ABC, 29 de octubre de 2011.
El 7 de diciembre de 2010, tras conocerse los resultados del último informe PISA —una macroevaluación de la OCDE en la que se miden las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos de 15 años de más de sesenta países del mundo desarrollado—, el consejero de Educación en funciones Ernest Maragall se mostraba exultante. ¿La razón? Su comunidad autónoma, por fin, progresaba adecuadamente. Sí, al contrario de lo sucedido en las dos ediciones anteriores en las que la evaluación se había hecho también por comunidades, esta vez Cataluña no suspendía. Y, en según qué campo, hasta mejoraba un montón. El propio consejero calificaba entonces esa mejora de «rotunda» y la atribuía a su gestión y a la puesta en marcha de la nueva Ley de Educación Catalana. Como testamento político, pues, no estaba nada mal. Lástima que todo fuera mentira. Como ha demostrado esta semana la Fundació Bofill con un análisis independiente de la muestra, esta no reflejaba la realidad educativa catalana, por lo que no podían compararse sus resultados con los obtenidos en muestras precedentes. Por un lado, el porcentaje de alumnos excluidos —entre los que están, claro, los que sacan peores notas— superaba el permitido por la OCDE. Por otro, el alumnado inmigrante se hallaba infrarrepresentado en casi dos terceras partes. Y, finalmente, el porcentaje de alumnos de 15 años de 4º de ESO excedía del que hubiera correspondido por su presencia en las aulas catalanas. Aun así, lo más grave de todo este asunto no es el recurso a la mentira, al engaño. Lo más grave es la hipocresía de la clase política catalana, que se llena la boca hablando de cohesión social y no se para en barras a la hora de practicar la eugenesia educativa. Dicen que el ex consejero Maragall, ante las revelaciones de la Fundació, ha declarado que a él que lo registren. Pues eso, que lo registren. Y ya puestos, si procede, que también lo encierren.
ABC, 29 de octubre de 2011.
ABC, 29 de octubre de 2011.