Caída de un ministro

Desde el 28 de octubre y hasta el pasado martes no ha habido probablemente otro tema en las conversaciones públicas y privadas que el del futuro de Óscar Puente. ¿Dimitirá?, ¿no dimitirá? O bien, como se oye y se lee ahora, ¿lo dimitirá Sánchez?, ¿no lo dimitirá? Hasta se han apostado cenas a que dimitiría y a que no lo haría. Pues bien, ya tenemos respuesta. No lo han destituido; ha dimitido. Y acaso esto sea lo más relevante del asunto. En ocho años y medio de legislaturas, a Pedro Sánchez no le habían dimitido más que dos ministros de su primer gobierno: Màxim Huerta y Carmen Montón, y ambos por razones de índole ética, lo que sin duda les honra, y más teniendo en cuenta la ristra de casos de corrupción en que se han visto envueltos más tarde muchos compañeros –y compañeras, claro– de banco azul.

Pero lo de Puente es distinto. De entrada, por lo insólito del formato: un texto leído tras su comparecencia en el Congreso para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre el accidente de Urda, y en la que todos los portavoces, excepto los de Bildu y PSOE, terminaron pidiendo su dimisión. Ya por la mañana, después del Consejo de Ministros, el propio Puente había comparecido ante los medios para informar de las medidas tomadas por el Ejecutivo en relación con la tragedia ferroviaria, lo que daba a entender que seguía ejerciendo sus labores ministeriales. En definitiva, una dimisión en tres fases, aunque nada hiciera prever que a las dos primeras iba a seguir la tercera.

Con todo, lo que convierte la dimisión de Puente en un caso singular es que se haya hecho pública sin que el presidente del Gobierno estuviera al tanto. En su intervención, el dimisionario aseguró que acababa de comunicárselo allí mismo, segundos antes de su alocución final, y al día siguiente los medios reprodujeron incluso el cruce de mensajes entre ambos. El de Sánchez, en respuesta al anuncio de Puente, era “ni se te ocurra, no lo hagas”. Y, aun así, no sólo lo hizo, sino que el hecho mismo de que lo llevara escrito y no hubiera avisado al presidente de sus intenciones indica que se trataba de un acto meditado, que la resolución estaba tomada y no tenía marcha atrás.

Más de uno creyó entonces que semejante puesta en escena no podía obedecer a una simple iniciativa del dimisionario; que a Sánchez nadie le dimitía por las buenas, ni los más allegados; que estábamos ante un montaje destinado a aparentar que el presidente era ajeno a la decisión del ministro cuando, en realidad, habían tomado la decisión de común acuerdo. Las presiones procedentes del partido, presa del pánico en vísperas de la campaña electoral, y la indignación ciudadana ante la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno, cuyos efectos se percibían ya dramáticamente en los sondeos, aconsejaban sacrificar cuanto antes una pieza y no iba a ser, por supuesto, la del presidente. Pero una vez más la navaja de Okham se había impuesto. No era una estrategia, no era una artimaña. El ministro tuitero había dicho basta. Sin previo aviso. En vivo y en directo, como manda el pleonasmo.

¿Hasta qué punto esta dimisión servirá para devolver los ánimos a la militancia? ¿Serán capaces los spin doctors monclovitas de convertir al caído en una víctima más de la ultraderecha? ¿Hasta qué punto va a notarse todo ello en los sondeos? Las algo más de tres semanas que faltan para el 29-N no parecen tiempo suficiente para que los ciudadanos olviden la tragedia y pasen página. Ni siquiera la anunciada presencia del presidente del Gobierno en el funeral por las víctimas en contra de su costumbre de no acudir a actos religiosos va a cambiar el curso de la historia. Esta en cuyo lado correcto, caso de haberlo, nadie le espera. **

** El texto fue escrito antes de que Pedro Sánchez desistiera de ir al funeral por las víctimas del accidente de Urda

(The Objective, viernes 6 de noviembre de 2026)

Unas elecciones a doble vuelta

Destacaba esta semana Ignacio Varela (El Confidencial, 20-10-2026), a propósito de las dos coaliciones que pueden concurrir el 29-N en las candidaturas al Senado –de un lado, la ya constituida Senado de Progreso, formada por el PSOE y los partidos del llamado Frente Amplio, y, de otro, la que alcancen a perfilar PP, Vox y UPN antes del 26 de octubre–, la similitud existente entre esos dos bloques y los que se enfrentaron en los comicios de febrero de 1936. Entonces fueron bautizadas como Frente Popular y Frente Nacional, respectivamente. En Cataluña –los catalanes son muy dados a esos hechos diferenciales terminológicos– los dos frentes recibieron el nombre de Frente de Izquierdas y Frente Catalán de Orden.

Pues bien, salvadas sean las distancias entre aquellos años treinta y estos veinte –distancias que cada vez son menos, por desgracia–, me da la impresión de que la nomenclatura catalana se ajusta mucho más a la política española actual, cuando menos en lo tocante al segundo de los bloques, que la usada entonces en el resto de España. No se me escapa que lo mismo la denominación de Frente Popular que la de Frente Nacional tienen referentes cercanos en el tiempo y en el espacio. Basta mirar al otro lado de los Pirineos para encontrarlos. Pero en nuestro caso lo que se ventila en las próximas elecciones generales es una disyuntiva entre dos formas de entender y ejercer la política. De una parte, están los que nos han llevado a la situación presente y prometen perpetuarla si logran un resultado en las urnas que les permita alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para mantenerse en el poder. De otra, quienes defienden el Estado de derecho como garante de nuestra libertad y, caso de ganar, se comprometen a revertir la situación presente de acuerdo con los valores y principios recogidos en la Constitución de 1978.

Así, el 29-N se presenta como un plebiscito donde lo que está en juego es la democracia misma. Quienes han demostrado sobradamente con sus actos que no creen en ella o sólo en la medida en que les favorezca –en otras palabras, quienes no creen en la alternancia– confrontan con quienes no sólo creen en ella, sino que están dispuestos a defenderla con sus actos, empezando por el consistente en depositar su voto en una urna y hacerlo sin que medien coacciones, amenazas, trampas o trampantojos.

Les decía antes que la denominación catalana del segundo de los frentes, el formado por el centroderecha y la derecha, me parecía más conforme a lo que se dirime en estas elecciones. Y lo decía sobe todo porque introduce un vocablo, “orden”, del que andamos a estas alturas tan necesitados. Si en algo ha basado Pedro Sánchez su política en esta legislatura –por no hablar de las anteriores– es en el desorden. Ha aplicado la ley sin más orden y concierto que el que le ha convenido en cada momento, llegando a amordazar el Poder Legislativo sin importarle en absoluto lo que dicta la letra de la Constitución y a desafiar y pisotear, hasta donde ha podido, el Judicial. Ha convertido las fuerzas del orden en un instrumento pro domo sua, como estamos comprobando en estas postrimerías de legislatura con su pasividad en la invasión de Ceuta y su inacción en las calles de Madrid y demás ciudades donde el espacio público permanece ignominiosamente secuestrado por las hordas izquierdistas. La coalición que según todos los sondeos fiables va a gobernar España tras las elecciones generales debería tener como principal mandato restablecer el orden, empezando por el que resulta del estricto respeto a la separación de poderes.

En España las elecciones son a una vuelta. Pero esas que nos aguardan, nos guste o no, van a tener dos. Es muy probable que los vencedores se vean obligados a convivir con una avalancha de impugnaciones del censo electoral debidas al embrollo causado por la llamada Ley de Nietos. Algo que permitirá al Gobierno en funciones y a sus satélites mediáticos deslegitimar los resultados y paralizar tanto como les sea posible el inicio de la próxima legislatura. Si, aun así, esta terminara arrancando, los vencidos, con Sánchez y el PSOE a la cabeza siempre y cuando la Justicia no se los haya llevado ya por delante, van a hacer cuanto puedan durante cuatro años por perpetuar el caos.

Y también entonces, como si de unas nuevas elecciones se tratara, habrá que plantarles cara y volver a derrotarlos.

(The Objective, viernes 23 de octubre de 2026)

Votar a la Monarquía

Recordemos la secuencia. El 23 de septiembre se ejecuta el cuarto desahucio de Maricarmen Abascal de su piso en el madrileño barrio del Retiro. El 26 del mismo mes empieza una acampada en la Puerta del Sol y movilizaciones en España, principalmente en Madrid, en señal de protesta por el mencionado desahucio y los que están por venir. El 27 Sánchez aprovecha un acto de partido para comunicar que el martes 29 el Gobierno va a aprobar un decreto para comenzar “a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables”. El 1 de octubre, con el decreto-ley –que al final son dos– ya aprobado por el Consejo de Ministros y sólo pendiente de su convalidación en un pleno extraordinario en el Congreso, la Moncloa hace público que los Reyes viajarán a Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre y que Sánchez –tras pensárselo mucho, filtran desde Presidencia del Gobierno– no formará parte de la comitiva. (Con posterioridad el ministro Bolaños precisaría que para qué iba a viajar a Ceuta si ya lo había hecho.) El viernes 2 de octubre el castillo de naipes levantado por el Gobierno se derrumba con estrépito en el Congreso y los partidos de izquierda convocan movilizaciones para el día siguiente en toda España, con un resultado desigual pero no por ello despreciable. Finalmente, el pasado lunes Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre.

Hasta aquí los hechos. Como se ve, el día en que el Gobierno, tras un veto de dos meses y medio, da por fin su placet al viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla –o, cuando menos, el día en que lo anuncia y permite anunciarlo a la Zarzuela– es el mismo en que está apurando las horas en sus negociaciones para salvar los dos decretos, o por lo menos uno, sobre la vivienda y en que las turbulencias callejeras por el desahucio de Maricarmen Abascal van en aumento. Aunque la tentación de confundir la temporalidad con la causalidad está siempre presente –como una suerte de variante de la falacia post hoc en la que el “se sigue” es reemplazado por el “coincide”–, no hay duda de que el traslado del Rey y jefe del Estado junto a la Reina a las ciudades autónomas, y en especial a la primera de ellas, donde los efectos de la invasión de finales de julio tardarán en disiparse por más que el Ejecutivo haya ordenado ahora a toda prisa una limpia, tendrá lugar a años luz de donde se encuentre por entonces el presidente del Gobierno, ya sea en la Moncloa dictando decretos-ley, ya en cualquier otra parte de España excepto Ceuta y Melilla. No, la distancia entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno se halla sobre todo en el terreno de lo simbólico. Así como el Rey personifica la unidad y la continuidad, Sánchez representa la división y la ruptura. Así como el primero encarna los valores recogidos en nuestra Constitución, el segundo, con su proceder a lo largo de los últimos ocho años, tipifica justo lo contrario: el despotismo y la permanente erosión del Estado de derecho. Es más, como con agudeza señala Àngel Duarte en “¿Monarquía para siempre? España ante su dilema constitucional” (Antonio Rivera y Juan Sisinio Pérez Garzón [eds.], Mitos y disputas en la historia de España, Catarata, 2026), “la monarquía parece adquirir una renovada eficacia actualmente [con relación a algunas catástrofes]. El misticismo un tanto taumatúrgico que permite a unos reyes desprovistos de poder efectivo obrar con su presencia como lenitivo para las desgracias que enfrenta un pueblo, no ya de súbditos, sino de ciudadanos quejosos ante la gestión política parece resurgir en los momentos críticos.” En resumidas cuentas, no creo que sea en absoluto exagerado ver en Pedro Sánchez la némesis de Felipe VI.

