Les supongo al tanto de los hechos. Aun así, se los recuerdo por si acaso. El pasado 22 de septiembre trece especialistas de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II de lo que antes se conocía como Selectividad y ahora con distintas sopas de letras según la comunidad autónoma de que se trate –en lo que constituye un ejemplo más del efecto sedante de las siglas, pero también, seamos justos, de cierta pertinencia pedagógica, dado que poco seleccionan ya unas pruebas cuyo porcentaje de aprobados se acerca sospechosamente al de los síes de aquellos congresos de antaño del Partido Comunista Búlgaro, donde el recuento de votos superaba el número de participantes–; trece especialistas, decía, pertenecientes a diez comunidades autónomas, firmaban un manifiesto titulado expresivamente “Competencias para la nada: en contra de la propuesta de las EBAU/EvAU redactada por el Ministerio de Educación” y lo hacían público en la plataforma change.org en busca de adhesiones. Ayer eran ya 3.560 las personas adheridas.
El texto describe minuciosamente el procedimiento por el que se fusionarían, de aprobarse la propuesta ministerial, las pruebas lingüísticas –de castellano, inglés y la lengua cooficial correspondiente– hasta reducirse a una veintisieteava parte de la extensión que tiene en las pruebas actuales cada uno de los idiomas. Lo cual comportaría, claro, una merma análoga de los contenidos y del conocimiento que de su asimilación se deriva. No hace falta precisar que lo importante para los pedagogos del Ministerio no es el conocimiento, sino lo que llaman con gran pompa la evaluación competencial, como si esta fuera posible sin la existencia de unos conocimientos previos. El experimento, por lo demás, eximiría a los alumnos de demostrar, mediante una mayor o menor destreza expresiva, lo que han aprendido y asimilado a lo largo del bachillerato, puesto que el modelo de examen casi no requiere del recurso a la expresión escrita.
Pero, aunque este es el hecho, la noticia está en otra parte. En la Real Academia Española, para ser precisos. A ella se dirigieron también los firmantes del manifiesto pidiendo amparo, y el pasado viernes la RAE respondía. Y no con un simple acuse de recibo, sino con una declaración institucional en la que ponía de relieve su coincidencia con el análisis llevado a cabo por los especialistas en su manifiesto y la consiguiente discrepancia profunda con el nuevo modelo de pruebas que el Ministerio de Educación pretende adoptar.
Como ha destacado la periodista Olga R. Sanmartín, se trata de la primera vez en que la RAE se expresa con semejante contundencia para criticar la política educativa de este gobierno en relación con asuntos que son de su plena incumbencia académica. Y no hay duda de que hace bien al abandonar su habitual prevención y enfrentarse sin medias tintas a quien le da de comer, o sea, al Ejecutivo. En noviembre de 2020, cuando el debate parlamentario de la actual ley educativa tocaba ya a su fin en el Congreso y no quedaba sino el trámite del Senado –resuelto, por cierto, con una premura vergonzosa por parte de la mayoría gubernamental–, la RAE emitió un comunicado sobre la educación en español en las comunidades bilingües. Y, aun cuando la argumentación empleada para defender el derecho de todo ciudadano español a recibir la enseñanza en su lengua materna resultaba impecable, el tono y las formas –“la RAE sigue atentamente la deliberación”, “la RAE confía en que el legislador”, etc.– eran mucho más templados y condescendientes que los actuales para oponerse al cambio de modelo de Selectividad. Quién sabe si lo ocurrido en el campo de la educación española en el par de años transcurridos no habrá convencido a los miembros de la institución de la necesidad de poner de una vez pie en pared.
Y, ya puestos, no estará de más recordar a nuestros académicos algo que sin duda no ignoran. Los derechos de los hablantes de esa lengua que es la de todos se siguen pisoteando en noviembre de 2022 en los centros escolares de muchas partes de España, empezando por los de Cataluña y Baleares, por lo que sería de agradecer que la RAE se pronunciara también sobre el particular. No tanto para conocer qué opina, lo que debería darse por descontado, espero, a estas alturas –en 2010 su director de entonces, José Manuel Blecua, se declaraba partidario de la inmersión lingüística en catalán–, como para que el prestigio y la autoridad de la institución sirvan de aliento a los sufridos movimientos ciudadanos que defienden en el aula y en la calle la enseñanza en español. El mísero 25%, ya saben. Al fin y al cabo, la homóloga de la RAE en Cataluña, la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes, no ha tenido ni tiene empacho alguno en defender una y otra vez justo lo contrario.