No hay que descartar en absoluto que esa nueva felicidad que el Gobierno de España desea para las personas acabe como esa nueva normalidad que el presidente Sánchez y sus mucamos monclovitas establecieron como vaporoso estado postpandémico y a la que la ministra Darías sigue refiriéndose como un mantra cada vez que se le requiere sobre el oleaje vírico que nos aguarda. El pasado 11 de septiembre por la noche, en lo que cabe interpretar como una valoración de lo sucedido en Cataluña a lo largo de la jornada, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras asegurar que “no podemos perder más tiempo en la confrontación”, fijaba como un imperativo “volver a una senda de normalidad donde hagamos que las personas sean más felices”.

Uno de los grandes pantanos en los que se ha hundido la humanidad desde los tiempos ya lejanos de la Revolución Francesa ha sido el de la búsqueda de la felicidad. De la felicidad como aspiración colectiva, se entiende, que en lo individual ancha es Castilla. El socialismo y el comunismo son hijos de esa ilusión del espíritu, y no hace falta indicar cuál ha sido el balance: millones y más millones de víctimas, producto de todo tipo de violencias y privaciones justificadas en nombre del igualitarismo. Aun así, la izquierda, y muy especialmente la española, sigue sin darse por enterada. De ahí el empeño de la portavoz en aunar normalidad y felicidad. Perdón: una mayor felicidad, que felices ya deben de serlo los españoles, ni que sea un poquitín, a juzgar por sus propias palabras.

Por otro lado, todo invita a suponer que estas personas a las que Rodríguez quiere suministrar mayores dosis de felicidad son principalmente catalanas. O residentes en Cataluña por lo menos. Incluso me atrevería a afirmar que entre ellas se encuentra una tal Núria Pla Garcia, hasta el pasado lunes vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña, que durante la Diada del sábado colgó un tuit en la red donde se leía –en catalán, por supuesto–: “¡¡Ganas de fuego, de contenedores quemados, de aeropuerto colapsado!!” Los hechos, claro, le acabaron dando la razón, aunque en lo tocante al colapso, justo es reconocerlo, este estuviera mucho más cerca del que ha denunciado estos días el incombustible Josep Sánchez Llibre desde la presidencia de la servil patronal catalana, para tratar de convencer a la facción díscola del Gobierno de la Generalidad de la necesidad de ampliar el aeropuerto, que no del “tsunami” con que la exvicerrectora debía de estar soñando despierta. Quiero decir que, incluso los que, según la portavoz, perdían el “tiempo en la confrontación”, serán merecedores del cacho de felicidad que el Gobierno de España se apresta a otorgarles.

Primero fueron los indultos. Ahora vendrá, tras la escenificación de la negociación paritaria entre gobiernos, como si de dos Estados se tratase, el pago en especie. Lo acostumbrado: más dinero, contante y sonante o en forma de inversiones, y más competencias. Todo en aras de esa mayor felicidad a la que hacía referencia la portavoz Rodríguez. O, si lo prefieren, de esa comodidad –ese “sentirse cómodo” en España–, a la que tantas veces ha aludido el nacionalismo catalán –y el vasco, claro– para portarse bien y seguir de paso llenando sus alforjas y ahondando en la desigualdad entre conciudadanos españoles. Lo hizo hasta 2012, hasta que el expresidente Artur Mas rompió la baraja y empujó a los suyos y a los de más allá a tomar las calles, dando inicio a lo que ha venido en llamarse el procés. Cierto es que este año la Diada ha sido menos concurrida que otras veces. Pero la violencia, esa que reclamaba con fervor Núria Pla, no ha desmerecido de la de los últimos tiempos. Ni es probable –basta atender a lo prometen los antisistema para el futuro inmediato– que vaya a disminuir si continúa gobernando el nacionalismo en Cataluña y si esa izquierda lastrada por sus peajes con el independentismo hace lo propio en el conjunto de España.

Eso sí, unos y otros serán más felices y hasta puede que no quepan en sí de gozo. Los primeros, porque seguirán engordando a costa de los demás. Y los segundos, porque de este modo lograrán prolongar hasta el término de la legislatura su permanencia en el poder.

La nueva felicidad

    17 de septiembre de 2021
No recuerdo con precisión en qué época me topé por primera vez con la palabra, pero supongo que sería allá por los años ochenta, en Barcelona, cuando aún todos los diarios exudaban tinta. Y hasta juraría que el primer culpable de que la oyera o la leyera –yo trabajaba entonces en el mundo de los papeles periódicos– fue el alcalde Maragall, que había hecho de la subsidiariedad un verdadero estandarte en su lucha por una Barcelona grande no sometida a los designios de la Generalidad gobernada por Jordi Pujol. Y aunque finalmente Pujol le ganó la partida al disolver la vieja Corporación Metropolitana de Barcelona –la Corpo, como se la conocía en los lares municipales– mediante una ley de rango superior, no por ello Maragall cejó en su empeño. Y ni que decir tiene que le vinieron de perlas la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea –lo que al poco sería la Unión Europea– y, por supuesto, la nominación de la ciudad de la que era alcalde como sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