Así las cosas, estimados lectores, si no tienen aún decidido qué van a votar el 29-N –porque no están los tiempos para abstenerse–, no lo duden ni un segundo: voten a la Monarquía. Cualquier opción política que ayude a preservar y fortalecer los valores que esta encarna y esté dispuesta a defenderlos servirá al propósito. Y si, con todo, siguen dudando, sumen a los apremios del presente la fe en un futuro radicalmente distinto de lo vivido en estos últimos ocho años y seguro que aciertan.

(The Objective, viernes 9 de noviembre de 2026)

Deberes del PP para el futuro

Al poco de advenir la Segunda República, el periodista Agustí Calvet, conocido por el seudónimo de Gaziel, empezó a plasmar en sus artículos lo que para él eran las principales carencias del nuevo régimen. (Por si desconocen la vida y la obra de Gaziel, tienen ahora a su alcance la utilísima biografía escrita por Francisco Fuster: Insobornable, Galaxia Gutenberg, 2026). La primera de esas carencias no era otra que el hecho mismo de que la República adviniese, como si de un milagro se tratara, y no estuviese legitimada por los resultados de unas elecciones generales. Pero eso entonces ya no tenía remedio. Lo que sí lo tenía, creía Gaziel, y cuya carencia constituía un lastre que podía acabar con el propio régimen –como así terminó sucediendo, por cierto, si bien no sólo por ese motivo–, era la conformación de un centroizquierda y de un centroderecha que, al igual que ocurría en las democracias europeas consolidadas –en especial la francesa y la británica–, pudieran alternarse en el ejercicio del poder. Para ello, la conjunción republicano-socialista debía dejar de considerar la República como algo privativo, al tiempo que las derechas, hubieran votado o no la Constitución, debían aceptar el nuevo régimen y desarrollar en adelante su actividad política dentro del marco que la Carta Magna republicana había establecido.

A Gaziel no se le escapaba que era sumamente difícil llevar a buen puerto tales afanes, tanto más cuanto que la coalición de izquierdas descansaba en un partido socialista que no ocultaba su ambición revolucionaria, mientras que en el bloque de derechas había fuerzas monárquicas y clericales cuyo objetivo manifiesto era, si no tumbar la República, sí modificarla hasta tal punto que la propia Constitución, caso de mantenerse, sufriera una transformación radical. Tal vez por ello, consciente del peligro que representaban para la democracia unos fundamentos tan quebradizos, siguió insistiendo en sus artículos en la inexorable necesidad de consolidar la alternancia, o lo que lo mismo, un centro derecha y un centro izquierda que aceptaran las reglas del juego.

Dentro de cinco años se cumplirá un siglo del advenimiento de esa República. Dudo mucho que el país esté entonces para grandes celebraciones, al margen de las que puedan organizar las formaciones levantiscas de izquierda, tan ignorantes por lo general de la historia como interesadas en ignorarla. Pero si gobierna el centroderecha, ya con el apoyo de una derecha civilizada, ya formando con ella una coalición, tal y como prevén los sondeos que ocurra a partir de 2027, uno de sus mayores empeños debería ser el de garantizar la alternancia entre las dos fuerzas mayoritarias a un lado y otro de ese centro político inexistente y siempre anhelado. Dicho de otro modo: debería ser el de devolver el rebaño socialista al redil democrático del que nunca tendría que haber salido. Se me dirá que ese rebaño seguirá vigilado de cerca, para que ninguna oveja se escape, por Perro Sánchez. Sin duda. El Puto Amo se ha cuidado durante estos años de mandamás del gobierno y del partido de preparar el terreno para el caso de que no pueda conservar el poder. Desde el gobierno, mediante una política de tierra quemada en el Legislativo y de acoso y derribo en el Judicial, combinada con la colocación de afines en puestos clave cuya vigencia no prescribe con el final de la legislatura o en reguladores económicos cuya actividad se desarrollará en la siguiente. Y en el partido, tratando de que los barones regionales, presentes y por venir, estén a su servicio, por más que no siempre haya logrado su propósito.

Habrá quien objete que con este PSOE la alternancia, lo mismo que los grandes acuerdos entre partidos en que se sustenta toda democracia representativa, serán imposibles; que el autor del “no es no”, en definitiva, recurrirá de nuevo al bloqueo de cuanto esté en sus manos bloquear, aunque la formación del nuevo gobierno no dependa en esta ocasión de sus votos. Así será, con toda probabilidad. Pero también será tarea del PP ir fomentando la alternancia en el propio partido socialista, confrontando los intereses de los barones regionales socialistas con las directrices que puedan emanar de Ferraz. Algo parecido, para entendernos, a lo que está sucediendo ya en estos momentos con el nuevo modelo de financiación autonómica.

Sea como sea, lo que muchos esperamos es que el futuro gobierno no se arrugue y tenga redaños suficientes para limpiar todo lo que haya que limpiar, reformar lo que chirría un día sí y otro también, y reconstruir, en la medida de lo posible, esta devastada España nuestra.

(The Objective, viernes 25 de septiembre de 2026)

El derrumbe educativo

Los políticos no suelen atender al dato. Cuando no lo ignoran –es decir, cuando las circunstancias les impiden pasarlo por alto–, lo ningunean a golpe de relato. Y a otra cosa mariposa. Porque, en caso de necesidad, siempre habrá un nuevo dato al que ignorar o ningunear con su correspondiente relato que venga a ocupar el sitio del anterior.

De entre las formaciones políticas, las de izquierda son las que más desechan el dato, seguidas por las nacionalistas. Los motivos de semejante concurrencia cabe buscarlos sin duda en el apego que sienten unas y otras por ese futuro lleno de promesas que está por llegar y con el que sueñan. Poco importa que el método de ensayo y error les desmienta. Sus razones, insisto, no atienden al dato, sólo al deseo. En otras palabras: no son de este mundo, sino de otro que, según esas formaciones, estaría por llegar.

El desastre de la educación pública en España encaja como un guante en este patrón. Anda todo el mundo muy alterado estos días con los resultados del último informe PISA, y no es para menos. Lo de la presente edición, en cuanto a la magnitud de la caída, no tiene precedente. Pero se engañará quien lo vea como un hecho aislado, fuera de lo común, de esos que uno está tentado de no computar por extemporáneos. Al contrario, el derrumbe de España en el ranking de países que participan en las pruebas PISA, lo que la ha llevado a situarse claramente por debajo de las medias de la UE y la OCDE debe entenderse como el resultado del efecto bola de nieve tras treinta y cinco años  de políticas educativas –todas de marchamo izquierdista, pues las leyes aprobadas por gobiernos del PP ni siquiera han llegado a aplicarse, cuando menos en su conjunto, dado que fueron derogadas por los gobiernos del PSOE nada más volver este partido al poder– donde han primado el buenismo, el pedagogismo y la ingeniería social por encima de valores como el esfuerzo, el mérito y la transmisión del conocimiento. En este sentido la LOMLOE, más conocida como ley Celaá, no es sino el depósito, por no decir la charca, donde ha desaguado la LOE, tras recoger a su vez las aguas primigenias de la Logse.

Llegados aquí, acaso se pregunten qué hacen los nacionalismos en todo este fregado supuestamente educativo. Muy sencillo: sacar tajada, como tienen por costumbre. O sea, exigir el aumento de porcentaje del currículo que les corresponde a cambio de votar a favor de la ley. De este modo han ido implantando, entre otras cosas y sin que el gobierno central –a través de una amordazada alta inspección educativa– tuviera nada que objetar, sus políticas lingüísticas. Una inmersión que ya no se limita a la escuela catalana y a su epígono balear, sino que alcanza también la que el Gobierno Vasco está practicando sin pararse en barras con el eusquera. Los resultados a la vista están: de un lado, los de Cataluña no han sido tratados por separado en el informe PISA por haber excluido de las pruebas la Administración catalana a un porcentaje de alumnos con necesidades especiales –esto es, los más propensos a sacar una puntuación baja– cinco veces mayor que el permitido; de otro, el País Vasco, que siempre había figurado a la cabeza de las comunidades autónomas en anteriores informes, se ha desmoronado en la tabla de forma estrepitosa.

Por supuesto que la ley Celaá, al permitir que los alumnos puedan pasar de curso con una mochila cargada de suspensos e incluso titularse en Bachillerato sin tener todas las materias aprobadas, o al amparar la elaboración de unos currículos que chirrían por todas partes, por poner un par de ejemplos, ha colaborado lo suyo. Pero, insisto, no es la causante del derrumbe; en todo caso habrá acelerado un proceso que viene de lejos y cuyos efectos su principal responsable, nuestra izquierda, no ha querido ver ni corregir. Y lo peor no es eso; lo peor es que seguramente ya no tiene remedio.

(The Objective, 11 de septiembre de 2026)

Del falso y el verdadero progresismo

Por más que me esfuerzo, no consigo dar con una sola idea o actitud avanzada que justifique el calificativo de progresista con que se autodefine el partido socialista. Me explico. Ante el cúmulo de escándalos de que son protagonistas sus miembros más notables, con el expresidente Rodríguez Zapatero a la cabeza, me pareció imperioso acudir a la autoridad. O sea, al diccionario de la Real Academia. Y allí, en la voz progresista, encontré la siguiente definición “Dicho de una persona o colectividad: De ideas o actitudes avanzadas”. No sé muy bien qué es una idea o actitud avanzada, pero entiendo que debe de ser algo que se adelanta a su tiempo. En tal caso, aviados estamos con los progresistas que nos han tocado en suerte. Si lo que nos va a deparar el futuro es una clase política corrupta hasta la(s) ceja(s) como la que ahora nos gobierna y va dando lecciones de progresismo, más vale dejarnos de adelantos. El pasado 18 de abril, uno de sus máximos exponentes, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez ya advertía en la clausura del Global Progressive Mobilisation: “El progreso no es una garantía, el progreso no es una quimera; el progreso es una promesa”. En otras palabras, lo peor está por llegar.

