¿Una política de Estado?

Algo no funciona en un país cuando su política exterior debe leerse en clave exclusivamente interna. Digo exclusivamente, porque cualquier gobierno de un Estado de derecho –de los que no pueden considerarse como tales, mejor no hablar– se mueve en parte en el exterior con arreglo a sus propios patrones ideológicos y a determinados acuerdos a los que ha llegado con otras fuerzas políticas. Pero entre esas fuerzas políticas no sólo están las que le permiten gobernar en la medida en que le prestan su apoyo en las Cortes, sino también las que conforman la oposición y están llamadas, por el principio de alternancia de todo sistema democrático, a sucederle tarde o temprano en el poder.

Hasta la guerra civil –y excepto en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera–, al Ministerio de Asuntos Exteriores se le conocía en España como Ministerio de Estado. El término recogía sin duda mucho mejor que el actual la esencia de su función: encarnar la representación del Estado (español) en el mundo. De ahí que las grandes líneas estratégicas de este Ministerio, se llame ya como se llame, deban contar, si no con la plena conformidad, sí al menos con un mínimo asentimiento de la oposición, en la medida en que a esta le corresponderá gestionarlas en el futuro. Y algo parecido puede afirmarse de la lucha antiterrorista. De hecho, así fue en nuestra España constitucional hasta la víspera de la guerra de Irak y el alineamiento del Gobierno de Aznar con Estados Unidos y el Reino Unido. Y en cuanto a la lucha antiterrorista, hasta la llegada del falazmente angélico Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno. Un gobierno, el de este último, cuyo buenismo redentor se proyectó asimismo en aquella Alianza de Civilizaciones que él mismo se sacó de la chistera y que el ministro Moratinos puso en marcha. Los frutos, al margen del cargo cosechado por Moratinos –Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones desde 2019–, a la vista están. Basta dirigir la mirada hacia Gaza.

Más allá del enfermizo afán de protagonismo que lleva al presidente Sánchez a meterse en cuantos jardines se le ponen a tiro, no me cabe la menor duda del peso que la herencia de Rodríguez Zapatero en el tablero de la política internacional ha tenido en el impresentable e irresponsable papel interpretado en su reciente visita a Gaza. Su presunta equidistancia humanitaria, claramente desmentida por las antagónicas reacciones del Gobierno de Israel y de la organización terrorista Hamás a sus declaraciones –o sea y respectivamente, su rechazo y su aplauso–, era sin duda un tributo a la pata gubernamental condescendiente con el terrorismo palestino, lo que inducía a leerla sobre todo en clave interna. Pero reflejaba a la vez un antiamericanismo de raíz o, si lo prefieren, un comunismo latente en buena parte de la izquierda europea, para el que Israel constituye una réplica del imperialismo estadounidense, al que por supuesto hay que combatir sin reservas.

En los anteriores mandatos del actual presidente del Gobierno, la política exterior española se había movido por lo general dentro de parámetros más o menos homologables con los de los gobiernos de Rajoy. Había habido, es cierto, algunos episodios detonantes: así, el Delcygate o el aval a las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Pero en general, insisto, las políticas fueron de continuidad. El ejemplo más notorio, y el que más contrasta con la actual postura de Sánchez en el conflicto de Gaza, es sin duda alguna su comportamiento cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia, plenamente acorde con el adoptado por la Unión Europea. Tuvo en su gobierno ministros –más bien ministras–, pertenecientes todos a Podemos, que expresaron entonces su discordancia abogando por un alto el fuego que legitimaba la invasión. Pero ello no modificó la política del Gobierno, una política de Estado que contaba con el apoyo de la oposición.

Lo de ahora es distinto. Ahora la oposición es esa derecha sin matices contra la que hay que levantar un muro o, echando mano de la conocida frase de Clausewitz, emprender una guerra que no es sino la política continuada por otros medios. Es verdad que esos medios, en España al menos, son hoy de otra naturaleza. Pero también traen consecuencias. Por ejemplo, en esta Unión Europea que hasta hace poco parecía bailarle el agua a Sánchez y cuyo Parlamento debatirá el próximo mes, por iniciativa del Partido Popular Europeo y con el apoyo de los liberales de Renew, los efectos de la ley de amnistía. O sea, eso que el superministro Bolaños considera un asunto interno.

Claro que, para asuntos internos trasladados fuera de las fronteras del Estado con la aquiescencia del Gobierno, el que esta semana va a empezar al parecer a tratarse en Ginebra entre PSOE y Junts, con verificador internacional incluido, y que tiene como objeto un futuro referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Menudo país, el nuestro, cuya política exterior, lejos de ser de Estado, se ha convertido en apenas semanas, por obra y gracia de quien preside el Gobierno, en un espectáculo abyecto y bochornoso.

