Los símbolos del franquismo

Cuando el Parlamento de todos los españoles aprobó la llamada ley de la «Memoria histórica», aprobó de paso la retirada de cuantos símbolos franquistas permanecieran en el espacio público, ya fueran monumentos, relieves escultóricos o puras y simples placas. Y delegó en los ayuntamientos, claro está, la labor de limpieza. Pues bien, aunque la ley lleva ya un año de vigencia, puede decirse, sin faltar en absoluto a la verdad, que «el més calent és a l’aigüera». Al menos en Barcelona. Ni los cuatro monumentos, ni el centenar de relieves, ni las más de cuatro mil placas han sido todavía retirados del hipotético campo de visión de los transeúntes, sean estos barceloneses o aves de paso y de ocasión.

A nadie se le escapa que la Administración es algo lenta. Y que la local, aun cuando presuma de estar mucho más cerca de los ciudadanos que las demás, no se caracteriza tampoco por su prestancia. Con todo, la lentitud en el cumplimiento de la ley tiene también, en lo que aquí nos ocupa, otras motivaciones. En especial, cuando el vestigio que hay que extirpar, pese a hallarse emplazado en el ámbito público, es de titularidad privada, que es lo que ocurre con algunos relieves —que llevan las iniciales OSH, Obra Sindical del Hogar— y con la gran mayoría de las placas —donde aparece el yugo y las flechas, junto a un texto del Instituto Nacional de la Vivienda—.

Para dar, a un tiempo, curso a la ley y satisfacción a los ciudadanos, la municipalidad del Cap i Casal recurrió a un sistema muy suyo: la subvención. Y el pasado mes de julio distribuyó unas hojas informativas en las que se indicaba que las comunidades de vecinos afectadas podrían acogerse a un plan de retirada gratuita —es decir, a cargo del presupuesto municipal— del oprobio. Eso sí, siempre y cuando tramitaran la correspondiente solicitud antes de fin de año.

Y el caso es que llegó fin de año. Y el caso es que el Ayuntamiento, por entonces, no había recibido más que 225 solicitudes. 225 de un total de 4.438 posibles. En otras palabras, un 5 por ciento. A este ritmo, se habrían necesitado 10 años para cursar todas las peticiones. O sea, una década. El Consistorio, con buen criterio, consideró que hasta ahí podíamos llegar. Y concedió tan sólo tres meses de prórroga, hasta el próximo 31 de marzo, para que el 95 por ciento de los rezagados trate de subirse al tren. De lo contrario, deberán costearse solitos la extirpación.

Por supuesto, y más allá de cuál sea el número final de agraciados con la gratuidad, lo verdaderamente significativo de esta historia es el nulo interés de estos ciudadanos por eliminar de los muros de su propia casa el dichoso símbolo franquista. ¡Y eso que viven casi todos en los distritos de Horta-Guinardó, Nou Barris y Sant Martí, esto es, en la mítica «Barcelona roja»!

Será que en la España nuestra los símbolos ya sólo importan a quienes viven de ellos.

ABC, 10 de enero de 2009.