Carmen Calvo y sus bloqueos

  

El otro día Carmen Calvo me bloqueó. Para los legos en el código Twitter, aclararé que ello acarrea que un servidor, que leía con verdadero interés cuanto publicaba la vicepresidenta primera del Gobierno en esa red social, ya no puede seguir haciéndolo. También precisaré que se suele recurrir al bloqueo para no tener que aguantar los insultos y las amenazas de otros usuarios, en general embozados en el anonimato. No era mi caso. Ni soy de los que llevan máscara o mascarilla cuando escribe –y lo mismo da que lo haga en Twitter que en cualquier otra parte– ni soy de los que insultan o amenazan. Aunque es verdad que eso último, por objetivable que sea, no depende sólo del parecer de uno. Hoy en día la gente –y en especial la perteneciente al género militantemente femenino– tiene la piel mucho más fina que años atrás, por lo que cabe la posibilidad de que haya quien se sienta insultado o amenazado sin que haya existido siquiera insulto o amenaza.

Sea como fuere, mi interés por la escritura de Carmen Calvo ha sido siempre meramente filológico. Como lo es el que tengo por su forma de hablar. La vicepresidenta posee una vena creativa, en lo referente al lenguaje, que ya quisieran para sí tantos literatos. De ahí que los versados en filología –es un poco mi caso– no podamos contenernos y convirtamos todos y cada uno de sus enunciados en objetos de estudio. No en el mismo sentido que los de su correligionaria y compañera de gabinete, la indescifrable María Jesús Montero, pero sí como posibles componentes de una firme y sostenida aportación al acervo popular. Se entenderá, pues, que yo fuera un fiel seguidor de lo que ella escribía en Twitter.

Habrá quien objete, claro, que los medios de comunicación ya acostumbran a reproducir sus palabras, aunque sólo sea por el altísimo cargo que ocupa, y que, en consecuencia, no se me ha privado completamente de ellas. Sin duda. Pero quien así discurra convendrá también en que no es lo mismo una declaración oficial que el comentario que Carmen Calvo Poyato, doblada incluso de vicepresidenta del Gobierno, haga en su cuenta de Twitter. A mí me interesan unas y otras, y ahora debo conformarme, qué remedio, con las primeras. ¿Tiene derecho la vicepresidenta primera a obrar así con un ciudadano que no la ha insultado ni amenazado en las contadas acotaciones que ha puesto a sus comentarios? A juzgar por las reglas del juego –en Twitter uno puede bloquear a quien le dé la gana, sin necesidad de explicaciones–, supongo que sí. Pero no me negarán que resulta algo feo, democráticamente hablando, que toda una vicepresidenta primera del Gobierno de España bloquee a un humilde ciudadano de a pie sólo porque le disgusta ­–entiendo que ese y no otro debe ser el motivo– lo que él opina sobre sus asertos.

A no ser que lo mío, lejos de constituir un caso particular, tenga una envergadura mucho mayor. En otras palabras: que no se trate de un simple bloqueo, sino de uno entre muchos bloqueos. Sería conveniente saber, en aras de la transparencia a la que está obligado cualquier servidor público y no digamos ya una vicepresidenta del Gobierno de España, si Calvo la ha emprendido con otros usuarios que tampoco la habían insultado o amenazado. Porque, en tal caso, mucho me temo que no estemos ante una decisión personal de Carmen Calvo Poyato, sino ante la cadena de acciones previstas en la estrategia de los niveles del “Plan de actuación contra la desinformación” que el Consejo de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática cuya titular es la propia vicepresidenta, aprobó en su reunión del pasado 6 de octubre. Me refiero, en concreto, a la que habla de la “adopción de medidas con arreglo al marco” (nivel 3), que resultaría de la “propuesta de posibles medidas de mitigación” del impacto (nivel 2), fruto a su vez de la “monitorización y vigilancia” (nivel 1) a la que habríamos sido sometidos.

Y así las cosas, queridos lectores, si ustedes son usuarios de Twitter ya pueden ir recogiendo.

(VozPópuli, 31 de diciembre de 2020)

La devaluación del marco

Ese marco al que se refiere el título no es, lo habrán intuido, la vieja moneda alemana a cuyo derrumbe colosal asistieron hará cerca de un siglo Josep Pla y su amigo Eugeni Xammar, lo que les permitió compaginar sus respectivas tareas periodísticas con la dolce vita que les procuraba, a la hora del cambio de divisa, una peseta súbitamente fortalecida. No, ese marco es otro marco, mucho más cercano al del cuadro que todos tenemos en algún rincón del dormitorio o de la sala de estar. Ese marco, en una palabra, es el de Lakoff. 

George Lakoff, un reputado lingüista estadounidense, definió hace un par de décadas una teoría, sustentada en los avances de la neurociencia cognitiva –Lakoff también es científico cognitivo–, según la cual las personas piensan en marcos. Un marco, para él, es un conjunto de valores que actúa a modo de receptáculo de cualquier hecho, idea o razonamiento que, por así decirlo, llame a la puerta del cerebro. Pero no todos esos hechos, ideas o razonamientos son bienvenidos, no todos alcanzan a cruzar el umbral. Sólo aquellos que encajan en el conjunto de valores que definen el marco en cuestión.

Por otra parte, dichos valores, aunque individuales, son compartidos. Se asemejan en eso a las creencias. Y también en que no requieren de un contraste con la realidad, con el mundo de los hechos, para afirmarse –lo que no significa, claro, que ese contraste no pueda existir–. No debería sorprender, en este sentido, que una de las principales aplicaciones de la teoría del marco se dé en el campo de la política y del discurso público. El propio Lakoff, escorado ideológicamente a babor, construyó su teoría para ayudar al Partido Demócrata en su lid electoral contra el Republicano. Este último tenía un marco fuertemente asentado entre la población estadounidense, un marco en el que los representantes públicos demócratas, que carecían de un asidero parecido, quedaban sistemáticamente atrapados. Lakoff abogaba, pues, por la creación de ese marco de valores demócrata. Un marco privativo, para entendernos, distinto y distante del republicano. De ahí que el libro en que desarrolló su teoría lleve por título ¡No pienses en un elefante!

Esa contraposición entre marcos es característica de los regímenes democráticos. También del que tenemos por estos lares, claro. Aunque la clase política española sea ahora mucho más variopinta que en los albores de nuestra monarquía constitucional, puede decirse que nos seguimos moviendo, a grandes rasgos, entre dos marcos, el de la izquierda y el de la derecha, con todas las matizaciones que quepa introducir en cada bloque. Aun así, en el caso español –al igual probablemente que en el portugués y el griego, como tan bien ha estudiado Ángeles González-Fernández en su ensayo Transiciones a la democracia en Portugal, Grecia y España– esos marcos han contado desde los años ochenta del pasado siglo con algo así como un marco superior, no partidista y asumido y compartido por una gran mayoría de ciudadanos. Me refiero al generado por los valores de la Transición.

Como los nombres importan, merece la pena recordar que el de Transición –en puridad, “transición de la dictadura a la democracia”– no deja de ser una solución de compromiso entre los dos términos antitéticos que estaban entonces en liza: reforma y ruptura. Una suerte de sincretismo, si lo prefieren, entre los marcos que el centro y la derecha, por un lado, y la izquierda toda –socialista y comunista– por el otro, habían establecido ante la cercana desaparición de la figura del dictador. Ese marco de la Transición, que bien podríamos llamar constitucional en tanto en cuanto la Constitución de 1978 constituía –valga la redundancia– su encarnación y amparo, reunía una serie de valores con los que se identificaba, como ya he indicado, una grandísima parte de la población española. Acaso el esencial, por no citar más que uno, fuera el de la concordia, el de la renuncia al enfrentamiento civil, la apuesta por el diálogo y por el pacto –siempre dentro de la ley– como método de resolución de conflictos.

Ahora ese marco superior, y los valores en él contenidos, está seriamente devaluado. Como si de una moneda se tratara, cotiza cada vez más bajo. Bien es verdad que en su depreciación ha tenido un peso esencial la asunción, por parte de nuestras fuerzas políticas mayoritarias y durante décadas, de otro marco, el de los nacionalismos catalán y vasco. Una asunción interesada, sobra precisarlo, cuando lo que priva es el acceso al poder o su conservación, pero no exenta de costes que en buena medida no pueden ya compensarse. Con todo, si el Partido Socialista hubiera preservado en lo que va de siglo esos valores, como sí ha hecho en todo momento el Partido Popular, tendríamos hoy una Monarquía constitucional mucho más fuerte y un jefe del Estado que podría sentirse infinitamente más arropado en su labor, empezando por la parte que corresponde al propio Gobierno. Así las cosas, sólo nos queda desear que nuestro marco común no siga devaluándose durante el resto de la legislatura y que en la próxima llamada a las urnas una mayoría suficiente de ciudadanos estemos en condiciones de volverlo a fortalecer con nuestros votos.