De ahí que convenga fijarse en los ejemplos del ayer. Sin movernos del socialismo, ahí tenemos a Marx y sus teorías. Como decía Luis García Montero en su plañidera antisemita de este lunes, “los desenlaces tienen mucho que ver con los planteamientos”. Y que lo diga él, un comunista de pura cepa, no es baladí, por más que lo aplicara en este caso a la realidad de Palestina. Se trata de una voz autorizada, supuestamente empapada de planteamientos marxistas y conocedora de primera mano de algunos de sus desenlaces. Baste recordar su querencia por la dictadura cubana y su régimen criminal. Ni un paso atrás ha dado el director del Instituto Cervantes en su admiración por los Castro y demás ralea. Y en cuanto a las muertes causadas en todo el mundo por el comunismo –postrero desenlace, al cabo, del planteamiento marxista–, pongamos que estamos hablando de unos 100 millones. Por avanzada que fuera la idea y progresistas quienes la han adoptado en lo sucesivo, convendrán conmigo en que ya podía su progenitor habérnosla ahorrado.

Pero acaso uno de los ejemplos más próximos y reveladores que nos proporciona el pasado sea la figura de Clara Campoamor. Nadie mejor que ella encarna la figura del progresista. Y nadie mejor que ella denunciando al mismo tiempo el falso progresismo del socialismo que le tocó vivir y padecer. Quien haya leído La revolución española vista por una republicana y conozca la obra de Manuel Chaves Nogales, aunque no sea más que A sangre y fuego, habrá trazado ya la pertinente analogía y sacado sus conclusiones. Aquello de la Tercera España, que de tanto citarse para la galería parece a veces más una entelequia que una realidad, tiene en ambos escritores dos representantes de fuste.

Y en el caso de Campoamor, no sólo tiene a una escritora; también a una activista y política. Al cabo, es esa doble condición lo que sustenta su libro sobre la guerra civil. Como Chaves, Campoamor estuvo allí, es decir, en la retaguardia del Madrid republicano, los primeros meses de la contienda. Y vio lo que cuenta. Y fue lo que vio y cuenta lo que la llevó a exiliarse en septiembre de 1936. La recién publicada Letra de mujer (Renacimiento, 2026), que reúne la correspondencia de las españolas Campoamor, Carmen de Burgos y Consuelo Berges con la argentina Paulina Luisi, desde 1920 hasta 1946, incluye unas cartas de Campoamor a Luisi correspondientes al periodo de la guerra civil que resultan tremendamente esclarecedoras sobre el verdadero y el falso progresismo.

Si alguien destacó entre este grupo de feministas por sus ideas y actitudes avanzadas, esta fue Clara Campoamor. En ello le ayudó sin duda su condición de diputada en las Cortes de la Segunda República, donde encontró púlpito y mármol para su obra. Desde allí defendió la inclusión del sufragio femenino en la Constitución en contra del criterio de su propio partido, el Republicano Radical, y de diputadas como la radical-socialista Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, presuntas progresistas. Aunque la mayoría del partido socialista votó a favor de la inclusión, uno de sus máximos líderes, Indalecio Prieto, no participó en la votación, en desacuerdo con la iniciativa de Campoamor. Aun así, esta salió adelante, y la Constitución republicana consagró el derecho al voto de las mujeres mayores de 23 años, o, lo que es lo mismo, el sufragio universal.

Esa libertad de juicio y ese arrojo para defender sus convicciones aun en contra de las de sus propios correligionarios o de sus aliadas en la causa del feminismo se encuentran admirablemente reflejados, como decía más arriba, en su correspondencia con Paulina Luisi. Y en especial en sus últimas cartas, marcadas por el drama de la guerra de España. En 1937, tras la publicación de La revolución española vista por una republicana en su versión original francesa, Campoamor y Luisi –la primera exiliada en Lausana, la segunda residente en Montevideo– cruzaron unas cartas en las que Luisi, recién afiliada al Partido Socialista de Uruguay, le echaba en cara a Campoamor no haberse comprometido a favor de la República y haberse mantenido equidistante entre ambos bandos. Peor aún: haber hecho público su parecer a los pocos meses de iniciada la guerra, con el consiguiente perjuicio para la causa republicana. A lo que Campoamor respondía: “No voy a recoger punto por punto sus acusaciones e invectivas, sino a resumirlas. A mí, querida Paulina, no se me pueden dar razones de cristal, como se daban cuentas a los negros a cambio de valores. Y todo eso de la democracia y de la libertad y de la justicia vinculada en los gubernamentales de España, en los rojos, como yo les llamo porque tintos de sangre los veo, si no fuera porque el dolor de España me sierra las entrañas, me haría lanzar carcajadas desaforadas. Para mí no puede ser democracia, ni libertad, ni justicia, el asesinato, el robo, el pillaje, la violación, el atropello, la ausencia total de poder y de autoridad. Todo ello anterior a la revuelta militar y causa de ella, aunque ustedes no quieran oírlo. Y afortunadamente que contra eso se ha levantado alguien, porque si no estaríamos a la altura de la desgraciada Rusia”. Y concluía: “Yo no he cambiado una tilde, mis ideas son siempre muy firmes. Yo soy demócrata, liberal (…)”

Soy consciente de que los socialistas de hoy autoproclamados progresistas no son ya los marxistas de antaño. Al menos en la Europa de la Unión. Pero otra cosa es Latinoamérica. La gran mayoría de los líderes que acompañaban a Sánchez en su baño de masas de la Global Progressive Mobilisation eran latinoamericanos que han bebido de ideas retrógradas y fracasadas, derivadas en algún caso en dictaduras. Y a todos, empezando por el anfitrión, podría espetar la progresista Campoamor, de seguir entre nosotros: “Yo no he cambiado una tilde, mis ideas son siempre muy firmes. Yo soy demócrata, liberal”. 

Dudo que alguno encontrara razones para replicarle.

(The Objective, viernes 31 de julio de 2026)

De dónde vienen los "glovos"

En tiempos ya pretéritos hubo entre lo que se entiende por comunidad educativa –sindicatos docentes, asociaciones de padres de alumnos, representantes de centros privados y concertados y editores de libros de texto, principalmente– un deseo ferviente de alcanzar con la administración un pacto educativo. El propósito era encomiable. Se trataba de alcanzar un gran acuerdo que desembocara en una ley suscrita por una mayoría sustantiva de las fuerzas parlamentarias y cuya vigencia no dependiera de los azares de las urnas, sino que los trascendiera. Este era el compromiso; de ahí que se hablara de una ley que tuviera una duración de por lo menos diez años. Ciudadanos, que por entonces había irrumpido con determinación en la política española, era el abanderado del pacto. Su iniciativa, además, se ajustaba como un guante a aquello que lo había traído al mundo: servir de engarce con uno de los dos partidos mayoritarios para hacer posible un gobierno que no dependiera del acostumbrado chantaje de las formaciones nacionalistas y aplicar, en la medida de lo posible, los principales puntos de su programa electoral. La consecución del pacto educativo lo era. Y la ocasión, con un gobierno del Partido Popular apoyado en el Congreso por el propio Cs, favorecía sin duda el propósito. Es más, el otro gran partido de la Cámara, el PSOE, se hallaba entonces, por así decirlo, en barbecho tras la dimisión de Pedro Sánchez después del rocambolesco Comité Federal –el de la urna fantasma– que llevaría a la formación de una Gestora presidida por Javier Fernández y, poco después, a la convocatoria de unas nuevas primarias que se saldarían con el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.

Esas circunstancias facilitaron la creación en el Congreso de una comisión en la que estuvieran presentes todas las fuerzas parlamentarias. Y, entre ellas, un PSOE que había permitido con su abstención la investidura de Mariano Rajoy y ahora parecía dispuesto, a juzgar por la actitud de sus representantes en el transcurso de las sesiones de trabajo de la comisión, a colaborar en la consecución del objetivo. Pero la esperanza de alcanzarlo duró lo que tardó Sánchez en volver a la secretaría general. Nada más retomar el mando del partido, cambió al portavoz de la Comisión de Educación del Congreso –en cuyo seno tenían lugar las sesiones de la comisión recién creada–, sustituyendo a un catedrático de universidad por una sindicalista asamblearia. El camino hacia la obstrucción y posterior derribo cuando sólo faltaban por aprobar las conclusiones de la comisión estaba trazado. Para el partido socialista, la enseñanza no podía ser materia de acuerdo entre las partes. La opinión de la comunidad educativa importaba más bien poco, por no decir nada, a un partido empeñado en demoler la ley entonces vigente, la Lomce, y reemplazarla por una nueva con marchamo izquierdista y las habituales concesiones, cada vez mayores, al nacionalismo vasco y catalán. Pero para eso había que alcanzar el gobierno y una mayoría suficiente en las Cortes. Lo primero lo logró Sánchez con la moción de censura de junio de 2018; lo segundo, en noviembre del año siguiente, cuando los resultados electorales y el posterior acuerdo de gobierno con Podemos le permitieron asentarse en el poder.

Dicho lo cual, alguien podría creer que esa querencia de los socialistas y demás izquierda por el control de la educación es algo de ayer o de anteayer. En modo alguno. Se fraguó en los años ochenta del pasado siglo, y se plasmó en los noventa, con la aprobación de la Logse (1990). Luego, ya en el presente siglo, primero la Loe (2006) y después la Lomloe (2020), también conocida como ley Celaá, terminaron el trabajo. Se me dirá que entremedias hubo dos leyes promulgadas por gobiernos del PP. Cierto. Pero al contrario que las gestadas y alumbradas por el PSOE, estas –la Loce (2002) y la Lomce (2013)– apenas superaron la primera infancia. Nada más volver al gobierno, el PSOE las derogó. Puede por tanto establecerse entre la Logse y la actual Lomloe una línea del tiempo casi sin solución continuidad. Y los resultados, a la vista están.

Ni siquiera hace falta acudir a la tozuda evidencia de las evaluaciones internacionales. Hemos sabido recientemente que en las oposiciones a docentes de Primaria y Secundaria el porcentaje de suspensos ha alcanzado en algunas comunidades autónomas los dos tercios de los aspirantes, debido en parte a las faltas de ortografía cometidas. Algo que se ha detectado en particular en los aspirantes más jóvenes. Se trata, pues, de opositores formados –o deformados, como prefieran– ya en el actual sistema educativo, donde las sucesivas legislaciones han ido rebajando, una tras otra, los niveles de exigencia más elementales, a sobreproteger a los alumnos, a eximirles de toda responsabilidad. Y estos no han tardado en aprender la principal lección: si puedo pasar de curso con asignaturas suspendidas, ¿por qué voy a perder el tiempo esforzándome en aprobarlas?

