda española durante el periodo 2004-2011 por legislar constantemente, por “sobrelegislar”. Una sobrelegislación que no guardaba relación con el número de leyes aprobadas en las Cortes –si uno compara la producción legislativa de esos años con la de los anteriores mandatos de Aznar o los posteriores de Rajoy, y una vez descontadas las leyes debidas a la adecuación al marco europeo, le sale un cómputo muy parecido en cada legislatura–, y sí con la naturaleza de lo legislado. Durante el zapaterismo, advertía el autor, se había legislado sobre lo ya legislado. Y en buena medida no para derogar una ley aprobada por una mayoría conservadora, sino para dar una vuelta de tuerca más a una ley de cosecha propia en vigor. Incluso en los casos en que había habido derogación de una ley de la derecha, lejos de contentarse con retornar a la legislación precedente, la nueva mayoría progresista aprovechaba la ocasión para decantar todavía más la ley conforme a sus querencias particulares. No hace falta añadir, supongo, que desde la moción de censura de 2018 la práctica se ha intensificado hasta extremos que nadie hubiera imaginado. Piensen, si no, en todo lo emanado hasta la fecha del ministerio de Irene Montero, o en la propia Lomloe alumbrada por la exministra Celaá, o en esa ley de Memoria que ha pasado de presuntamente histórica con Zapatero a presuntamente democrática con Sánchez, en una de las operaciones de blanqueo del pasado más ominosas.

De ahí, en fin, que la deriva progresista no responda al mismo patrón que la conservadora. No se suele aplicar, como sería de esperar, a quien siendo de derechas ha evolucionado hasta la izquierda –el caso, por ejemplo, de Jorge Verstrynge–, sino a quien siendo ya de izquierdas ha evolucionado, como el actual Gobierno y la mayoría parlamentaria en que se asienta, todavía más hacia la izquierda. O sea, hasta el borde mismo del despeñadero.

(The Objective, 19 de octubre de 2022)

La caída del burro educativo

Madina Mayurqa, o sea, Ciudad de Mallorca, es el nombre árabe del núcleo urbano que en época romana era conocido como Palma y que, en feliz aglutinación adaptativa a los nuevos tiempos hispánicos, la división provincial de 1833 consagró oficialmente como Palma de Mallorca. Pero Madina Mayurqa es también el nombre de un instituto de educación secundaria de la ciudad. Y no de uno cualquiera. Que en su “Projecte educatiu de centre” figure el catalán como única lengua vehicular y de relación no constituye, como pueden imaginarse, ninguna singularidad. Ni en Palma, ni en Mallorca, ni en el conjunto de Baleares. Tampoco lo constituye el hecho de que el instituto participara como el primero en la huelga general de hace casi una década contra la implantación del trilingüismo en el sistema de enseñanza, huelga llevada a cabo por la autoproclamada Asamblea de Docentes con la connivencia de las asociaciones de padres y que derivó en lo que –debidamente aliñado con el malestar producido por los los recortes consecuentes a la crisis económica de 2008– se vino en llamar “la marea verde”, por el color de las camisetas, de lastimoso diseño y confección, con que los protestatarios iban uniformados.

Lo que en verdad singulariza al centro es que, siendo reconocido por el establishment palmesano, o sea, por la conjunción entre izquierda y pancatalanismo, como uno de los mejores destinos, de entre los de titularidad pública, para la educación integral de sus hijos; siendo el Madina Mayurqa uno de los que más han creído en el nuevo modelo educativo nacido con la Logse de 1990, macerado con la Loe de 2006 y llegado a su punto de máximo hervor con la Lomloe de 2020; siendo uno de los institutos más innovadores pedagógicamente y habiendo tenido como director hasta 2015 al presidente de la asociación de directores de educación secundaria de Mallorca –lo que le valió al interesado, por cierto, el salto ese mismo año a la condición de cargo directivo de confianza de la Consejería de Educación, condición de la que todavía no se ha apeado–; siendo todo lo anterior, en fin, una verdad incontestable, no deja de resultar sorprendente –y quién sabe si también revelador– que los docentes del Madina Mayurqa hayan sufrido ahora una suerte de caída del burro.