(VozPópuli, 24 de diciembre de 2020)

La cara amable del secretario Tiana

“Personalmente, creo que sería muy deseable buscar un consenso en materia de educación. No veo su tarea sencilla, debo decírselo, pero es bienvenida, lo digo honestamente. Hay que encontrar el lugar del consenso y del disenso, porque en un sistema democrático el consenso juega tanto papel como el disenso. No creo que se puedan encontrar unanimidades en materia de educación, porque esta responde a modos de entender nuestra vida y nuestra organización social que no necesariamente coinciden al cien por cien. Ahora bien, creo que hay que encontrar acuerdos que permitan que los centros escolares, los docentes, etcétera, sientan que tienen una cierta estabilidad en su trabajo cotidiano para poder desarrollar su actividad.”

Las palabras que anteceden están sacadas del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y corresponden a la intervención de Alejandro Tiana en la Comisión de Educación y Deporte el 21 de marzo de 2017. Ha llovido desde entonces. Para ponerles en situación, les diré que Tiana comparecía aquel día ante dicha Comisión, formada por representantes de los distintos grupos que conformaban en aquel momento la Cámara, a petición de uno de esos grupos, el Socialista. Y que la sesión, en la que hubo dos comparecencias más, no era una sesión normal. Se encuadraba en lo que se vino en llamar, y así consta en el propio Diario de Sesiones, “el gran pacto de Estado social y político por la educación”. Quizá les sorprenda el énfasis. No debería ser así. Por primera vez acaso desde los grandes acuerdos de la Transición, las principales fuerzas políticas y parlamentarias aspiraban, todas a una, a algo igual de grande, por inédito, a algo que el mundo de la educación llevaba décadas pidiendo a gritos: un pacto de Estado del que resultara un marco legal común, compartido, fruto de un consenso básico, que pusiera fin a la sucesión de leyes de parte que habían regido hasta entonces la enseñanza en España.

Tiana, pues, comparecía par dar su opinión en relación con la elaboración del gran pacto. Una opinión autorizada, sobra añadirlo. Y no tanto por el cargo que desempeñaba en aquella época –el de Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)–, como por el historial –nada distante de la gestión educativa, si se me permite el juego de palabras– que atesoraba: experto en pedagogía, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, director de organismos públicos educativos y, sobre todo, desollador y muñidor de leyes, como había quedado demostrado en 2004 tras su nombramiento como secretario general del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde aquella Secretaría, y lo mismo con María Jesús Sansegundo que con Mercedes Cabrera como ministras, Tiana había sido el artífice de la liquidación de la LOCE –aprobada un año y medio antes por un gobierno del Partido Popular y que ni siquiera llegó a aplicarse– y su sustitución por la LOE, que no era, al cabo, sino una LOGSE rediviva. En definitiva, alguien de cuyo conocimiento de la materia no cabía dudar y a quien la vicepresidenta Carmen Calvo habría puesto, con los ojos cerrados, en la hornacina de los funcionarios caracterizados por su “expertitud”.

Al releer ahora la transcripción de aquella comparecencia de 2017, llama la atención comprobar como los intervinientes en representación del Partido Popular y de Ciudadanos, socios entonces de legislatura, apreciaron las bondades de la exposición de Tiana. Incluso en sus lógicas discrepancias –ese disenso que, según el compareciente, resultaba inseparable del anhelado consenso–. Por desgracia, el partido al que servía y sirve Tiana decidió liquidar un año más tarde –coincidiendo con la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y la incorporación de la diputada Martínez Seijo como portavoz socialista en la Comisión de Educación– la subcomisión encargada de elaborar aquel “gran pacto”, que se encontraba ya, por cierto, en la fase de conclusiones. La excusa, burda donde las haya, fue la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a alcanzar ya mismo un 5% del PIB en inversión educativa. Al poco, la moción de censura presentada por Sánchez dio paso a un gobierno socialista monocolor con Isabel Celaá como ministra de Educación y Alejandro Tiana como secretario de Estado. El secretario recuperaba así el sillón que había abandonado diez años antes.

Su nombramiento fue recibido con parabienes. También por parte de la oposición. De Celaá poco se sabía, pero lo de Tiana era distinto. Si aquel hombre se conducía como había dado a entender en su comparecencia, igual esa nueva ley que el PSOE llevaba en su programa –el del partido, no el de la moción de censura ni el del Gobierno, que, como recordará el lector, eran entonces tan ocultos o inexistentes como puede ser hoy aún la Comisión de Expertos del Ministerio de Sanidad–; igual esa nueva ley, decía, no consistiría en la simple desolladura de la LOMCE para volver a la LOE, sino que reflejaría, en lo posible, esos mínimos espacios de consenso tan anhelados por la gran mayoría de la llamada comunidad educativa.

Vana ilusión. Es más, no sólo se esfumó desde el primer momento cualquier traza de consenso; andando el tiempo, a medida que lo que hoy conocemos como Ley Celaá fue siguiendo el correspondiente trámite parlamentario, todo fue incluso a peor. Por las modificaciones introducidas por los socios, gubernamentales o no, del Partido Socialista, y por la renuencia de la triple alianza de socialistas, comunistas y nacionalistas a aceptar cuantas propuestas llevaran el marchamo de alguno de los grupos que conforman la oposición. De las más de 300 enmiendas presentadas por dichos grupos opositores, se aprobaron 6 y se transaccionaron –esto es, se negociaron hasta llegar a un acuerdo– otras 5. Ni siquiera sumaban una docena. En eso quedó la voluntad de consenso a la que apelaba Tiana en marzo de 2017.

Y ahora, habiendo alcanzado el texto los márgenes del Senado, donde todavía podía abrirse una última compuerta de entendimiento entre Gobierno y oposición que rebajara en alguna medida el sesgo radical y sectario de la ley, el rodillo gubernamental ha decidido ventilar la tramitación del asunto en apenas un par de semanas, barriendo así del calendario las comparecencias solicitadas por el Grupo Popular. Todo a fin de dar el visto bueno a la ley en el Senado antes de Navidad y con el máximo disenso posible.

Dícese que el secretario Tiana es la cara amable de la política educativa de este Gobierno. Se dice, supongo, por contraste con la cara dura de la propia ministra, o con la cara más bien maléfica de la sindicalista Martínez Seijo. Todo es relativo, al cabo, incluso la cara que uno presenta. Pero el caso es que esa cara amable es la que ha urdido y ha consentido, desde su Secretaría en el Ministerio y en su calidad de máximo experto educativo, uno de los mayores atropellos, si no el mayor, de que ha sido víctima la ya maltrecha educación de este país y cuyas consecuencias vamos a tener que acarrear como un lastre durante largos años. Conviene, pues, que se sepa. Aunque sólo sea para no seguir fiándonos de las palabras y de las apariencias.

(VozPópuli, 17 de diciembre de 2020)

El legado de Manuel Chaves Nogales

  

El próximo 23 de diciembre se cumplirán 85 años del banquete celebrado en el madrileño Hotel Nacional en honor de Juan Belmonte y Manuel Chaves Nogales. El motivo para reunir a manteles a ciento cincuenta personas, entre las que figuraban ni más ni menos que José Ortega y Gasset, Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Sebastián Miranda o Julio Camba, no era otro, claro está, que la recentísima publicación en volumen de Juan Belmonte, matador de toros (Su vida y sus hazañas), escrito por el periodista Chaves Nogales. Y digo en volumen, porque esa vida y esas hazañas habían tenido antes una existencia en la prensa. En concreto, en el semanario Estampa, donde, desde mediados de aquel mismo año, habían ido apareciendo los futuros capítulos del libro.

            Semejante práctica, sobra precisarlo, constituía una excelente plataforma de lanzamiento de una obra, hasta el punto de permitir que un homenaje como el que hace al caso y que respondía a la excelente recepción que habían tenido las diversas entregas del semanario pudiera celebrarse con el libro apenas editado y distribuido. Añadan a lo anterior el hecho de que tanto Belmonte como Chaves Nogales eran en aquella España, y en especial en ciudades como Sevilla y Madrid, personajes conocidos y estimados, y se entenderá el éxito de la convocatoria. Pues bien, a los postres del banquete el periodista tomó la palabra para pronunciar el brindis de rigor, y tras lamentar que el torero no estuviera presente –Belmonte había enviado desde Sevilla un telegrama de agradecimiento en el que excusaba su asistencia–, pasó a explicar la génesis de la obra. O sea, qué le había inducido a escribir aquel libro en cuya producción, según confesaba con modestia, su papel había sido tan secundario que podía parangonarse con el de un simple amanuense.

