Destacaba esta semana Ignacio Varela (El Confidencial, 20-10-2026), a propósito de las dos coaliciones que pueden concurrir el 29-N en las candidaturas al Senado –de un lado, la ya constituida Senado de Progreso, formada por el PSOE y los partidos del llamado Frente Amplio, y, de otro, la que alcancen a perfilar PP, Vox y UPN antes del 26 de octubre–, la similitud existente entre esos dos bloques y los que se enfrentaron en los comicios de febrero de 1936. Entonces fueron bautizadas como Frente Popular y Frente Nacional, respectivamente. En Cataluña –los catalanes son muy dados a esos hechos diferenciales terminológicos– los dos frentes recibieron el nombre de Frente de Izquierdas y Frente Catalán de Orden.
Pues bien, salvadas sean las distancias entre aquellos años treinta y estos veinte –distancias que cada vez son menos, por desgracia–, me da la impresión de que la nomenclatura catalana se ajusta mucho más a la política española actual, cuando menos en lo tocante al segundo de los bloques, que la usada entonces en el resto de España. No se me escapa que lo mismo la denominación de Frente Popular que la de Frente Nacional tienen referentes cercanos en el tiempo y en el espacio. Basta mirar al otro lado de los Pirineos para encontrarlos. Pero en nuestro caso lo que se ventila en las próximas elecciones generales es una disyuntiva entre dos formas de entender y ejercer la política. De una parte, están los que nos han llevado a la situación presente y prometen perpetuarla si logran un resultado en las urnas que les permita alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para mantenerse en el poder. De otra, quienes defienden el Estado de derecho como garante de nuestra libertad y, caso de ganar, se comprometen a revertir la situación presente de acuerdo con los valores y principios recogidos en la Constitución de 1978.
Así, el 29-N se presenta como un plebiscito donde lo que está en juego es la democracia misma. Quienes han demostrado sobradamente con sus actos que no creen en ella o sólo en la medida en que les favorezca –en otras palabras, quienes no creen en la alternancia– confrontan con quienes no sólo creen en ella, sino que están dispuestos a defenderla con sus actos, empezando por el consistente en depositar su voto en una urna y hacerlo sin que medien coacciones, amenazas, trampas o trampantojos.
Les decía antes que la denominación catalana del segundo de los frentes, el formado por el centroderecha y la derecha, me parecía más conforme a lo que se dirime en estas elecciones. Y lo decía sobe todo porque introduce un vocablo, “orden”, del que andamos a estas alturas tan necesitados. Si en algo ha basado Pedro Sánchez su política en esta legislatura –por no hablar de las anteriores– es en el desorden. Ha aplicado la ley sin más orden y concierto que el que le ha convenido en cada momento, llegando a amordazar el Poder Legislativo sin importarle en absoluto lo que dicta la letra de la Constitución y a desafiar y pisotear, hasta donde ha podido, el Judicial. Ha convertido las fuerzas del orden en un instrumento pro domo sua, como estamos comprobando en estas postrimerías de legislatura con su pasividad en la invasión de Ceuta y su inacción en las calles de Madrid y demás ciudades donde el espacio público permanece ignominiosamente secuestrado por las hordas izquierdistas. La coalición que según todos los sondeos fiables va a gobernar España tras las elecciones generales debería tener como principal mandato restablecer el orden, empezando por el que resulta del estricto respeto a la separación de poderes.
En España las elecciones son a una vuelta. Pero esas que nos aguardan, nos guste o no, van a tener dos. Es muy probable que los vencedores se vean obligados a convivir con una avalancha de impugnaciones del censo electoral debidas al embrollo causado por la llamada Ley de Nietos. Algo que permitirá al Gobierno en funciones y a sus satélites mediáticos deslegitimar los resultados y paralizar tanto como les sea posible el inicio de la próxima legislatura. Si, aun así, esta terminara arrancando, los vencidos, con Sánchez y el PSOE a la cabeza siempre y cuando la Justicia no se los haya llevado ya por delante, van a hacer cuanto puedan durante cuatro años por perpetuar el caos.
Y también entonces, como si de unas nuevas elecciones se tratara, habrá que plantarles cara y volver a derrotarlos.