Así se deduce, al menos, del manifiesto que acaban de hacer público. Se titula “¡¡¡No en nuestro nombre!!!”, va firmado por “Asamblea IES Madina Mayurqa” y constituye un señor alegato contra la política seguida por la Consejería en los últimos años y, por extensión, contra la Lomloe, que la Administración autonómica balear aplica a su juicio a rajatabla y en cuya aplicación encuentra incluso un insólito e injustificable deleite. A esos sufrientes docentes, tan proclives a desobedecer las leyes cuando no son de su gusto, tan acostumbrados a salir a la calle para reivindicar lo que creen irrenunciable y que, en general, poco o nada tiene que ver con la enseñanza, no les cabe en la cabeza que aquellos a los que consideran de su cuerda, y entre ellos quien dirigió el propio centro hasta hace siete años, hayan llegado a semejante extremo. Puestos a no comprender, tampoco les alcanza que los sindicatos del ramo se muestren tan amansados o que los compañeros de otros institutos de aquella gloriosa marea de antaño no alcen la voz ante la gravedad del momento.

Y es que no pueden concebir que se les acuse de seguir trabajando en el aula como hace décadas, ellos que tanto se han esforzado, aseguran, en adaptarse a las nuevas tecnologías. Del mismo modo, se niegan a admitir que sea posible “relegar los contenidos a la periferia más alejada del acto educativo”, proscribirlos sistemáticamente del llamado “diseño curricular”. También se quejan de la permanente intromisión de la ley en el proceso de aprendizaje, y califican la Lomloe de “prospecto de posología rígidamente prefijada”. A un tiempo, denuncian la “progresiva e ineluctable imposición de las estrategias de trabajo y evaluación de primaria en la educación secundaria” o la perversa intención de “disuadir al docente de un pensamiento tan ominoso como el de suspender a un alumno/a”, lo que lleva a descargar al alumno de toda responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Y, en fin, no se privan de rebelarse contra el empacho de burocratización que supone el seguimiento de las normas prescritas en detrimento de lo que debería ser, a su juicio, la educación.

Decía más arriba que esos docentes habían sufrido como una suerte de caída del burro. Y es que todo lo que ahora les resulta desconsiderado hacia su labor, antipedagógico, abusivo, insoportable incluso, estaba ya en el espíritu de aquella Logse que la Loe no rebajó y que con la Lomloe ha alcanzado su máxima y esperemos que definitiva expresión. Me refiero a la entronización de la tiranía del pedagogismo en detrimento de lo que debería haber sido una educación basada en el conocimiento. Que unos docentes que llevan lustros participando de esta farsa educativa hayan tardado tanto en abrir los ojos es penoso y tendría que constituir para ellos motivo de vergüenza y sonrojo. Pero el hecho en sí de la existencia de ese manifiesto tiene también su parte positiva: la certificación de la consunción, con el tiempo, del modelo. A fin de cuentas, la historia nos enseña que todos los totalitarismos, antes o después, acaban devorándose a sí mismos.

(The Objective, 12 de octubre de 2022)

El extremismo de centro del PSC

Estos últimos días, a raíz sobre todo del resultado de las legislativas italianas, que venía a sumarse al de las celebradas en Suecia semanas antes, se ha vuelto a hablar con insistencia del extremismo de derecha. Meloni tiene la culpa, se ha dicho, como antes la tuvo Akesson. No hace falta añadir, supongo, que quienes la tienen, si culpa hay, son quienes les han votado y permitirán con sus votos, sumados a los logrados por el resto de los partidos conservadores –y en Suecia incluso por el liberal–, que en cada uno de estos países el futuro gobierno tenga un color distinto del actual. No me propongo abordar en este artículo las razones de esa marea conservadora que poco a poco va inundando Europa; otros lo han hecho ya aquí mismo y con manifiesta solvencia. Lo que me interesa es tratar de un extremismo al que no suele prestarse atención.

