Entre ayer y anteayer, 64.000 alumnos de cuarto de ESO pertenecientes a más de mil institutos de Cataluña —públicos, privados y concertados— realizaron por segundo año consecutivo las pruebas de evaluación externa. Esas pruebas, organizadas por la Generalitat y no por cada uno de los centros —de ahí su externalidad—, no afectan más que a las asignaturas instrumentales. O sea, a las lenguas —catalán, castellano e inglés o francés— y a las matemáticas. Con ello la Generalitat pretende saber si los jóvenes catalanes han adquirido las competencias básicas que se supone tienen que adquirir y, en caso contrario —que además es el caso más probable—, intervenir para poner remedio a la situación. Así, el año pasado, una vez conocidos los resultados, la consejería de Educación decidió que había que aumentar las horas de matemáticas, puesto que los alumnos habían obtenido en esta materia una calificación insuficiente. El próximo 18 de marzo podremos comprobar si ese aumento horario ha repercutido en el nivel general.
Por de pronto, lo que sí sabemos es que algunos examinandos encontraron el jueves las matemáticas difíciles. Sobre todo en comparación con el catalán, que estaba, dicen, tirado. Y también encontraron que esas pruebas son mucho más fáciles que los exámenes que ellos mismos deben superar en cada una de las asignaturas durante el curso. Por supuesto, habrá otros alumnos que opinen lo contrario, pero uno se pregunta para qué sirve esa evaluación si el listón —cuando menos el lingüístico— lo ponen tan bajo. El año pasado la competencia de los alumnos en catalán y castellano era, a tenor de los resultados obtenidos en esas mismas pruebas, prácticamente idéntica. Y bastante superior a la de las demás materias. ¿Casualidad? Cuesta creerlo. Sobre todo cuando uno observa con qué ahínco la Generalitat se resiste a aceptar que en el futuro esa evaluación externa se unifique con la del resto del Estado. ¿Será que el derecho a evaluar incluye el derecho a falsear?
(ABC, 16 de febrero de 2013)
