Y, si no, juzguen ustedes. El pasado 8 de junio la Mesa del Parlamento admitía a trámite, con los votos de CIU, ERC e ICV-EUiA, una iniciativa popular presentada por una Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independencia cuyas caras más conocidas son dos sujetos llamados Alfons López Tena y Uriel Bertran, miembros, respectivamente, de los Consejos Nacionales de CIU y ERC. Aquel día tanto PSC como PP, representados también en la Mesa, votaron en contra de la admisión, y Ciutadans, como es de suponer, también se opuso. La razón aducida por todos ellos era que la iniciativa en cuestión no se ajustaba en modo alguno a lo previsto en la recién aprobada Ley de Consultas Populares. De ahí que los discrepantes decidieran recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias.
Y el caso es que el Consejo ha emitido ya un dictamen y ese dictamen, mira por dónde, da la razón por unanimidad a los recurrentes. Lo cual ha provocado algunas reacciones. En primer lugar, dos frenazos. En seco. Tanto CIU como ICV-EUiA han cambiado el sentido de su voto, por lo que la Mesa del Parlamento ha echado abajo la iniciativa. Sólo ERC se ha mantenido en sus trece. Y luego, las dos cabezas visibles del movimiento, molestas con la actitud de sus partidos, han renunciado a su cargo de consejero nacional —en lo que respecta a Bertran, porque la Mesa también se cargó, esta vez también con el voto de ERC, otra iniciativa que pedía tres cuartos de lo mismo—.
Por supuesto, es muy posible que el mencionado dictamen lo hubiera emitido igualmente el Consejo de Garantías en otras circunstancias. Pero, qué quieren, a mí no deja de parecerme sintomático que el Tribunal Constitucional hiciera pública su ya famosa sentencia justo cuando el Consejo debía de estar deliberando, y que esta incluyera, entre los artículos del Estatuto sometidos a prolija interpretación, el 122, referido precisamente a las consultas populares.
No, si hasta resultará al final que estamos todos encantados con la sentencia.
ABC, 17 de julio de 2010.