Al día siguiente de las elecciones italianas, los periódicos de izquierda aludían a la victoria de “la ultraderecha”, de “la ultraderechista Meloni” y había incluso alguno que, sin cortarse un pelo, atribuía el triunfo al “fascismo”. Los de derecha o de centroderecha eran más ponderados: hablaban del “bloque de derechas”, de “la derecha con Meloni a la cabeza” o de “la derecha dura”. Hasta aquí lo esperable. ¿Pero habría ocurrido algo parecido, aunque a la inversa, en caso de que la victoria se la hubiera llevado el Movimiento 5 Estrellas? ¿Habríamos leído titulares en los que figurara el término “extrema izquierda” o “ultraizquierda”? Lo dudo. Y es que, así como el extremismo de derecha sigue acarreando el sambenito de franquista, el de izquierda cuenta con una especie de indulgencia plenaria o, cuando menos, parcial, por comunista o antifranquista que sea o haya sido.

Pero tampoco es a ese extremismo de izquierda al que quiero referirme, sino a uno más sibilino y oculto, el extremismo de centro. Lo definía no hace mucho el politólogo Pierre-André Taguieff, siguiendo a Seymour Martin Lipset, con estas palabras: “Instalarse confortablemente en el centro, pretender ocupar la posición del moderado o encarnar el término medio, es la gran artimaña de quienes aspiran a poder erigirse en jueces supremos del Bien y del Mal, de lo respetable y de lo intolerable. La postura del término medio, que pretende encarnar la normalidad en política patologiza cualquier oposición e instaura la tiranía dulce de los seudomoderados, que denuncian y condenan a los disidentes con buena conciencia”. Como ven, ese centro aquí descrito nada tiene que ver con el ideario de una formación política. No es el de Ciudadanos, para entendernos, único partido que se reclama y se define hoy en España como de centro. Se trata más bien de una posición estratégica en relación con los extremos del tablero político. O sea, con respecto a los extremismos más o menos declarados. Es la posición que está adoptando el PSC en Cataluña –y también, si se tercia, en el resto de España–, sin renunciar por ello a su ideología de izquierda y nacionalista.

Piensen, por ejemplo, en la noticia de este lunes que daba cuenta de las gestiones de Miquel Iceta para influir en el discurso del Rey del que se acaban de cumplir 5 años. Aquello de incluir unas palabras en catalán, no vaya a resultar que los catalanes catalanohablantes no se sientan representados por el jefe de un Estado cuya única lengua oficial es el castellano y que viene en su ayuda en pleno proceso de golpe de Estado independentista. O piensen en el silencio culpable de Salvador Illa cuando Alejandro Fernández, el líder del PP catalán, le afeaba en el Parlamento autonómico la responsabilidad de su partido en el incumplimiento contumaz por parte del Gobierno de la Generalidad de la sentencia judicial del 25% de español en las aulas. O piensen, como anticipación incluso, en la obscena satisfacción que les puede llegar a producir a Iceta, Illa y compañía un eventual abandono de las huestes de Puigdemont del ejecutivo que todavía comparten con ERC. Ellos, los socialistas catalanes, los moderados, los equidistantes, los centrados, los garantes de la normalidad, los jueces supremos del Bien y del Mal.

(The Objective, 5 de octubre de 2022)

Con lengua propia

Andaba yo el otro día hojeando en mi pantalla un ejemplar de La Nueva España cuando me di de frente con una columna –al tratarse del pdf del diario en papel, la columna en cuestión todavía hacía honor a sus orígenes arquitectónicos– cuya rúbrica era “Con llingua propia”. La Nueva España es un periódico editado en Asturias y escrito, por lo que he podido comprobar, íntegramente español. O casi, puesto que la columna, como se deduce de la rúbrica, estaba escrita en asturiano. Añádanle que se trataba de la reseña de la traducción a esta lengua del Candide de Voltaire y que formaba parte del suplemento cultural del periódico, y quizá a los más viejos y catalanes lectores el hecho les recuerde aquellos tiempos del franquismo en que el catalán empezaba a asomar de tapadillo en las páginas culturales de La Vanguardia o el Diario de Barcelona. En todo caso, bien está. Y bien estaría, ¿por qué no?, que la práctica se extendiera a otras partes del artesonado del periódico. Pero, a lo que se ve, no es así. Señal de que el cliente –ya saben, quien paga manda– no lo reclama o hasta lo rechaza. Figúrense cómo andará la cosa del asturiano en Asturias que la columna de marras se asienta en una peana en la que se indica que ha sido elaborada “Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies”.

