Aunque el presidente del Gobierno haya declarado, tras unos días de sesudo análisis, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña es «básicamente constitucional», el problema, precisamente, es este. Un Estatuto no puede ser básicamente constitucional; tiene que serlo del todo. Y tanto da si el desajuste es de 14 artículos, de uno o de 140. Por no hablar, claro, del número de artículos sujetos a interpretación.

Ahora bien, una vez sentado lo anterior y establecida, pues, la pertinencia de cuantos recursos fueron interpuestos contra la constitucionalidad del texto, no hay duda de que la poda ha sido sumamente discreta. Tan discreta que, a pesar de los aspavientos del nacionalismo catalán —o sea, de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Ciudadanos—, de las amenazas de saltarse el fallo a la torera y de las habituales llamadas a somatén, uno tiene la sensación de que la clase política autóctona debe de estar como el niño que ha pedido a los Reyes Magos un montón de juguetes a sabiendas de que no se los iban a traer y comprueba el día de autos, al levantarse, que está casi todo, que sólo faltan un par de caprichos. Caprichos que piensa incluir, sobra añadirlo, en la próxima carta que dirija a Sus Majestades.

Es verdad que, entre los artículos eliminados del lote, figuran gran parte de los relativos a la administración de la justicia y a la financiación, en la medida en que permitían a la Generalitat comportarse como si el Estado no existiera, como si no hubiera otro Estado que la propia Generalitat. Pero, aun así, el Tribunal podía haber aplicado ese mismo rasero a otros campos y no lo ha hecho. Uno de esos campos es el que afecta a la lengua. Mejor dicho, a las lenguas y a su uso y disfrute. El nacionalismo catalán se ha servido siempre de la lengua para legitimar su poder. Pero, en vez de fijar desde el principio unas reglas del juego, ha optado por una política de hechos consumados. Para entendernos, ha ido marcando territorio y pisoteando derechos con la esperanza de que ya vendría luego una ley a legalizar sus micciones. Esa ley llegó, en efecto; fue el nuevo Estatuto. Y ahora los magistrados del Alto Tribunal, en todo ese marasmo legislativo, no han encontrado otra objeción que la del carácter «preferente» del catalán como lengua de la Administración y de los medios de comunicación. Que siga siendo la lengua de «uso normal» y la «normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» no les ha parecido en modo alguno reprobable.

Sí, sentenciados estamos.

ABC, 3 de julio de 2010.

Sentenciados

    3 de julio de 2010