            Todo arrancaba de una encuesta realizada en 1933 por Ahora, el diario que él dirigía de facto, a los personajes más característicos de cada oficio y en la que se les preguntaba cómo era España veinte años atrás. A Juan Belmonte, uno de los encuestados, le había correspondido hablar de lo suyo, claro, y las cuartillas manuscritas que había entregado eran, a juicio del periodista, “las que más exactamente reflejaban el ambiente taurino tal y como yo anhelaba”; de ahí que insistiera “con Belmonte en la faena de ahondar en sus recuerdos personales”. Y el resultado de esa conjunción es uno de los mejores libros de memorias jamás escritos en España, al tiempo que un vívido retablo del mundo del toreo de comienzos del pasado siglo.

            Pero en su parlamento Chaves Nogales dejó traslucir también una inquietud, nacida de la contrariedad de un fracaso. La encuesta de la que había salido su Belmonte tenía un precedente. Oigámosle: “En España es difícil, si no imposible, encontrar quien quiera volver la vista hacia el panorama de su vida y legar a los que vienen detrás los resultados de su experiencia. Nadie escribe sus memorias, nadie se preocupa de decirnos cómo fue, como si eso no interesase ya a nadie. Yo he buscado con ahínco el testimonio vivo de ese pasado inmediato interrogando sobre su vida a cómicos, toreros, políticos; a toda la gente representativa de una época. Nadie me ha sabido contar cómo fue. En esta desolación que me hacía pensar que el año 1900 será dentro de poco tan remoto e incomprensible como la prehistoria, tuve que ir replegando mi ambición (…) limitándome ya a contar siquiera cómo era España hace veinte años a quienes ahora los tienen (…)”. Y salió su Belmonte. Pero aquel empeño anterior saldado con un fracaso y al que ahora se estaba refiriendo en su brindis definía mejor que nada el carácter de Chaves Nogales: el de un hombre comprometido con su tiempo y con su país.

            Se me dirá que en eso consiste, a fin de cuentas, el oficio de periodista. O que en eso debería consistir, al menos. Cierto. Pero el compromiso de Chaves abarcaba también el pasado, en la medida en que pretendía llenar un vacío –un poco como haría mucho más tarde, ya en los estertores del franquismo, Rafael Borrás, cuando se inventó aquella benemérita colección “Espejo de España”, editada por Planeta–. Chaves reclamaba memorias que ayudaran a comprender cómo era nuestro país en aquel cambio de siglo en que él apenas tenía uso de razón. Al fin y al cabo, ¿qué sería del trabajo de los historiadores si no pudieran contar, entre otros materiales, con el contenido en los libros de memorias? Por supuesto, lejos estaba entonces de imaginar el homenajeado que esa laguna que aspiraba a colmar, esto es, esa continuidad tan anhelada, iba a empezar a truncarse siete meses más tarde.

          Sea como fuere, nos queda su testimonio. El de las palabras pronunciadas en aquellas vísperas navideñas, el de su Belmonte y el de tantas páginas impresas en periódicos y revistas –que es como decir el de tantas otras obras publicadas en vida y póstumamente–. Y nos queda su ejemplo. El de un hombre valiente, comprometido con la defensa de las libertades, que abandonó España a finales de 1936 cuando tuvo plena conciencia de que, ganara quien ganara aquella guerra, lo que vendría después no sería en modo alguno un régimen democrático. Chaves fue, sin discusión, el más fiel representante de esa Tercera España que tanto seguimos echando en falta. 

            El mejor homenaje que hoy podemos rendirle, como a todos los grandes escritores, es leerle. De ahí que constituya motivo de celebración que este triste año pandémico de 2020 se cierre con la noticia de la aparición en Libros del Asteroide de la tercera edición de su siempre acrecentada Obra completa, a la que acompañan una exposición y otras publicaciones sobre su figura y su obra y, entre ellas, una cuyo destino son las aulas andaluzas. No me cabe la menor duda de que no existe antídoto más indicado contra la zozobra política y educativa en la que estamos inmersos que la difusión y el conocimiento, a todos los niveles, de su legado.

(ABC, 13 de diciembre de 2020)

La incomodidad de Manuel Castells

Uno de los momentos estelares del actual Gobierno de España fue aquel en que uno de sus miembros, Manuel Castells, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar a sus señorías las medidas tomadas por su Ministerio a fin de evitar, ante el inicio del curso universitario, el contagio del coronavirus. Cierto es que la presente legislatura está siendo pródiga en momentos dignos de semejante epíteto, pero, a mi modo de ver, este de Castells se lleva la palma. Y hasta me atrevería a afirmar que merece un lugar en la historia de la política española contemporánea junto a los protagonizados en tiempos de la Restauración por los ministros Burgos Mazo, Romanones, Gómez Acebo y compañía, cuyo rastro perdura en las Impresiones de un hombre de buena fe de Wenceslao Fernández Flórez.

            Seguro que se acuerdan. Así habló Castells: “Yo creo que el mundo está en peligro, el mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí, este mundo se acaba, este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo”. Con razón sus palabras fueron tildadas de apocalípticas, aunque me da la impresión de que obedecían más bien al sesgo oracular que suele acompañar las manifestaciones del Gurú de Berkeley, no exentas de unos ademanes algo imperativos, como de maestrillo marisabidillo.

            A mí, la verdad, lo que más me llamó la atención cuando las escuché no fue tanto el fin de este mundo, como que el otro, el que parece que vendrá, no esté naciendo, sino renaciendo. Me llamó la atención y ahora confieso que empieza incluso a preocuparme. Verán, el pasado domingo El País Semanal traía una entrevista de unas cuantas páginas hecha al ministro. Y en ella Castells, tras reconocer que era anarquista, precisaba al punto, supongo que para curarse en salud, que como ministro no lo practicaba, el anarquismo. Vaya, algo así como que era creyente pero no practicante. Menos mal, dirán ustedes. Sí, menos mal. Pero convendrán conmigo en que, viniendo de un anarquista confeso, aquel augurio de un mundo que renace no deja de resultar un poco intranquilizante. A saber cuántas bombas de hace cosa de un siglo guardará este hombre en la memoria.

            Por lo demás, en la citada entrevista Castells también admitía que el individuo que hoy ocupa el cargo de ministro de Universidades no es exactamente él. Con ello no estaba aludiendo, sobra precisarlo, a la existencia de un doble. Tampoco esbozaba, estoy convencido, la hipótesis de una posible afección. No, semejante otredad sólo indicaba una incomodidad manifiesta. La misma que siente, al parecer, cada vez que se acomoda en el banco azul del Congreso. El espectáculo al que asiste no le gusta. Y por espectáculo entiende la conducta de la derecha, que tiene “comportamientos totalmente no democráticos”. Puede que el hecho de estar sentado justo delante de la bancada popular haya influido en esa percepción. No debe de ser muy agradable formar parte de un gobierno social-comunista, ser anarquista –aunque no practicante– y escuchar tras de sí, semana a semana, el zumbido discordante de la oposición. Pero así son las cosas. Con tanto ministro como tiene este gobierno, no todos pueden situarse donde les apetecería.

        Claro que Castells podría aprovechar su posición en el hemiciclo para observar los comportamientos totalmente no democráticos –por llamarlos a su manera– de muchos de los que integran las huestes en que se sostiene el gobierno del que forma parte. Pero, por más que esos comportamientos también se den, él ni los oye ni los ve. Le pasa como a esos comunistas a los que retrataba el pasado sábado en Abc Juan Carlos Girauta, esos que siguen siéndolo “en pleno siglo XXI, bizqueando adrede para poner en un punto ciego cien millones largos de muertos”.

            Aunque Girauta, a mi entender, se quedaba corto. No son sólo los comunistas y sus muertos. Ese estrabismo deliberado afecta, salvo honrosas y puntuales excepciones, al conjunto de la izquierda española. A mí me recuerda el que se percibe en una de las figuras de las picassianas señoritas de Avignon. Me refiero a la ceñuda que aparece en primer término, sentada y abierta de piernas, y cuyo ojo derecho está morbosamente dilatado, mientras el izquierdo da la impresión de andar perdido en las tinieblas. Y es que el punto ciego que a nuestra izquierda le impide reconocer maldad alguna en sus propios actos –ojos que no ven, corazón que no siente, advierte el refranero– se complementa con ese otro ojo que, como el del incomodado ministro Castells, sólo ve la maldad en los actos de la derecha.

(VozPópuli, 10 de diciembre de 2020)

De Camba a Celaá

Entre las muchas analogías a las que Julio Camba recurrió a lo largo de su vida para explicar en qué consistía su oficio, yo me quedo con la del avestruz. No es que las demás –cocineras, calamares, peluqueros– no tuvieran su qué, pero ninguna, insisto, como la del avestruz. Para el periodista gallego, así como “el avestruz lo convierte todo en cosa de comer y lo digiere todo”, así “el articulista lo reduce todo a un artículo de periódico”. Y ponía por casos: el mar, las mujeres bonitas, las obras maestras, una noticia de tres líneas pescada en un periódico inglés, las catedrales góticas, los buques de guerra, la primavera, etc. En definitiva, daba igual de qué se tratase; al articulista no le quedaba otro remedio que digerirlo y sacarlo luego en forma de artículo.