Aun así, lo más preocupante no es que algunos de esos opositores hayan escrito, por ejemplo, globo con uve; al fin y al cabo, son jóvenes y estarán acostumbrados a telefonear a Glovo, esa empresa de comida rápida servida a domicilio. Lo que ya no tiene pase, o no debería tenerlo, es que se hayan presentado a reclamar en desacuerdo con la puntuación recibida –en según qué comunidades autónomas las faltas de ortografía penalizan– acompañados de sus padres. Claro que en eso, al menos, la culpa anda repartida.

(The Objective, viernes 17 de julio de 2026)

PSOE, ¿147 años de honradez y firmeza?

En las elecciones generales de 1979 el PSOE utilizó en su cartelería como lema de campaña “100 años de honradez y firmeza”. Aunque la afirmación fuera falsa y lo fuera por diversas y variadas razones –en realidad, lo único cierto era que aquel año se cumplía un siglo desde la fundación del partido–, corrían tiempos propicios al olvido. La Transición, ya se sabe. Prueba de ello es que entre la clase política de entonces el lema sólo obtuvo una respuesta, más bien jocosa, en las filas comunistas, donde le añadieron la coletilla “… y 40 de vacaciones”, en alusión al desvanecimiento del partido socialista durante el franquismo. Hubo que esperar todavía tres años –en concreto, hasta la victoria del PSOE de Felipe González por mayoría absoluta en las siguientes elecciones generales– para que las dudas que se podían tener con respecto a esa honradez y esa firmeza empezaran a disiparse. No por mucho tiempo, es verdad. Ya a finales de los ochenta estallaron el caso GAL de terrorismo de Estado y el caso Filesa de financiación ilegal del partido. Y en los noventa la cuesta abajo se aceleró con los casos Roldán e Ibercorp, entre otros. La llegada del PP de José María Aznar al Gobierno en 1996 impidió probablemente que esa retahíla de casos de corrupción se incrementara.

Pretender que Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE, tuviera conocimiento de estos hechos a todas luces deshonrosos cuando, con 19 años, se afilió a las juventudes del partido, sería mucho pretender. Por la edad y porque la disposición de ánimo de alguien que se afilia a las juventudes de una formación política y va escalando posiciones hasta alcanzar, un cuarto de siglo más tarde, las cotas más altas de la organización; esa disposición de ánimo, decía, no puede ser en modo alguno la de una persona con suficiente criterio e independencia de juicio como para poner en duda lo que se da por cierto sin serlo y actuar en consecuencia, ya disintiendo, ya abandonando el barco. Sus palabras del pasado lunes en la rueda de prensa que ofreció en la sede socialista y que luego difundió en la red social X demuestran a las claras su grado de asunción sin fisuras de la doctrina oficial.

En un discurso leído sin ningún respeto por la prosodia, martilleado más que pronunciado, y en el que no faltó el acostumbrado laudo a su amo y señor como artífice de la inimaginable prosperidad de la que disfrutamos, Torró echó mano del pasado para afirmar que el PSOE es “el partido de 147 años de historia, de lucha por la democracia y por el Estado de Derecho. (…) La honestidad es un valor esencial para el partido socialista.” Ya hemos visto hasta qué punto esa honestidad –léase sobre todo en el sentido de honradez– ha sido quebrantada, al igual que el Estado de Derecho, en los gobiernos socialistas de finales del pasado siglo –a los que podemos añadir los de estos últimos años, que los superan sin duda alguna–. Pero en esos 147 años de historia existen quebrantamientos del Estado de Derecho mucho más graves y trascendentes. Me refiero a los acaecidos durante la República y la guerra civil. Aquel partido socialista de Prieto y Largo Caballero urdidor del golpe de Estado de 1934 contra el Gobierno de la República, contrario a toda alternancia con la derecha y corresponsable de la represión criminal en la retaguardia republicana durante la guerra civil, tenía poco de democrático y ajustado a derecho y mucho de revolucionario. Debería bastar ese recuerdo para que la verdad prevaleciera sobre la falacia y pudiéramos ahorrarnos discursos como el de Rebeca Torró, que miran hacia el pasado comprometiendo en el propósito una honradez y una firmeza que si en 1979 ya eran falsas, lo son muchísimo más a estas alturas.

(The Objective, viernes 19 de junio de 2026)

Sobre el posible adelanto electoral

No hay nada menos general en política que el interés general. O eso parece, a juzgar por la forma que tienen nuestros cargos públicos de entenderlo. Hace algo más de una semana Pedro Sánchez se aferraba al interés general para justificar que no anticipara las elecciones legislativas previstas para mediados de 2027. Ironizaba incluso al sostener que, de convocarlas, su interés no sería general, sino partidista, dado que estaba convencido de arrasar en las urnas. (Al poco, por si alguien dudaba de ello, un sondeo del CIS vino a recordarnos que, a pesar de todos los pesares socialistas, que son muchos en estos momentos, el PSOE sacaría 11 puntos porcentuales de ventaja al PP en caso de celebrarse ahora los comicios.) Y si esto afirmaba Sánchez, Aitor Esteban, presidente del PNV, no le andaba a la zaga y declaraba, a modo de réplica, que la legislatura había llegado a su fin y que sólo a él, en tanto que presidente del Gobierno y en aras del interés general, correspondía disolver las cámaras y convocar elecciones.

Basta sin duda este ejemplo para comprobar lo lejos que está nuestra clase política de usar con propiedad el concepto de interés general. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, interés general es un “concepto que resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos”. Salta a la vista que no es el caso. Ni para el uno ni para el otro. A Sánchez el término le servía para justificar la no convocatoria de elecciones anticipadas; a Esteban, para justo lo contrario. En ambos casos, pues, el interés no era general, sino privativo. El primero lo utilizaba para permanecer a toda costa en el poder; el segundo, para seguir vaciando de competencias el Estado en provecho de una comunidad autónoma que aspira a alcanzar la plena soberanía y cada vez se halla más cerca de lograrlo.

Cuando se cumplen ocho años del acceso de Sánchez al poder, el número de ocasiones en que sus gobiernos o las mayorías parlamentarias que los sostienen han incumplido “las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos” no tiene precedente en nuestra democracia. La lista es larga, por lo que me limitaré, a modo de inventario, a dos de los casos en que el interés general ha sido escandalosamente pisoteado. De un lado, los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no ha presentado en lo que llevamos de legislatura, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución –que establece que tengan carácter anual–, ante la evidencia de que no iban a ser aprobados por las Cortes –por lo que hoy continúan vigentes los de 2023, aprobados a finales de 2022–. (El reciente anuncio de Sánchez de que el Gobierno iba a presentar los del año próximo a sabiendas de que no van a ser aprobados no deja de ser un intento más de aparentar normalidad ante el infierno judicial que cerca a su entorno político y familiar.) De otro lado, el recurso a los decretos-leyes, que la Carta Magna reserva a casos “de extraordinaria y urgente necesidad” y de los que el Gobierno ha hecho un uso a todas luces desmedido para acortar al máximo la duración de las tramitaciones parlamentarias de cada una de las leyes en cuestión.

Descartada, pues, cualquier apelación al interés general jurídicamente establecido para justificar una convocatoria anticipada de las elecciones por parte del jefe del Ejecutivo, sólo queda preguntarnos si a Sánchez puede interesarle adelantarlas. O sea, si puede convenirle con vistas a prolongar su residencia en La Moncloa –dado que no cabe imaginar otro interés, tratándose de quien se trata, que el muy privativo de su propia persona–. A priori, no parece que el tiempo juegue a su favor. Cada día que pasa nos despertamos con una muesca más en la multiplicidad de casos abiertos. Cada mes se publican nuevos sondeos que registran un crecimiento sostenido de las expectativas electorales de las fuerzas de oposición. A medida que la izquierda va perdiendo efectivos, la derecha los va ganando. Y luego está el partido, donde cunde el miedo a perder, no ya las generales, lo que casi se da por descontado, sino las autonómicas y municipales. 

Aun así, no parece que el One esté por convocar elecciones. Prefiere quemar las naves –léase Estado de derecho, pero también PSOE e izquierda española en su conjunto– antes que reconocer el final de su aventura política. Hay quien sostiene que el miedo a una posible imputación sin contar con los resortes del poder –esos resortes desde los que habría movido, como acabamos de conocer, una trama criminal contra los pilares del propio Estado de derecho– es lo que le impide convocarlas ya. Quién sabe. También podría estar barruntando una retirada a lo Zapatero en 2011, cuando la crisis económica y la amenaza de una intervención por parte de la Unión Europea y sus hombres de negro. Entonces la dimisión de la presidencia del Gobierno del hoy imputado expresidente llevó aparejado el anuncio del adelanto electoral, su renuncia a la reelección y la designación, por parte del Comité Federal, de Alfredo Pérez Rubalcaba como sustituto. ¿Es capaz Pedro Sánchez de hacer algo parecido, coger un Bolaños o un Puente cualquiera y decirle “calienta, que sales”? ¿Es capaz de aceptar, en fin, que los españoles no le quieren o, lo que es mismo en su caso, que ya no es el más guapo?

El tiempo dirá.

(The Objective, viernes 5 de junio de 2026)

De Alejo a Alejandro

De vez en cuando llegan buenas noticias de Cataluña. El que Alejandro Fernández vaya a seguir siendo presidente del Partido Popular en esta Autonomía lo es sin duda alguna. Cuando Núñez Feijóo se hizo con las riendas de la formación, uno de sus primeros pasos fue tender puentes con el nacionalismo catalán. Para un partido de ámbito nacional como el PP, tender puentes con un partido nacionalista –sea este catalán, vasco o gallego– equivale a aceptar que el interés de parte se anteponga al general. Ese interés de parte puede concretarse en una tajada más grande de la caja común, en transferencias de competencias que laminen aún más los principales pilares del Estado o en desbrozos de dirigentes regionales que no son del agrado del mainstream nacionalista. En el caso catalán, esa cabeza cortada fue la de Alejo Vidal-Quadras cuando Jordi Pujol se la exigió a José María Aznar para apoyarle en su primera investidura como presidente del Gobierno de España y este se la entregó.

Desde entonces (1996), el PP catalán anduvo como pollo sin cabeza. Quienes cogieron el relevo de Vidal-Quadras, no es que abrazaran abiertamente la causa del nacionalismo; hicieron algo peor, si cabe: callaron y otorgaron. Estaban hartos, decían, de que les señalaran como malos catalanes, por lo que recibieron con mucho gusto las nuevas directrices. Fue en este contexto, aunque años más tarde, cuando nació Ciudadanos. Si el PP catalán no iba a abanderar la lucha contra el nacionalismo, menos iba a hacerlo un PSC que siempre había profesado una suerte de nacionalismo de baja intensidad para que no lo confundieran con el de CiU, y que, a raíz de su alianza con ERC y la amalgama ecocomunista –concretada en el llamado Pacto del Tinell, que incluía el compromiso de no llegar a ningún acuerdo con el PP–, había perdido ya todo disimulo. Si algo caracterizó a aquel Ciudadanos primerizo fue su denuncia desacomplejada de la transversalidad nacionalista, al tiempo que le contraponía la del constitucionalismo. De ahí que su crecimiento se produjera lo mismo a izquierda que a derecha, lo mismo a costa de votantes del PSC que del PP. El posterior estallido del procés no hizo sino potenciarlo hasta convertirlo, junto a sus indiscutibles aciertos, en el primer partido de Cataluña.