Pero volvamos a la rúbrica. “Con llingua propia”; nada más natural. Lo mismo podrían decir todos y cada uno de los firmantes del resto de las informaciones y opiniones que aparecen en el ejemplar del periódico. Todos tenemos una lengua en la que nos expresamos. O varias. Incluso puede darse el caso de que un mismo sujeto en la expresión oral opte por una y en la escrita por otra. Pero dudo mucho que alguien pusiera el epígrafe “Con lengua propia” a una columna escrita en español. A no ser, claro, que lo hiciera con retranca, aludiendo precisamente al uso que del sintagma “lengua propia” hacen los Estatutos de Autonomía allí donde existen dos lenguas cooficiales. O sea, un uso que nada tiene que ver con el hablante, con el ciudadano, y sí con el territorio. O con el Pueblo en mayúscula, como ocurre con el Estatuto del País Vasco, probablemente por aquello de que el euskera, para los urdidores del texto, define un territorio que va mucho más allá de la autonomía y se adentra en la Comunidad vecina, Navarra, y en el Estado francés.

Uno puede creer, recurriendo a una dosis considerable de buena fe, que la vinculación entre la propiedad y el territorio en cuantos Estatutos de Autonomía la establecen hoy en día –aparte del vasco, los de Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón; el de Navarra, por el contrario, alude sólo al carácter oficial del vascuence junto al del castellano– tiene que ver con los orígenes. Que allí nació la lengua, vaya, y eso hay que respetarlo. No hace falta indicar que los nacimientos lingüísticos –eso que los románticos periféricos del XIX calificaban de “primer vagido”– no se produjeron en el conjunto del territorio de lo que se entiende hoy por comunidad autónoma, sino en un espacio muchísimo más reducido. Y que en la expansión posterior influyeron otros muchos factores. Sin ir más lejos, el que deriva del derecho de conquista, como en el caso del catalán en Baleares y también –con el nombre de valenciano– en buena parte de la Comunidad Valenciana. En el fondo, la mencionada propiedad lingüístico-territorial, por así llamarla, se ha ido ensanchando con el tiempo hasta coincidir con los confines de la comunidad autónoma, al margen de que en el terreno ganado se hubiera hablado o no alguna vez la lengua cooficial en cuestión. No creo que sea necesario añadir, en fin, que todo ello ha sucedido cuando el gobierno de una comunidad autónoma donde se habla más de una lengua ha estado en manos del nacionalismo de turno, que ha sido casi siempre.

El castellano, al igual que las demás lenguas españolas –por usar la terminología constitucional–, también tiene su origen y su correspondiente expansión por vía de conquista. Pero no únicamente. Como tan bien explicó hace más de dos décadas el malogrado Juan Ramón Lodares, su presencia en aquellas partes de la Península donde se habla asimismo otra lengua se debió, en primera instancia, a la penetración del idioma en la corte y la administración reales como consecuencia de los matrimonios entre representantes de las distintas Coronas peninsulares, y luego ya, de forma más generalizada, a la condición de lengua de comunicación usada en el comercio interior y exterior. A su utilidad, pues, más incluso que a su prestigio –en el supuesto de que pueda desligarse lo uno de lo otro–. De ahí que lleve siglos siendo nuestra lengua común. Y de ahí que en el texto de la Constitución de 1978 fuera definida como “la lengua española oficial del Estado”, al tiempo que la oficialidad de “las demás lenguas españolas” se supeditaba a lo que fijaran los Estatutos de las respectivas comunidades autónomas. Pero excepto en el caso navarro, esos Estatutos fueron incorporando la cláusula de la propiedad ligada al territorio sólo para la lengua cooficial. El castellano, pues, no era propio de esas partes de España. Era sólo cooficial, aun cuando fuera la lengua oficial del Estado.