         Pues bien, aun estando de acuerdo con Camba en lo tocante a dicha inexorabilidad, debo reconocer que no siempre la digestión a la que alude se ve coronada por el éxito. Entiéndaseme: no es que no salga en estos casos el artículo; es que le da por resistirse, con lo que acaba derivando en un producto distinto del deseado. Este mismo artículo, por ejemplo. Yo llevaba en la cabeza escribir un artículo sobre Isabel Celaá. No tanto sobre la nueva ley de Educación que fatalmente va a llevar su nombre, como sobre la propia ministra en relación con la ley homónima. Me proponía, en concreto, ensamblar su currículo académico, como discente y como docente, con lo que parece ser la plasmación de su ideario educativo. Al fin y al cabo, a partir de cierta edad todos somos en parte –la otra parte corresponde al azar– el resultado ineluctable de lo vivido y de las decisiones tomadas, sean yerros, sean aciertos.

            Ya les adelanto que no ha habido forma. Cuando trataba de comprender la animadversión de Celaá hacia la escuela concertada, me topaba con la sorpresa de que había llevado a sus hijas a un centro de esta naturaleza, las Madres Irlandesas de Lejona. Cuando me planteaba el porqué de su laxitud con el rigor académico al permitir que en el futuro pueda obtenerse el título de Bachiller con una asignatura suspensa, caía en la cuenta de que ella había estudiado como becaria en el Colegio del Sagrado Corazón de Bilbao –que por entonces, en pleno franquismo, era un centro privado asimilable a lo que hoy sería un centro de élite y con una enseñanza caracterizada, entre otros factores, por su nivel de exigencia– y que hasta había dado clase más adelante en el Sagrado Corazón de Guecho. Y no salía de mi asombro, claro. Cuando reparaba en que el proceso de selección de los inspectores de educación ya no iba a estar sujeto a criterios objetivos, sino a otros de carácter discrecional en los que el sesgo ideológico del gobierno autonómico de turno, en especial si era nacionalista, iba a tener sin duda su peso, me acordaba de que la ministra era una funcionaria perteneciente al antiguo cuerpo de catedráticos de instituto, los llamados pata negra, por lo que había tenido que superar un proceso de selección de una dureza similar al de los actuales inspectores, y mi desconcierto no hacía más que aumentar. Y, en fin, cuando leía que, a su juicio, la supresión de la condición de lengua vehicular del castellano en la enseñanza no tenía importancia ninguna, que la polémica generada era puramente nominalista, no me cabía en la cabeza cómo podía afirmar algo así quien había escrito en 2005 que “lengua propia [del País Vasco] es también el castellano, porque, ¿cómo no considerar lengua propia la lengua materna del 80% de los vascos?”.

            Comprenderá el lector mi desazón al constatar la imposibilidad del ensamblaje proyectado. Si el ideario educativo de la Isabel Celaá que conocemos nada tiene que ver a priori con su experiencia como alumna y profesora, ni tampoco como madre responsable de la instrucción de sus hijas, sólo me queda imaginar que responde a otro credo, el del Partido Socialista que conocemos, partido del que forma parte y al que ha representado institucionalmente desde hace más de tres décadas. A no ser, claro, que ese ideario esté guiado por un resentimiento cuyas raíces ignoramos; en otras palabras, que sea la consecuencia, un poco como este artículo, de una mala digestión. Lo cual no es incompatible con el supuesto anterior, sobra decirlo.

(VozPópuli, 3 de  diciembre de 2020)

Cataluña para los catalanohablantes

Entre las grandes figuras de la historia reivindicadas por los líderes independentistas catalanes –desde Artur Mas hasta Carles Puigdemont, pasando por Oriol Junqueras–, no está, que yo sepa, James Monroe. Y es de lamentar, porque la célebre doctrina de quien fuera el quinto presidente de los Estados Unidos, “América para los americanos”, se ajusta como un guante al proceder del catalanismo –esto es, del nacionalismo catalán– durante las últimas décadas. Sólo que, así como en el caso americano la principal coartada para la expansión fue el territorio, en el del catalanismo la ha encarnado siempre la lengua. En otras palabras: la presunta defensa del idioma es lo que legitima la política nacionalista en los confines de la propia Cataluña y lo que sirve asimismo como excusa a su afán colonizador del resto de las comunidades autónomas integradas en el constructo ideológico denominado “Países Catalanes”.

            Pero no acaban aquí las similitudes. Del mismo modo que, hace dos siglos, los colonos estadounidenses fueron avanzando hacia el Pacífico haciendo bueno el derecho de conquista y sin que les importara lo más mínimo el consiguiente exterminio de los nativos que encontraban a su paso, las fuerzas de choque del catalanismo, amparadas y sufragadas por sus respectivos gobiernos autonómicos, han ido avanzando también en su propósito de expulsar el castellano del espacio público al margen de lo que prescribiera la legalidad. Ya en los primeros años ochenta, tras comprobar que el marco normativo de la ley de normalización lingüística recientemente aprobada no garantizaba el aprendizaje del catalán en la escuela por parte de los alumnos cuya lengua materna era el castellano, el gobierno nacionalista de la Generalidad empezó a implantar, por su cuenta y riesgo y a imagen y semejanza de sus correligionarios del Quebec, el modelo de inmersión lingüística. En consonancia con el objetivo perseguido, la zona de progresiva implantación fue el “cinturón rojo” barcelonés, de amplia mayoría castellanohablante. La política de hechos consumados tendente a fomentar el cambio de lengua en más de la mitad de la población catalana estaba, pues, en marcha.

            Con todo, no fue hasta una década más tarde cuando esa política halló un acomodo legal, o lo que es lo mismo, unos decretos que la amparasen. Aunque para eso hizo falta la complicidad de un gobierno socialista y la previa aprobación de una ley, la LOGSE, acordada con el resto de la izquierda española y los nacionalismos vasco y catalán. La LOGSE asignaba a las comunidades autónomas con lengua cooficial la potestad de fijar los contenidos de un 45 por ciento del horario y, en general, una generosa capacidad de maniobra en la organización del nuevo sistema educativo, cuya obligatoriedad la propia ley había extendido hasta los 16 años. Sobra indicar que los nacionalistas no desaprovecharon la oportunidad. En el primero de los decretos que promulgaron en 1992 para aplicar la reforma, se establecía que el catalán “se utilizará como lengua vehicular y de aprendizaje” de toda la enseñanza obligatoria. Dicho y hecho.

            En lo sucesivo, el modelo de inmersión se fue generalizando al conjunto de los centros docentes, públicos y concertados, de Cataluña –incluyendo las enseñanzas no obligatorias y, por supuesto, las comunicaciones internas y externas de cada centro­–, a pesar de las denuncias y recursos interpuestos por las asociaciones de defensa de los derechos de los castellanohablantes y a pesar incluso de las resoluciones que los tribunales fueron dictando. Y cuando el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 trató de legalizar esas prácticas ilícitas cuyo fin no era otro que erradicar por completo el castellano de la escuela y del resto de la administración pública, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 anulando el apartado que declaraba el catalán “lengua preferente” dio al traste con las pretensiones del nacionalismo. Una vez reconocido por el Alto Tribunal el carácter de lengua vehicular del castellano, distintas sentencias del Supremo concretaron dicha vehicularidad –valga el palabro– en un mínimo del 25 por ciento del horario y en asignaturas que tuvieran la condición de troncales, lo que evitaba la treta, tan común, de recurrir a la Educación Física para cubrir el expediente.

            Aun así, los distintos gobiernos de la Generalidad siguieron a lo suyo. ¿Cómo no iban a continuar desobedeciendo a los organismos judiciales si durante casi toda la última década no han hecho otra cosa que crear el caldo de cultivo necesario para impugnar nuestro marco legal y justificar de ese modo su tentativa de golpe de Estado? De ahí que la enmienda conjunta de PSOE, Podemos y ERC introducida en la tramitación de la llamada “ley Celaá” y por la que se suprime de un plumazo el carácter vehicular del castellano y su condición de lengua oficial del Estado del articulado del proyecto de ley, deba considerarse como un nuevo intento de blanquear las ilegalidades pasadas. Nadie duda, y menos aún los promotores de la enmienda, de que el Alto Tribunal declarará inconstitucional esa alteración del texto cuando resuelva los recursos que han prometido interponer diversas fuerzas políticas de la oposición. Pero eso al nacionalismo le trae sin cuidado. Al contrario, así tendrá un nuevo agravio que sumar a su ya largo memorial. Y, mientras tanto, no se ha reparado bastante en otras tres modificaciones del articulado que persiguen un fin separativo similar. Me refiero a la que permite a las autonomías con lengua cooficial ampliar todavía más la facultad de fijar los contenidos del currículo –de un 45 a un 50 por ciento del horario–; a la que posibilitará que los gobiernos de esas mismas comunidades autónomas designen a sus inspectores educativos sin que medie oposición alguna, con lo que el sesgo ideológico y las arbitrariedades consiguientes estarán servidos, y a la que consolida el derecho de propiedad del nacionalismo sobre la educación al convertir la asignatura “Lengua cooficial y literatura” en “Lengua propia y literatura”.

