Un gobierno obsceno

A Josep-Lluís Carod-Rovira no le parece mal que el Gobierno que vicepreside haya encargado a lo largo del año 2007 1.583 informes por un valor cercano a 32 millones de euros y que los destinatarios de estos encargos sean los amigos de este gobierno. Es más, no sólo no le parece mal, sino que lo considera absolutamente normal. Lo que dejaría de ser normal, a su juicio, es que «las personas que tienen una ideología o simpatizan con un partido determinado no pudieran trabajar». ¿La razón?: «Sería el final del sistema democrático».

Yo no sé, francamente, si eso sería el final del sistema democrático o más bien el principio, pero lo que sí sé es que el vicepresidente autonómico no miente. Que dice lo que piensa, vaya. Y se lo agradezco. ¡Qué distinto el discurso de Carod del de Montilla! Lo que en uno es transparencia, en el otro es opacidad. Y a los políticos, lo primero que hay que pedirles es que sean claros, que digan la verdad. Luego ya juzgaremos los demás si esa verdad es buena o mala, digna o indigna, loable o execrable. Pero lo primero, insisto, la verdad.

Y, ya puestos en materia, no hay duda que la denuncia del sindicato Manos Limpias que la Fiscalía ha empezado a investigar por si lo denunciado fuera constitutivo de delito afecta a la propia esencia del sistema democrático. Porque lo que aquí está en juego es el uso de cerca de 32 millones de dinero público. Dejemos a un lado la naturaleza de muchos de estos informes y su más que discutible necesidad. Olvidémonos del seguimiento de la concha brillante, del manejo del cultivo de la chufa, de la elaboración de argumentos para el fomento de juguetes no sexistas, del censo para el plan integral del circo o del proyecto fabulario sobre brujas y brujos, y centrémonos en el sistema de concesión. La ley prescribe que todo encargo de la Administración que supere los 12.000 euros deberá adjudicarse a través de un concurso público, al que podrán presentarse cuantos particulares o empresas lo deseen. Eso es, los amigos y los que no lo son. En cambio, por debajo de los 12.000 no hay que andarse con chiquitas; se le da al amigo y sanseacabó. De ahí que muchos de los encargos estén rondando la cifra mágica —hay un montón de 11.800 o 11.900 y pico, como con las rebajas— y que algunos cuyo montante supera de largo la cantidad límite se hayan subdivido en distintas partidas inferiores a 12.000 euros para salvar el escollo del concurso.

Todo esto es lo que Carod juzga normal y democrático. Yo, qué quieren, lo encuentro amoral y antidemocrático. Y, por usar el adjetivo que Arcadi Espada aplicó a comienzos de 2005 al primer gobierno tripartito, profundamente obsceno. Es lo que tiene la verdad cuando se exhibe sin pudor ninguno. Lo podrido huele a podrido. Y el drama es que esa podredumbre de la política catalana, personalizada en su gobierno, parece ya congénita. O sea, inevitable.

ABC, 17 de mayo de 2008.

Presidente Tarradellas

El presidente Tarradellas no tiene suerte. Ya no son sólo las memorias de Josep Benet (Edicions 62, 2008), donde sale hecho una piltrafa -Benet, al tiempo que exculpa a Companys, acusa a Tarradellas de ser el máximo responsable de buena parte de los 8.000 asesinatos cometidos en la Cataluña republicana durante la guerra civil-, sino también Madrid. En fin, más que Madrid, los catalanes de Madrid. No le quieren. No quieren que su nombre luzca en el frontispicio de un colegio público de la capital. Contrariamente a los deseos de la presidenta Aguirre, no habrá CEIP Presidente Tarradellas. O, lo que es lo mismo, no habrá en Madrid un colegio donde se imparta, al menos, un tercio de las asignaturas en catalán. Cumplido el plazo de matrícula, únicamente se han registrado once solicitudes. Sí, once. Siete corresponden a los tres años de educación infantil y las cuatro restantes a primero y tercero de primaria. Y, claro, con esos números no se abre ningún colegio. La Consejería de Educación había establecido un mínimo de 10 alumnos por nivel -el mínimo para que pueda darse un proceso de socialización- y lo máximo que se ha alcanzado son cuatro alumnos en el tercer curso de infantil. O sea que nada. Otra vez será. O no.

Porque no parece lógico que en una Comunidad donde residen 44.000 catalanes, y la mayoría de ellos en Madrid, no existan por lo menos 90 familias interesadas en que sus hijos sean escolarizados también en catalán. Es verdad que el hecho de que no se ofreciera más que un centro escolar con semejante servicio suponía una desventaja; los padres suelen buscar un colegio que esté cerca de casa. Y es verdad, como apuntaba el otro día el delegado Cuervo, que ya hay unas 450 personas que estudian catalán por otros medios. Pero, más allá de estas circunstancias, la desproporción sigue siendo apabullante: 11 de 44.000. Y, aunque sólo hubiera un centro, se trataba de un centro céntrico y excelentemente comunicado, a un tiro de piedra de Chueca y Malasaña.

Por otra parte, la iniciativa había sido generosamente publicitada: con una rueda de prensa de la consejera Fígar, con anuncios en periódicos de gran tirada e incluso mediante una carta de la propia consejera a los 800 socios del Círculo Catalán de Madrid. Y, aun así, agua.

Todo ello, claro, no tendría la menor importancia si no fuera por el ahínco con que el nacionalismo catalán echa mano del agravio comparativo en lo que a la enseñanza de la lengua -y en la lengua- se refiere. Ya saben, aquello de «no vamos a hacer en Cataluña lo que ellos no hacen en Madrid». Pues, miren, en Madrid ya lo han hecho. Ahora les toca a ustedes. Para no ser más, pueden empezar también con un solo centro. Eso sí, que sea céntrico, que esté bien comunicado y que la oferta sea publicitada debidamente a través de todas las Casas Regionales. ¿Qué se apuestan a que el resultado es muy distinto? Venga, valientes, ¿a qué esperan?

ABC, 10 de mayo de 2008.