Noticias de Gracia (1)

Yo nací, hace ya más de medio siglo, en el barrio de Gracia. En aquel entonces, Gracia pertenecía aún a Barcelona. Doy fe. Es verdad que yo nací en una esquina. Mejor dicho, en una que eran dos: en la que hacían las calles Bailén y Camprodón, y en una del propio barrio, que un poco más allá perdía su nombre. De ahí que mi visión fuera tal vez algo sesgada. Con todo, aquello era Gracia. Sin duda. Y en aquel entonces, insisto, Gracia todavía formaba parte de Barcelona. No negaré, sería absurdo, que algunos vecinos tenían a mucha honra haber nacido allí y no cuatro calles más abajo. Pero ese envanecimiento se daba por igual en otros barrios de la ciudad, y no por ello quienes lo padecían dejaban de sentirse, antes que nada, barceloneses.

Ignoro en qué momento se rompió la baraja, aunque me imagino que sería cuando los Juegos y su resaca. O quizá un poco antes. En todo caso, a partir de cierto momento Gracia pasó a ser una especie de enclave en el centro mismo de la ciudad. Un coto privado, un territorio comanche. Y pasó a serlo con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona, suponiendo que no fuera el propio Ayuntamiento quien pusiera en marcha la operación con o sin beneplácito —esto es, con resignación— de los viejos vecinos de toda la vida. Sea como sea, el barrio se fue llenando de jóvenes. Pero no de jóvenes normales y corrientes, sino de jóvenes subvencionados. Por supuesto, las subvenciones no son nunca inocentes. La Administración las administra con mucho tino. Y, en el caso que nos ocupa, estas subvenciones, debidamente dirigidas a entidades, asociaciones y fundaciones catalanísimas, han servido para ir tejiendo una suerte de república independiente, con sus propias leyes y sus propios usos y abusos. Seguro que ustedes recuerdan la revuelta juvenil de hace dos veranos, por estas mismas fechas poco más o menos, cuando la turba se negó a obedecer las órdenes de cierre de las terrazas de los bares, intervino toda clase de policía y se armó la de Dios es Cristo. Pues bien, aquello no fue más que una rabieta de niños consentidos a los que papá Ayuntamiento había intentado por una vez meter en vereda para tratar de contentar a otros ciudadanos del barrio, probablemente no tan jóvenes, que llevaban noches y más noches sin poder dormir.

El caso es que ahora este proceso de desgajamiento parece estar llegando a su fin. Si nadie con autoridad lo remedia, la plaza Rius i Taulet, así denominada desde hace más de un siglo en honor del benemérito alcalde de la ciudad, la famosa plaza del reloj, donde tiene su sede el Distrito, se llamará en adelante «Plaça de la Vila de Gràcia». El cómo y el porqué de tan increíble mudanza deberán quedar para un próximo artículo. Sin embargo, no quiero despedir el de hoy sin recordarles que, en los cambios de régimen, lo primero que suele cambiar es el callejero. Y, si no lo primero, lo segundo.

ABC, 16 de agosto de 2008.

Llei (d’Educació) de Catalunya

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado, por fin, su ley de educación. Llei d’Educació de Catalunya, la llama. Habría podido denominarla, claro está, Llei d’Educació a secas —esto es, sin complemento geográfico—, lo que le habría puesto al mismo nivel que otros gobiernos que han promulgado leyes parecidas, empezando por el de España. Pero no lo ha hecho. Y con razón. Nunca una ley ha sido tan de Cataluña. Es decir, tan singular, tan propia, tan exclusiva, tan irrepetible, tan «ad hoc». Lo que menos importa de las 136 páginas de que consta el proyecto que el Gobierno autonómico ha remitido al Parlamento es la educación. Lo que más, lo único casi, Cataluña.

O la sociedad catalana, que es como el texto designa, ya desde el comienzo de la exposición de motivos, a ese ente colectivo hacedor de todos nuestros sueños: «La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació possible a les noves generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida». Ya ven, por aspirar que no quede. Otra cosa es que a los componentes de esta sociedad les hayan preguntado alguna vez qué clase de educación quieren para sus hijos, aparte de la que muy libremente hayan escogido darles en casa. Y quien dice educación dice, por supuesto, enseñanza. O, si lo prefieren, contenidos. Sí, contenidos, eso que la ley, en la misma exposición de motivos, renuncia a tratar de forma exhaustiva, dado que su objetivo no es este, faltaría más, sino «fer possible que la pràctica educativa respongui millor a la diversitat dels nostres alumnes, de manera que la nostra institució escolar pugui adoptar en tot moment mesures concretes per satisfer les situacions diverses que presenta una societat complexa i canviant com la del segle XXI».

Lo cual no significa tampoco que la ley de marras sea un reflejo de esa sociedad del siglo XXI, compleja y cambiante. No, la ley no refleja más que una sociedad, la catalana. Y ni siquiera la sociedad catalana tal como usted y yo, querido lector, acertamos a verla. Sólo la sociedad catalana tal como la ven la clase política autóctona y quienes la secundan. Es decir, una sociedad inexistente, una entelequia, una alucinación. De ahí que el proyecto legislativo con el que van a ocupar su tiempo, después del verano, nuestros parlamentarios posea tantos resabios intervencionistas y atente, tan a menudo, contra la libertad. Negando la posibilidad de que los padres escojan la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos o, lo que es lo mismo, contraviniendo a un derecho fundamental. Negando la posibilidad de que existan centros docentes concertados en los que la enseñanza no sea mixta, en contra de lo que proponen, en aras de lograr un mejor rendimiento escolar, prestigiosos especialistas. Sometiendo a la población inmigrada a programas de acogida, que no son, las más de las veces, sino programas de adoctrinamiento lingüístico y cultural.

Sí, en efecto, la sociedad catalana aspira a proporcionar la mejor educación posible a las nuevas generaciones.

ABC, 2 de agosto de 2008.