            Me gustaría equivocarme, pero, a este paso, del Estado de derecho que una inmensa mayoría de los españoles nos dimos hace ya más de cuarenta años, Constitución mediante, pronto no va a quedar ni el recuerdo.

(ABC, 16 de noviembre de 2020)

Aquella República

El 27 de julio de 1931, en su discurso de toma de posesión como presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Julián Besteiro aludió a la historia en estos términos: “La Historia es, en efecto, la maestra de la vida; pero ¡cuántos errores se cometen invocando su nombre! ¡Cuántas veces se la hace servir a las más bajas pasiones y se la convierte, de una respetable matrona, en una especie de Celestina de las especies más variadas de Melibeas!” Lejos de mi intención usar de esa respetable matrona para terminar cayendo en este artículo en semejantes extravíos. Pero esas palabras de Besteiro, tan premonitorias del desenlace que iba a tener aquel régimen, resultan hoy de una actualidad vigorosa. Y es que la Historia, atrapada en esa anunciada ley de Memoria Democrática con que el Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias pretende dar una considerable vuelta de tuerka –permítaseme la licencia– a su antecesora, la llamada ley de Memoria Histórica, está siendo tratada, y con ella sus protagonistas, como una verdadera facilitadora de ficciones, a cual más embelesada. Empezando, claro, por la que proyecta sobre la propia Segunda República española.

            La Segunda República española fue un régimen fracasado. Y no porque desembocara en una guerra civil –con eso ya bastaría–, sino porque, en su esencia misma, obedeció a la voluntad de imponer a millones de españoles la voluntad de otros tantos millones. La República advino –Josep Pla dixit– tras unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas agrupados en un Comité Revolucionario creado apenas medio año antes obtuvieron la victoria en las principales ciudades españolas, lo que indujo al Rey Alfonso XIII a abandonar el país para evitar un baño de sangre. Pero, en diciembre de 1930, ese mismo Comité ya había intentado derrocar a la Monarquía mediante la combinación de una huelga general revolucionaria y una serie de levantamientos en distintas guarniciones militares. El golpe no había triunfado, pero el mensaje de sus patrocinadores no ofrecía dudas: cuantas medidas había tomado durante 1930 el gobierno del general Berenguer al objeto de intentar transitar de forma pacífica de un régimen dictatorial, la Dictadura de Primo de Rivera, a uno democrático, y cuantas se tomasen en el futuro, de nada iban a servir. La implantación de la República era innegociable. Y la República la encarnaban el Comité Revolucionario y el Gobierno Provisional que este alumbró. Ni sombra de parecido, sobra añadirlo, con lo que fue hace nueve lustros nuestra Transición y su feliz corolario, la Constitución de 1978.

            Esa apropiación de la legitimidad democrática por parte de la llamada Conjunción Republicano-Socialista y la Esquerra Catalana, o, lo que es lo mismo, esa confusión entre República y democracia, como si fuera de los confines del republicanismo y la izquierda toda, incluidos comunistas y anarquistas, ninguna fuerza política tuviera derecho a existir; esa apropiación, digo, estuvo en la base del fracaso del régimen. Durante los cinco largos años que precedieron a la guerra civil, en ningún momento intentaron los promotores de la República incorporar a ella a los desafectos de 1931. Es más, muchos de los que, no siendo republicanos, habían recibido con simpatía la llegada del nuevo régimen, se desengañaron al poco ante el cariz violento que iban tomando los acontecimientos: quema de iglesias, atentados terroristas, huelgas generales –y, en contraposición, la sublevación monárquica del general Sanjurjo en agosto de 1932–. Una suerte de revolución permanente que los nuevos rectores políticos eran incapaces de atajar, suponiendo que no la alentaran o consintieran.

            Pero acaso la máxima expresión de esa violencia y del carácter privativo que para la mayoría de los antiguos representantes de aquel Comité Revolucionario tenía el nuevo régimen fuera lo ocurrido a raíz de la llegada a la gobernabilidad del Estado de los partidos de centroderecha, de resultas de las elecciones generales de noviembre de 1933. Es decir, lo ocurrido a raíz de la primera alternancia en el poder, principio insoslayable de toda democracia representativa. Ya desde aquella fecha, los que habían sido desalojados del Gobierno por la fuerza de los votos empezaron a conspirar para recuperarlo cuanto antes por la fuerza de las armas. No lo lograron, pero un año más tarde dejaron como recuerdo trágicamente cruento una revolución en Asturias y un golpe de Estado en Cataluña, amén de una huelga general revolucionaria en toda España. Y lo más importante: la certidumbre de que jamás iban a permitir que el régimen que ellos habían traído estuviera en otras manos que las suyas. De ahí al estallido de la guerra civil, esas formaciones políticas –de las que se había ido desgajando, ya desde finales de 1931, el partido de Alejandro Lerroux­– no hicieron sino consolidar su alianza con la creación del Frente Popular, lo que las llevó a vencer –fraude mediante, como han demostrado recientes investigaciones– en las elecciones de febrero de 1936. El siguiente y postrer episodio de esa infausta República fue el golpe de Estado militar de signo contrario que sumió al país en un desgarro del que hasta muy poco casi todos los españoles creíamos habernos recuperado definitivamente.

            No estamos en los años treinta, por suerte. Pero sí estamos sometidos a las intemperancias, arbitrariedades y abusos de un gobierno de coalición y una mayoría parlamentaria que recuerdan demasiado a los de aquel Frente Popular. En su composición –la tríada de socialistas, comunistas y separatistas– y en su espíritu –la consideración de que nadie más que ellos tiene derecho a ocupar el poder–. Y, de forma parecida a la de entonces, desafiando a la Monarquía, negando validez a los logros de la Transición, diluyendo y enfangando la separación de poderes, convirtiendo los medios de comunicación bajo su control en instrumentos de burda propaganda y rebanando la Historia según convenga. Dividiendo a los españoles, en suma, y enfrentándolos entre sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que una mayoría de esos españoles y las fuerzas políticas que les representan decidan unirse con el único propósito de devolver el país a la senda de la libertad, la convivencia y el progreso.

(ABC, 20 de octubre de 2020)

Exposición de motivos

A lo largo de los últimos meses, muchas han sido las voces que han denunciado la inoportunidad de la tramitación en las Cortes de la llamada “ley Celaá”. Voces de enseñantes, de pedagogos, de padres de alumnos, de empresarios vinculados al sector educativo, o de simples ciudadanos. El propio debate de totalidad desarrollado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de junio evidenció esa inoportunidad, por más que las tres enmiendas de devolución presentadas no surtieran efecto y el proceso legislativo haya seguido, por lo tanto, adelante. Así las cosas, dudo mucho que el Gobierno se avenga finalmente a razones y decida retirar el proyecto de ley o, como mínimo, paralizar su tramitación. Ocasiones no le han faltado para ello durante el año y medio transcurrido desde que el texto se dio a conocer y a ninguna le ha parecido oportuno agarrarse.

         De entre las múltiples razones esgrimidas ya públicamente y alguna más que podría agregarse a la lista, hay dos que a mi modo de ver resultan sustanciales. La primera, y acaso la más reiterada, es la coincidencia en el tiempo del nuevo texto legal con la pandemia nuestra de cada día, de la que sobra indicar que no vamos a salir pasado mañana, ni mucho menos más fuertes, sino considerablemente diezmados y, en todo caso, con los supervivientes hechos unos zorros. En vista de semejante panorama, que incide directamente en la estabilidad del sistema educativo ante el curso que acaba de empezar y, en especial, en la de sus eslabones más débiles –el alumnado más joven, el de nivel socioeconómico más bajo o el que requiere especiales atenciones–, ¿tiene sentido promover y, en definitiva, aprobar un nuevo ordenamiento que, para más inri, ni siquiera cuenta con un mínimo consenso entre lo que se entiende por comunidad educativa? Añadan a lo anterior que la ley va a requerir un desarrollo reglamentario complejo y, en particular, una reforma profunda de los currículos, lo que va a socavar aún más la ya de por sí maltrecha estructura en la que se asienta hoy el sistema educativo.

