El lobby educativo y la ley

Este periódico publicaba hace unos días una noticia singular. Cuando menos si nos atenemos al título: “Los productores pretenden nombrar al nuevo director de IB3” (Diario de Mallorca, 5-6-15). Es verdad que esos productores se reducían a las productoras integradas en la Associació de Productores Audiovisuals de Balears, pero, aun así, semejante pretensión no debe de tener precedentes en el hemisferio comunicativo español. Figúrense, por un momento, que la Federación de Empresas Hoteleras de Mallorca le indicara al Govern Balear quién ha de ser el próximo consejero de Turismo; la que se armaría. En cambio, esas productoras de Baleares pedían a Més, Podem y PSIB que las tuvieran en cuenta a la hora de tomar una decisión, dado que “quien más sabe de televisión –argüían– y de cómo hay que gestionar IB3 somos las productoras y los profesionales del sector”. Es posible que semejante alegría esté relacionada con el perfil profesional del cabeza de lista de Podem y con la percepción, bastante fundada, de que ese partido va a jugar en el futuro un papel decisivo en la gobernanza de la Comunidad. Pero, en fin, uno creía que IB3, más que a la producción, se dedicaba a la información. Que para eso había venido al mundo, en una palabra.

En todo caso, lo que revela esa anécdota es la convicción de que ha llegado la hora de presionar al nuevo gobierno, incluso en estado naciente. Se trata de una convicción hasta cierto punto normal. Los lobbies son consustanciales a las democracias avanzadas. No sé si la nuestra lo es, pero confío en que, como mínimo, lleve camino de serlo. Ahora bien, la existencia de un lobby, o de una entidad que aspire a tal título, ni supone ni debería suponer un quebranto del marco legal. Y no lo digo por esa Associació de Productores Audiovisuals, que, al fin y al cabo, se acoge a la libertad de opinión para defender sus intereses, sino por la Assemblea de Docents, que obra de modo harto distinto.

Como sin duda sabrán, la Assemblea ha logrado que una veintena de claustros de los 46 convocados hasta ahora en Baleares se nieguen a aprobar la distribución por materias de las tres horas lectivas de libre designación que la Lomce prevé en el desarrollo autonómico del currículo. Con dicha negativa los promotores del boicot consiguen paralizar la vida académica, puesto que los equipos directivos de esos centros carecen de la información suficiente para planificar sus plantillas con vistas al próximo curso. Sobra indicar que no estamos aquí ante la expresión de un punto de vista, o de una discrepancia formal o de fondo, sino pura y simplemente ante un desacato. Los miembros de esos claustros que han votado a favor del bloqueo están votando, en realidad, en contra de la aplicación de una ley aprobada en un Estado de derecho y que a todos obliga –y en especial a quienes, por su condición de funcionarios, deberían ser los primeros en cumplirla–. El problema es que un desacato por parte de un servidor de lo público que no halla respuesta en la Administración –y no habido respuesta, como mínimo, hasta el momento de escribir estas líneas– se convierte, a ojos del común, en una mera expresión del libre albedrío. Y el marco legal se va disolviendo como un azucarillo.

Esa Administración, dentro de nada, va a cambiar de manos y de color político. Quienes han amparado y legitimado a lo largo de estos últimos años a la Assemblea de Docents van a ser quienes tendrán en adelante la obligación de hacer cumplir la ley y, en consecuencia, de enfrentarse a los boicots y desacatos que, de no mediar milagro, esa misma Assemblea va a continuar promoviendo. Han engordado la bestia y ahora deberán lidiar con ella. Y dudo mucho que vaya a servirles seguir tomando como chivo expiatorio de todos sus males al todavía presidente Bauzá.

Xavier Pericay, cabeza de lista por Ciudadanos al Parlamento Balear

(Diario de Mallorca)

Diez años, diez

Por un nuevo partido político en Cataluña

Después de 23 años de nacionalismo conservador, Cataluña ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierdas. Nada sustantivo ha cambiado. Baste con decir que el actual gobierno ha fijado como su principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. Muchos ciudadanos catalanes creemos que la decisión es consecuencia de la incapacidad del Gobierno y de los partidos que lo componen para enfrentarse a los problemas reales de los ciudadanos. Como todas las ideologías que rinden culto a lo simbólico, el nacionalismo confunde el análisis de los hechos con la adhesión a principios abstractos. Todo parece indicar que al elegir como principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña, lo simbólico ha desplazado una vez más a lo necesario.

