Dice el Gobierno de la Generalidad que va a acatar la sentencia. Pues claro. ¿Acaso podía ser de otro modo? Si la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Autonomía es desfavorable a la pléyade de representantes políticos que apoyaron el texto en sede parlamentaria —entre los que se encuentran, claro está, los que también lo apoyaron en las Cortes Españolas— y a los 1.882.650 catalanes (un 36,2% del censo electoral) que militante o disciplinadamente lo refrendaron en las urnas, al Gobierno de todos los ciudadanos de Cataluña no le va a quedar más remedio que dar la razón al resto. O sea, al conjunto de representantes políticos que no aprobaron el texto en ambos Parlamentos —en el de aquí y en el de allí— y a los 3.319.641 catalanes con derecho a voto (un 63,8% del censo) que el 18 de junio de 2006 se abstuvieron, o votaron que no, o lo hicieron en blanco, o emitieron un voto nulo. Porque esos tres millones largos de ciudadanos de Cataluña cargados de razones —aunque algunas manifiestamente contrapuestas— no sólo merecen la misma consideración que los demás, sino que, encima, suman casi el doble que los que dieron su aprobación al texto que el Alto Tribunal parece ahora decidido a enmendar.

Así las cosas, no es de extrañar que el Gobierno de Don José se halle en un aprieto. En fin, quienes se hallan en un aprieto, más incluso que el Gobierno, son Don José y su partido. Por un lado está el interés del PSOE en pasar página. Por otro, el de los socios del PSC en el tripartito, y muy en especial el de los irredentos republicanos, en convertir un posible veredicto desfavorable en una suerte de «casus belli». Sin olvidar, claro, a la Convergència de Mas, siempre al acecho y fortalecida en los últimos tiempos por las expectativas demoscópicas. Y sin olvidar tampoco, qué le vamos a hacer, a ese Laporta en busca de trabajo, dispuesto a encabezar lo que le echen. No, no pintan bien las cosas para Don José.

Eso sí, le queda un recurso. Encomendarse a Jordi Pujol y a su experiencia. Y es que el ex presidente, de quien tanto se valoraba no hace mucho la reserva y la discreción —sobre todo, decían, en comparación con los otros ex—, no cesa de pronunciarse urbi et orbi sobre las consecuencias de un fallo que lamine los contenidos del Estatuto. Lo que significa que sigue fiel a su costumbre de dar consejos a los catalanes. Según él, hay que acatar la sentencia, «porque, si no, nos enviarán a la Guardia Civil». Pero acatarla no significa aceptarla. «En su fuero interno», todo catalán debería, a su juicio, rechazarla. Y no sólo en el interno. También proclamándolo bien alto. E increpando incluso a los miembros de ese Tribunal al que Pujol tanto quería cuando le daba la razón y al que tanto desprecia ahora que todo indica que no se la da.

O sea, «tranquil, José, tranquil», que, de momento, no es la Guardia Civil.

ABC, 21 de noviembre de 2009.

«Tranquil, José, tranquil»

    21 de noviembre de 2009