         Pero hay más. Porque una de las consecuencias de esta pandemia que nadie sabe a ciencia cierta cuánto durará ni qué cambios va a traer a nuestras vidas es que la enseñanza ya no volverá a ser lo que fue. En qué medida y qué factura nos tocará pagar constituye a estas alturas una incógnita. Sí puede aventurarse, no obstante, que la teleeducación no será flor de un día, como no lo será tampoco el teletrabajo. Y si el Gobierno, o una parte de él, dio pruebas de cierta sensatez al admitir que este no era el mejor momento para acometer una reforma laboral –sensatez, por cierto, que parece haberse esfumado de nuevo–, ¿por qué no hizo lo propio con la reforma educativa? ¿Sólo porque Europa no se lo exigió a cambio de financiación? Sea como fuere, el Ejecutivo de Sánchez debería rehuir la tentación de emprender toda transformación radical –y esa nueva ley de educación lo es– por lo menos hasta conocer cómo quedan el paisaje y el paisanaje después de la pandemia.

         Esa es la primera razón de peso a la que habría que atender. La segunda no le va a la zaga en cuanto a trascendencia. Porque la ley Celaá participa del mismo espíritu y del mismo propósito que esa nueva ley de Memoria Histórica que está al caer. Se trata, en ambos casos, de ir más allá de lo que fueron sus respectivos antecedentes legales –la Ley Orgánica de Educación, LOE (2006), y la conocida como Ley de Memoria Histórica (2007)– y de hacerlo por la brava, sin encomendarse a Dios ni al Diablo. En otras palabras, se trata de ahondar en la confrontación y la división que esas leyes primigenias propiciaron ya en su momento en la sociedad española. Bien es verdad que el adanismo de aquellos primeros gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero casaba mucho mejor con la ley de Memoria que con la de Educación, que al fin y al cabo no dejaba de ser un remedo de la LOGSE (1990), al tiempo que la guinda legal al barrido grosero del que había sido víctima la promulgada por un gobierno del PP –la LOCE (2002)–, derogada al poco de empezar a aplicarse. Pero ello no quita, insisto, que las dos compartieran entonces y vuelvan a compartir ahora un mismo espíritu y propósito: convertir una ideología –huelga precisar cuál– en las tablas de una ley.

         Para convencerse de ello, basta con leer la “Exposición de motivos” de esa LOE rediviva. A lo largo de las diez páginas de que consta, no figura ni una sola referencia positiva a algún aspecto, incluso el más nimio, de las dos leyes –la LOCE y la LOMCE– aprobadas bajo gobiernos del Partido Popular. Sólo descalificaciones, amparadas en el ruido y la bronca de las movilizaciones promovidas por la oposición de entonces. El marco europeo, por su parte, sólo se usa para aquellas cuestiones que entroncan con el pedagogismo, mientras que las tasas de abandono y fracaso escolar, los resultados de los informes PISA o el dato inapelable de la ausencia de una evaluación al final de Bachillerato cuando la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea sí la tienen, no asoman por ningún lado. Y en un texto tan sobrecargado de valores, donde el género, por ejemplo, hunde sus raíces, la palabra “mérito” no aparece ni una sola vez.

         Esa “Exposición de motivos”, al igual que el articulado que le sigue, no es sólo un breviario ideológico; es también un monumento al relativismo. O sea, una renuncia manifiesta al afán de conocimiento, al afán por alcanzar la verdad. Lo cual, sobra decirlo, no desentona en modo alguno de la acción de un gobierno cuyo presidente ha hecho de la mentira y el engaño su principal seña de identidad. En esas manos está, para nuestra desgracia, la educación española.

(ABC, 15 de septiembre de 2020)

Nuestras Geronas

Gerona será siempre para mí un episodio del pasado. De cuando se llamaba Gerona y la llamaban indistintamente Girona o Gerona, según la lengua del hablante. Hablo de los años sesenta del siglo XX. Yo era, por entonces, un niño barcelonés que pasaba cortas temporadas en la ciudad inmortal, donde residía gran parte de mi familia materna. Allí fui feliz y aprendí algunas cosas. Por ejemplo, que en las Fires –las fiestas patronales que se celebran con ocasión de San Narciso– había unas atracciones llamadas tómbolas en las que, comprando un boleto por un precio módico, se podía obtener –fue mi caso– una cafetera italiana. O que a las mujeres de la edad de mis tías, que andarían entonces por los cuarenta, les encantaba manosear a un niño como yo, pródigo en carnes. O que el señor aquel del monumento de la plaza de San Agustín –también denominada de la Independencia–, el del sable en la mano, era un general que tuvo una muerte atroz: no pudiendo resistir por más tiempo la tortura infligida por las tropas de Napoleón, que se obstinaban en impedirle dormir, resolvió acabar con su vida –si es que no acabaron con ella sus propios torturadores–. Sobra añadir la huella que ello dejó en mi universo infantil. ¡Figúrense, morir de sueño! Hablo, en fin, de una Gerona gris, algo sucia, feúcha, nada que ver con la actual. La Gerona –y ya me perdonarán los exégetas del franquismo– en la que un niño como el que yo era fue feliz.

 

A ese episodio mío del pasado me ha llevado el rescate de otro episodio, este nacional. O sea, Gerona, de Benito Pérez Galdós, número 7 de la Primera Serie. Mejor dicho, Girona, toda vez que el rescate se ha hecho en catalán. No suele pasar que una obra escrita en castellano sea vertida al catalán y editada en esta lengua. Concurren en esa ausencia de traducciones un par de factores. Por un lado, el bilingüismo de la sociedad catalana, esto es, el hecho de que todo catalanohablante sea por principio castellanohablante, o, si lo prefieren, potencial lector en castellano. Por otro, y directamente relacionado con el anterior, el mundo editorial, que no ve negocio alguno –es decir, ventas, beneficio– en una operación de este tipo. Así las cosas, sólo el prurito literario o personal parece justificar una traducción al catalán de una obra escrita originalmente en castellano.

 

Entre esas excepciones, acaso la más llamativa, por obedecer al parecer a un deseo de su autor –una reminiscencia sentimental de sus años barceloneses–, sea la de Cien años de soledad. Ignoro cuántos lectores habrá tenido la versión catalana de Avel·lí Artís Gener, Tísner, de 1970, pero no creo que fueran muchos. Distinto es el caso de La ciudad de los prodigios. Xavier Lloveras la tradujo en 2000 a instancias de Xavier Folch, editor de Empúries, sello integrado ya por entonces en Edicions 62. Y digo que es un caso distinto no por las ventas y lectores, que desconozco, sino porque la novela de Eduardo Mendoza, al contrario que la de Gabriel García Márquez, además de transcurrir en Barcelona, tiene a la propia ciudad como protagonista.

 

Existe, pues, una justificación de orden geográfico. Y a lo geográfico se añade la posibilidad de que los personajes se expresen en la lengua –o en las lenguas– en las que realmente se hubieran expresado en caso de haber vivido. Con la traducción, pues, se gana en verosimilitud. (Entre paréntesis: que la novela policiaca escrita en catalán desde hace por lo menos medio siglo sea tan mediocre hay que achacarlo, al margen de otra clase de deficiencias, a la incredulidad de la que es presa el lector cuando tropieza con un diálogo en catalán entre un inspector de policía y un maleante cualquiera. Y lo mismo ocurre con las traducciones de ese tipo de obras al catalán.)

 

En 1884 el propio autor de Gerona, publicada seis años antes, trataba de convencer epistolarmente al catalán Narcís Oller de que abandonase su idioma materno como vehículo de expresión literaria en provecho de la lengua castellana. En su respuesta, Oller rebatía las palabras de Galdós –que había atribuido el empecinamiento del primero en usar el catalán a la “manía del catalanismo y de la Renaixensa” y consideraba absurdo rechazar la posibilidad de alcanzar un número infinitamente mayor de lectores– con argumentos de difícil revocación:

 

“Escribo la novela en catalán porque vivo en Cataluña, copio costumbres y paisajes catalanes y catalanes son los tipos que retrato, en catalán los oigo producirse cada día, a todas horas, como Vd. sabe que hablamos aquí. No puede Vd. imaginar efecto más falso y ridículo del que me causaría a mí hacerlos dialogar en otra lengua, ni puedo ponderarle tampoco la dificultad con que tropezaría para hallar en paleta castellana cuando pinto, los colores que me son familiares de la catalana.”