Han transcurrido cerca de 44 años desde entonces. Y hemos visto a donde conducía el ejercicio de ese derecho a la propiedad lingüística en manos del nacionalismo. El caso de Cataluña es tal vez el más llamativo y bochornoso, por el empeño de sus gobernantes en saltarse la ley. Pero los gobiernos de Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra no andan muy lejos en modos y propósitos. El pasado 18 de septiembre miles de catalanes salieron a la calle reclamando su derecho a una enseñanza también en castellano o, lo que es lo mismo, pidiendo por enésima vez amparo al Gobierno del Estado ante la vulneración de sus derechos ciudadanos. Y lo hicieron con lengua propia, claro, usaran el catalán, el castellano o ambas. El problema es que el Gobierno del Estado lleva cerca de 44 años sin darse por aludido. Y, gracias a ello, así nos luce a la inmensa mayoría de los españoles.

(The Objective, 28 de septiembre de 2022)

Un indulto (también) generacional

Quien haya formado parte de una cámara de representación política –ya sea la del Congreso o el Senado, ya la de un Parlamento autonómico– en un tramo más o menos importante de su vida convendrá conmigo en que aquello, como en el bolero, es puro teatro. No se me malentienda. No estoy diciendo que sus señorías defiendan en los plenos y en las comisiones tesis o propuestas en las que no creen. No, por lo general, son consecuentes con el ideario de la formación por la que han salido elegidos. Me refiero al papel que asumen, al énfasis con que se expresan, a lo impostado de sus gestos, a las invectivas que lanzan contra sus adversarios ideológicos. Nada más abandonar el hemiciclo, esos actores de la política se cruzarán en los pasillos o en el bar de la Cámara en cuestión con el diputado o el ministro contra el que han embestido sin piedad un momento antes y todo serán buenas palabras. En definitiva, amabilidad y coleguismo. No es extraño, en este sentido, que dos diputados de formaciones distintas se lleven mejor que un diputado y un cargo de confianza cualquiera de una misma formación. Ese afecto entre presuntos contrarios se acostumbra a trenzar en las comisiones, donde las relaciones laborales son más duraderas, hasta el punto de que algunas han fructificado en romance y hasta en matrimonio.

Todo este preámbulo, fruto de mi propia experiencia de una legislatura en política, no tiene otro propósito que intentar arrojar algo de luz sobre la petición de indulto al exministro de Trabajo socialista y expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y sobre la naturaleza de quienes la suscriben. Vaya por delante que soy de los que creen que no existe motivo alguno para conceder este indulto. Ni siquiera, como se pretende, de índole humanitaria. Los hechos por los que Griñán ha sido condenado son tan graves, las pruebas que constan en la sentencia tan abrumadoras, que semejante trato de favor a alguien que tuvo conocimiento y permitió la malversación de 680 millones de euros en beneficio de los intereses electorales de su propio partido, en lo que supone el mayor caso de corrupción de la política española contemporánea, resultaría inconcebible. Ya sé que este Gobierno es reincidente en indultos inconcebibles, pero ello no impide que algunos –y no somos pocos, a juzgar por lo publicado aquí mismo y en otros medios– insistamos en la absoluta inconveniencia de añadir un caso más a la lista. Con el agravante, por si hiciera falta, de que en esta ocasión el principal partido del Gobierno se estaría indultando a sí mismo.

