Para saber si la huelga educativa del jueves fue un éxito o un fracaso, primero habría que ponerse de acuerdo sobre la unidad de medida. Si tomamos como referencia la suspensión de la actividad docente, es evidente que la huelga fracasó. Si nos fijamos en la movilización, o sea, en la capacidad de sacar gente a la calle y armar ruido, el fracaso queda ya algo mitigado, aunque difícilmente puede hablarse de éxito. Pero si dejamos a un lado las cifras y nos ceñimos a los efectos del paro, esto es, a la reacción de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de sacar adelante esa ley contra la que claman los huelguistas, no hay duda de que los convocantes pueden sentirse satisfechos. Porque la decisión de aplazar la aprobación del anteproyecto de la LOMCE —estaba prevista para el Consejo de Ministros de ayer y ha sido trasladada, en principio, al del próximo viernes—, por más que no guarde relación con la jornada de paro y sí con la necesidad de acabar de pulir lo que ya debería estar más que pulido, ha sido interpretada «pro domo sua» por quienes exigen la retirada del anteproyecto. Como si en España no primara otra ley, en definitiva, que la de la calle.
Con todo, esa huelga ha evidenciado también el grado de destrucción de la enseñanza. Los medios, siempre a remolque de las consignas y las pancartas, han destacado que por primera vez una huelga educativa era unitaria; no sólo la convocaban, todos a una, padres, profesores y alumnos, sino que encima afectaba a todos los niveles del sistema, desde la educación infantil hasta la superior. En efecto. ¿Y? ¿Acaso puede esperarse otra cosa de quienes desde hace más de un cuarto de siglo —repasen, por favor, las siglas de los convocantes—, con el apoyo resuelto y entusiasta del poder político, han convertido la enseñanza española en un inmenso e indiviso falansterio para párvulos, cuyo último estadio ha sido la reforma boloñesa de la universidad? ¿Y los resultados del experimento? ¿Hace falta recordarlos?
Confiemos en que la nueva ley no sufra más contratiempos y entre pronto en vigor.
(ABC, 11 de mayo de 2013)
