No fue un circo, ni un esperpento, aunque tal vez sí fuera un disparate. O como mínimo un error de bulto. Por lo visto y oído ayer en el Congreso, Vox se equivocó al presentar la moción de censura o, cuando menos, al no retirarla cuando aún estaba a tiempo. Y lo grave del caso no es que Vox errara el tiro, sino que Pedro Sánchez aprovechara la ocasión para reforzar su condición de candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones generales de diciembre. En otras palabras, lo de ayer no fue una moción de censura; fue más bien el discurso de un candidato a la investidura llamado Pedro Sánchez, contrapunteado por las intervenciones de un Santiago Abascal más preocupado por ajustar cuentas con unos medios de comunicación que, según él, habían tildado la iniciativa parlamentaria de circo, de esperpento y de disparate, que por preparar el terreno al verdadero candidato propuesto por la moción, Ramón Tamames.

Y es que las intervenciones del actual el inquilino de la Moncloa –que no desaprovechó, por cierto, la ocasión que le brindó Abascal para erigirse, con todo el cinismo, en defensor de la prensa libre e independiente y para contraponer diarios económicos y diarios políticos, lo que da idea del concepto que debe de tener de lo que es la información general– no sólo consistieron en una exhibición de cifras y letras conducentes a justificar la excelencia de su actuación como gobernante y a vilipendiar las políticas del PP de Rajoy y las que pudiesen resultar de un futuro gobierno de coalición entre “la derecha y la ultraderecha”, sino que incluso se permitió deslizar lo que haría en la próxima legislatura “si los españoles nos renuevan su confianza”. Bien es verdad que Abascal, a quien Sánchez había retado a presentar una tercera moción de censura en septiembre, también olvidó en algún momento su condición de telonero asegurando que iba a derogar cuantas leyes hicieran falta.

Y junto a ellos, claro, el candidato, un Tamames con 89 años al que la duración del debate jugó una mala pasada: tuvo que esperar cerca de dos horas y media para tomar la palabra; interrumpió al presidente Sánchez cuando este se encontraba en el uso de la palabra reprochándole que utilizara en su respuesta “un tocho de veinte folios”; le afeó luego el haber empleado en su filípica contra la derecha toda una hora y cuarenta minutos, haber explicado “lecciones de cosas” que nadie había pedido y haberle atribuido palabras que él no había dicho, e hizo lo indecible para terminar cuanto antes al anunciar que ya no intervendría más. Pero, ante su asombro, vio como la vicepresidenta Yolanda Díaz tomaba el relevo de Sánchez y subía a la tribuna para soltar sin piedad ninguna un discurso autocomplaciente de una hora larga, entre admonitorio –de maestrilla– y mitinero, en el que no faltaron lisonjas para el presidente y para el resto de los ministros del Consejo –la cara marmórea de Irene Montero cuando fue mencionada era todo un poema–. En su contrarréplica, Tamames se limitó a indicarle a la vicepresidenta que imaginaba que aquello que acababa de exponer era el programa de Sumar.

Si la moción fue un error, también lo fue la elección del candidato. No sólo por los achaques propios de la edad; también por lo que podríamos denominar los usos y costumbres de su época de diputado y político en activo en comparación con los actuales. Y eso incluye el lenguaje, claro. Cuando Díaz le habló de “sororidad”, le faltó poco a Tamames para pedirle a Abascal las sales. Además, hay que tener en cuenta que la filtración de su discurso, que muchos miembros del Gobierno llevaban impreso y más o menos subrayado y anotado, no le ayudó en nada, por más en su intervención de ayer lo acortara y modificara de modo notorio. Por desgracia, lo que él concebía como una honrosa despedida de su vida política, como un último servicio a España, se habrá convertido en un valioso servicio a Pedro Sánchez.

En definitiva, el debate de ayer por la mañana en el Congreso tuvo un único vencedor, el actual presidente del Gobierno, que pudo exponer sus presuntos logros como gobernante, volver de forma machacona sobre la dupla derecha y ultraderecha, y hasta colgarse la medalla de afirmar –él, cuyo principal atributo es el dominio de la mentira– que Vox es incompatible con la verdad. El principal perdedor fue el partido proponente. Pero tampoco deben de estar muy contentos en las filas de Podemos con el espaldarazo que la intervención de la vicepresidenta Díaz, en sustitución de la del presidente, supone para la promoción de su nueva formación política, Sumar. En cuanto al PP, está claro que hizo bien en desmarcarse de la iniciativa y no comparecer, cuando menos al primer nivel.

Respecto a la influencia que pueda tener el desenlace de la moción en las elecciones de diciembre, nada puede aventurarse, creo. Faltan aún cerca de nueve meses y antes habrá que atender a lo que nos depare, para bien o para mal, la cita múltiple de mayo. Confiemos, en todo caso, en que la verdad –no la de Pedro Sánchez, la verdad a secas– al final prevalezca.