 

Y si el catalán, en la Barcelona de 1884, era todavía la lengua de uso común y ampliamente mayoritario –lo que no significa, claro está, que no se hablara también castellano–, figúrense cuál debía ser ese uso en la Gerona de 1809. Así pues, eso que podríamos denominar la geografía humana –suma de la trama urbana de una ciudad y de los tipos que la habitan y en ella se interrelacionan– es lo que explica que, muy de tarde en tarde, obras escritas originalmente en castellano y de contrastado valor literario –ya por la obra en sí, ya por el prestigio de su autor– sean vertidas al catalán. La Gerona de Benito Pérez Galdós ha resultado ser, en este sentido, la más agraciada. Pero antes de aludir a ella, permítanme un breve excurso para referirme a la suerte corrida por El Quijote en la lengua de Narcís Oller.

 

El Quijote es la obra castellana traducida más veces al catalán. Según Montserrat Bacardí e Imma Estany (El Quixot en català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006), seis en total desde finales del siglo XIX. Seis íntegras, se entiende, porque si consideramos las incompletas hay que añadir otras treinta –al margen, por supuesto, de lo que haya podido dar de sí en los últimos 14 años la producción quijotesca en catalán, estimulada sin duda por el grandísimo hallazgo del flamante Institut Nova Història, según el cual Cervantes se llamaba en realidad Joan Miquel Servent y El Quijote no era sino la traducción al castellano de un Quixot original–. Las aportaciones parciales son de toda índole: traducción de una de las partes, de los capítulos sobre Barcelona, de determinados fragmentos escogidos; adaptaciones; ediciones ilustradas, para niños y para adultos, etc. En este caso, pues, al prestigio de un clásico universal, vertido a todas las lenguas de cultura del mundo, se une el hecho de que una parte de la obra tiene como escenario Barcelona y alrededores.

 

Volvamos ahora a la Gerona de Galdós y sus traducciones. Todo indica que la primera fue la de Josep Burgas en 1930. No he podido consultarla, pero, a juzgar por la información aportada por Pau Miret en la “Introducción” que él mismo redactó para la segunda (Girona. Episodi i drama en quatre actes, Isidora Ediciones, 2010), se trata de una traducción incompleta, toda vez que le falta “el capítulo final que sirve de enlace con Cádiz, el siguiente Episodio nacional”. El propósito de enmendar esa laguna bastaría por sí solo para justificar la aparición de la versión firmada por Miret. Pero, aun así, para entender el porqué de esa edición de hace una década –que incluye, por cierto, la traducción, también a cargo de Miret, de la obra teatral homónima, estrenada en 1893– hay que acudir a razones de otra naturaleza. Están, en primer lugar, las que ya hemos descrito más arriba de forma genérica bajo la denominación “geografía humana”, coincidentes a grandes rasgos con las que el propio traductor expone en su “Introducción”. Pero está, sobre todo, el encaje de la publicación en un proyecto editorial como Isidora, creado en torno a la figura y la obra de Pérez Galdós por profesores, investigadores, críticos y editores, y destinado a difundir estas últimas, y el conocimiento que de su estudio deriva, urbi et orbi. Esta Girona, pues –que ha contado, al igual que el resto de las traducciones, con una ayuda del Ministerio de Cultura–, se inscribe en dicho proyecto galdosiano.

 

Y la tercera Girona, recién salida del horno, es la de Anna Grau. Así, tal cual lo leen. Por supuesto, se trata de la traducción de la obra de Galdós, pero acaso esto sea lo de menos. Si la de Isadora contó con una subvención del Ministerio, esta última, publicada por Ediciones Hildy, lleva un doble patrocinio, el de elCatalán.es y el de Societat Civil Catalana. Lo que va de 2010 a 2020. O de Madrid –léanlo, si lo desean, con cursiva– a la Gerona del Procés. Cuando las instituciones autonómicas se niegan a fomentar, incluso mediante la traducción a la lengua única de la escuela y la Administración, la literatura y la cultura castellanas, hay que echar mano del voluntariado civil.

 

Decía que era la Gerona de Anna Grau. Nacida en la ciudad, donde residió hasta los dos años, Grau también reclama en su “Introducción” el derecho a traducir la novela. Pero no por razones de orden literario, de aprecio por la obra o por Galdós, ni tampoco apelando a la restitución de un paisaje y unas gentes mediante el recurso a la lengua en la que se habrían expresado de haber existido realmente y no sólo en la ficción. No, lo reclama porque sí. O, si lo prefieren, “con dos ovarios” –por utilizar sus mismas palabras–. En este sentido, su Gerona está mucho más cerca de una propuesta dialógica que de una traducción convencional. A propósito, claro. Así como la de Pau Miret, aun siendo de 2010, no puede afirmarse que responda a su tiempo –no era para nada la intención del traductor, ni tenía por qué serlo–, la de Grau sí. En su versión, el texto galdosiano está trufado de entreactos –doce en total– que llevan su firma, colocados al final de determinados capítulos. Esos cortes de Grau en la narración sirven a un tiempo de exégesis de lo acontecido anteriormente y de vínculo con el presente. Así, aparecen la ANC (Assemblea Nacional Catalana), el CIS de Tezanos, la mismísima ONU…, si bien lo que más abunda son las referencias al confinamiento, en la medida en que el sitio de Gerona por las tropas napoleónicas se confronta, en sus apuntes, a esa especie de sitio universal al que nos ha condenado el coronavirus. Y todo ello, como indicaba más arriba, a través de la interpelación constante, ya al propio Galdós o a sus personajes, ya al dilecto lector.

 

De ese activismo, en fin, consistente en reivindicar la españolidad de Cataluña mediante la reivindicación de la catalanidad de la Gerona galdosiana, participa también el periodista Albert Soler, autor del “Epílogo” del libro y residente –iba a escribir resistente– en la ciudad. Una ciudad, Gerona, que ya no es la de 1809, claro, ni la de hace seis décadas, ni siquiera la de diez años atrás. Pero que las contiene todas, por más que los rufianes de toda laya que hoy en día la tienen sitiada se empeñen en negarlo.

(Revista de Libros, 4 de septiembre de 2020)

La imprescindible continuidad

Decir que vivimos tiempos revueltos es decir poco. Desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder, hace ya más de dos años, la disrupción se ha convertido en norma. Sólo faltaba la nefasta gestión de la pandemia, con su ristra de mentiras, ocultamientos, bandazos y trilerías, para confirmarlo. Nada es seguro en España, nada es duradero. Ni en política ni en ningún otro ámbito de la vida pública. Lo que trae como consecuencia que tampoco lo sea en la esfera privada. ¿Qué padres de familia pueden planificar hoy en día el porvenir de sus hijos? Por desgracia, sólo aquellos que disponen de posibles para mandarlos al extranjero a formarse y de este modo abrir cauce a un futuro profesional. Números cantan: económicos, educativos, asistenciales. Y mientras esos números andan de capa caída, los asociados a la corrupción siguen al alza.

               Así las cosas, se entiende que cunda el desánimo entre muchos españoles y que no pocos apuesten por una ruptura de signo radicalmente contrario. Se entiende, digo, aunque resulte difícil compartirlo. La historia de España está llena de esa clase de vaivenes. Y todos acabaron mal. Que la actual mayoría gubernamental juegue a repetirlos, de obra y de palabra, para provocar con ellos una reacción extremada, no debería llevarnos ni al desaliento ni al encono. Sí, en cambio, a la firmeza. Una firmeza que pasa, ante todo, por la defensa de la continuidad institucional. O sea, de nuestra Monarquía constitucional, encarnada en el Rey Felipe VI, y nuestro Estado de las Autonomías. Pero también de otra clase de continuidad.

            Cuando se cumplían 60 años del inicio de la Guerra Civil, Julián Marías publicó un breve y sustancioso ensayo, España ante la historia y ante sí misma (1898-1936), cuya lectura debería figurar –y sé bien que no es el caso– en los haberes de todo bachiller español. Pues bien, dicho ensayo contiene un epílogo donde el autor acuñaba un concepto, el de continuidad subterránea, para desmentir que la dictadura hubiese sido un verdadero páramo desde el punto de vista social y cultural. La tragedia civil había supuesto sin duda una “atroz sacudida”, pero no había cortado por completo el hilo de historia que los españoles llevaban décadas hilvanando. El propio Marías podía dar fe de ello, no sólo por haberlo vivido –y, en parte, sufrido–, sino por haber contribuido con su ejemplo a trenzar esa continuidad sin la cual nuestra Transición y la consiguiente recuperación de las libertades políticas habrían sido una quimera. (Sobra precisar que en ese ejercicio de plena asunción del pasado que sirvió para alumbrar la democracia constitucional de la que felizmente seguimos disfrutando participaron también aquellos españoles a los que la Guerra Civil y el franquismo habían empujado al exilio y que en el ínterin no habían podido o deseado regresar.)

