Yo votaría, si pudiera, a Alejandro Fernández

Calculo que sería allá por la primavera de 2007. El Institut Catalunya Futur, franquicia de FAES en la región, me había invitado a participar en un seminario sobre el bilingüismo y allí estaba yo, dispuesto a echar una mano a la institución y algo de luz, en la medida de mis posibilidades, en las cabezas de los asistentes. Una vez terminado el seminario, uno de aquellos cuadros intermedios del Partido Popular, creo recordar que de la provincia de Lérida, me cogió aparte y me contó sus penas. Literalmente. Me contó lo duro que era dedicarse a la política en su tierra, el vacío al que le sometían sus colegas por su filiación política, el extrañamiento del que era víctima por pertenecer a un partido “de fuera”. El hombre quería que le considerasen tan catalán como los demás y aspiraba a que, con el liderazgo de Josep Piqué, los tiempos en que Alejo Vidal-Quadras guiaba los destinos del PP regional hubieran quedado definitivamente atrás.

Este Partido Popular es el que, mutatis mutandis, pretende reponer al parecer Alberto Núñez Feijóo. El del acoquinamiento, el que acepta sin rechistar su carácter subsidiario, el que pide perdón por existir, el que considera normal tener en Cataluña un discurso y una actuación comprensivos, y por tanto cómplices, con el nacionalismo. Si bien se mira, entre este PP de otro tiempo y el PSC, sea el de ahora o el de siempre, no habría grandes diferencias. En todo caso, ninguna que pudiera molestar al establishment nacionalista.

Esta debería ser razón suficiente para que la dirección del Partido Popular ratificara a Alejandro Fernández como candidato a la Presidencia de la Generalidad en las elecciones del próximo 12 de mayo. Pero es que además está su labor parlamentaria. Dudo que haya hoy mejor orador en la Cámara catalana. Su claridad expositiva, su solidez argumentativa y su indiscutible brillantez van unidas a una defensa del Estado de derecho y una denuncia desacomplejada del nacionalismo que lo convierten, con toda certeza, en el principal representante político del constitucionalismo catalán. Yo no sé si al Partido Popular le conviene semejante perfil, aunque me gustaría creer que sí. Lo que sí sé es que en estos momentos a los ciudadanos de Cataluña, y a los de España en su conjunto, su nominación como candidato les vendría como agua de mayo.

Todas las encuestas señalan que el PP va a incrementar de forma considerable su representación en el Parlamento autonómico, hasta el punto de convertirse en el primer partido de la oposición. (Se entiende, supongo, que ni ERC, ni PSC, ni Junts pueden considerarse oposición; gobiernen o no gobiernen, su contrastado nacionalismo se lo impide.) De hecho, los populares están destinados a ocupar el espacio ideológico de Ciudadanos. Y si finalmente ambas formaciones no alcanzan un acuerdo para concurrir a los comicios, es decir, si Cs no acepta las condiciones que le impondrá, seguro, el PP, la designación de Alejandro Fernández como candidato sería sin duda un verdadero golpe de gracia para el partido heredero de aquellos quince intelectuales que en 2005 llamaron a fundarlo. Claro que el que no se consuela es porque no quiere: tampoco el PP actual, con Fernández al frente, habría llegado hasta donde ha llegado de no haber bebido su presidente regional, entre otras fuentes, de aquel manifiesto fundacional y no haber demostrado Ciudadanos a lo largo de los últimos años con sus actos que se podía plantar cara al nacionalismo y recoger los frutos en forma de votos.

Estos días la gran mayoría de las asociaciones constitucionalistas del lugar se han pronunciado en las redes sociales a favor de la candidatura de Alejandro Fernández. También muchos particulares, afiliados o no al PP catalán. Según ha trascendido, un 70% de las agrupaciones del partido le dan asimismo su apoyo. Ahora sólo falta que en la sede de Génova antepongan el interés general y los principios al interés que pueda tener la dirección popular con vistas a un futuro no muy lejano. Lo contrario sería incomprensible.