Pero volvamos a la relación de firmas más relevantes que suscriben la petición de indulto. La mayoría, como es de suponer, son de matriz socialista, y ello a pesar de que el propio código ético del partido impide que un cargo público del PSOE proponga o apoye “el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción”. Sin embargo, también hay firmas pertenecientes a otros partidos, como el PP o los nacionalistas catalanes, en lo que cabe interpretar como una muestra de aquella solidaridad corporativa a la que me refería al principio de este artículo. (Un gremialismo, por cierto, que no hace sino reforzar esa creencia tan extendida entre los ciudadanos de a pie de que los políticos son arte y parte.) Luego, aún, figuran en la lista no pocos dirigentes y cargos del mundo sindical –ese largo brazo de la izquierda política–, además de periodistas, miembros de la judicatura y representantes de la universidad, la cultura y el deporte, más o menos afines en lo ideológico.

Aun así, lo que a mi modo de ver caracteriza a los firmantes más notorios de la petición no es tanto la ideología o la empatía de clase como la edad. Si reparan en la de la gran mayoría, observarán que se encuentra entre los 60 y los 80 años. Muchos fueron protagonistas, en primer o segundo plano, de nuestra Transición. Muchos formaron parte, en mayor o menor medida, de la generación que nos llevó felizmente de una dictadura a una democracia. Pero el agradecimiento que por ello puedan merecer no constituye argumento bastante para que comulguemos con su apoyo al indulto. En este sentido, la postura de Juan Lobato, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se ha pronunciado en contra de la medida en consonancia con el código ético de su partido, es la que corresponde. O la del grupo parlamentario de Ciudadanos, que, según recogía anteayer El Español, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta a los demás grupos, y en particular al socialista, a “rechazar la concesión por parte del Gobierno de España del indulto a José Antonio Griñán y el resto de personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política en la trama de los ERE”. Juan Lobato y la presidenta del grupo parlamentario de Cs, Inés Arrimadas, rondan los cuarenta. No creo que se trate de una casualidad.

¿Que puede hablarse en ambos casos de oportunismo político? Sin duda. Pero cuando el oportunismo en política es éticamente intachable, pierde todo sentido peyorativo y se reduce a eso que llamamos tener el don de la oportunidad.

(The Objective, 22 de septiembre de 2022)

La ley y la calle

Según traía el lunes el diario El Mundo, la célula monclovita destinada a tratar con el Gobierno de la Generalidad –léase a negociar con sus representantes para intentar tener la fiesta en paz–, estaba satisfecha de como había transcurrido la jornada del domingo en Cataluña. A su juicio, la situación actual era radicalmente distinta a la de años atrás. Y ello se resumía de este modo: “Ahora en Cataluña un ministro o un diputado del PP puede pasear sin que le increpen continuamente”. Ignoro qué hay de cierto en dicha afirmación –todo lo que sale de la máquina propagandística del Gobierno es susceptible de ser falso hasta que se demuestre lo contrario–, pero démosla, si les parece, por buena y procedamos a ponderarla con algunas acotaciones.

En primer lugar, sobre la naturaleza de los increpados. En efecto, ¿por qué el PP? ¿Por qué no Ciudadanos o Vox? Se me dirá, con razón, que porque estos últimos nunca han tenido ministros. Pero sí han tenido y tienen diputados, y dudo mucho que tal afirmación se les pueda aplicar, al menos con una rotundidad semejante. Más bien creo que la referencia al PP es una forma de echarle en cara a este partido que, cuando gobernaba en España bajo la presidencia de Mariano Rajoy, esos paseos sin sobresaltos eran infrecuentes. Y que ahora, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, vuelven a ser posibles. En otros términos: que la culpa de la tensión de aquellos tiempos no fue del independentismo y sus fraudes de ley, sino de un gobierno del PP que no supo estar a la altura. Y habrá que darles en parte la razón –sin olvidar en ningún momento que el gran responsable de lo ocurrido fue el Gobierno de la Generalidad–: aquel Gobierno de España no estuvo a la altura, pero no por exceso, sino por defecto.

