La supremacía del cómo

Ha llegado hasta mí a través de la red un pequeño ensayo sobre educación. Lo ha escrito Inger Enkvist, catedrática de español en la Universidad de Lund, y se titula «La influencia de la nueva pedagogía en la educación: el ejemplo de Suecia». Según leo en la página web de la propia Universidad, se trata de un trabajo reciente, del año en curso, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorro en su colección Papeles de Economía Española, bajo la advocación de Víctor Pérez-Díaz.

Dicho lo cual, debo advertirles que el ensayo de Inger Enkvist no tiene desperdicio. Y no por las novedades que pueda aportar a quien ya conoce y padece el sistema educativo español, sino por la simple razón de que no puede aportar ninguna, como no sea la de comprobar que nuestros socialistas se han limitado a aplicar en este bendito país el mismo modelo que la socialdemocracia sueca había ya aplicado en el suyo. Punto por punto, sin olvidar un solo detalle. Uno sabía ya —le bastaba para ello con haber leído las memorias de Jean-François Revel y su imprescindible «La traición de los profes»— que lo de aquí era un triste apaño del patrón francés. Pero, claro, una cosa es un triste apaño y otra un plagio de padre y muy señor mío.

Para que se hagan una idea: desde 1969, que fue cuando se implantó en Suecia la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, la política educativa de aquel país se ha regido por un nuevo modelo donde conceptos como la cohesión, la comprensividad y la igualdad —y la consiguiente impugnación de la diferencia, la jerarquía y el mérito— han arrumbado todo cuanto guardaba relación con la transmisión del conocimiento. De ahí que el foco de interés educativo se haya ido desplazando del «qué» al «cómo» —o, por decirlo al modo de los nuevos pedagogos, del «saber» al «saber hacer»—. No importa ya lo que el alumno aprenda o deje de aprender, el desarrollo de su espíritu crítico; sólo importan sus destrezas, sus habilidades.

Sobra añadir que a estas alturas, y tal como atestigua el informe PISA, a la enseñanza pública sueca le falta poco para entrar en barrena. Pues bien, ni aun así los últimos gobiernos socialdemócratas han querido dar su brazo a torcer. Ha tenido que llegar un gobierno de centro derecha para proponer una reforma de gran calado que, entre otras medidas correctivas, devuelve toda su importancia a la figura del profesor como transmisor del conocimiento.

En España, en cambio, no queda más remedio que aguantarse. Suerte que el presidente del Gobierno no olvida la educación y, con vistas al próximo curso, ya ha prometido un ordenador portátil a todos los alumnos de quinto de primaria. Para que vayan ejercitando sus habilidades, claro está.

ABC, 17 de mayo de 2009.

Dieciocho familias

No le falta razón a José García Domínguez cuando afirma que existe una «complicidad activa de la sociedad local ante la fulminante expulsión del español de la vida pública». Y cuando, en consonancia con lo anterior, rechaza que la causa de esa expulsión haya que buscarla —como a menudo arguyen quienes se sienten víctimas de ella— en la contumacia con que los principales medios de comunicación catalanes se niegan difundir las denuncias del «acoso institucional contra el y lo español en Cataluña». En efecto, la cosa es mucho más compleja. O mucho más simple, según como se mire.

La reciente aprobación en comisión parlamentaria del Proyecto de ley de educación, que amenaza con consolidar en Cataluña una educación nacional, como si de un Estado se tratara, no ha merecido hasta ahora, en el capítulo opositor, más que cuatro declaraciones, un par de avisos y una respuesta publicitaria de brocha gorda —que ha dado pie, claro, al acostumbrado berrinche nacionalista—. Lo demás han sido parabienes, comprensión, mucha comprensión, y una notable indiferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se han alzado ya miles de voces reclamando lo que en justicia debería contener la ley y que, para no movernos de lo que aquí nos ocupa, podríamos definir como la garantía del derecho a elegir la lengua de enseñanza? ¿Por qué no se han convocado ya marchas, mítines, manifestaciones? ¿Por qué ni siquiera ha empezado ya una campaña de recogida de firmas?

Pues, la verdad, lo ignoro. Puede que sea por derrotismo —o por impotencia, que, al cabo, viene a ser lo mismo—. Y hasta puede que el problema haya sido de tiempo, de falta de tiempo. En todo caso, y sin descartar que en el futuro llegue a surgir alguna iniciativa movilizadora, lo realmente importante no es eso. Lo realmente importante son esas 18 familias que, según leo en «La Vanguardia» —que no cita la fuente, aunque todo indica que debe de tratarse de la propia Generalitat—, han solicitado que su hijo o sus hijos sean escolarizados en castellano. 18 familias en todo el curso y en toda Cataluña. Y, en los años anteriores, cifras parecidas.

No sé si son, en efecto, 18, o si son el doble o el triple. Pero no son muchas más, seguro. Por supuesto, la Administración, con sus tretas y sus falsas casillas, tiene parte de culpa en la insignificancia de la cifra. Si los padres, llegado el momento de matricular a sus hijos, dispusieran de toda la información, quizá no serían tan parcos en sus peticiones de atención individualizada. Pero lo seguirían siendo, seguro. Por un lado, porque a nadie le gusta singularizarse —y menos aún si la marca la va a llevar el hijo—. Y luego, porque después de tres décadas de construcción nacional, todos los ciudadanos de Cataluña han interiorizado ya para qué sirve cada lengua y, en especial, cuál es la del poder y la ascensión social. Así las cosas, qué quieren, uno tiene que ser muy tonto para no desear lo mejor para sus hijos.

ABC, 16 de mayo de 2009.