Cumbres borrascosas

La expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs se sienta estos días en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Está acusada de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental por el fraccionamiento de 18 contratos durante su época de directora de la Institució de les Lletres Catalanes. O sea, entre enero de 2013 y enero de 2018. El resto de su carrera política, en la que ha sido diputada en el Parlamento catalán y en las Cortes Generales, consejera de Cultura del Gobierno de la Generalidad presidido por Quim Torra y candidata a la Presidencia de la Generalidad por Junts per Catalunya –partido del que sigue siendo presidenta–, tuvo su cumbre, su momento estelar, en marzo de 2021, cuando alcanzó la Presidencia del Parlamento autonómico. Pero un año más tarde fue procesada por el TSJC y, a pesar de su empecinamiento en eludir las consecuencias que el propio reglamento de la institución que presidía prescribía para un caso de corrupción como el suyo y que no eran otras que la suspensión de su condición de diputada, a Borràs no le quedó finalmente más remedio que resignar el cargo y dejar la Cámara.

Aunque está previsto que el juicio no termine hasta el próximo 1 de marzo, todo indica que la cosa pinta mal para ese icono del irredentismo catalán. Sólo los dirigentes de Junts siguen negando la realidad y atribuyendo su procesamiento –como afirmó hace unos días Jordi Turull, secretario general del partido– a la aplicación de “un Código Penal del enemigo” y a que el presidente del tribunal que la juzga haya hecho “ostentación de su lucha contra el independentismo”. Claro que una cosa es lo que dicen, sin apartarse un ápice de la doctrina del victimismo, y otra muy distinta lo que probablemente desean en vísperas de unas elecciones municipales en las que se juegan mucho y en las que el caso Borràs va a constituir, sin duda, un lastre. Y es que no se trata sólo de las pruebas en que descansaba ya el procesamiento, sino que encima ha surgido ahora la figura del pentito. O de los pentiti, para ser precisos, pues los otros dos acusados en el juicio y colaboradores necesarios de la Geganta, como se la conoce en el mundillo político-mediático regional, han decidido colaborar con la justicia a cambio de ver reducidas las penas solicitadas. Cataluña no es Sicilia, por supuesto, pero el nivel de corrupción alcanzado por el entramado nacionalista desde los lejanos tiempos en que Jordi Pujol y los suyos se hicieron con el poder, no anda muy lejos, sangre aparte, del que se da en la suela de la bota italiana.

El juicio, por lo demás, está sirviendo también para acreditar el matonismo que acompaña la trayectoria de Borràs, lo mismo en el ámbito académico que en el político. Recordarán tal vez lo sucedido en julio del año pasado, poco antes de que tuviera que abandonar la Presidencia del Parlamento, cuando el catedrático de la Universidad de Barcelona Jordi Llovet hizo público en su cuenta de Facebook el currículo académico de la procesada, lleno de presiones, amenazas y trapicheos de toda índole para satisfacer sus propósitos de lograr una plaza fija y que culminaron con la amenaza, a través de una llamada a la hermana del catedrático, de interponer una denuncia contra Llovet si no eliminaba de su cuenta de Facebook el mencionado currículo. Pues bien, en esta ocasión, y dado que a Borràs no le ha llegado todavía la hora de declarar, el matonismo lo han ejercido sus abogados, Gonzalo Boyé e Isabel Elbal –pareja del primero–, que sometieron el pasado lunes al principal pentito, el informático Isaías Herrero, a un verdadero tercer grado, según relatan las crónicas. Hasta el punto de que el presidente del tribunal se vio obligado a retirarles la palabra. Claro que para alguien como Boyé, condenado por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y acusado de blanqueo de capitales para el narco Sito Miñancos –entre otros jalones, como por ejemplo sus defensas de Carles Puigdemont o el rapero Valtònyc, o su participación en las negociaciones entre ERC y PSOE a propósito de la rebaja del delito de malversación, delito en el que es, ya se ve, un consumado experto–; para alguien como Boyé, decía, el matonismo no puede ser una práctica desconocida.

Dentro de nada conoceremos la sentencia del caso Borràs y el destino inmediato que aguarda a la procesada. Pero su despeñamiento, cuando menos en el campo político, parece asegurado y, con él, la evidencia de que el independentismo también cuenta con sus juguetes rotos. Lo que no quita que, mediante métodos más sibilinos que los empleados por Borràs y compañía, no continúe aspirando a los mismos fines disruptivos y constituyendo el mayor de los muchos peligros que afronta hoy en día nuestro Estado de derecho.

(The Objective, 22 de febrero de 2023)

El boquete catalán

No teman. No voy a hablarles de la famosa polémica parlamentaria entre Ortega y Azaña a propósito del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 ni de cómo la historia, noventa años más tarde, sigue dando la razón al primero y negándosela al segundo en sus apreciaciones sobre el llamado “problema catalán”. Todo indica, en efecto, que no queda más remedio que conllevarlo, como si se tratara de una dolencia crónica, y quitarse de la cabeza cualquier ilusión sobre una curación futura. Siendo como es un fenómeno ajeno a la razón, un producto de una sentimentalidad enfermiza vinculada principalmente a la lengua, un nacionalismo cultural, en definitiva, el “problema catalán” no tiene remedio –como tampoco lo tiene el vasco, desde luego–. Pero ello no significa que no pueda tratarse, aunque sólo sea para limitar su alcance y evitar que el contagio vaya a más.