(The Objective, 20 de marzo de 2024)

El regreso de Clara Ponsatí

Seguro que les suena el nombre de Clara Ponsatí. Es aquella consejera de Educación del último gobierno de Carles Puigdemont que estuvo algo más de tres meses en el cargo y que, al igual que su mentor, tomó las de Villadiego tras la esperpéntica declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlamento autonómico. De su labor al frente de la consejería no queda rastro. Como mínimo, rastro educativo. Fue nombrada para poner la estructura de la consejería al servicio del golpe de Estado, y a ello se aplicó con esmero convirtiendo los centros docentes de toda Cataluña en sendos colegios electorales con vistas a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Pero sería injusto no citar en este breve recordatorio de su labor gubernamental una rueda de prensa en la que se esforzó inútilmente por responder en castellano –o en español, como ella mismo dijo– a una pregunta que se le había formulado en esta lengua. No pudo. No le salían las palabras. Y eso que las buscaba. Pero no hubo nada que hacer. Lo insólito de este caso de afasia diferencial de origen identitario es que Ponsatí no es una mujer de eso que llaman “el corazón de Cataluña” –como por ejemplo la actual presidenta del Parlamento regional, la maestra Anna Erra, que, siendo alcaldesa de Vic y diputada en la Cámara, pidió en 2020 a “los catalanes autóctonos” que no se dirigieran en castellano a gente que “por su acento o su aspecto físico no parece catalana”–, sino que nació en Barcelona hace 67 años, en el seno de una familia supuestamente ilustrada –es nieta del pintor noucentista Josep Obiols y sobrina del político socialista Raimon Obiols–, cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y años más tarde impartió la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Pompeu Fabra. Acaso su alejamiento intermitente de España para ejercer su profesión en Estados Unidos o ahora en la Escocia todavía integrante del Reino Unido, guarde alguna relación con dicha carencia. Aun así, insisto, se trata de un caso digno de estudio.

En la actualidad Ponsatí es eurodiputada, como sus compañeros de fuga Puigdemont y el también exconsejero Comín. Pero, pese a formar parte de la misma lista electoral, ha mantenido su condición de independiente, de independiente de Junts. Ya en su momento criticó el acuerdo de investidura entre las mesnadas de Puigdemont y las de Sánchez, amnistía incluida, en la medida en que suponía a su juicio un pacto con el Estado opresor, o sea, una traición al procés. Y a comienzos de este mes anunció el alumbramiento de una nueva plataforma política, para la que ya tiene nombre, Alhora (en castellano, “a la vez, al mismo tiempo”), y cuya presentación en Barcelona está prevista, si la justicia española no dispone lo contrario, el próximo 23 de abril.

Como indicaba ayer Laura Fàbregas, la denominación de la plataforma y las palabras de la propia Ponsatí constituyen por sí mismas una declaración de intenciones. No se trataría ya, como en el caso de Junts, de convertir la independencia en el único predicado político de la formación; se trataría de hacerlo compatible con cuestiones de interés social y, en concreto, con aquellas que tienen que ver con la inmigración. Así pues, no a la manera de Sílvia Orriols, la exjuntera de Ripoll, y su Alianza Catalana –o sea, tratando a los inmigrantes, en particular magrebíes, como si fueran la peste–, sino con la integración de lo foráneo en lo propio. A priori, por lo tanto, huyendo de la xenofobia de Orriols y los suyos. Pero sólo a priori. Porque tan xenófobo resulta lo uno como lo otro. Aquello que Ponsatí entiende por integración no deja de ser, en el fondo, sino una forma de renuncia forzosa a los derechos que el Estado confiere a los ciudadanos, sean estos españoles o extranjeros. Una forma de sumisión, en definitiva. Y, al contrario que en el caso de Orriols, con un alcance mucho mayor.

Para la exconsejera, no nos engañemos, el peligro reside sobre todo en la no integración cultural y lingüística de los castellanohablantes, se trate de los inmigrantes originarios de Hispanoamérica, se trate de los propios ciudadanos residentes en Cataluña que no están dispuestos a acatar las imposiciones del separatismo en el ámbito administrativo –en especial, en el educativo– e institucional. Un racismo no tan llamativo, es cierto, como el de la alcaldesa de Ripoll, pero mucho más ambicioso y dañino. Dentro de unas cinco semanas, coincidiendo con la presentación pública del proyecto, acaso empecemos a entrever si puede prosperar o si no es más que un efluvio pasajero dentro de la charca del independentismo catalán.

(The Objective, 13 de marzo de 2024)

¿Contra las cuerdas, Francina?

