No hace mucho, en una comida de amigos, uno de ellos manifestó su satisfacción por tener una hija. No me extraña, pensé; su hija, que andará por los veinte y pico, es estudiosa, inteligente, responsable… ¿Qué más puede pedir un padre que ha cuidado de su educación? Pero el comentario de mi amigo no iba por ahí, a pesar de que esas cualidades filiales le llenan, como es natural, de un sano orgullo. Su satisfacción era en realidad un alivio; el de tener una hija y no un hijo.

De un tiempo a esta parte, esto de ser hombre y ejercer como tal se está poniendo cada vez más difícil. Pascal Bruckner, en su ensayo Un culpable casi perfecto –a saber: el hombre blanco heterosexual– (2020), se refiere a lo que las feministas estadounidenses más radicales de la segunda ola bautizaron como cultura de la violación y cuya penetración –con perdón– en Europa se ha acrecentado últimamente bajo el paraguas del movimiento woke. “Conforme a la nueva doxa –escribe Bruckner–, todo sería violación en la vida cotidiana: la mirada de los transeúntes, su aspecto sospechoso, su mentalidad e incluso el aire que respiramos. La mínima sonrisa de un chico a una chica escondería una intención asesina: nacer mujer, sería nacer presa; nacer macho, sería nacer asesino. La inmensa mayoría de los hombres (…), por no decir todos los hombres, no desearía sino abusar de los cuerpos femeninos”.

Sobra indicar que semejante ideología no difiere para nada de la formulada de modo recurrente por la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, y cuantas adeptas, ministeriales o no, comulgan con sus prédicas. Sin ir más lejos, es la que subyace tras la ley conocida como del “sólo sí es sí”, que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente. Y la que sustenta el también reciente indulto parcial del Gobierno y la devolución de la patria potestad a María Sevilla, condenada por secuestrar y ocultar durante 15 meses, privándolo de escolarización, al hijo que tuvo con su expareja. La propia ministra ensalzó la medida gubernamental y se felicitó de que el Estado “proteja” a esas “madres protectoras (…) frente a la violencia machista de los maltratadores” y haga “políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas”. Meses antes había justificado el indulto a Juana Rivas con parecidos argumentos.

La victimización de la mujer lleva, pues, aparejada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del hombre. Incluso si un tribunal ha eximido a este hombre de todo indicio de delito. Es tal el delirio ideológico de personas como Irene Montero que no cabe esperar que atiendan a razones. Y luego está el aprovechamiento que otros hacen de esa clase de delirios y, en general, de la llamada ideología de género con fines manifiestamente espurios. Es el caso de la fiscal general Dolores Delgado cuando vuelve a proponer para una plaza de fiscal de sala en el Supremo a un candidato afín en detrimento de uno desafecto con el argumento de que este último, con un currículo muchísimo más idóneo para el puesto, carece de “sensibilidad” con la llamada perspectiva de género. Y, en fin, también esa iliberal proposición de ley del PSOE “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas” y cuya tramitación parlamentaria ha sido bendecida por el PP peca de un estrabismo ideológico parecido al aludir en su Exposición de motivos a “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución”, como si en dicha situación no se encontrara ningún hombre.

En la capital de provincia donde resido, el gobierno municipal –compuesto por una pigmentación de partidos de izquierda y nacionalistas semejante a la que presta su apoyo al actual Gobierno de España– ha programado en un centro público del que es titular una exposición colectiva cuyo reclamo es un inmenso “No violarás” estampado en una cristalera que da a una de las principales avenidas, si no la principal, de la ciudad. Como un reclamo es un reclamo, crucé el otro día el portal y me adentré en el recinto a ver qué. Lo primero que vi fue un cartel con la declaración de intenciones de la comisaria de la muestra. Y este párrafo: “El patriarcado es una superestructura tentacular; un camaleón que adopta la apariencia de su entorno para no ser detectado; un dado con muchas caras que comparten el núcleo de la dominación y la violencia. Las obras seleccionadas [casi todas de mujeres] evidencian sus diversas máscaras: la religión y los mitos (…), la moral y los hábitos (…), el lenguaje e imaginario visual (…), la cultura y la historia del arte (…), las leyes y mandatos (…), los estereotipos y las creencias naturalizadas (…) y, cómo no, el sistema neoliberal capitalista que lo ha integrado con sutileza dentro de su programa (…).” Como comprenderán, fue suficiente.

