A Josep-Lluís Carod-Rovira no le parece mal que el Gobierno que vicepreside haya encargado a lo largo del año 2007 1.583 informes por un valor cercano a 32 millones de euros y que los destinatarios de estos encargos sean los amigos de este gobierno. Es más, no sólo no le parece mal, sino que lo considera absolutamente normal. Lo que dejaría de ser normal, a su juicio, es que «las personas que tienen una ideología o simpatizan con un partido determinado no pudieran trabajar». ¿La razón?: «Sería el final del sistema democrático».

Yo no sé, francamente, si eso sería el final del sistema democrático o más bien el principio, pero lo que sí sé es que el vicepresidente autonómico no miente. Que dice lo que piensa, vaya. Y se lo agradezco. ¡Qué distinto el discurso de Carod del de Montilla! Lo que en uno es transparencia, en el otro es opacidad. Y a los políticos, lo primero que hay que pedirles es que sean claros, que digan la verdad. Luego ya juzgaremos los demás si esa verdad es buena o mala, digna o indigna, loable o execrable. Pero lo primero, insisto, la verdad.

Y, ya puestos en materia, no hay duda que la denuncia del sindicato Manos Limpias que la Fiscalía ha empezado a investigar por si lo denunciado fuera constitutivo de delito afecta a la propia esencia del sistema democrático. Porque lo que aquí está en juego es el uso de cerca de 32 millones de dinero público. Dejemos a un lado la naturaleza de muchos de estos informes y su más que discutible necesidad. Olvidémonos del seguimiento de la concha brillante, del manejo del cultivo de la chufa, de la elaboración de argumentos para el fomento de juguetes no sexistas, del censo para el plan integral del circo o del proyecto fabulario sobre brujas y brujos, y centrémonos en el sistema de concesión. La ley prescribe que todo encargo de la Administración que supere los 12.000 euros deberá adjudicarse a través de un concurso público, al que podrán presentarse cuantos particulares o empresas lo deseen. Eso es, los amigos y los que no lo son. En cambio, por debajo de los 12.000 no hay que andarse con chiquitas; se le da al amigo y sanseacabó. De ahí que muchos de los encargos estén rondando la cifra mágica —hay un montón de 11.800 o 11.900 y pico, como con las rebajas— y que algunos cuyo montante supera de largo la cantidad límite se hayan subdivido en distintas partidas inferiores a 12.000 euros para salvar el escollo del concurso.

Todo esto es lo que Carod juzga normal y democrático. Yo, qué quieren, lo encuentro amoral y antidemocrático. Y, por usar el adjetivo que Arcadi Espada aplicó a comienzos de 2005 al primer gobierno tripartito, profundamente obsceno. Es lo que tiene la verdad cuando se exhibe sin pudor ninguno. Lo podrido huele a podrido. Y el drama es que esa podredumbre de la política catalana, personalizada en su gobierno, parece ya congénita. O sea, inevitable.

ABC, 17 de mayo de 2008.

Un gobierno obsceno

    17 de mayo de 2008