Cloacas catalanas

«Estamos en guerra», ha dicho Miquel Sellarès. Si el declarante fuera otro, uno no tendría de qué preocuparse, pero, tratándose de Sellarès, que lleva así toda su vida, la cosa cambia. Este hombre nació para la guerra y la suerte le ha sido esquiva. Ni una guerra ha alcanzado a vivir. Ni siquiera una pequeñita; nada. No hace falta añadir, supongo, que, para él, quienes están en guerra son los catalanes, ese sujeto soberanamente colectivo. Y que el enemigo que se ponga, como diría Gila, es el Estado —español, por más señas—. Por lo demás, Sellarès cree que los catalanes no se dan cuenta de su circunstancia. Pese a estar en guerra, actúan como si no lo estuvieran. Y lo grave es que semejante carencia no afecta únicamente al cuerpo social, sino también al propio Gobierno autonómico. Sellarès sabe de qué habla. Se le tiene por el máximo experto en la materia. Ha sido director general de Seguridad Ciudadana con CIU. Y, siéndolo de Medios de Comunicación con el tripartito, bajo la órbita de ERC, tuvo que dimitir por la elaboración de informes sobre la prensa y los periodistas. Lo suyo son las cloacas. Y el dinero. En blanco y, si se tercia, hasta en cuatricromía. Y, a poder ser, del contribuyente. En estos momentos la Oficina Antifraude está investigando las cuentas de una de las múltiples entidades subvencionadas que ha presidido. Todo por la patria, claro. Últimamente le ha salido un emulador, un tal Xavier Martorell, aficionado al espionaje desde sus tiempos en el Barça de Laporta y director general de asuntos varios con CIU. No consta que Martorell se considere, al igual que Sellarès, en estado de guerra. Pero no sería de extrañar. Por si acaso, yo les aconsejaría a ambos que repasaran la historia de Cataluña y se detuvieran en los acontecimientos del 6 de octubre de 1934. Terminaron en pocas horas con unos cuantos muertos, el Gobierno de la Generalitat encarcelado y los máximos responsables de la Seguridad huyendo por las cloacas.

(ABC, 23 de febrero de 2013)

Compañeros de viaje

«Los días 23 y 24 de marzo de 1930 se celebró en Barcelona un homenaje de los intelectuales catalanes a una cincuentena de intelectuales castellanos, en agradecimiento por la solidaridad expresada seis años antes cuando la dictadura del general Primo de Rivera promulgó una serie de decretos prohibiendo la enseñanza y el uso público de la lengua catalana. Los actos programados, todos multitudinarios, se desarrollaron en medio del fervor popular. El dictador acababa de fallecer en su retiro de París y en aquella España todo parecía posible. O, al menos, así lo creían las masas que se habían echado a la calle, los propios intelectuales catalanes y también los Menéndez Pidal, Ortega, Marañón, Azaña, Ossorio, Pérez de Ayala, Gómez de la Serna, De los Ríos, Américo Castro, Castillejo, Sainz Rodríguez, Pittaluga, Álvarez del Vayo, Giménez Caballero, Zulueta, Araquistáin y demás compañeros de expedición, que no salían de su asombro ante lo que estaban viviendo.

El presente libro es la crónica de ese viaje, desde su concepción misma hasta su desenlace, pasando por el arduo y delicado proceso de gestación.

A partir de la semana del 4 de marzo, en nuestras librerías.

El derecho a evaluar

Entre ayer y anteayer, 64.000 alumnos de cuarto de ESO pertenecientes a más de mil institutos de Cataluña —públicos, privados y concertados— realizaron por segundo año consecutivo las pruebas de evaluación externa. Esas pruebas, organizadas por la Generalitat y no por cada uno de los centros —de ahí su externalidad—, no afectan más que a las asignaturas instrumentales. O sea, a las lenguas —catalán, castellano e inglés o francés— y a las matemáticas. Con ello la Generalitat pretende saber si los jóvenes catalanes han adquirido las competencias básicas que se supone tienen que adquirir y, en caso contrario —que además es el caso más probable—, intervenir para poner remedio a la situación. Así, el año pasado, una vez conocidos los resultados, la consejería de Educación decidió que había que aumentar las horas de matemáticas, puesto que los alumnos habían obtenido en esta materia una calificación insuficiente. El próximo 18 de marzo podremos comprobar si ese aumento horario ha repercutido en el nivel general.

Por de pronto, lo que sí sabemos es que algunos examinandos encontraron el jueves las matemáticas difíciles. Sobre todo en comparación con el catalán, que estaba, dicen, tirado. Y también encontraron que esas pruebas son mucho más fáciles que los exámenes que ellos mismos deben superar en cada una de las asignaturas durante el curso. Por supuesto, habrá otros alumnos que opinen lo contrario, pero uno se pregunta para qué sirve esa evaluación si el listón —cuando menos el lingüístico— lo ponen tan bajo. El año pasado la competencia de los alumnos en catalán y castellano era, a tenor de los resultados obtenidos en esas mismas pruebas, prácticamente idéntica. Y bastante superior a la de las demás materias. ¿Casualidad? Cuesta creerlo. Sobre todo cuando uno observa con qué ahínco la Generalitat se resiste a aceptar que en el futuro esa evaluación externa se unifique con la del resto del Estado. ¿Será que el derecho a evaluar incluye el derecho a falsear?