Una moción de investidura

    22 de marzo de 2023
No tengo nada que objetar a los debates diacríticos que han tenido como escenario los plenos de la Real Academia Española. Para eso están sus ilustrísimas, para discutir y rediscutir si el adverbio sólo puede seguir llevando la tilde de la que fue desposeído en 2010, excepto en casos de ambigüedad, por la propia Academia –o sea, si los escribidores españoles pueden recuperar sin caer en pecado un uso que muchos consideramos imprescindible–, o si, por el contrario, el adverbio debe proseguir su andadura privado de rasgo diferencial en una época rebosante de singularidades. En Francia una polémica como esta habría puesto en ascuas a medio país. Pero Francia es un país donde los concursos de dictados son tan populares como los de petanca. Aquí, en cambio, lo que tenemos a diario es un concurso de involuntarias faltas de ortografía y sintaxis en los medios de comunicación, a cuál más gorda.

Con todo, si de algo puede servir ese fracaso cosechado por la tilde –la norma, al parecer, va a seguir como está desde hace una docena de años– es para tratar una vez más de otro fracaso patrio, el de nuestra enseñanza pública. El suplemento cultural Lectura traía en su último número un reportaje de Olga R. Sanmartín sobre el llamado abandono escolar temprano, es decir, sobre el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que han dejado de estudiar. En las últimas décadas esa tasa se ha reducido considerablemente, hasta el punto de situarse, según la última EPA, en cerca del 14% de la población comprendida en esa franja de edad. Es decir, en sólo 475.000 jóvenes, mayormente de sexo masculino. Un sólo –con tilde, claro– que sigue siendo un demasiado. En términos porcentuales continuamos a la cola de los países de la UE, cuatro puntos por encima de la media y precedidos únicamente, como es costumbre, por Rumanía. Pero el reportaje en cuestión, pese a tratar de educación y de las razones del fracaso de las políticas emprendidas para reducir el abandono escolar temprano, no daba voz a ningún pedagogo. Los únicos opinantes eran economistas, lo cual resultaba hasta cierto punto sorprendente.

Sorprendente o no, lo cierto es que la decisión de excluir a los pedagogos de la consulta constituía un acierto. Los pedagogos, comprometidos en su mayoría con las reformas llevadas a cabo en los últimos cuarenta años por los gobiernos de izquierda –la única ley de la derecha que logró tener cierto desarrollo, la Lomce, quedó truncada por la moción de censura de Pedro Sánchez y la consiguiente ley Celaá–, son enemigos de las cifras. Lo son por naturaleza ideológica, por su aversión a tener en cuenta los hechos que contradicen sus tesis y por negar toda validez probatoria a los fracasos. Por eso los responsables de la educación pública llegan incluso al extremo de seguir atribuyendo al franquismo, casi medio siglo más tarde de la muerte del dictador, unas cifras imputables en gran medida al fracaso del modelo nacido en 1990 con la Logse y culminado hace un par de años con la Lomloe. Y ello cuando no les queda más remedio que dar explicaciones porque los datos no pueden soslayarse, como pasa con el abandono escolar temprano –un medidor de la Unión Europea– y con los resultados más que discretos de los informes PISA –dependientes de la OCDE y que evalúan el nivel de conocimientos de los jóvenes de quince años de cerca de 40 países económicamente desarrollados–.

Porque, en general, tratan de ocultarlos. De ahí su negativa a implantar, como prescribía la Lomce –y antes en parte la Loce, aprobada asimismo por un gobierno del PP–, reválidas al final de la ESO y el Bachillerato para la obtención de los títulos respectivos. De ahí también su negativa a ofrecer a los padres, con vistas a la matriculación de sus hijos, datos sobre el rendimiento de los centros escolares en función de los resultados obtenidos por sus alumnos. Y de ahí, en fin, su progresivo rechazo de la evaluación numérica y su sustitución por una burocracia indigerible –en consonancia, pues, con la jerga pedagógica– y facilitadora del aprobado de la asignatura y la promoción de curso incluso con materias suspendidas. Añadan a todo lo anterior la apuesta por un igualitarismo enfermizo que impide la aceptación de que no todo el mundo vale para todo y, en particular, para alcanzar la universidad, y en el que valores como el esfuerzo y el mérito se hallan siempre bajo sospecha.

Ante el reiterado fracaso de nuestra educación pública, lo que debería preocuparnos hoy por hoy no es la tilde de sólo, sino la de aquella ñ que simbolizó en otro tiempo la imagen de España en el mundo.

Fracasos de la tilde

    15 de marzo de 2023