Lo ocurrido en la última década debería bastar para convencerse de que ni la ingenua confianza en la bondad de sus intenciones –los gobiernos de Mariano Rajoy– ni, por supuesto, el colaboracionismo manifiesto para que alcance en parte sus propósitos –los gobiernos de Pedro Sánchez–, van a servir para amansar al nacionalismo, transmutado ya en independentismo, y a quienes desde las instituciones autonómicas –Generalidad y Ayuntamiento de Barcelona, mayormente– lo encarnan. Quebrantaron las leyes empezando por la propia Constitución, convocaron una consulta y un referéndum ilegales, declararon la independencia y, a pesar de los indultos a los políticos convictos, la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación con que les ha obsequiado el actual Gobierno de España, proclaman: “Lo volveremos a hacer”. Al igual que los niños consentidos, cuanto más les dan más exigen.

¿Cómo evitar, pues, que el contagio se extienda? Antes de nada, situando el problema en el marco que le corresponde o, lo que es lo mismo, entendiendo que el “problema catalán” es, en el fondo, un problema español. El hecho de que lo sufran en particular los ciudadanos residentes en Cataluña no debería llevarnos a desviar el foco de la responsabilidad. Si los Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès han perpetrado lo que han perpetrado –cada uno a su manera, ciertamente, pero con imperturbable gradualismo, esto es, sin que ninguno frenara o diera un paso atrás–, ha sido siempre, mal que les pesara y les pese, en tanto que máximos representantes del Estado en Cataluña. Y si los sucesivos gobiernos del Estado lo han consentido o auspiciado, la responsabilidad, por supuesto, es enteramente de estos últimos.

De ahí que lo grave no sea que los separatistas anuncien que lo volverán a hacer, o que diseñen incluso, como ha hecho ERC, una hoja de ruta para los próximos cuatro años en la que se detalla el porcentaje de participación y de votos afirmativos que debería darse en la votación de un referéndum de autodeterminación previamente acordado con el Gobierno del Estado. Lo grave es que, a estas alturas, el contagio haya alcanzado ya al mismísimo Constitucional. Que la nueva magistrada del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano, considere que la autodeterminación es “un tema complejo, sumamente complejo (…) con muchas aristas que hay que estudiar” y no se esté refiriendo a la de un pueblo sometido a una dominación colonial, sino a la de una comunidad autónoma que goza de pleno autogobierno y forma parte de un Estado democrático libremente constituido, refleja a las claras el nivel de deterioro institucional al que hemos llegado.

Al respecto, y dado que ERC sigue tomando como fuente de inspiración y argumento de autoridad al independentismo quebequés y, en concreto, los dos referendos llevados a cabo en la excolonia francesa, tal vez no estaría de más que la magistrada Segoviano y cuantos, como ella, creen que el derecho de autodeterminación es un tema complejo que merece ser estudiado incluyan entre la bibliografía obligatoria el libro de José Cuenca Cataluña y Quebec. Las mentiras del separatismo. La obra tuvo una primera vida en 2019, pero a los pocos meses, en plena campaña de promoción, la pandemia se la llevó por delante, como a tantas otras. Ahora acaba de ser reeditada por Renacimiento con una justificación preliminar y lo cierto es que no ha perdido ni un ápice de actualidad, al margen del valor que ya atesoraba. Cuenca fue nombrado embajador de España en Canadá en 1999, por lo que vivió en primera línea el proceso de elaboración y aprobación de la célebre Ley de Claridad del primer ministro Chrétien y su ministro Dion y que sirvió para poner pie en pared ante las arremetidas del independentismo quebequés, que había convocado ya dos referendos, en 1980 y 1995, cuyo resultado fue en el segundo de los casos muy ajustado.

De ahí la importancia de Las mentiras del separatismo y de la comparación que Cuenca establece entre el caso quebequés y el catalán. Las mentiras en cuestión son múltiples, sobra indicarlo. Están, por un lado, las de cualquier separatismo, donde siempre afloran un victimismo fariseo ajeno por completo a la verdad y un desprecio manifiesto por la legalidad. Pero están sobre todo las del separatismo catalán en relación con el quebequés en su afán por tomarlo como modelo. La principal, omitir de forma sistemática que la hipotética separación de una de las diez provincias que componen el Estado está prevista en la Constitución canadiense, mientras que la Carta Magna española recalca expresamente “la indisoluble unidad de la Nación”. Ello solo ya bastaría para dar carpetazo al asunto. Pero el ensayo del entonces embajador en Ottawa no se circunscribe al análisis de los pormenores de esa Ley de Claridad inaplicable en España y a reflexionar sobre su trascendencia en la delicada coyuntura política en que nació, sino que subraya asimismo la importancia que tuvo en todo el proceso el hecho de que la iniciativa correspondiera al Gobierno federal y no al de Quebec.

Y ahí sí que el ejecutivo que surja de las próximas elecciones generales, y cuyo color político es de esperar que sea radicalmente distinto del actual, tiene mucho que aprender. El Gobierno de España, a través de las múltiples competencias que sigue conservando, debería estar presente y hacerse valer en cualquier rincón del país y, en especial, en las comunidades donde los gobiernos autonómicos han impuesto la fuerza de los hechos por encima de la fuerza de la ley. Debería llevar siempre la iniciativa, velar por el interés general y, sobre todo, no dejar desamparado a ningún ciudadano. Con semejante divisa, no diré yo que el boquete catalán –al igual que el vasco– pueda por fin cerrarse, pero sí cuando menos reducirse hasta unas dimensiones que no hagan peligrar el edificio entero.

(Abc, 22 de febrero de 2023)