Aunque en una semana como la actual resulte inevitable referirse al desenlace —provisional— del movimiento de protesta contra el proceso de Bolonia o, si lo prefieren, a la esperpéntica gestión del conflicto llevada a cabo por el rector de la Universidad de Barcelona, quien, tras afirmar durante cuatro meses que no sería él quien mandara desalojar a los estudiantes encerrados en la planta noble del edificio de la plaza Universidad, ordenó este miércoles su expulsión, lo que acabó convirtiendo las calles del centro de la ciudad en el escenario de una batalla campal entre los multigrabados «Saura’s boys» y cualquiera que se les pusiese a tiro o a porrazo, con el resultado —también provisional— de ochenta heridos de toda clase, edad y condición; aunque en una semana como la actual, digo, resulte inevitable referirse a ello, uno no tiene más remedio que dedicar esta columna a otro asunto, mucho más trascendente si cabe. Sí, hay que hablar, por desgracia, de las prohibiciones. O, lo que es lo mismo, de la imposibilidad —presente y futura— de que los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer, como tales, sus derechos.

Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su empresa pública de transportes (TMB) y esta, a su vez, a través de la empresa privada Promedios —única adjudicataria de cuantas campañas de publicidad vienen haciendo en los últimos años los transportes públicos barceloneses—, ha prohibido a la Asociación por la Tolerancia la difusión, en una línea metropolitana de autobús, de una campaña en la que se reclamaba la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que la Generalitat está obligada a incluir en los impresos de preinscripción en la primera enseñanza un casillero mediante el cual los padres puedan escoger la lengua de escolarización de sus hijos. La campaña llevaba, lleva, un lema americanamente hermoso: «Sí, puedes elegir: ¡tienes derecho!». Pues no, este no lo tienes. Sigues sin tenerlo. Y al alcalde de la ciudad no se le han ocurrido, para justificar la prohibición, más que zafias razones. Entre ellas, una antológica: a su juicio, los promotores, con su iniciativa, no pretendían otra cosa que hacerse la foto. Que alguien que se pasa todo el santo día haciéndose fotos a costa del erario público acuse a una pobre y modesta asociación ciudadana de hacerse la única foto que no ha logrado hacerse —es decir, la del autobús con la campaña—, no es sino el colmo de la desfachatez.

Esto por un lado. Por otro, el Parlamento autonómico, gracias a la siempre efectiva transversalidad del nacionalismo —o sea, de todos los grupos menos PP y Ciutadans—, acaba de introducir, en el artículo de la Ley de Educación donde figuran los principios en que va a inspirarse el sistema educativo, el siguiente engendro: «El cultivo del sentido de pertenencia como miembros de la nación catalana». Sí, lo que leen —pero en catalán, claro—. No consta que en otra parte del articulado hayan prohibido expresamente el derecho a la libertad. Aunque todo se andará, no lo duden.

ABC, 21 de marzo de 2009.

Derechos y prohibiciones

    21 de marzo de 2009