Comprendo que ABC lleve unos cuantos días mostrando su indignación por la forma como el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) adjudicó la semana pasada la explotación comercial de emisoras de Frecuencia Modulada. Motivos no le faltan. Por un lado, ABC es un medio de comunicación, y cualquier medio de comunicación que se precie debería tener razones bastantes para indignarse ante la decisión tomada por el organismo regulador —¡qué eufemismo tan maravilloso para referirse a la actividad censora!—. Por otro, la empresa editora de ABC es también propietaria de Punto Radio, una emisora que ha visto mermada su presencia en las ondas catalanas con la retirada de tres de sus licencias. Y luego, aún, el CAC ha hecho pública su resolución apenas una semana después de que Esquerra Republicana, por boca de su presidente, Joan Puigcercós, pidiera la aplicación de un «cordón sanitario» a este periódico por denunciar los gastos suntuarios de dos de sus máximos dirigentes, Benach y Carod-Rovira.

Con todo, me cuesta creer que exista una relación de causa a efecto entre la «fatwa» de Puigcercós y la decisión del CAC. No, no me malentiendan: no es que considere a los miembros de ese sanedrín supuestamente deontológico incapaces de plegarse a semejante requerimiento; al contrario, son gente sumisa, acostumbrada a la disciplina de partido —casi todos militan en una rama u otra de la transversalidad nacionalista, y los pocos que no lo hacen es porque han echado cuentas y han llegado a la conclusión de que les conviene más ejercer de simples compañeros de viaje—. No, mi incredulidad tiene otros orígenes. Y esos orígenes los marca la ley. Pronto hará tres años de la aprobación de la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña. Y en ella, en la «Exposición de motivos», puede leerse lo siguiente: «Esta ley se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, es decir, el entorno simbólico (…)».

Ya ven, escrito está. Y aprobado por nuestro Parlamento. Así las cosas, ¿cómo quieren que el CAC dé licencias a formas expresivas que no forman ni formarán nunca parte del abanico de tradiciones o del entorno simbólico a que alude la ley? ¿Cómo quieren que, en tales circunstancias, emisoras como Punto Radio o la COPE mantengan sus frecuencias, o que Unedisa llegue a tener un día alguna? No, la ley está hecha para favorecer el parasitismo estructural de marcas radiofónicas como Flaix FM o Radio Teletaxi, verdaderos estómagos agradecidos, o para que grandes grupos empresariales como Godó o Planeta, que sí están vinculados al entorno simbólico, vayan ampliando su red de emisoras. ¿Y saben cómo se vincula uno a ese entorno? Pues muy fácil. Resucitando a un muerto, por ejemplo. O, lo que es lo mismo, asumiendo a partes iguales el 80% de las acciones de un periódico como el «Avui». Del 20% restante ya se ocupa la Generalitat. O sea, el CAC. O sea, Catalunya. Con «ny».

ABC, 15 de noviembre de 2008.

Con «ny» de CAC

    15 de noviembre de 2008