Pero poco le duró la alegría al partido de Albert Rivera. La renuncia de Inés Arrimadas a presentarse a la investidura y su ulterior traslado a la política nacional dejaron al partido huérfano de liderazgo en Cataluña. La debacle en las elecciones generales de noviembre de 2019, unida al abandono de la política de Rivera y a la deficiente gestión de Arrimadas, sin olvidar la aparición de Vox, fueron la puntilla. De los restos de Ciudadanos en la tierra donde nació sacaron provecho electoral en primera instancia (2021) PSC y Vox, y en segunda (2024), de nuevo PSC y Vox, aunque en esta ocasión junto al PP. Un PP que nada tenía que ver con el de años anteriores y sí mucho, en cambio, con el de los tiempos de Vidal-Quadras.

El artífice de esa transformación era un hombre que llevaba años en el partido picando piedra. Un hombre culto, con una formación política envidiable y con un discurso rotundo, sin medias tintas, bien enhebrado, rebosante de ideas y aliñado con la ironía justa. Por sus maneras, por sus dotes como orador parlamentario y como escritor –ahí está su reciente A calzón quitao (La Esfera de los Libros, 2025) para comprobarlo–, dos virtudes que más bien escasean en nuestra clase política, por su valentía en denunciar las tropelías del nacionalismo y plantar cara a los dirigentes nacionales de su propio partido y, claro está, por su ideología, Alejandro Fernández es sin lugar a dudas el heredero de Alejo Vidal-Quadras. El heredero y fiel continuador. Que a Núñez Feijóo, a pesar de sus reservas iniciales, no le haya quedado más remedio que rendirse a las evidencias y proponerlo como futuro presidente del partido en Cataluña constituye una excelente noticia. Para los catalanes y para el resto de los españoles.

¡Ah, y ojalá el destino le depare un futuro con cabeza!

(The Objective, viernes 22 de mayo de 2026)

El armario empotrado de la corrupción del sanchismo

El juicio en el Supremo del llamado caso mascarillas ha coincidido felizmente en el tiempo con la aparición de Todos los hombres de Sánchez (Deusto, 2026), el libro de Ketty Garat sobre la trama de corrupción urdida a la sombra del poder durante el sanchismo y cuyos pormenores lleva años publicando, la gran mayoría en primicia, este periódico. Y digo felizmente, porque dicha coincidencia ha permitido al lector del libro seguir el desarrollo del juicio no sólo a través de las crónicas que ofrecían a diario los medios, sino también con la ayuda de un material de excepción, como quien escucha una ópera habiendo leído el libreto y teniendo a mano la ficha artística. Con todo, del mismo modo que el caso mascarillas no es el único que va a sentar en el banquillo a los hombres de Sánchez –están en lista de espera los casos Begoña, Hermanísimo, Servinabar, Plus Ultra, Air Europa, hidrocarburos, Leire Díez y, con toda probabilidad, PSOE–, el libro de Garat no se limita a reunir en volumen, debidamente fundidas en un nuevo relato, las crónicas que la propia autora había ido publicando en The Objective; también anticipa las nuevas. Para comprobarlo, basta leer las noticias con que este periódico ha abierto estos últimos días su edición. Todos los hombres de Sánchez constituye, en este sentido, el armario empotrado de la corrupción del sanchismo.

Lo que uno halla en sus páginas es eso que en periodismo se llama el qué: los hechos, sus circunstancias. Y como complemento necesario, el quién y el cómo. La verdad, en una palabra. Y en caso de que la búsqueda no alcance a despejar alguno de esos interrogantes, ni que sea pocas veces, el reconocimiento sin peros ni trampantojos del fracaso. De la lectura del libro se derivan, por otra parte, relaciones que el carácter forzosamente fragmentario de las noticias en el momento de su publicación impedía establecer. Por poner un ejemplo –algo bufo, lo reconozco–: Koldo prodigaba el apelativo “cariño” lo mismo a la entonces presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, que a las prostitutas con las que convivía o intimaba el ministro, sin que de ello quepa inferir, por supuesto, equiparación alguna entre sus respectivos quehaceres.

Acabo de referirme al carácter forzosamente fragmentario de las noticias y conviene precisar. A menudo esa fragmentación era voluntaria, fruto de una estrategia del propio medio y, en general, del oficio. Si el material de que disponía lo exigía, la autora lo parcelaba en distintas entregas, que The Objective publicaba en días sucesivos o muy cercanos en el tiempo. Ella misma afirma que estuvo dos años enteros sin publicar nada, dedicada tan sólo a investigar y a asegurar la solidez de la información que iba acaudalando –siempre con el temor, eso sí, de levantar la liebre y de que alguien de la competencia pudiera robarle la exclusiva–. De ahí que el material a su disposición, al que se añadían nuevos hallazgos, diera tanto de sí y durante tanto tiempo. Y siga dándolo, claro.

Pero hay otro cómo en Todos los hombres de Sánchez, aparte del perteneciente al canon periodístico –por más que muchas veces se solapen–. Me refiero a la factura misma del libro, a cómo está hecho. La adopción del punto de vista en primera persona constituye sin duda un acierto. De un lado, permite a Garat ir narrando paso a paso la investigación en curso, no exenta de amenazas –a la propia autora y al medio donde escribe–, silencios y juego sucio por parte de no pocos compañeros de profesión, prestos a obstaculizar el afloramiento de todo aquello que el poder no quiere que aflore. De otro lado, facilita la intercalación en el relato de consideraciones sobre el oficio, sus grandezas y sus miserias –como la de comprobar que los mismos compañeros de otros medios que al principio ignoraban o denostaban lo que uno escribía, se apropian más adelante de esos mismos hallazgos sin reconocer siquiera la autoría de la información–, sus peajes –en particular, el sacrificio que supone para la vida familiar una dedicación exclusiva, como la que requiere el periodismo–, la importancia de ser perseverante, fiel al “quien la sigue la consigue”, por más que a veces no quede más remedio que admitir la derrota. Momentánea al menos, puesto que el paso del tiempo, del mismo modo que a menudo acaba dando la razón, también termina proporcionando en más de una ocasión la pieza que faltaba para completar el puzle.

No sé si continúan existiendo universidades donde se enseña en verdad el periodismo. Pero si tales estudios siguen vigentes, deberían tener como libro de referencia, muy en primer lugar, Todos los hombres de Sánchez. No lo duden.

(The Objective, viernes 8 de mayo de 2026)

La otra prioridad nacional

Como era de prever, la “prioridad nacional”, ese bichito maligno que Vox coló en el “Acuerdo de gobierno” firmado con el PP en Extremadura y que deberá aplicarse al acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, así como a la obtención de ayudas públicas; ese bichito maligno, decía, que con toda seguridad va a figurar también en la réplica aragonesa del acuerdo, está dando que hablar. Y que hacer. Que se lo pregunten, si no, a los populares, a lo que este martes faltó tiempo para presentar una enmienda a una moción de Vox y dejar claro que para ellos dicha “prioridad nacional” iba ligada a “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, al tiempo que “adecuado a la legalidad vigente”, tal y como consta en el documento suscrito entre las partes. Aunque el PP vaya en esta cuestión a remolque de su socio de gobierno, no es cosa de permitir que los de Abascal se cuelguen solitos la medalla. Y, sobre todo, a su manera.

Que existe una contradicción manifiesta entre promover una prioridad de este tipo y adecuarse a la legalidad vigente salta a los ojos, a poco que uno tenga presente el artículo 14 de la Constitución. Pero a ninguno de los firmantes del pacto esa contradicción preocupa lo más mínimo. Lo que hoy se conoce como “ganar el relato” es lo único que cuenta, y para eso ya están las cocinas de los partidos, con sus estrategas y sus gabinetes de comunicación. Como está por supuesto, al otro lado de la zanja y presto a sacar tajada del engendro, el todopoderoso Gobierno de Pedro Sánchez, que por algo dispone de 609 asesores en La Moncloa y una ristra de voceros en los medios subsidiados, tanto públicos como privados.

Se han recordado estos días algunos de los antecedentes de la prioridad de marras, notoriamente la promovida por el Rassemblement National –antes Front National– de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Pero se ha hablado en cambio muy poco o nada de otra clase de prioridad nacional que venimos padeciendo la inmensa mayoría de los ciudadanos desde la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de la España de las Autonomías. Me refiero a la que perpetran los nacionalismos periféricos, en especial el vasco y el catalán, para quienes no existe otra nación que la suya ni otra prioridad que laminar poco a poco el armazón del Estado. Aun cuando no afecte a los mismos supuestos contemplados en el pacto extremeño, el impacto de dicha prioridad en los territorios donde el separatismo ha echado raíces resulta tan o más pernicioso. En primer lugar, por su longevidad –medio siglo cumplido–. Y luego, por su carácter transversal y expansivo. Sirviéndose como checkpoint de la lengua que consideran propia, ambos nacionalismos gobernantes han levantado un muro entre los suyos, a los que prioriza, y el resto de los ciudadanos.

Si bien esa prioridad vinculada a la lengua se da en múltiples ámbitos de la sociedad, allí donde cobra más fuerza es en los que dependen directamente de la Administración autonómica. Y, entre estos, el de la educación figura sin duda en primer término. En el País Vasco, por ejemplo, todos los pasos dados por la actual Consejería de Educación van en la línea de ir eliminando el castellano como lengua vehicular de la escuela pública en provecho de una enseñanza impartida únicamente en euskera. Así, esta semana hemos sabido de un colegio público de Guecho donde dejan de ofertar la enseñanza en castellano en educación infantil; a las familias disconformes con la medida, les dan como alternativa escolarizar en otro centro docente a sus pequeños en euskera con la ayuda de un intérprete, y santas pascuas. También en el País Vasco, la universidad pública, cuya denominación oficial había sido hasta ahora bilingüe, en adelante lucirá sólo el nombre en euskera.

