Me refiero, claro, a la reciente sentencia del Tribunal Supremo avalando una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a la Generalitat a incluir en el impreso oficial de preinscripción de los colegios de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públicos una casilla en la que los padres pudieran indicar cuál era la lengua habitual de sus hijos o, lo que es lo mismo —está visto que el mito de la leche materna no prescribe—, en qué idioma deseaban escolarizarlos. Una sentencia, la del TSJC, hecha pública en 2004 y que la Generalitat se ha pasado, como todas las que la han precedido, por donde no digo. Aunque ahora el Departamento de Educación alegue que en 2005 ya modificó el impreso, la modificación en cuestión, relegada a la letra pequeña y convertida en una suerte de recurso de amparo ante la dirección del centro escolar una vez formalizada la matrícula, nada tiene que ver con lo que el TSJC exigía un año antes en su sentencia.
De ahí que no quepa esperar gran cosa del futuro, por más que Convivencia Cívica Catalana —la asociación responsable de cuantos recursos se han interpuesto contra la resolución del Departamento relativa a las normas de preinscripción y matriculación— haya manifestado, por boca de su presidente, que está dispuesta a llegar —y bien está que lo esté, por supuesto— a las últimas consecuencias; esto es, a pedir la inhabilitación del consejero de Educación del Gobierno catalán por negarse a cumplir la sentencia del tribunal y, en definitiva, la ley. Y digo que no cabe esperar gran cosa, porque el problema de la lengua, o de los derechos relacionados con su uso y disfrute, se ha vuelto ya, como indicaba al principio, un verdadero quiste. Pero no un quiste lingüístico, sino un quiste social. Existe desde hace tiempo entre los ciudadanos de Cataluña la percepción de que estamos ante un problema sin solución posible, ante algo que no puede sino conllevarse. Y esta percepción lleva derecho a la inacción. Sí, ya sé que en los últimos tiempos ha habido grandes noticias, como la entrada de Ciutadans en el Parlamento autonómico. Y esperanzadoras iniciativas populares, como la de la propia Convivencia Cívica llevando al mismo Parlamento la voz de 50.000 ciudadanos a favor de un modelo educativo bilingüe. E incluso movilizaciones ilusionantes, como la del pasado 28 de septiembre en Barcelona. Y que no decaiga. Pero todo esto no impide que el quiste siga allí. Y, lo que es peor, que siga creciendo.
ABC, 3 de enero de 2009.