El Camembert constitucional

El presidente Mas aprovechó ayer el acto de posesión de los nuevos miembros de la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, para reclamar «la máxima capacidad de hacer las cosas de acuerdo con los marcos legales y las interpretaciones flexibles que siempre se deben proporcionar». Se trata, a simple vista, de una reclamación irreprochable. Todo político debe actuar dentro del marco que fija la ley y debe contar para ello con un mínimo de flexibilidad en la interpretación de sus normas y preceptos. Es lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, con la llamada «doctrina del Constitucional», hecha de sucesivas sentencias en las que los miembros del Alto Tribunal han ido incorporando a la interpretación de la Carta Magna cuantas precisiones y apreciaciones han creído convenientes. Pero, claro, sin modificar el marco, o sea, la letra de la Constitución, que de momento sigue siendo la misma que cuando se promulgó —si se exceptúan las dos minirreformas, ampliamente consensuadas, de 1992 y 2011—. Entre otros motivos, porque el marco legal es ni más ni menos que la ley, esto es, las reglas convivenciales de mayor rango vigentes en este país porque así lo quisieron y lo han seguido queriendo la inmensa mayoría de sus ciudadanos.

Sin embargo, todo indica que la reclamación de Mas no va en este sentido. Para él, lo interpretable no es el contenido del marco —labor que compete por entero al Constitucional y constituye, al cabo, su razón de ser—, sino el marco mismo. Y, por interpretable, flexible. Lo que equivale a exigir, en resumidas cuentas, la máxima flexibilidad para encajar en ese marco maleable la tan manida consulta. Y por si alguien duda aún de las intenciones del Quijote catalán, ahí están las palabras groseramente llanas de su fiel escudero: «La Constitución española no pone límites a su propia reforma, lo que implica que cualquier planteamiento político es legal, y cuando algunos hablan de líneas rojas, Constitución en mano, esto no es posible, porque tiene que poder debatirse sobre todo».

Aunque, bien mirado, lo que ese par reclaman, más que un marco maleable, es un marco constitucional tan fundible como el reloj de Camembert de Dalí.

Sin historia

En su Quinta de hoy en Abc, Esperanza Aguirre recuerda sus tiempos de ministra de Educación y Cultura en los primeros gobiernos de José María Aznar, y, en concreto, su intento de reforma de la enseñanza de las humanidades en España, que tanto prometía y que finalmente quedó en nada por el contundente rechazo de los nacionalismos —recuérdese que por entonces el PP gobernaba en España gracias a Pujol—, al que se unió el siempre oportuno respaldo de la izquierda toda, socialista y comunista. Aquel fracaso y otros que le sucedieron, como la malograda LOCE, han permitido que en los últimos quince años se haya continuado enseñando en las aulas españolas —y muy en particular en las de aquellos territorios donde manda el nacionalismo— un remedo de historia del arte y de la cultura y de historia a secas que poco o nada tiene que ver con lo sucedido en España en el pasado milenio. Pero no todo ha sido burda manipulación. También ha habido, en una dosis considerable, pura omisión. Y es que el sistema de enseñanza nacido con la LOGSE y perpetuado con la LOE —y mucho me temo que también con la LOMCE— es un sistema estrictamente presentista, negador del pasado y de toda transmisión del conocimiento. Un sistema en el que importa, por encima de cualquier cosa, la adaptación al mundo en que vivimos, tan poco proclive a la continuidad, al esfuerzo intelectual y al pensamiento crítico y tan indiferente o incluso irrespetuoso con la edad, la experiencia y el paso del tiempo. Todos estos valores, propios del pasado, de la tradición, de lo que podríamos llamar nuestra herencia cultural o, si lo prefieren, la historia, nuestra historia, ya no cotizan lo más mínimo. Lo que hoy se lleva es la instantaneidad, la fragmentación, la futilidad; lo nuevo e inmediatamente caduco, en una palabra. Lo que no tiene ni tendrá historia.