El caso de Cataluña es harto conocido. La prioridad nacional viene aplicándose a rajatabla por la Administración educativa desde hace años, hasta el punto de que en la enseñanza pública obligatoria y postobligatoria ha provocado ya la expulsión del castellano como lengua vehicular de todas las aulas. Otra cosa es la universidad, donde la presión gubernamental todavía encuentra resistencia. Por lo demás, la coyuntura migratoria y los apremios de Pedro Sánchez por complacer a Junts, han llevado a Salvador Illa a anunciar que el conocimiento del catalán no será un requisito para obtener el permiso de residencia emitido por la Administración autonómica, pero sí para renovarlo un año más tarde. No era lo que pedía Junts, pero es un paso más en el camino de la imposición de la lengua. Y no precisamente la común.

Sobra añadir, en fin, que esta otra clase de prioridad nacional también se da de bruces con la Constitución. Y, aun así, en lo que llevamos de democracia ningún Gobierno de España se ha empeñado en cumplirla y hacerla cumplir en este punto. ¿Por qué será?

(The Objective, viernes 24 de abril de 2026)

Por una escuela bilingüe en Cataluña

Uno de los efectos colaterales de la ola de corrupción que ha convertido la política española en una ciénaga desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno es el oscurecimiento de noticias cuya relevancia hubiera merecido en otras circunstancias, si no grandes titulares, sí un tiempo y un espacio mucho mayores del que están recibiendo. La fórmula: “La actualidad manda”, usada en radio y televisión para justificar la interrupción de un programa y dar paso a una noticia de alcance, podría aplicarse asimismo a la prensa digital, donde la jerarquía informativa puede durar lo que tarda otra noticia en cocinarse y estar lista para su publicación. Y la actualidad en estos momentos la protagoniza, qué duda cabe, junto al conflicto de Oriente Próximo, el juicio por la trama de las mascarillas durante la pandemia que se celebra en el Supremo.

Una de esas noticias opacadas es la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar provisionalmente el fallo por el que se anulaban los artículos nucleares del decreto dictado en 2024 por el Gobierno de la Generalidad, presidido aún por Pere Aragonès, cuyo objetivo era blindar lo que el nacionalismo y la izquierda regionales han bautizado como “modelo de escuela catalana”, en otras palabras, el modelo de inmersión lingüística en catalán. El fallo en cuestión, fechado en septiembre de 2025, consideraba contrario a derecho el papel residual del español como lengua vehicular –dos horas en primaria y tres en secundaria a la semana– e instaba al Gobierno autonómico a garantizar el 25% como mínimo de enseñanza en la lengua materna de la mayoría de la población de Cataluña y única oficial del Estado. Tras la sentencia del TSJC, la Generalidad interpuso un recurso ante el Supremo, al tiempo que se negaba a aplicar la sentencia. De ahí que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) –que lleva una larga decena de años batallando incansablemente por los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña– recurriera de nuevo al TSJC a fin de que, a la espera de la resolución del Supremo, la anulación de los artículos surtiera efecto y ese 25% de enseñanza en castellano fuera un hecho. Finalmente, el pasado 30 de marzo llegó la bendición del Tribunal Superior. Y aquella misma mañana –lo contaba aquí Laura Fàbregas– el propio Salvador Illa hizo público que su gobierno no iba a acatar la resolución judicial.

Nada permite pensar, por desgracia, que ese largo toma y daca entre la Justicia y la Generalidad catalana vaya a concluir algún día. Cada vez que los tribunales, a instancias de una entidad representativa de la sociedad civil, consignan en sus resoluciones un quebrantamiento de la legalidad por parte del gobierno catalán y le compelen a volver al redil del Estado de derecho, el Ejecutivo autonómico responde con un nuevo acto de desobediencia. De ahí, sin duda, que en esta ocasión la AEB haya elaborado además un plan de choque. En él, junto a acciones legales y denuncias de los proyectos lingüísticos de centro donde no conste, como sería preceptivo, el porcentaje de asignaturas impartidas en castellano, figuran medidas asistenciales para solventar los impedimentos con que van a tener que bregar, sí o sí, profesores y alumnos deseosos de ejercer sus derechos y recibir la enseñanza en castellano. No en vano los centros docentes catalanes están colonizados casi por completo por el nacionalismo y la izquierda, y sus equipos directivos, amparándose en su autonomía y en el apoyo sin fisuras que les presta la Consejería de Educación, se resisten a la más mínima modificación del statu quo del que gozan.

Así las cosas, resulta admirable el empeño de la AEB en lograr que la ley rija de una vez por todas en el mundo de la enseñanza catalana. Lo cual no significa, claro, que ese empeño vaya a dar, tarde o temprano, sus frutos.  Y no sólo por el proceder de los gobernantes autonómicos, sino sobre todo por el desistimiento del Ministerio del ramo en lo que respecta a la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles, en este caso, el de recibir, ni que sea en parte, la enseñanza en su lengua común. Algo que lamentablemente no depende del color político del Gobierno del Estado. Ni siquiera del momento en que nos encontramos. Es cierto que todo ha ido a peor con los ejecutivos de Pedro Sánchez. Pero también lo es que desde aquel lejano 1980 en que Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalidad, ningún Gobierno del Estado, gobernara quien gobernara, se ha propuesto defender ese derecho por el que los abnegados miembros de la AEB se están dejando la piel.

No estaría de más que el próximo, previsiblemente del Partido Popular, se propusiera, de hecho y de derecho, romper esa tónica.

(The Objective, viernes 10 de abril de 2026)

Meloni y la tentación totalitaria

De la reciente derrota de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en su referéndum, pueden sacarse varias lecciones. Por ejemplo, que aunque los referéndums se convocan para ganarlos, a menudo se pierden. Le ocurrió, sin ir más lejos, a uno de sus antecesores en el cargo, Matteo Renzi, que perdió el suyo hará pronto diez años. Tanto Meloni como Renzi pretendían modificar el marco constitucional. En el caso de Renzi, la consulta afectaba a la composición del Senado y a su capacidad de intervención en las leyes aprobadas por el Congreso, que habrían quedado notoriamente disminuidas de haber prosperado la reforma. En el de Meloni, concernía al Poder Judicial, cuya independencia con respecto a los demás poderes habría sufrido, de ser aprobada la propuesta, una merma considerable. Aun así, mientras que el primer referéndum trajo como consecuencia la dimisión de Renzi como primer ministro, el segundo tuvo un desenlace distinto. Meloni había desligado ya su futuro político del resultado de la consulta, por lo que de su derrota no se han seguido otras secuelas que el cese de un par de cargos de segundo nivel y la dimisión de una ministra que nada tenía que ver con el área de Justicia, directamente implicada en la reforma.

Otra lección que sacar es que los electores suelen convertir esas consultas en plebiscitos, no ya ceñidos a los asuntos que se someten a su aprobación o rechazo, sino a los líderes políticos que los promueven. De ahí que los partidos de la oposición reclamen, en caso de rechazo, la cabeza del dirigente perdedor, cuando este no la ofrece motu proprio. En este sentido, la reacción de Renzi dimitiendo tras su derrota en 2016, no sólo le honra, sino que recuerda la de David Cameron, cuando en julio de aquel mismo año renunció al cargo de primer ministro del Reino Unido después de convocar el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (el famoso Brexit), que se saldó con la victoria del no. Consecuente con lo que él mismo había pedido, esto es, la permanencia en la Unión –al contrario que su partido, por cierto, que no se había pronunciado ni a favor ni en contra–, Cameron dimitió como primer ministro.

Pero acaso la principal lección que nos deja lo ocurrido en Italia el largo fin de semana pasado tenga que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. O, si lo prefieren, con la eficacia del sistema de pesos y contrapesos en que se funda dicha fortaleza. En la reforma constitucional de Meloni –y en menor medida, en la de Renzi de hará pronto una década– puede percibirse eso que se ha convenido en llamar la “tentación totalitaria”. Al Poder Ejecutivo acostumbran a molestarle los demás poderes, en especial el Judicial. Suele percibirlos como un estorbo, como un escollo, como algo que obstaculiza unas pretensiones, las suyas, de cuya legitimidad no tiene dudas.

Piénsese, a modo de ejemplo, en el revés que el Tribunal Supremo estadounidense propinó a Donald Trump al sentenciar que el Ejecutivo se había extralimitado en la imposición de unos aranceles que sobrepasaban lo permitido por la ley. O en el fallo del Tribunal Supremo de Israel, al que ya me referí en otro artículo, cuando rechazó la “revolución judicial” que el gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía aplicar tras lograr aprobarla en la Knéset, sede del Poder Legislativo israelí. En ambos casos, el afán totalitario de los mandatarios chocó con la barrera del Poder Judicial. Dicho de otro modo: el sistema de pesos y contrapesos en que se asienta el Estado de Derecho funcionó.

¿Y en nuestra España, tal vez se pregunten? Pues, para desespero del presidente del Gobierno y alivio de la mayoría de los españoles, tres cuartos de lo mismo. Hasta hoy, al menos.

(The Objective, viernes 27 de marzo de 2026)

Las palabras de Von der Leyen

Esta semana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha hablado mucho. En público y en privado. Empezaré por lo segundo, cuya privacidad no ha impedido que sus palabras llegaran en parte hasta nosotros a través del corresponsal de El Mundo en Bruselas. Resulta que Von der Leyen se ha quejado más de una vez en su círculo más cercano de los problemas con que se topa a menudo cuando lleva propuestas al Consejo Europeo. Y estos problemas tienen nombre propio: “Viktor Orban y Pedro Sánchez”. A su juicio, los bloqueos a los que someten sus propuestas obedecen a un mismo motivo: “Obtener un rédito político nacional, un beneficio electoral”, lo que en el caso del español debe de contrariarle especialmente, pues hasta no hace mucho Sánchez le había estado bailando el agua. Por otra parte, que la presidenta de la Comisión Europea lo parangone con un euroescéptico como Orban dice muy poco del presunto europeísmo del inquilino de La Moncloa, por más que este, con sus pronunciamientos, se esfuerce en erigirse en el salvador de las esencias europeas y de la paz en el mundo y que medios como el Financial Times lo presenten como la némesis de Trump en el Viejo Continente. 

Y entrando ya en lo público, o sea, en el contenido de la intervención del lunes de Von der Leyen ante los embajadores de la Unión Europea en el exterior, no hay duda de que pasará, si no a la historia, sí a los anales de la política comunitaria. Dejemos a un lado, si les parece, el hecho de que a las pocas horas la propia presidenta suscribiera una suerte de manifiesto en que el carácter terminante de lo afirmado en su intervención ante los embajadores aparecía considerablemente rebajado y que en intervenciones posteriores se reafirmara en “el compromiso inquebrantable [de la UE] con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional”, tal y como le reclamaban desde filas socialistas, y centrémonos en lo dicho en su discurso. Y es que, si bien se mira, nada hay en él que justifique la reacción que ha provocado.

