Los esperpentos de la memoria

Aunque las leyes dispongan, la realidad suele ser muy tozuda. Sobre todo cuando la existencia de estas leyes no obedece al principio de necesidad. Es el caso, por ejemplo, de la llamada «ley de la memoria histórica». Su aprobación no fue en modo alguno la consecuencia de una demanda social, sino el fruto de un compromiso del presidente del Gobierno, a medio camino entre la conveniencia política y el mandato familiar. Así las cosas, a nadie debe extrañar que su desarrollo vaya generando, aquí y allá, toda clase de esperpentos.

Como el ocurrido hace poco en Palma de Mallorca. Resulta que el Ayuntamiento ha emprendido la remodelación de una plaza de la ciudad, y resulta que en esta plaza existía, desde hace siete décadas, un monumento dedicado a la memoria de 29 oficiales de caballería confinados en la isla meses antes de julio de 1936 y cuya participación en la sublevación militar se reveló a la postre decisiva. Pues bien, ese monumento —un obelisco horrendo, sin interés ninguno— tenía que ser retirado, porque así lo manda la nueva ley. Pero he aquí que el Consistorio, con la socialista Aina Calvo al frente, se resistía. ¿La razón? El autor del obelisco era el arquitecto municipal de entonces y de antes de entonces —o sea, de los tiempos de la República— y ese arquitecto había sido, al parecer, represaliado por los franquistas. Además, Enrique Juncosa, que así se llamaba el hombre, estaba emparentado con una gloria local y universal, Joan Miró. Total, que la alcaldesa, que no sabía cómo salir del aprieto, tuvo un arrebato buenista y propuso mantener el obelisco y reconvertirlo en un homenaje a todos los funcionarios represaliados. Y hasta se le pasó por la cabeza mandar esculpir encima unas cuantas palomas de la paz. Para su desgracia, un informe que ella misma había encargado resolvió que el destino de la obra no podía ser otro que un almacén municipal. Donde ya reposa, por cierto.

Aunque, para esperpentos relacionados con la memoria, el que tiene como paisaje el barranco de Víznar. Tras la paralización, por parte de una magistrada de Granada, de la iniciativa del juez Garzón, ahora es la Junta de Andalucía la que pretende abrir la fosa, a instancias de los familiares de dos de los cuatro asesinados. De las otras dos víctimas, una no cuenta con descendientes que reclamen sus restos, mientras que los herederos de la cuarta, Federico García Lorca, siguen oponiéndose a la apertura de la fosa. De ahí que, de llevarse a cabo la exhumación, vaya a ser necesario, tras identificar los huesos de cada cual, volver a enterrar los de quienes jamás debieron ser desenterrados.

Lo dicho: un esperpento. Y, encima, nacional.

ABC, 26 de julio de 2009.

El Estado y sus modelos

Si, tal como declaró el pasado lunes María Dolores de Cospedal, el nuevo modelo de financiación autonómica «es un mal modelo», ¿por qué los representantes del Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidieron abstenerse el martes anterior? En otras palabras, ¿por qué los consejeros de las Comunidades gobernadas por el PP no votaron en contra del modelo? La propia secretaria general respondió: porque, al no conocerse en aquel momento las cifras definitivas, parecía prudente no pronunciarse todavía.

Sin duda. Pero el verdadero motivo de la abstención —bien lo sabe la secretaria general— no era este. Aunque abstenerse signifique no pronunciarse, también significa —dado el carácter dinámico del proceso— dejar abierta la puerta a la posibilidad de optar finalmente por un sí o por un no. O sea, permitir que uno acabe pronunciándose en un sentido u otro. Y aquí el «uno» ya no alude al conjunto de las Comunidades gobernadas por el PP, sino a cada una de ellas. O, para no mezclar gobiernos y territorios —ese vicio tan arraigado en España, por obra y gracia del nacionalismo—, a cada uno de los gobiernos que las representan.

Porque si de algo no carece José Luis Rodríguez Zapatero es de astucia. Y esa astucia, aunque le toque aplicarla a la vicepresidenta Salgado, consiste en dividir al adversario para hacer bueno el dicho. No de otra forma puede entenderse la inclusión en el sistema de cálculo del criterio de dispersión de la población, tan beneficioso para una Comunidad de las características de Castilla y León. Eso sin contar, claro, con la dificultad para cualquier gobierno regional de oponerse a una medida que, quieras que no, siempre va a incrementar las arcas que ese mismo gobierno administra.

Por si no bastara con lo anterior, luego viene la refriega, en la que los socialistas son unos verdaderos maestros. Piénsese, por ejemplo, en la acusación de catalanofobia lanzada por el vicepresidente Chaves a quienes osan criticar el modelo con el argumento de que favorece a Cataluña, y en el rédito que semejante descalificación suele proporcionar al partido en el Gobierno. O en las declaraciones de Leire Pajín, espetándole a Esperanza Aguirre que, si no le gusta lo que le ofrecen, pues nada, que renuncie a ello —lo cual, por cierto, constituye un argumento incontestable—.

Pero la señal definitiva de que la división popular es un hecho y el consiguiente triunfo socialista una realidad, la ha dado Alicia Sánchez-Camacho, la presidenta del PP catalán, al confesar que ya ha advertido a sus correligionarios gallegos y madrileños —los más críticos con el nuevo modelo de financiación— de que hay que evitar por todos los medios que la catalanofobia progrese.

Cuando se empieza asumiendo el lenguaje del adversario, se acaba por asumir su doctrina misma. Suponiendo, claro, que las cosas no hayan ido al revés. Sea como sea, la culpa no es de Sánchez-Camacho. Ella, al fin y al cabo, no es sino una víctima más de un modelo de Estado que no parece tener otro fin que la liquidación del propio Estado.

ABC, 25 de julio de 2009.