(ABC, 16 de febrero de 2013)

Toutain and Pericay are not dead

«Ara fa aproximadament quinze anys que Ferran Toutain i Xavier Pericay van publicar a Proa El malentès del Noucentisme, un assaig que invocava no fa gaire Josep M. Fulquet en un article que ha originat a Núvol tot un debat al voltant de l’estat de la traducció. Des d’aleshores ha plogut molt, i preguntem a Toutain i Pericay com veuen la situació actual i quins elements de la seva primera descripció es mantenen vigents...»

De plagios y plagiarios

Dicen quienes entienden de esto que la democristiana Annette Schavan tiene los días contados como ministra de Educación de Alemania. La Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf le ha retirado su título de doctora después de que el Consejo Académico de la Facultad de Filosofía resolviera que la tesis con que lo obtuvo en 1980 estaba llena de plagios, y no parece que la canciller Angela Merkel vaya a tardar mucho en retirarle también la dignidad de ministra —o en rogarle que presente su dimisión, que para el caso es lo mismo—. Si ya hizo lo propio en 2011 con su ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg, ¿cómo va a permitir ahora que la titular de Educación —sí, de Educación, precisamente— siga en el cargo? Lo que no significa, por supuesto, que todos hayan actuado igual en parecidas circunstancias. Sin movernos de Alemania, ahí está el ejemplo de los eurodiputados Silvana Koch-Merin y Jorgo Chatzimarkakis, ambos del partido liberal, a los que también pillaron con las manos en las obras ajenas y no por ello han renunciado al escaño. Claro que no es lo mismo un escaño que un ministerio. Ni que una presidencia de un país, como la que el húngaro Pal Schmitt tuvo que abandonar hace un año al descubrirse que su tesis era cualquier cosa menos original.

Sobra decir que todas las denuncias que han llevado a la revocación de esos títulos de doctor se han dado gracias a la red y a las posibilidades que esta ofrece de comparar, mediante un «software» adecuado, infinidad de textos. Siendo así, no deja de sorprenderme que en España, donde existe tanta afición a la red y a la denuncia, no haya surgido aún ningún caso. Será que no se estila, eso de un político con tesis doctoral. O que la posesión de una tesis, en un currículo cualquiera, vale menos que nada. Aunque, si bien se mira, puede que todo se reduzca a una simple cuestión de economía: en efecto, ¿para qué perseguir a plagiarios si, una vez descubierto el pastel, aquí no dimite ni Dios?

(ABC, 9 de febrero de 2013)

¿Quo vadis, PSC?

El mismo día en que Pere Navarro, primer secretario del PSC, aseguraba que «los grandes partidos de Cataluña —por de pronto, CIU y el suyo— se están rompiendo por las posiciones discrepantes», el presidente del grupo socialista en el Ayuntamiento de Barcelona y presumible candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Jordi Martí, confesaba que él habría votado a favor de la Declaración de Soberanía de haber formado parte el pasado 23 de enero de la bancada del Parlamento catalán. O sea, no sólo no habría votado «no», que es lo que su grupo parlamentario había acordado, sino que ni siquiera habría seguido el ejemplo de los cinco diputados díscolos que optaron por la abstención. Lo cual no significa que Martí represente el sentir mayoritario del grupo municipal que preside o de la federación socialista a la que este grupo representa; no, qué va. Es más bien lo contrario. Con lo que se confirma hasta qué punto las palabras de Navarro eran certeras. En estos momentos, la rotura del partido es absoluta. En sus cuadros dirigentes y, tal y como demuestran machaconamente los resultados electorales, también en sus apoyos ciudadanos.

Y, la verdad, no parece que la propuesta del PSOE de modificación de la Constitución para que pueda a adaptarse a ella en un futuro un nuevo Estatuto que colme las ansias decisorias del sector soberanista del PSC vaya a solucionar gran cosa. Esos discrepantes de la línea oficial no tendrán otro remedio, me temo, que escoger entre CIU —lo que podríamos llamar «la solución Mascarell», de quien Martí, por cierto, es un discípulo aventajado— y aquello que acabe saliendo de ese nuevo partido que Ernest Maragall está ordeñando y que, como la Unió Socialista de los años treinta, lleva todas las trazas de acogerse, tarde o temprano, al manto protector de ERC, cada vez más holgado. Y en cuanto a lo que quede entonces del PSC, si es que algo queda, acaso lo mejor sería un buen «lifting», empezando por las siglas.

(ABC, 2 de febrero de 2013)