El mismo día en que Josep Piqué era recibido en la Complutense de Madrid con una pantomima guantanamera que le impidió expresarse en libertad, se hacían públicos en España dos comunicados que tenían a la universidad como asunto. Por un lado, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas mostraba su solidaridad con todos los centros de enseñanza superior que «están sufriendo alteraciones de la vida académica» —esto es, encierros de estudiantes—, al tiempo que reclamaba una «toma de posición conjunta del sistema universitario» —esto es, que a un problema común se le dé una solución común—. Por otro lado, la Conferencia General del Consell Interuniversitari de Catalunya, formada por representantes de la Generalitat —con la comisionada Palmada al frente—, los rectores, los consejos sociales y estudiantes, notificaba el acuerdo al que había llegado. Son cuatro líneas. 53 palabras, para ser exactos. Nada que ver, por supuesto, con la toma de posición conjunta reclamada por la Conferencia de Rectores. No, Cataluña es otro mundo, y no está en este. El acuerdo de la Conferencia catalana consiste en un compromiso. ¿Y saben con qué? Con el diálogo, claro. Con el diálogo y el debate público. O, lo que es lo mismo, el compromiso de abrir, a lo largo del presente curso, un periodo de consultas universidad por universidad, y de aplicar los resultados que de ellas se deriven. Eso sí: el texto precisa que todo esto se hará —hay que cubrirse, por si acaso— «en el marco legal vigente».
Ignoro en el momento de escribir estas líneas si los estudiantes encerrados en las distintas facultades de Cataluña han depuesto ya su actitud. Aunque, la verdad, confío en que así sea, y no únicamente para que puedan ducharse. Al fin y al cabo, el acuerdo de la Conferencia General del Consell les da la razón, por lo que carece de sentido alargar la protesta. El acuerdo, y la propia voz de la comisionada Palmada. Y, si no, escuchen: «Está claro que la toma de decisiones no funciona, hay que hacer participar a los estudiantes». Así las cosas, es de esperar que en adelante las universidades catalanas adopten un sistema muy parecido al que ya rige en el partido donde milita la comisionada. A saber, un sistema asambleario. Con la particularidad, en este caso, de que el colectivo estudiantil es el único de cuantos componen la comunidad universitaria que va a disfrutar asimismo del derecho a veto. O al encierro, que viene a ser lo mismo.
A mí, como a esos y a otros estudiantes, y aunque por razones completamente distintas, el llamado «proceso de Bolonia» me parece, en general, un despropósito. Para entendernos: me parece algo así como una Logse de nivel superior con tintes totalitarios. Pero les aseguro que, si me dan a escoger entre el proyecto actual y lo que puede salir del nuevo marasmo asambleario, no lo voy a dudar ni un segundo. Sólo faltaría que a estas alturas hubiera que aceptar que, para ser realistas, haya que pedir lo imposible.
ABC, 6 de diciembre de 2008.