Viene luego lo de increpar. Lo de increpar continuamente, mejor dicho. El hecho de que el Gobierno de España se ponga la medalla de haber rebajado la tensión en Cataluña –y ello, añadiría Pedro Sánchez de hallarse ante una cámara o un micrófono, “a pesar de la derecha política, económica y mediática”– no exime a los populares, según la propia fuente monclovita, de continuar recibiendo en su callejeo diario u ocasional algún que otro insulto. Y es que así debe interpretarse el increpar que hace al caso. Nuestra Constitución, en su artículo 20, consagra la libertad de expresión como un derecho, sólo limitado por otros derechos también constitucionales: “(…) al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”, principalmente. Que determinadas increpaciones callejeras estén dentro o fuera de la ley son cuestiones que acabarán dirimiendo, mejor o peor, los tribunales, si el afectado toma la resolución de acudir a ellos. Por no hablar, claro, de aquellas ocasiones en que el insulto pueda constituir, por su naturaleza, un delito de odio tipificado en el Código Penal.

Pero lo verdaderamente significativo, a mi entender, de esas palabras gubernamentales es la convicción de que la calle no sólo opina, también arbitra. Ante el dilema de si había que actuar como hizo el gobierno de Rajoy o como lo está haciendo en esta legislatura el gobierno de Sánchez, la calle sanciona, al permitir que ministros y diputados del PP puedan pisar el espacio público sin ir –o casi– de susto en susto, que la actuación correcta es la del actual ejecutivo. Poco importa, en este sentido, que el causante de aquella tensión fuera un gobierno autonómico situado fuera de la ley y cuyos máximos representantes estén negociando hoy en día con el Gobierno de España toda clase de prebendas económicas y políticas.

Y todavía hay algo en esas palabras en lo que no suele repararse y que tal vez constituya lo sustancial de esa clase de situaciones. En ellas la víctima de la increpación es alguien que defiende el imperio de la ley, mientras que el victimario es alguien que no cree en él y está dispuesto a conculcarlo. Y esa condición de víctima, en la Cataluña de hoy, vale para los cargos públicos de PP, Ciudadanos o Vox, pero también para todos aquellos ciudadanos que, aun sin ser cargo público ni afiliado de ninguno de estos partidos, puedan salir un día a la calle para expresar su opinión con la ley en la mano. Sin ir más lejos, el próximo domingo al mediodía, en el Arco de Triunfo barcelonés, para exigir una escuela de todos en Cataluña en la que el español sea también, como han prescrito los tribunales, lengua vehicular.

(The Objective, 15 de septiembre de 2022)

El Partido Popular y el dilema del aborto

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”. Esta máxima de Francisco de Quevedo les viene que ni pintada a los partidos políticos cuando se acercan elecciones y hay que ponerse a elaborar un programa. Lo que no quita que en determinadas cuestiones algunos partidos opten por la callada. Es el caso del Partido Popular y del controvertido asunto del aborto, también llamado eufemísticamente “interrupción voluntaria del embarazo”. Así, en el programa de las legislativas de 2019 figuraba el compromiso de ayudar a las mujeres embarazadas “para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica social o familiar”, pero no había ninguna referencia a la ley de plazos de 2010, que el propio PP había llevado en su momento al Constitucional, donde doce años más tarde sigue esperando turno. Tampoco la había al anteproyecto de ley de 2014 del ministro Ruiz Gallardón, un compromiso electoral que venía a ser un regreso a la ley primigenia de 1985, la de supuestos, y que el presidente Rajoy decidió finalmente no presentar, lo que comportó la renuncia de Gallardón al Ministerio de Justicia del que era titular y su retirada de la política. Eso sí, a cambio las Cortes, donde el PP contaba con mayoría absoluta, aprobaron en 2015 una mini reforma que, sin alterar el modelo de plazos, eliminaba la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores aunque sí con la obligación de comunicarles con anterioridad la decisión que habían tomado.

