Sin pacto educativo

Ángel Gabilondo vino a este mundo de la política con un encargo de José luis Rodríguez Zapatero: lograr un gran pacto por la educación. Es verdad que los encargos, sobre todo si provienen del presidente del Gobierno, pueden resultar envenenados. Hasta para el propio presidente. En la misma remodelación ministerial del 7 de abril de 2009 en que a Gabilondo le correspondió Educación, a Rodríguez Zapatero le tocó Deportes. O, lo que es lo mismo, el hombre se reservó para sí las competencias. Según sus propias palabras, «la candidatura española de los Juegos Olímpicos» exigía que el Consejo Superior de Deportes dependiera de Presidencia del Gobierno. En definitiva, que si Gabilondo tenía como principal cometido la consecución de un gran pacto educativo, Rodríguez Zapatero se había comprometido a lograr que Madrid organizara los Juegos de 2016.

Ni uno ni otro han logrado su objetivo. Si en octubre de 2009 supimos del fracaso del presidente, esta misma semana hemos sabido del fracaso del ministro. No habrá pacto. Y del mismo modo que el presidente, a pesar del revés olímpico, no vio entonces razón ninguna para presentar su dimisión —aunque sólo fuera la de máximo responsable del deporte patrio—, el ministro tampoco ha expresado ahora en ningún momento su intención de retirarse para volver a los claustros universitarios o, simplemente, a la metafísica. Al contrario, sus primeras declaraciones tras la evidencia de que ese camino de la reforma deberá emprenderlo en solitario —por cuanto ni el PP ni la mayoría de las otras fuerzas políticas están por la labor de acompañarlo— han sido para decir que él seguía. No sólo como ministro, sino como ministro reformador. Vaya, que, si de él depende, las propuestas incluidas en el «Pacto social y político por la educación» presentado el pasado 22 de abril van a aplicarse igualmente.

Veremos. Teniendo en cuenta que estamos ante un programa a diez años vista; que el proceso para alcanzar el tan ansiado consenso, concretado en los 12 objetivos y las 148 medidas del documento, ha dejado un descontento considerable en el campo de la izquierda —en el comunista, por supuesto, pero también en el socialista—, y que, por último, se acercan elecciones de todo tipo, dudo mucho que el ministro vaya a encontrar los apoyos necesarios para llevar a la práctica sus deseos. Lo cual no es una buena noticia, claro. Porque, entre las propuestas de Gabilondo, estaban —o están; no seamos agoreros— algunas tan sensatas como la división del cuarto curso de ESO en dos opciones, la del bachillerato y la profesional; el establecimiento de sistemas generales de evaluación en primaria y secundaria, o la apuesta por una formación profesional de verdad.

Pero, en fin, lo que no puede ser no puede ser. Un pacto suele consistir en una suerte de término medio entre dos posturas distintas y distantes. El problema surge cuando una de esas posturas —la gobernante, en este caso— se ha alejado tanto del «juste milieu» que toda aproximación entre las partes, en vez de situarnos en un punto más o menos equidistante, nos sigue decantando hacia el extremo en que ya nos hallábamos. Así las cosas, es muy difícil que el otro quiera seguir jugando.

ABC, 8 de mayo de 2010.

El documento

Me he armado de valor —lo requiere esa prosa inmunda de nuestra clase política, donde conviven por sistema la ignorancia gramatical y el engendro estilístico— y he leído el documento de la semana. En la exposición de motivos, los cuatro grupos nacionalistas que lo suscriben —esto es, todos los del Parlamento de Cataluña, menos el PP y los restos de Ciutadans— dan por hecho que «después de tres años y medio de debate (…) sobre los recursos presentados (…), el Alto Tribunal ha evidenciado su incapacidad práctica para abordar una decisión tan trascendente como esta» —traduzco, claro—.

En efecto. Pero esto no significa que el Alto Tribunal no vaya a lograr en los próximos días lo que ha sido incapaz de lograr en los últimos tres años y medio. No, no se trata de un simple cálculo de probabilidades. Ni siquiera de una apelación al azar. Se trata, tan sólo, de un cambio de ponente, y de lo que este cambio puede traer consigo. A juzgar por las últimas noticias, el magistrado Guillermo Jiménez ha empezado ya a distribuir entre sus compañeros del Constitucional una nueva ponencia, que incluye, al parecer, tres fallos posibles, que van desde el más benigno con el texto del Estatuto hasta el más cruel. Así pues, en cuanto Emilia Casas tenga a bien convocar un pleno, sus señorías podrán discutir el nuevo dictamen, optar por uno de los tres fallos propuestos y, en su caso, aprobarlo. Porque lo más probable —y en eso consiste la diferencia sustancial con respecto a la antigua ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera— es que lo aprueben.

De lo que se siguen dos consecuencias nada ejemplares. La primera es que la presidenta Casas ha sido, hasta la fecha, la principal culpable de que el Tribunal no haya alumbrado sentencia alguna. Su empecinamiento en modificar lo que era, desde el principio, la opinión mayoritaria de la Sala, encargando ponencia tras ponencia a Pérez Vera, aun sabiendo que la orientación de la propuesta iba a chocar inevitablemente con el criterio de esa mayoría de magistrados, no podía tener otro fin que el de ir dilatando la cosa, a la espera de alguna muerte súbita que recompusiera la relación de fuerzas o, quién sabe, de algún milagro —laico, por supuesto—. Si la presidenta hubiera obrado desde el primer momento —o nada más producirse el primer fracaso— como lo ha hecho ahora, llevaríamos años con el tema zanjado.

La segunda consecuencia, claro, es que el documento del Parlamento catalán no persigue otro objetivo que paralizar «in extremis» esa sentencia inminente. O sea, justo lo contrario de lo que dice perseguir. Aunque eso, claro, sería dar mucha importancia a nuestros nacionalistas y a sus manejos parlamentarios. Pongamos, pues, que el objetivo es algo más modesto. Pongamos que consiste en deslegitimar todavía más al Constitucional, a sabiendas de que la sentencia está al caer y de que va a ser, sí o sí, desfavorable a sus intereses. O, si lo prefieren, en ir calentando motores que vienen tiempos electorales.

Qué pereza, qué hastío, Cataluña y sus asuntos.

ABC, 1 de mayo de 2010.