            Para entender el alcance y la trascendencia de esa continuidad subterránea a la que se refería Marías hará pronto un cuarto de siglo, piénsese tan solo en los antiguos catedráticos de instituto de enseñanza media. Muchos se habían formado en los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera y durante la Segunda República. ¿Eran por ello partidarios de un Estado autoritario, eran por ello republicanos? En absoluto. Podían serlo o no. Podían estar incluso alejados de toda inclinación política. Eran, eso sí, cada uno en su campo, depositarios de un saber que ha configurado lo que Marías denominaba en 1996 “nuestro tiempo”, un tiempo que arrancaba en 1898 y en el que quiero creer que todavía estamos. Habrá quien me objete, y con razón, que muchos de los españoles formados en esos años prebélicos no pudieron siquiera aspirar a una cátedra porque tuvieron que exiliarse o porque, simplemente, se les impidió por razones ideológicas ejercer la docencia. Pero ello no quita que quienes sí llegaron a ejercerla supieran transmitir a miles de jóvenes educandos un conocimiento que venía de antiguo y les hacía partícipes de una tradición. Por desgracia, terminada la Transición, la llegada del PSOE al poder y la ulterior implantación de unas leyes educativas regidas por un igualitarismo programático, esto es, por un enfermizo rechazo del mérito y la jerarquía, diluyeron aquel cuerpo de catedráticos de instituto que tanto habían hecho por esa continuidad en un cuerpo polimórfico de nueva planta donde todos eran “trabajadores de la enseñanza” y donde tanto valía un catedrático de Bachillerato como un profesor de Formación Profesional.

            Decía más arriba que el momento que estamos viviendo reclama, ante todo, una firme defensa de la continuidad institucional: Monarquía, Constitución, Estado de las Autonomías. Desde la recuperación de la democracia no habíamos tenido nunca en España un gobierno, no importa el color, en el que estuvieran representadas fuerzas políticas cuyo propósito más o menos explícito fuera acabar con los tres ejes que conforman esa continuidad. Del mismo modo, nunca un gobierno había gozado del apoyo parlamentario de formaciones que han hecho ya de ese mismo propósito una hoja de ruta manifiesta, recurriendo incluso a la violencia para tratar de alcanzar su objetivo. El momento, pues, es delicado. Y es ahí donde esa continuidad institucional precisa del apoyo y el aliento de la otra continuidad, esa que no cabe calificar ya, siguiendo a Marías, de subterránea, dado que, por fortuna, vivimos en un régimen de libertades, pero cuya esencia no deja de ser a grandes rasgos la misma: a saber, la que procuran, con su quehacer diario, tantos millones de españoles que no están dispuestos a renunciar a lo que tanto ha costado conseguir.

            Se me dirá que ya están los partidos políticos constitucionalistas para cumplir con esa labor. Cierto. Pero no ha nacido todavía ninguno que en los instantes decisivos anteponga el interés general al suyo como partido. Por eso es tan importante la acción civil. No como alternativa, sino como refuerzo. No como impugnación de la política representativa, sino como corolario democrático de su propia existencia. Los españoles de bien tienen el derecho y el deber de preservar, renovándolo día a día, su patrimonio común. Se juegan, nos jugamos, mucho. Todo, sin duda.

(ABC, 19 de agosto de 2020)

Bendito turismo

No creo que las imágenes de los aplausos tributados el pasado 15 de junio por el personal de un hotel mallorquín a los primeros turistas alemanes desembarcados en España desde la declaración del estado de alarma fueran del agrado de la izquierda que nos gobierna. Una cosa es que no quede más remedio que tener hoteles, turistas y cuanto se sigue de su existencia, y otra muy distinta que encima haya que mostrar pública gratitud por dicho estado de cosas. Que yo sepa, nunca hasta ahora los trabajadores de un establecimiento turístico habían participado sin reparos ni fisuras en un acto de reconocimiento a quienes contribuyen con su presencia a su presunta explotación como clase. Es verdad que este año no es como los demás. La pandemia ha traído un desbordamiento sentimental inusitado cuya máxima expresión eran –y es de esperar que no tengan que volver– aquellos aplausos de agradecimiento ciudadano desde balcones y ventanas a la caída de la tarde. De ahí que la reacción de esos trabajadores de hostelería pueda entenderse como formando parte de un estado de ánimo más general. Pero, aun así, no deja de resultar significativa, y muy especialmente por la comunidad autónoma donde se produjo.

            Así como en España el turismo representa cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone un porcentaje del empleo similar, en las Islas Baleares ronda el 45% del PIB autonómico y emplea a un tercio de la población asalariada. No es de extrañar, en consecuencia, que en el archipiélago los dardos izquierdistas hayan tenido siempre como objetivo el sector turístico. Unos dardos, por cierto, en los que no ha faltado el componente xenófobo aportado por los nacionalistas del lugar, deseosos de ver su tierra limpia de forasteros, ya sean estos españoles, ya de otras latitudes. En los últimos años han proliferado las campañas contra esas supuestas invasiones bárbaras, en forma de manifestaciones en las terminales portuarias y aeroportuarias, e incluso de acciones más o menos violentas contra bienes públicos y privados. Tampoco han sido ajenos al ambiente creado, para no variar, los vientos ideológicos que soplan desde Cataluña. O, seamos precisos, desde la Barcelona de la alcaldesa Colau, una de cuyas concejalas llegó a desear en la pasada legislatura la desaparición de los cruceristas, a los que calificó de “plaga de langostas”. Y como todo lo malo se pega, sobre todo si encuentra el campo abonado, también en el País Vasco la actividad turística ha sufrido la ira de los violentos.

            Esa fobia al turismo ha tomado como pretexto el fenómeno de la masificación, en particular en las grandes ciudades. Es indiscutible que esa masificación ha existido, como lo es que ha comportado para los lugareños no pocas incomodidades y contratiempos: movilidad limitada, lo mismo en núcleos urbanos que en carreteras y autopistas, mayores niveles de ruido, de suciedad, de contaminación de playas y aguas marinas, etc. Todo ello, insisto, resulta indiscutible, en especial en los meses punteros del verano. Pero ese aumento de visitantes no ha obedecido por lo general a un incremento del turismo tradicional, sino a la proliferación e intensificación de dos modalidades, si no nuevas, sí mucho más recientes: los cruceros y el llamado alquiler turístico o vacacional, que han venido a sumarse a las ya existentes. En el primer caso, con una población esencialmente paseante cuyo número no tiene otro límite que la capacidad de carga de cada buque y la cantidad de buques que los muelles de un determinado puerto puedan acoger a diario; y en el segundo, con una población también numerosa pero difícil de cuantificar, por cuanto su presencia en el territorio descansa en un marco normativo enmarañado y, luego, discutido y polémico. Es de creer, sin embargo, que con el tiempo los organismos públicos terminarán por regular ambas modalidades turísticas, dada la necesidad de fijar, socialmente hablando, unos límites razonables.

            Con todo, esa fobia al turismo tiene, en las filas de nuestra izquierda, unos fundamentos que no guardan gran relación con esas multitudes que nos invaden en cuanto llega el solsticio de verano. Así, por ejemplo, ese enemigo del consumo que nos ha tocado en suerte como ministro de Consumo, Alberto Garzón, declaró a mediados de mayo en sede parlamentaria que el turístico era “un sector estacional, precario y de bajo valor añadido”. Y no lo hizo, sobra añadirlo, para poner de manifiesto su relevancia. No hay duda de que la ignorancia es muy atrevida, pero las palabras de Garzón reflejan algo más que el drama formativo de un ministro que necesita a todas luces mejorar: son la evidencia de un prejuicio fuertemente enraizado en la mentalidad de una parte de este gobierno y, por supuesto, de muchos de los grupos que le dan apoyo. Ven el turismo como una actividad depredadora del territorio regida por unos empresarios que tratan a sus trabajadores sin miramiento alguno. No negaré, claro está, que a lo largo de siete décadas se hayan cometido abusos. Pero convertir esas prácticas –que en general han sido corregidas– en una dominante resulta tan contrario a la verdad que no merece ni siquiera la pena detenerse en ello. 

            Por lo demás, no parece que el Gobierno vaya a enmendar con sus actos las palabras de su ministro. La inversión pública prevista para el turismo con vistas a la recuperación es netamente insuficiente –una séptima parte de lo necesario, a juicio de Exceltur–. Tal vez convenga recordar que fue este el sector que tiró del carro en la crisis de 2008. Y que apoyarle equivale a apoyar la restauración, el comercio, el transporte, la construcción, el ocio. O, lo que es lo mismo, a producir riqueza y empleo. No está el país para reservas ni experimentos. Sobre todo cuando el FMI pronostica ya una caída de porcentaje en el PIB nunca vista. Que encima dé la casualidad de que esa caída coincide con el PIB representado por el turismo sólo indica hasta qué punto este último, para España, es como el pan. Sí, bendito turismo.

(ABC, 12 de julio de 2020)