Y si la cultura y el arte que nuestras instituciones proponen no escapan al virus, ¿qué decir de los currículos de la nueva ley de educación y de su plasmación en los libros de texto del próximo curso? Aunque, bien mirado, con o sin libros de texto que les animen a ello, ¿cuántos maestros –y cuando digo maestros, digo sobre todo maestras– no imparten ya desde hace tiempo una doctrina que en nada desmerece la de la propia ministra Montero?

En vista del panorama, y dado que el sexo de los hijos, que yo sepa, no está todavía en nuestras manos escogerlo, sólo me queda desearles, si están ustedes en el trance de ser padres, que la criatura nazca bien y sea niña.

El decreto ley aprobado el pasado lunes por el Gobierno de la Generalidad catalana en relación con los proyectos lingüísticos de los centros educativos no constituye tan sólo un desafío a la ley, sino también un atentado a la razón y, por lo tanto, a la posibilidad de aplicar a la realidad un método fehaciente de comprobación y evaluación. Para cerciorarse de ello, basta fijarse en el punto d) del artículo 2 del decreto, donde se indica que la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas se fundamenta en “la inaplicación [a dicha enseñanza y uso de las lenguas] de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes”. Se me dirá que ello no es más que la treta ideada por el separatismo gobernante en la región para intentar eludir, o por lo menos dilatar, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros docentes a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano y para intentar eximir de paso a los directores de esos centros de su responsabilidad si no cumplen lo que el TSJC ordena. Sin duda es así y luego iremos a ello. Pero antes me van a permitir un excurso que hace también al caso.

El rechazo explícito de esos parámetros numéricos se inscribe, a mi modo de ver, en un marco más amplio, en tanto en cuanto se trata de una convicción muy arraigada en nuestra izquierda educativa y cuyas raíces se hunden en las doctrinas de un pedagogismo tan rancio como presuntamente renovador. Recuérdese, por ejemplo, la progresiva eliminación de las notas como sistema de evaluación del alumno. O el ninguneo de la propia evaluación al permitir que un alumno pueda pasar de curso con asignaturas suspendidas y hasta obtener un título. Por no hablar de la sistemática negativa a implantar pruebas de evaluación externas al término de las etapas superiores, como tienen todos los países de nuestro entorno. Los dos pilares en los que se asienta esa mentalidad que lleva décadas degradando la enseñanza española, el constructivismo y la comprensividad, no han hecho sino facilitar ese desprestigio de los parámetros numéricos. El constructivismo, porque preconiza que sea el propio alumno quien marque el ritmo de su aprendizaje. La comprensividad, porque tiende irremediablemente a sacrificar la excelencia en favor de una igualación que siempre será a la baja. Cuanto más difuso sea el criterio para ponderar la adquisición del conocimiento y las destrezas fundamentales que cabe esperar de un alumno en función de su edad, cuanto menos pesen en su valoración los hechos objetivables, más encajará en el molde educativo al uso. Lo importante, en definitiva, es huir de las pruebas, de las evidencias. Como la que consistiría en saber cuál es el porcentaje de la docencia que un centro educativo cualquiera de Cataluña reserva a cada una de las lenguas en su irrenunciable condición –según han resuelto los tribunales– de vehiculares de la enseñanza en esta parte de España.

Pero ese decreto tiene a su vez una consecuencia devastadora para cualquier docente que desempeñe su labor en Cataluña, y en concreto si se da el caso de que ejerce a un tiempo un cargo directivo, y es que el Gobierno de la Generalidad le está forzando a prevaricar. De una parte, la sentencia del TSJC obliga a que un 25% al menos de las materias se cursen en castellano; de otra, el decreto ley de la Generalidad prescribe que no se pueden aplicar “parámetros numéricos, proporciones o porcentajes”. Está claro, pues, que aquel que obedezca el decreto de la Administración autonómica y no la sentencia judicial se situará fuera de la ley. Además, el propio decreto incluye una disposición adicional que obliga a revisar los proyectos lingüísticos que no se ajusten al criterio de la inaplicación, o sea, los que sí expliciten porcentajes de uso. Ayer mismo el consejero de Educación se mostraba dispuesto a perseguir y castigar a los infractores. Dispone para ello de una inspección educativa en su mayoría nacionalista y de un sinfín de chivatos que, como en todo régimen totalitario, no dudarán en denunciar al compañero de claustro que decida cumplir la ley.

Todo ello, en fin, recuerda de forma alarmante lo sucedido en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. La reacción del Gobierno de España fue entonces tan tibia como tardía. En esta ocasión el Gobierno de España se ha echado a un lado como si lo que está pasando no fuera con él y ha renunciado a intervenir. O mucho me equivoco o el drama está servido.