La táctica desplegada durante más de dos décadas por el nacionalismo pujolista, en la que hoy insiste el Tripartito, ha consistido en propiciar el conflicto permanente entre las instituciones políticas catalanas y españolas e, incluso, entre los catalanes y el resto de los españoles. Es cada vez más escandalosa la pedagogía del odio que difunden los medios de comunicación del Gobierno catalán contra todo lo "español". La nación, soñada como un ente homogéneo, ocupa el lugar de una sociedad forzosamente heterogénea.

El nacionalismo es la obsesiva respuesta del actual gobierno ante cualquier eventualidad. Lo único que se le resiste son los problemas, cada vez más vigorosos y complicados. Por ejemplo, el de la educación de los niños y jóvenes catalanes. La política lingüística que se ha aplicado a la enseñanza no ha impedido que los estudiantes catalanes ocupen uno de los niveles más bajos del mundo desarrollado en comprensión verbal y escrita. Este es sólo uno de los más llamativos resultados de dos décadas de gestión nacionalista. Dos décadas en las que el poder político, además, ha renunciado a aprovechar el importantísimo valor cultural y económico que supone la lengua castellana, negando su carácter de lengua propia de muchos catalanes.

La decadencia política en que ha sumido el nacionalismo a Cataluña tiene un correlato económico. Desde hace tiempo la riqueza crece en una proporción inferior a la de otras regiones españolas y europeas comparables. Un buen número de indicadores cruciales, como la inversión productiva extranjera o las cifras de usuarios de internet, ofrecen una imagen de Cataluña muy lejana del papel de locomotora de España que el nacionalismo se había autopropuesto. Su reacción ha sido la acostumbrada: atribuir la decadencia económica a un reparto de la hacienda pública supuestamente injusto con Cataluña. Cabe recordar que una de las acusaciones tradicionales de la izquierda al anterior gobierno conservador había sido, precisamente, la de no saber gestionar con eficacia los recursos de que disponía y practicar una política victimista que ocultara todos sus fracasos de gestión. Poco tiempo ha necesitado el gobierno Tripartito para adherirse a esta reacción puramente defensiva, que, además, ha incurrido con frecuencia en la inmoralidad. Alguno de sus consejeros no ha tenido mayor inconveniente en afirmar que mientras el norte español trabaja, el sur dilapida. No parece que el creciente aislamiento de Cataluña respecto de España y que su visible pérdida de prestigio entre los ciudadanos españoles, hayan contribuido a paliar esta decadencia.

Sin embargo, el nacionalismo sí ha sido eficaz como coartada para la corrupción. Desde el caso Banca Catalana hasta el más reciente del 3% (que pasará a la historia por haber provocado una de las más humillantes sesiones que haya vivido un parlamento español) toda acusación de fraude en las reglas de juego se ha camuflado tras el consenso. Un consenso que no sólo se manifiesta en los escenarios del parlamentarismo sino que forma parte del paisaje. Puede decirse que en Cataluña actúa una corrupción institucional que afecta a cualquier ciudadano que aspire a un puesto de titularidad pública o pretenda beneficiarse de la distribución de los recursos públicos. En términos generales, el requisito principal para ocupar una plaza, recibir una ayuda, o beneficiarse de una legislación favorable, es la contribución al mito identitario y no los méritos profesionales del candidato o el interés práctico de la sociedad.

Como las fuerzas políticas representadas hoy en el Parlamento de Cataluña se muestran insensibles ante este estado de cosas, los abajo firmantes no se sienten representados por los actuales partidos y manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán. Este partido, identificado con la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales, debería tener como propósito inmediato la denuncia de la ficción política instalada en Cataluña. Oponerse a los intentos cada vez menos disimulados de romper cualquier vínculo entre catalanes y españoles. Y oponerse también a la destrucción del razonable pacto de la transición que hace poco más de veinticinco años volvió a situar a España entre los países libres. La mejor garantía del respeto de las libertades, la justicia y la equidad entre los ciudadanos, tal y como se conciben en un Estado de Derecho, reside en el pleno desarrollo del actual régimen estatutario de las Autonomías, enmarcado en la Constitución de 1978.

Es cierto que el nacionalismo unifica transversalmente la teoría y la práctica de todos los partidos catalanes hasta ahora existentes; precisamente por ello, está lejos de representar al conjunto de la sociedad. Llamamos, pues, a los ciudadanos de Cataluña identificados con estos planteamientos a reclamar la existencia de un partido político que contribuya al restablecimiento de la realidad.

Barcelona, 7 de junio de 2005.

Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain, Carlos Trías, Ivan Tubau y Horacio Vázquez Rial