¿Qué ha pasado a lo largo de la docena de años que median entre la ley de 2010 y el pasado 30 de agosto, día en que el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una nueva reforma de la ley, que, más allá de otras medidas, no sólo restituye la posibilidad de que los menores de 16 y 17 puedan abortar sin la aprobación paterna, sino que además, y al contrario de lo estipulado en la ley de 2010, deja de considerar preceptiva la información? ¿Qué ha pasado en nuestro entorno más cercano, ya sea España misma o el conjunto de la UE, y sobre todo qué ha pasado en el propio Partido Popular? En cuanto a lo primero, un simple repaso a la legislación existente en los distintos países de la Unión permite concluir que, excepto en el caso de Malta, donde el aborto está prohibido, o de Polonia, donde está restringido al máximo, en los demás se da una regulación extremadamente dispar, si bien son mayoría aquellos que permiten el aborto sin restricciones –o sea, sin necesidad de permiso paterno– a partir de los 16 o en los que ni siquiera se fija un mínimo de edad. Difícilmente España puede quedar al margen de dicha tendencia.

Y difícilmente puede quedar, claro, el propio Partido Popular. El cambio de rumbo emprendido por la dirección del partido y su presidente de entonces, Mariano Rajoy, hace ocho años, cuando decidió retirar la ley Gallardón, era, por descontado, uno de tantos incumplimientos electorales a que nos tienen acostumbrados los partidos. Ignoro si se ajustaba o no a la máxima de Quevedo, pero poco importa: no hay duda de que sí respondía a esa tendencia más general a la que me refería anteriormente y a las voces que, dentro del propio partido, se oponían a una vuelta atrás. El PP es un partido liberal conservador, por lo que esa clase de asuntos, que afectan a la moral y a la fe de afiliados y votantes, resultan por fuerza tan delicados como divisivos. Es evidente que las recientes y matizadísimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de que no se puede obligar a su juicio a una joven de 16 años a seguir con un embarazo no deseado no son compartidas por un sector importante de la formación. Pero también lo es que otra parte del partido está de acuerdo con ellas. El propio Núñez Feijóo, aparte de admitir que se trata de un derecho y de que sería bueno alcanzar un gran consenso social y político sobre la cuestión, se ha manifestado a favor del consentimiento paterno –y se entiende que de la información previa a dicho consentimiento, en consonancia aquí con Ayuso–. Con todo, se ha agarrado, al igual que han hecho otros dirigentes del partido, a la tan demorada sentencia sobre el recurso interpuesto en 2010 ante el Constitucional.

Aunque en política lo del “mañana será otro día” vale su peso en oro, un partido que aspira a gobernar y que tarde o temprano tendrá que mojarse sobre un asunto que tanto le incomoda debería tener una postura clara, definida y lo más inclusiva y considerada posible –lo que conlleva, entre otras cosas, el respeto al derecho a la objeción de conciencia de la clase médica y al voto en conciencia de sus propios diputados y senadores–. Al fin y al cabo, los sondeos indican que el crecimiento del PP se está produciendo sobre todo por el centro, allí donde el votante socialdemócrata y liberal, mucho más laxo en esta materia, parece haber renunciado en buena medida al voto por Ciudadanos y ha empezado a romper amarras con el PSOE de Pedro Sánchez.

La mayoría de edad en España está en los 18, es verdad, pero podría estar en los 21 o en los 23, como antaño. Y, de paso, el derecho al voto, que suele ir aparejado a esa mayoría. La tendencia a irla reduciendo e incluso a prescindir de ella y a considerar a los jóvenes de 16 y 17 como adultos también se halla bastante extendida, para bien o para mal. Y eso que la ciencia nos dice que el cerebro humano y, en concreto la corteza prefrontal –responsable de habilidades como la planificación, el establecimiento de prioridades y el control de los impulsos–, no alcanza su plena madurez, en el mejor de los casos, hasta los 25 años. ¿Se imaginan ustedes adónde iríamos a parar si el conocimiento científico influyera de algún modo en la toma de decisiones políticas? Así las cosas, lo más sensato, a mi entender, es tratar esa clase de asuntos con el máximo sentido común. Aunque también es cierto que últimamente este sentido no abunda, en especial entre nuestra clase política.

(The Objective, 8 de septiembre de 2022)