De ahí que no fuéramos pocos los que en Barcelona recibimos entonces con simpatía y hasta con una pizca de fervor ese término nacido en el magma del lenguaje jurídico y al que el uso político y mediático iba dando curso. El principio según el cual el Estado no debe inmiscuirse en lo que es propio de la sociedad civil y, en particular, la gradualidad introducida en los distintos niveles administrativos del Estado en lo tocante a las competencias respectivas, hasta alcanzar en la década siguiente el flamante gobierno de la Unión –una gradualidad inversa, por así decirlo, establecida sobre la base de que cuanto más cerca se halle la Administración de los problemas del ciudadano, más eficiente resultará–, nos reforzaba en la creencia de que Barcelona, lejos de tener que plegarse al tribalismo reaccionario del Gobierno de la Generalidad, estaba en condiciones de plantarle cara y de convertirse en el referente de la modernidad y el progreso de Cataluña.

Pero lo que no entrevimos es que ese mismo principio de subsidiariedad les permitía ya a Pujol y a sus huestes –o a Arzallus, el inventor de esas nueces de las que nada parece saber Rufián, y las suyas– ir arañando poco a poco al Gobierno de España, gobernase quien gobernase y con plena e interesada aquiescencia por su parte, kilos y más kilos de competencias. Que esos kilos se transformaran en toneladas hasta dejar al Estado en los huesos era sólo cuestión de tiempo. Y en esas estamos ya, para nuestra desgracia.

Con todo, dicho principio de subsidiariedad ha tenido una expresión mucho más perversa, si cabe –por su trascendencia social y económica y, en definitiva, para el futuro de España–, que la estrictamente política. Me refiero a la que ha resultado de su aplicación en el campo de la enseñanza, y, en especial, de la enseñanza pública. Cuando la izquierda española, también en aquellos años ochenta, puso en marcha su proyecto de implantación de un nuevo sistema educativo, en consonancia con los dicterios rupturistas de los movimientos de renovación pedagógica, contó con un firme aliado: el nacionalismo. No importó que en aquella época mandara en Cataluña y el País Vasco un nacionalismo de derechas; la ley que se estaba cocinando incluía como uno de sus principales pilares el principio de subsidiariedad y eso, para cualquier nacionalista, equivalía a disponer de las llaves del paraíso. Esa ley, la LOGSE, propugnaba en su “Preámbulo” una “concepción educativa más descentralizada y más estrechamente relacionada con su entorno más próximo”. Se estaba promoviendo, pues, sin disimulo alguno, el arrumbamiento de lo general en beneficio de lo particular, o, lo que es lo mismo, el ensalzamiento de lo privativo en detrimento de lo común. Para ello, la propia ley y “su desarrollo curricular” reservaban a las autonomías una capacidad de decisión sobre los contenidos cercana ya al 50% para las comunidades con una lengua cooficial –esto es, aquellas donde el nacionalismo sienta sus reales– y una “autonomía pedagógica de los centros”, que no era sino una estrategia para que los valedores de la reforma fueran arrinconando en los claustros y hasta en las mismas aulas, inspección mediante si era preciso, a los docentes –de secundaria, en su mayoría– que no estaban dispuestos a renunciar a la transmisión de unos saberes y a la propia libertad de cátedra a la que tenían pleno derecho.

Sobra añadir que la devastación ocasionada por las más de tres décadas transcurridas desde entonces, unida a la ristra de medidas introducidas por la propia izquierda y el nacionalismo a través de los sucedáneos legales de la LOGSE –o sea, la LOE y la LOMLOE, a los que hay que sumar las leyes educativas de algunas comunidades autónomas bilingües, tanto las aprobadas como las que se hallan aún en curso–, no han hecho sino intensificar y consolidar la doctrina emanada de aquel código primigenio, hasta el punto de convertir la educación –pública mayormente, pero también concertada– en un coto privado de ambas ideologías, con las consecuencias de todos conocidas, empezando por la práctica desaparición del español como lengua vehicular de la enseñanza en una parte significativa del territorio, y unos resultados académicos que siguen situándonos en la parte baja de las tablas de la UE y de la OCDE, muy lejos de lo que cabría esperar de un país con nuestros niveles de desarrollo.

Así las cosas, todo indica que la subsidiariedad en España, en vez de fortalecer la democracia, ha servido en gran medida para fortalecer el nacionalismo y multiplicar sus efectos desmembradores, con la complicidad tenebrosa de la izquierda. Un malísimo negocio, en definitiva, que no parece que pueda tener, incluso con un futuro y deseable cambio de color gubernamental, una pronta solución.

Añagazas de la subsidiariedad

    10 de septiembre de 2021