Una sociedad enferma

Ocho de cada diez. Esa es la proporción de catalanes que, según la encuesta publicada ayer por este periódico, desearían que la enseñanza pública en Cataluña se impartiera en ambos idiomas oficiales. Aunque mejor sería hablar —precisión obliga— de 8,1 de cada 10. O, si lo prefieren, de un 81% de la población. El 19% restante se divide entre el 3% que no sabe, no contesta, y el 16% que desea que la enseñanza se imparta en una única lengua —porcentaje que corresponde, a su vez, a un 15% que la quiere sólo en catalán y a un 1% que la querría sólo en castellano—. Las cifras, sobra decirlo, son muy reveladoras. Por un lado, ese 81% de ciudadanos partidarios del bilingüismo en la escuela se contrapone al 85% de diputados autonómicos —todos menos los de PP y Ciutadans— que se declaran partidarios de la inmersión lingüística en curso, de lo cual se desprende que, en esta materia como mínimo, los afanes del 81% de la población no son defendidos más que por el 15% del Parlamento autónomo o, lo que es lo mismo, que nuestros representantes, generalmente tomados, no nos representan en absoluto. Por otro lado, las cifras de la encuesta demuestran también hasta qué punto la sociedad catalana es una sociedad enferma. ¿Cómo se explica, en efecto, que la inmensa mayoría de esa gente favorable al uso de ambos idiomas permanezca tranquilamente en su casa, aceptando con resignación semejante estado de cosas —el sondeo revela, como no podía ser de otro modo, que, entre los partidarios de una instrucción bilingüe en grados distintos, figuran muchos votantes de CIU y PSC—, en vez de armar, dentro de sus posibilidades, la de Dios es Cristo? Pues porque nadie desea significarse, ni mucho menos significar a sus hijos, en un país supuestamente imparable —Guardiola «dixit»— donde el nacionalismo, amo y señor de las instituciones, utiliza la lengua catalana ya como señuelo, ya como ariete, y, en toda circunstancia, como miserable peaje.

ABC, 10 de septiembre de 2011.

En vías de colisión

Hay que ver lo mucho que han evolucionado ciertos tropos en política. Los trenes, por ejemplo. Antes de la guerra civil el catalanismo tenía por costumbre establecer una analogía entre la composición de un tren y la situación política española. En ella, a la Cataluña próspera e industriosa le correspondía, cómo no, el papel de locomotora, mientras que la Castilla ociosa y funcionarial debía conformarse con el de furgón de cola. Aun así, nadie mínimamente sensato dudaba entonces de que una y otra región formasen parte de un mismo convoy. Ahora, en cambio, el catalanismo —por boca del ex presidente Pujol primero y del diputado Duran i Lleida después— ya no habla de un único tren, sino de dos, y encima en vías de colisión. Y es que, a su juicio, el acuerdo al que han llegado PP y PSOE para introducir en la Carta Magna un límite al gasto público, aparte de constituir una ruptura del pacto constitucional, va a suponer tarde o temprano un choque entre lo que ellos llaman Cataluña y España —esto es, entre el Gobierno autonómico y el del Estado—. Tal vez. Y hasta puede que resulte deseable; al fin y al cabo, cuanto antes termine la farsa mucho mejor. Pero lo que no me parece de recibo es imputar al Estado la responsabilidad de semejante situación. Aquí quienes han separado aquella locomotora de antaño del resto del convoy y la han encarado en la misma vía —dispuesta, pues, para el choque— son los partidos del catalanismo. O sea, todos los partidos catalanes menos PP y, luego, Ciutadans. Lo hicieron en vísperas de las elecciones autonómicas de 2003 al reivindicar un nuevo Estatuto, y desde entonces no han parado de forzar la máquina. Es verdad que contaron en su momento, y hasta hace bien poco, con la connivencia interesada del PSOE, y que, sin ella, no estaríamos seguramente donde estamos. Pero, insisto, como todo eso ya no tiene remedio, llévese el tropo hasta el final. Es decir, chóquese, y allá cada cual con sus miserias.

ABC, 3 de septiembre 2011.