Los medios de comunicación independientes –mal que le pese al Gobierno, aún los hay– van repitiendo estos días que Francina Armengol, presidenta del Congreso, está contra las cuerdas. El símil, como saben, proviene del boxeo, de cuando un púgil está acorralado por su rival en un rincón del ring y sometido a una lluvia de golpes. Es su caso, sin duda, y ayer mismo, trastabillándose, visiblemente alterada –como muestra, “quiero explicar el contexto en lo que los estoy explicando las cuestiones que voy a explicar”–, asumiendo el papel que tanto le gusta de víctima agraviada que no ha roto un plato en su vida, trató de explicar su conducta pasada, presente ¡y hasta futura! en una conferencia de prensa que dio en la propia Cámara. En ella, aparte de ceñirse a un guion exculpatorio que no resiste el menor cotejo con los hechos de los que se tiene constancia a estas alturas, descargó toda la responsabilidad de la compra del lote de mascarillas, aun a sabiendas de que eran defectuosas, y su tardía reclamación para que Soluciones de Gestión reembolsara al gobierno de Baleares el montante de la operación fraudulenta –en realidad, durante su presidencia la administración autonómica ni siquiera abrió formalmente un expediente de reclamación a la empresa, sino que se limitó a elaborar, cuando Armengol ya había cesado en el cargo para encabezar la lista de su partido para las elecciones generales, un informe previo en el que se expresaba la intención de hacerlo–; descargó toda la responsabilidad, decía, en los técnicos del Servicio de Salud de la Comunidad.

Lo cual no deja de resultar significativo. La Consejería de Salud estuvo dirigida durante los ocho años de presidencia de Armengol por una mujer, la enfermera Patricia Gómez. Y si destaco lo de mujer es porque en su momento pocos pusieron en duda que quien estaba llamado a ocupar el puesto era su actual marido, el médico Juli Fuster Culebras, y sólo razones de paridad y empoderamiento –y a saber si también de amistad– llevaron a la entonces presidenta a nombrar a Gómez. Eso sí, Fuster tuvo su compensación. Y no un simple carguito. Al poco era nombrado director general del Servicio de Salud, o sea, número 2 de la Consejería. Ignoro si un caso como este tiene precedentes en alguna administración española. La cúpula de una consejería en manos de una pareja, primero de hecho, y luego también de derecho, y ambos, por supuesto, miembros del partido.

Dicha situación se mantuvo durante dos legislaturas. Perdón, en el caso del marido de la enfermera, sólo hasta julio de 2022, cuando se vio forzado a dimitir por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que se reconocía que con su actuación había excluido en un concurso de oposición en el que participaban su hija y su yerno a un opositor que, lógicamente, era a su vez competidor de los dos miembros de su familia. Una familia que, por su contrastado nepotismo, más parecía ya entonces una famiglia.

La impunidad con que la clase política balear se ha comportado tan a menudo no constituye ningún secreto. Ayer Armengol se rasgaba las vestiduras ante los medios asegurando en un par de ocasiones que ella y los suyos –entiéndase la izquierda y el nacionalismo– están hechos de otra pasta. Nada más falso; en lo referente a la corrupción y sus efectos, basta consultar la hemeroteca para convencerse de ello. Lo que sí es cierto es que van por el mundo aparentando lo contrario, henchidos de una apestosa superioridad moral que les blinda a su juicio contra toda acusación surgida de una evidencia y les legitima para recurrir a cuantos trapicheos sean necesarios para salir del aprieto. Gómez, sin ir más lejos, lo demostró a lo largo de la pasada legislatura autonómica cuando ocultó sistemáticamente –incluso en sus comparecencias en el Parlamento regional– la información de la que disponía sobre las mascarillas. En agradecimiento sin duda a la lealtad que siempre le mostró su antigua consejera, Armengol no descargó ayer en ningún momento sobre sus espaldas, ni siquiera sobre las de su marido y director general durante la pandemia, responsabilidad ninguna en todo lo sucedido. Ahí están los técnicos del Servicio de Salud, vino a decir, que son los únicos que intervinieron en tan lastimoso asunto.

Entenderán, pues, quienes abrigan la esperanza de que ese estar contra las cuerdas de la presidenta del Congreso no sea sino el preludio de un KO, que ya pueden lasciare ogni speranza. Armengol destaca por sus dotes de fajadora y, de otra parte, como no ignoran los amantes del boxeo, de las cuerdas también se sale, bien asestando un golpe certero al rival, bien disponiendo de un juego de piernas solvente. Otra cosa sería sufrir una derrota a los puntos. Pero para que esa tenga lugar antes deberá terminar otro combate: el que está librando Pedro Sánchez contra la verdad y la realidad, contra el Estado de derecho y, en definitiva, contra la España de ciudadanos libres e iguales que propugna y preserva nuestra Constitución. Y terminar con la derrota del primero, claro.

(The Objective, 6 de marzo de 2024)