Hechos paralelos

El azar es maravilloso. El azar consiste, por ejemplo, en que uno esté leyendo los diarios de Amadeu Hurtado («Abans del sis d’octubre (un dietari)», Quaderns Crema, 2008) mientras José Montilla pronuncia un discurso en la sede del Institut d’Estudis Catalans. O, si lo prefieren, consiste en que uno esté leyendo lo que dice Hurtado que le dijo el presidente Companys el 8 de junio de 1934 a propósito de una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales mientras se entera de lo que dicen que dijo el presidente Montilla el pasado lunes acerca de una sentencia del Tribunal Constitucional. Ante la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Contratos de Cultivo, Companys afirmó entonces: «Ha llegado la hora de dar la batalla y de hacer la revolución. Es posible que Cataluña pierda y que algunos de nosotros dejemos en ello la vida; pero perdiendo, Cataluña gana porque necesita a sus mártires que mañana le asegurarán la victoria definitiva». Ante la posible inconstitucionalidad de algunos artículos del nuevo Estatuto de Autonomía —y, en particular, del que prescribe la obligación de conocer el catalán—, Montilla acaba de afirmar: «Creo que es mi deber como presidente de la Generalitat recordar que una hipotética desautorización constitucional del modelo lingüístico que ha funcionado durante 25 años sería también una descalificación del modelo de convivencia que la sociedad catalana se ha dado a sí misma, de manera prácticamente unánime».

Por descontado, las formas no son las mismas. Resulta difícil imaginar hoy a José Montilla recibiendo «a tiros» al supuesto enemigo exterior, que es como pensaba recibirlo entonces Lluís Companys —así lo confesaba a Hurtado y así lo puso en práctica a los pocos meses, aunque desenfundando él primero—. Y más difícil resulta imaginarle dejándose la vida en el empeño. Pero, a pesar de que las formas no son las mismas, la reacción sí lo es. Tanto Companys como Montilla, cada cual en su circunstancia, necesitan hacerse perdonar su lenidad ideológica, su falta de compromiso con la patria; su pasado, en definitiva. Y no encuentran mejor modo de hacerlo, de proclamar su nacionalismo, de demostrar que «¡por Cataluña!» están dispuestos a todo, que ponerse fuera de la ley. Y no de cualquier ley. De la suprema, de la magna, hasta el punto de desobedecer las sentencias de quienes poseen el mandato de interpretarla.

Estos días, a raíz de los resultados electorales del País Vasco y de la posibilidad de que se constituya allí un gobierno no nacionalista, se está hablando de nuevo del final de la transición. O, lo que es lo mismo, de que por fin el PNV y sus correajes pueden pasar a la oposición. Bien está, como decía aquel. Pero no por ello debería olvidarse que el único trozo de España donde aún no ha terminado la transición —o sea, donde el nacionalismo no ha pasado nunca a la oposición— es Cataluña. Y que gran parte de la culpa de que estemos como estamos la tienen José Montilla y su partido. Y quienes les votan, claro.

ABC, 7 de marzo de 2009.

La revolución pedagógica

Cada vez son más las familias españolas que optan por instruir ellas mismas a sus hijos. Entre las razones aducidas para justificar su decisión, están, por supuesto, las de índole religiosa o moral, es decir, la convicción de que las creencias familiares no van a encontrar acomodo en el sistema de enseñanza, sea público o privado. Pero esa clase de razones no dejan de ser, al cabo, las que menos pesan. Lo que lleva a la gran mayoría de esos padres a escoger la llamada educación en familia es, paradójicamente, la pedagogía. O sea, lo que se supone que debería ofrecerles la escuela. En otras palabras: su decisión nace de la desconfianza, cuando no del rechazo, hacia el sistema. Y es que todos esos progenitores consideran que sus retoños aprenderán mucho más si pueden ir progresando a su aire, según sus propias capacidades, que si han de ceñirse al nivel del grupo que les ha tocado en suerte, máxime cuando este nivel, en la escuela actual, ya ni siquiera resulta de establecer la media entre el de cada uno de los alumnos que integran una clase, sino que es, pura y simplemente, el de los más rezagados.

Con todo, no estamos ante una práctica demasiado extendida. Al menos en España, donde sólo afecta a 2.000 familias, muy pocas en comparación con las 400.000 del conjunto de Europa o con los dos millones de Estados Unidos. No obstante, lo más sorprende no es esto; lo más sorprendente es que la educación en casa no esté regulada, cuando sí lo está en casi todos los países europeos y, en especial, en los más ricos. Porque esta es otra. En los países donde más consolidada está esa modalidad educativa, más consolidado está el régimen de libertades. O sea, el respeto a los derechos fundamentales y, entre ellos, el de los padres a educar a sus hijos. Y quien dice el respeto dice su estricta observancia. Por eso en todos estos países la responsabilidad del Estado en materia educativa no entra en contradicción con la de los padres para con sus hijos. O, lo que es lo mismo, no entra en contradicción con la libertad.

Claro que todavía puede extraerse otra lección de esa tendencia. Y es que allí donde la enseñanza obligatoria ha hecho ya todo el recorrido imaginable, allí donde está ya garantizada la escolarización de todos y cada uno de los ciudadanos hasta una edad más que suficiente —aunque no dudo que habrá siempre quien aspire a extenderla hasta la mismísima edad de jubilación—, allí, para aspirar a una educación distinta, a una enseñanza verdaderamente humanística, a lo que algunos llaman aún la excelencia, no queda más remedio que abandonar las aulas y encerrarse en casa. Y contar, claro, con que papá y mamá no hayan olvidado las tablas de multiplicar.

ABC, 1 de marzo de 2009.