Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su empresa pública de transportes (TMB) y esta, a su vez, a través de la empresa privada Promedios —única adjudicataria de cuantas campañas de publicidad vienen haciendo en los últimos años los transportes públicos barceloneses—, ha prohibido a la Asociación por la Tolerancia la difusión, en una línea metropolitana de autobús, de una campaña en la que se reclamaba la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que la Generalitat está obligada a incluir en los impresos de preinscripción en la primera enseñanza un casillero mediante el cual los padres puedan escoger la lengua de escolarización de sus hijos. La campaña llevaba, lleva, un lema americanamente hermoso: «Sí, puedes elegir: ¡tienes derecho!». Pues no, este no lo tienes. Sigues sin tenerlo. Y al alcalde de la ciudad no se le han ocurrido, para justificar la prohibición, más que zafias razones. Entre ellas, una antológica: a su juicio, los promotores, con su iniciativa, no pretendían otra cosa que hacerse la foto. Que alguien que se pasa todo el santo día haciéndose fotos a costa del erario público acuse a una pobre y modesta asociación ciudadana de hacerse la única foto que no ha logrado hacerse —es decir, la del autobús con la campaña—, no es sino el colmo de la desfachatez.
Esto por un lado. Por otro, el Parlamento autonómico, gracias a la siempre efectiva transversalidad del nacionalismo —o sea, de todos los grupos menos PP y Ciutadans—, acaba de introducir, en el artículo de la Ley de Educación donde figuran los principios en que va a inspirarse el sistema educativo, el siguiente engendro: «El cultivo del sentido de pertenencia como miembros de la nación catalana». Sí, lo que leen —pero en catalán, claro—. No consta que en otra parte del articulado hayan prohibido expresamente el derecho a la libertad. Aunque todo se andará, no lo duden.
ABC, 21 de marzo de 2009.