La fosa ética

El consejero Saura se lamentaba esta semana en el Parlamento de Cataluña de que la llamada «ley de fosas» no hubiera contado con la bendición de todos los grupos de la Cámara. Al consejero le habría encantado que el Partido Popular no votara en contra y que el Grupo Mixto, constituido por ese pecio que responde al nombre de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, no se abstuviera. ¿Por qué razón? Pues, en primer lugar, porque cualquier político aspira a que sus iniciativas se vean recompensadas con el olimpo de la unanimidad. Y, luego, porque, en este caso, el político en cuestión asegura estar convencido de que su ley tiene «un objetivo tan ético que debería superar cualquier diferencia política».

Veamos. La ética a la que alude Joan Saura parece concretarse en esta frase del preámbulo de la ley: «El objetivo principal y prioritario de la presente ley es el reconocimiento y la recuperación, en su caso, de los restos de todas aquellas personas —civiles y soldados— desaparecidas y/o que fueron ejecutadas y enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, con independencia de las opciones ideológicas, personales o de conciencia que las hicieron víctimas de la represión». Un noble objetivo, sin duda. De lo más ético. Lástima que, hecha la ley, hecha la trampa. Porque ese reconocimiento deja fuera de juego —o sea, fuera de la ley— a quienes un día cayeron en una fosa y ya fueron desenterrados a medida que iba avanzando la guerra o en los meses siguientes a su conclusión. Es decir, a los supuestamente caídos —pues no fue el caso de muchos de ellos— por Dios y por España.

No, no es que la ley no los tenga en cuenta. Claro que los tiene en cuenta. Incluso los menciona en el mismo preámbulo. Pero considera que, dado que ya fueron enterrados dignamente, la ley no va con ellos. Lo que viene a significar que se quita a estos muertos de encima para concentrarse en los demás, sean del bando que sean. El problema es que los demás son casi todos del mismo bando, del perdedor. Del bando hoy representado por el consejero Saura y sus aliados políticos. O, si lo prefieren, del bando responsable, en su momento, de la muerte de los muertos con los que no va la ley.

Por supuesto, no estoy abogando por que vuelvan a sacar de sus tumbas a quienes ya recibieron, hace décadas, digna sepultura. Pero sí abogo por que su memoria sea reconocida en pie de igualdad con la de las demás víctimas. Entre otros motivos, porque la ley prevé «la señalización del lugar donde ocurrieron los hechos y su recuperación como espacio de memoria», y no me cabe en la cabeza que la ética del consejero pueda llegar a ser tan parcial que se olvide de las maldades de unos y esculpa en mármol las de otros. Eso sería como medir la historia con una doble vara. O, por decirlo con la libertad del traductor, «amb una doble barra».

ABC, 20 de junio de 2009.