Cuando Von der Leyen sostiene que “Europa ya no puede ser custodia del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, no está diciendo que haya que renunciar a un marco con normas, como torticeramente se ha querido entender, sino que las normas con las que hoy contamos no son suficientes y no se puede confiar en ellas “como la única forma para defender nuestros intereses”. De ahí la necesidad de trabajar para “construir nuestro propio camino europeo”. Y en esta tarea, la seguridad y la defensa van a tener, asegura, un papel cardinal: “Para buscar la paz en el mundo actual, Europa debe ser capaz de proyectar poder: para disuadir, para contrarrestar y para aumentar nuestra influencia”. Dicho de otro modo, debe actuar como una gran potencia no sólo en el campo económico y comercial; también en el militar. Y para ello se requiere, a falta de un ejército común, una mayor inversión en Defensa de la que participen todos y cada uno los Estados miembros.

En el discurso de Von der Leyen está presente, sobra precisarlo, la convulsión producida por la guerra de Irán. Es más: de sus palabras se desprende una aprobación tácita del ataque militar conjunto de Israel y Estados Unidos contra el régimen criminal de los ayatolás, por el que, a su entender, “no debe derramarse lágrima alguna”. Y aunque eso sería otorgar demasiada importancia a nuestro presidente del Gobierno, tampoco cabe descartar que el pronunciamiento unilateral de Sánchez –ese “problema” con el que la presidenta de la Comisión no tiene más remedio que lidiar– haya intensificado el tono de su intervención. Con todo, y mal que les pese a los socialistas peninsulares, tan olvidadizos del derecho internacional cuando no les conviene apelar a él –lo recordaba el martes aquí mismo Maite Rico, haciéndolo extensivo a todos los que se rasgan ahora las vestiduras y no lo hicieron en el pasado–, mucho me temo que la razón no está de su lado, sino de quien, dirigiéndose a los embajadores de la UE, no hizo sino exponer, con toda crudeza, las flaquezas de una Europa que ya no “puede ser custodia del viejo orden mundial”.

Lo cual no impide, claro está, que a nuestro presidente del Gobierno esas flaquezas le traigan al pairo. Él a lo suyo, que mientras se hable de Europa no se habla de otras cosas.

(The Objective, viernes 13 de marzo de 2026)

Vox, ¿tras los pasos de Ciudadanos?

Tal vez lo recuerden. El 15 de febrero de 2019 Pedro Sánchez convocaba de forma anticipada elecciones generales para el 28 de abril siguiente. “Voy a, de forma humilde, pedir la confianza de los españoles”, dijo sin humildad ninguna en su comparecencia ante los medios en La Moncloa. El pretexto para el adelanto, el rechazo de los Presupuestos en el Congreso. La razón de fondo, los cálculos de su gurú de entonces, Iván Redondo, convencido de que tras la foto de Colón del domingo anterior –los líderes de PP, Cs y Vox juntos en el escenario anticipando lo que hoy hubiera sido tildado por esta izquierda nuestra de fachosfera– había llegado el momento de dar el gran salto hacia la mayoría absoluta.

La jugada no le salió bien. El salto fue grande, pero no suficiente. Y se dio la paradoja de que la única mayoría posible para una investidura era la formada por el Partido Socialista y Ciudadanos, que había tenido una gran crecida a costa sobre todo del Partido Popular. Pero enseguida se vio que no iba a fructificar. A Sánchez le gritaban sus huestes la noche misma de las elecciones: “¡Con Rivera no, con Rivera no!”, a lo que él respondía sonriendo: “Me ha quedado claro, me ha quedado claro”. No hizo falta comprobarlo. Los dirigentes de Cs se encargaron de ello al renunciar a todo tanteo con sus homólogos socialistas, aunque sólo fuera para la galería, para que nadie pudiera echarles en cara que ni siquiera lo habían intentado.

Y es que el objetivo de Cs no era hacer valer la segunda de las dos misiones para las que fue fundado, a saber: en Cataluña, plantar cara al nacionalismo; y en el conjunto de España, poner sus votos a disposición del mejor situado de los dos grandes partidos mayoritarios, a fin de que no tuviera que pactar con los nacionalistas de turno para gobernar, lo cual llevaba siempre implícito aceptar unas exigencias que laminaban poco a poco las competencias del Estado. El objetivo no era ese, digo, sino sobrepasar al PP y convertirse en el principal partido de la oposición; hacer realidad, en una palabra, el ansiado sorpasso. Lo que vino luego fue la caída en picado de Ciudadanos en las siguientes generales.

Pero hubo más. Durante el periodo que medió entre ambas citas electorales los expertos en sondeos fueron detectando, semana a semana, el progresivo derrumbe del partido liderado por Albert Rivera, al tiempo que observaban como los datos reflejaban una subida significativa de Vox y una vuelta al redil de los votantes de los partidos mayoritarios, cuando no un refugio en la abstención. Los comicios de noviembre no desmintieron los pronósticos. Cs se dejó dos millones y medio de votos por el camino, mientras que Vox ganó un millón y el PP cerca de 700.000. Aunque las transferencias de sufragios no son ni mucho menos tan limpias como las presento aquí, sí sirven, creo, para hacerse una idea de lo ocurrido. La inacción, en política, no se perdona, y eso fue lo que hizo durante esos meses fatales Ciudadanos: no hacer nada –o como mucho, hacerlo demasiado tarde, con las cartas ya echadas–. Y cuando el lector se convence de que votar a un partido deja de ser útil, cambia de papeleta u opta por el voto en blanco, nulo o directamente por la abstención.

Santi González escribía anteayer en estas páginas –ya me perdonarán la muletilla del viejo periodismo– sobre el empeño de Vox en sobrepasar al PP y sobre el drama que supone para el interés general, tan maleado desde hará pronto ocho años, el que un partido que está en la oposición convierta ese empeño en el eje de su política, en vez de dedicarse a colaborar en la tarea de construir una alternativa de gobierno de cara al futuro, cuyas primeras estaciones son la ristra de elecciones autonómicas que ya tienen fecha y, en último término, las generales que vengan después si es que no vienen antes. Ciertamente. Y si yo he traído hoy aquí el ejemplo de Ciudadanos no es tanto por la posibilidad de que un desenlace en las urnas vaya a ser parecido –estamos lejos de ello–, sino por las similitudes existentes entre uno y otro caso en cuanto a los estragos que puede llegar a provocar el modo de proceder de unos dirigentes guiados en gran medida por la ambición.

Y con la esperanza, claro, de que la realidad alcance a desmentirme más pronto que tarde, si no es mucho pedir.

(The Objective, viernes 27 de febrero de 2026)

Los extremos (no) se tocan

No le sentó nada bien a Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise (LFI), que el Ministerio del Interior francés haya encasillado a su movimiento entre las formaciones de “extrema izquierda”. Es verdad que fue en una circular que el Ministerio envía a sus préfets con vistas a las municipales que deben celebrarse el próximo mes de marzo y cuyo propósito no es otro que el de ayudarles en su tarea. Tenía, pues, un carácter meramente administrativo, y, aun así, a Mélenchon no le gustó. Y es que en las elecciones legislativas de 2024 LFI figuraba en esta misma circular entre las formaciones de “izquierda”, por lo que no sabía a qué era debido el cambio. Según el Ministerio, la causa había que buscarla en algunas manifestaciones recientes de los de Mélenchon, como por ejemplo llamar a la desobediencia civil, poner en entredicho la autoridad de los jueces, los medios de comunicación y la policía o alejarse de los valores universalistas republicanos. Ello justificaría el desplazamiento de un grupo a otro, del más integrado en el sistema, donde se hallan, entre otros, los partidos socialista y comunista, al más distante, integrado por fuerzas políticas autodenominadas anticapitalistas y revolucionarias. Teniendo en cuenta que LFI lideró en las últimas legislativas una coalición de partidos de la que formaban parte socialistas y comunistas, además de los ecologistas, resulta comprensible su negativa a ser agrupada bajo el mismo paraguas que las fuerzas antisistema. Y con mayor motivo dada la aspiración de Mélenchon a convertirse en un futuro en primer ministro, cuando no en presidente de la República.

Que el calificativo “extrema” aferrado a “izquierda” constituya una impedimenta para quien pretende alcanzar algún día, aunque sea a medio plazo, el gobierno, tiene su lógica. No se gobierna desde la esquina del tablero político, por más que Pedro Sánchez, con sus políticas populistas, su filibusterismo, sus trueques abyectos y su apego al poder a cualquier precio se empecine en demostrar lo contrario. Y lo mismo que vale para la izquierda vale para la derecha. También en Francia, el Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen ya se topó en 2024 con un rechazo ministerial parecido cuando se le ocurrió protestar por la inclusión del partido entre las formaciones de extrema derecha. Y, de igual modo, es muy probable que el calificativo adosado al nombre obrara entonces en Le Pen y sus expectativas políticas –siempre y cuando logre revertir, o reducir al menos, los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los que fue condenada por malversación– de forma semejante a como lo ha hecho ahora con Mélenchon y las suyas, es decir, como una carga inconveniente. Sea como sea, y tenga ello la importancia que tenga, el Ministerio francés se ha mantenido firme en la decisión tomada.

Ignoro si en España el Ministerio del Interior cuenta con una clasificación análoga. Quienes sí recurren, en cambio, a esas etiquetas que los propios etiquetados tratan en general de quitarse de encima son los políticos y los medios de comunicación. Respecto a estos últimos, el director del medio en que escribo señalaba hace poco en la red social X que The Objective no usa en sus informaciones esos marchamos malqueridos ni a derecha ni a izquierda, entiendo que para no herir las sensibilidades de quienes simpatizan con uno u otro extremo del tablero político o simplemente desaprueban esa manera de designarlos.

Con todo, lo cierto es que dicha adjetivación, en la mayoría de los medios de comunicación, rara vez se aplica a la izquierda. Distinto es el caso de la derecha. Aunque su uso alterna con el de “ultraderecha” (el Libro de estilo de El País en su cuarta edición de 1990, que es la que manejo, recoge el vocablo ultra y lo define como ‘extremista de derechas’) y con eufemismos del tipo “derecha dura”, “derecha más dura” o incluso “derecha más extrema” o “derecha más a la derecha”, la denominación “extrema derecha” sigue siendo la que se lleva la palma cuando de lo que se trata es de referirse a partidos cuyo ideario se asemeja al del partido fundado por Marine Le Pen. No hace falta añadir que en esta tarea, en general denigratoria, aparte de los miembros del Gobierno y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo, destacan sobremanera los medios componentes de la llamada sincronizada, siempre atentos a obedecer las consignas que emanan de La Moncloa. 

Por todo ello, no es de extrañar que a Vox, al igual que al Rassemblement de Le Pen, pueda incomodarle el adjetivo antepuesto a “derecha”. Y más si se repara en que los resultados obtenidos por la formación en las últimas autonómicas y, con toda probabilidad en las que están por venir, parecen augurarle un crecimiento bastante similar en el conjunto del país, lo cual consolidaría su candidatura a integrar, en coalición con el PP, un futuro Gobierno de España. Las dificultades que se observan estos días en las negociaciones entre los dos partidos para llegar a pactos en el ámbito autonómico cabe entenderlas, sobre todo, como amagos preelectorales. Los programas de uno y de otro no son, en el fondo, tan distantes. Además, si al decir de Feijóo, las únicas líneas rojas que pone el PP para alcanzar acuerdos son la Constitución y la ley, no hay duda de que el programa de Vox no se las salta. Como sí lo hacen, por cierto, los de partidos situados en la “extrema izquierda”, y en especial las de los nacionalistas, sean estos de derecha o de izquierda.

(The Objective, viernes 13 de febrero de 2026)

García Montero, al rescate del Gobierno

Tal vez recuerden aquella entrevista que a Pedro Sánchez le hicieron en Radio Nacional recién celebradas las segundas elecciones generales de 2019 y en la que, en respuesta a un periodista de la casa que le preguntaba cómo se las compondría para traer a Puigdemont a España, el entonces presidente en funciones respondía con otra pregunta: “¿La Fiscalía de quién depende?” “¿De quién depende?”, insistía. A lo que su seguro servidor contestaba: “Sí, sí, del Gobierno”. “Pues ya está”, remachaba Sánchez, ufano. Como es natural, las principales asociaciones de fiscales expresaron al punto su malestar, cuando no su indignación. Lo que vino después no hizo sino demostrar el poco caso que Sánchez tenía pensado hacerles.

Esta breve secuencia resume a la perfección lo que entiende Pedro Sánchez por ejercicio del poder: una sumisión a su persona y a sus intereses por parte de cuantas personas e instituciones él cree que están a su servicio –aquí la Fiscalía y la radio pública–. El respeto a la división de poderes, en el supuesto de que haya oído hablar de ella, no ha entrado nunca en sus planes. Pero incluso dentro del mismo poder que preside, la existencia de una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, creada por una ley de agosto de 2024 y de la que depende la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano colegiado encargado de investigar el trágico accidente de Adamuz para determinar las causas del siniestro; la existencia de esa Autoridad, decía, debería haberle intranquilizado, aunque sólo fuera por la palabra independiente incrustada en el nombre. Pero seguramente no fue así, al igual que en el caso del ministro Óscar Puente, convencidos como estarían uno y otro de la eficacia de otra ley, esta no bendecida por el poder legislativo: la del “¿de quién depende?”

Por desgracia para Sánchez y su sosias vallisoletano, el intento de colonización de la CIAF, si intento ha habido, no ha surtido efecto. El presidente de la comisión, Iñaki Barrón, adelantaba este martes no ya una mera hipótesis sobre la causa del accidente, sino casi casi una certeza, y esta no concordaba con las facilitadas a trancas y barrancas y en sucesivas contradicciones por el propio Puente. Total, que Barrón, pese a las sospechas iniciales que ponían el acento en el carácter dependiente de la CIAF por su adscripción al Ministerio de Transportes, ha hecho honor a la independencia de la Autoridad de la que pende. Dicho de otro modo: ni Puente ni el resto del Gobierno, incluyendo a su presidente, pueden con todo.

Por suerte, Luis García Montero está siempre al quite. Y no por la labor que se le supone al frente del Instituto Cervantes –aunque aquí también ha sido protagonista de más de una colisión–, sino por la que lleva a cabo como bombero del Gobierno desde su columna semanal en El País, hasta el punto de hacerse merecedor del sobrenombre de Luis García Bombero. Cada vez que el Gobierno se encuentra en un aprieto –en uno de los gordos, se entiende, que de un tiempo a esta parte son casi todos–, allí está el poeta engagé para intentar apagar el fuego. Hace algo más de medio año, por ejemplo, justo la semana en que el juez del Supremo Ángel Hurtado enviaba a juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz, García Montero la emprendía en su columna contra algunos jueces por atreverse a suplantar “la voluntad del pueblo encarnada en la política”. O sea, en la Fiscalía. Es más, para despejar toda duda sobre sus intenciones, abogaba por que la Fiscalía ejerciera de contrapoder de estos jueces, a los que afeaba su soberbia.

Ahora el incendio es de otra naturaleza. Ahora se trata del accidente de Adamuz. Pero afortunadamente para el Gobierno, García Montero tiene recursos para todo. En esta ocasión, después de recordar el número de fallecidos en el choque de trenes, de preguntarse “cuáles son las causas de este maldito accidente” y de dejar la pregunta sin respuesta, enumeraba las cifras de muertos en otras tragedias, que nos “ayudan a comprender la realidad”: los muertos en Gaza, en Irán, en Ucrania. Y hasta los habidos en Venezuela cuando el rapto del dictador Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. Hecha la equiparación, constatado que los nuestros pesan poco en comparación con los de los demás y concluir que “así están las cosas en el mundo”, ¿quién se acuerda ya de las malditas causas del accidente?

Luis García Montero. ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está.

(The Objective, viernes 30 de enero de 2026)

La indignidad de la inmersión lingüística obligatoria

“Yo no soy de Cataluña. Soy valenciano. ¿Cuál es mi lengua materna y lo será siempre? El castellano. (…) La lengua materna es aquella en la que empiezas a expresarte, no la de un territorio.” Quien así razonaba era Lluís V. Aracil. Sus palabras figuran en el libro de Iván Tubau Nada por la patria y están extraídas de la entrevista que el propio Tubau le hizo a Aracil hace justo cuatro décadas. O sea, en 1986. Lo que las hace singulares, más allá de su significado y del año en que fueron pronunciadas, es la personalidad del enunciante. Aracil estaba considerado como el padre de la sociolingüística catalana y el introductor –cito a Tubau– de “la noción de ‘normalización lingüística’, que se ha llevado en Cataluña más lejos que en parte alguna”. Dicho de otro modo: quien las pronunció se enmendó a sí mismo tras comprobar los estragos que la política lingüística emprendida por la Generalidad de Jordi Pujol –la llamada inmersión en catalán en la enseñanza, en concreto– estaba ocasionando. O, dándole de nuevo la voz a Aracil: “La inmersión de los niños castellanohablantes de Cataluña en el catalán atenta contra la dignidad humana”. Afirmación a la que seguía un vaticinio: “Tarde o temprano llegará el asco, el aburrimiento de esto del catalanismo. Pero la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación ya será para entonces una devastación mucho más grave de lo que fue el franquismo. Estoy seguro. Porque van más directamente a incapacitar y a indignificar a la gente con eso de la lengua del territorio.”

De la entrevista, insisto, hace cuarenta años. Y su vaticinio no parece que esté lejos de cumplirse, si no se ha cumplido ya, cuando menos en lo tocante a la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación. Pero la perversión de la implantación del modelo de inmersión lingüística en aquellas comunidades autónomas donde aparte de la lengua común existe una lengua cooficial reconocida por el respectivo estatuto como propia del territorio no atañe tan sólo al ámbito moral; también al meramente educativo. Este martes el diario El Mundo traía un largo artículo de Olga R. Sanmartín, basado en el trabajo del economista Ángel Martínez a partir del análisis de los microdatos extraídos de los informes TIMMS (realizados con los resultados obtenidos en pruebas con alumnos de cuarto de Primaria) y PISA (con los obtenidos con adolescentes de 15 años). De él se desprende, entre otras conclusiones, que España es uno de los países de la Unión Europea con un porcentaje mayor de alumnos cuya lengua de aprendizaje en la escuela difiere de la que emplean en casa, es decir, de la familiar o materna, porcentaje que, por lo demás, ha ido en aumento en los últimos años. Los factores que influyen en esa “discordancia lingüística” son el bilingüismo, la inmigración y la inmersión, que pueden darse por separado o a la vez –el último, por ejemplo, sólo en determinadas comunidades autónomas con lengua cooficial, bien de forma absoluta, como en el caso de Cataluña, bien de forma parcial–. Sobra añadir que los efectos de tal discordancia en el rendimiento educativo no son precisamente positivos; de ahí que deberían ser, caso de que a nuestros gobernantes les preocuparan lo más mínimo, motivo de reflexión y acarrear un firme propósito de enmienda.

Pero no basta con enunciar, sin más, los factores apuntados en el artículo; todos requieren matización. Así, el bilingüismo entendido como la concurrencia de dos lenguas vehiculares en una misma línea educativa difiere según que estas lenguas sean la castellana y la cooficial –y aún aquí habría que distinguir entre el caso del vascuence y el del resto de las lenguas cooficiales, mucho más próximas a la común– o según que sean la castellana y la inglesa, por las dificultades que conlleva para gran parte del profesorado impartir la materia que tienen encomendada en una lengua que la mayoría de las veces no dominan, lo que acaba resultando en un aprendizaje defectuoso por parte del alumnado. En cuanto a la inmigración, la discordancia recae, como es lógico, en la que no es hispanohablante y, muy particularmente, en la procedente de familias lingüísticas distantes de la nuestra. Con todo, más incluso que la lengua, aquello que termina afectando negativamente al aprendizaje es a menudo el nivel socioeconómico y cultural de la familia inmigrante, en especial cuando se trata de la escuela pública.

Y en lo que respecta al modelo de inmersión, el principal problema no está en la eficacia de la inmersión en sí, como acostumbra a probarlo el rendimiento de aquellos alumnos cuyos progenitores han querido y podido escolarizarlos –en inglés, francés, alemán– en centros privados donde se emplea el modelo, sino en su obligatoriedad, en especial de nuevo en la escuela pública, aunque también en parte de la concertada. Cataluña, y en menor medida Baleares, han convertido el catalán en la única lengua de aprendizaje, y todo indica que en el País Vasco llevan camino de hacer lo mismo. Poco importa que una mayoría de la población residente en estas comunidades autónomas tenga como lengua materna el castellano. Poco importa que, a la postre, los resultados de las pruebas internacionales demuestren que la inmersión es cada vez más nociva para el aprendizaje. Poco importa que un experto en educación como Francisco López Rupérez, en un estudio basado en los datos de PISA, haya llegado a la conclusión de que los alumnos catalanes van un curso por detrás de los de la Comunidad de Madrid por el lastre que supone para una mayoría de ellos estar estudiando en una lengua distinta de la materna. Poco importan, en definitiva, las evidencias. Aquella falta de dignidad que Aracil atribuía hace cuarenta años a quienes habían empezado a aplicar a la fuerza el modelo de inmersión lingüística en catalán a los niños castellanohablantes puede extenderse por igual a quienes han seguido sus pasos haciendo caso omiso de las consecuencias educativas que entrañaba y que a la vista estaban y están.

(The Objective, 16 de enero de 2026)