(The Objective, 29 de noviembre de 2023)

Un gobierno de "alto perfil político"

Parece que la legislatura que arranca va a ser de alto perfil político. Antes incluso de que Pedro Sánchez lo proclamara en su alocución del lunes al dar a conocer la alineación del flamante ejecutivo, sus voceros monclovitas ya deslizaban que esta sería una de las principales novedades del nuevo gobierno. (La otra, la reducción de carteras, debe de haber quedado para mejor ocasión.) Es verdad que una cosa es la legislatura y otra el gobierno. Pero, aun así, tratándose como se trata de un gabinete en que el ministro de la Presidencia lo es a su vez de Relaciones con las Cortes y de Justicia, convendrán conmigo en que ya son ganas intentar separar los poderes. Tanto más cuando resulta que el nuevo letrado mayor del Congreso que ha dado vía libre a la ley de amnistía procede de la órbita gubernamental y cuando la Mesa de la Cámara ha tomado la decisión de postergar hasta el 13 de diciembre la primera sesión de control al Gobierno. Un tres en uno donde el uno, por si hay que precisarlo, es el poder ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Yo no sé, la verdad, qué significa “alto perfil político”. Supongo que perfil político se contrapone a perfil técnico del mismo modo que ministro con carné del partido se contrapone a ministro carente de él –pero no de una manifiesta afinidad partidista, claro– y cuyo mayor atributo es su condición de experto en un área determinada. ¿Y “alto”? Bueno, al margen del énfasis con que cualquier político acostumbra a vender su mercancía, no hay duda de que el adjetivo alude a un presunto acrecentamiento. O sea, más político de lo que ya era el ejecutivo anterior. Cualquiera que eche una ojeada a los ministros presentes y los compare con los que han estado en funciones hasta anteayer mismo verá que no existen grandes diferencias, por no decir ninguna, en cuanto al peso de lo político en relación con lo técnico. Y en lo relativo al voltaje de los supuestamente políticos, los exégetas del sanchismo sostienen que, además de Félix Bolaños –a quien sólo falta, en puridad, el marbete de ministro de Relaciones con el Separatismo–, se concreta, de un lado, en el ascenso de la vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero de la cartera de Hacienda a –sin perder la cartera– la cuarta vicepresidencia del Gobierno, y, de otro, en la asunción por parte de la portavoz de la formación y actual ministra de Educación Pilar Alegría de las competencias de Deporte y de la propia portavocía del Gobierno. Así las cosas, la aleación entre el partido y el ejecutivo ha sufrido un incremento notorio. Y ello, sin duda alguna, para fomentar un frentismo basado en la satanización del enemigo, o sea, la derecha entera, con aquel viejo eslogan socialista del “si tú te vas, ellos vuelven” como única bandera.

Permítanme, sin embargo, aludir a otra característica del nuevo Gobierno que lo vuelve también mucho más político –entiéndase, mucho más sectario– que el que lo ha precedido. El flamante Ministerio de Infancia y Juventud y el perfil de su titular, Sira Rego, una comunista convencida –su defensa cerrada de Lenin en los debates públicos lo atestigua– hija de padre palestino y defensora de Hamás –el mismo 7 de octubre justificaba los atentados terroristas y días más tarde, en su condición de eurodiputada, votaba en contra de la condena de la masacre por parte del Parlamento Europeo–, van mucho más allá, en su trascendencia, de la que se derivaría de la simple creación de un ministerio con esas competencias. El Ministerio de Infancia y Juventud –de donde quizá salga algún día una nueva propuesta, aunque esta vez desde el Gobierno, para ampliar el derecho al voto hasta los dieciséis años– hay que ponerlo en correlación con el de Educación, de cuya titular ya conocemos los atributos, si así puede llamárseles, y con el de Ciencia y Universidades, a cuyo frente se halla Diana Morant, la socialista que el día de la Constitución de las Cortes Valencianas, el pasado 26 de junio, arengó puño en alto a las feministas que protestaban a las puertas de la institución porque la presidencia de la Cámara iba a ser ocupada por una diputada de Vox.

Dicha continuidad desde la más tierna infancia hasta el término de la educación superior, en lo que a ideario se refiere, constituye también una expresión del “alto perfil político” a que aludía el presidente Sánchez. Una ley educativa que ya casi ha vaciado por completo de conocimiento los currículos de la enseñanza obligatoria y postobligatoria para irlos llenando de pedagogismo e ideología, y el refuerzo de la figura de Alegría y los nombramientos de Rego y Morant –al que podríamos añadir en Cultura el de Ernest Urtasun, que compartió con Rego en el Parlamento Europeo su voto negativo a la condena de Hamás– no permiten augurar, dados los antecedentes de todos ellos, sino la aceleración del proceso de degradación de la educación de este país. O sea, la degradación misma del país. Pues este y no otro es el objetivo de quien hoy preside el Gobierno y está dispuesto a todo con tal de conservar el poder.

(The Objective, 22 de noviembre de 2023)

Votar en conciencia

Este mediodía empieza en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A juzgar por quienes han confirmado su apoyo al candidato, Sánchez contará mañana, tras el recuento de los votos, con 179 síes. No existirá pues otra emoción, en lo que respecta al resultado, que la derivada de un posible yerro a la hora de apretar el botón. Aun así, incluso en tal supuesto el candidato dispone de un colchón más que suficiente para que no salte la sorpresa.

Porque lo que no habrá es ningún diputado que cambie de parecer tras haberle dado unas cuantas vueltas a la trascendencia de su voto. Ninguno va a plantearse lo que supondrá para el Estado de derecho y la consiguiente separación de poderes la aprobación de una proposición de ley como la de amnistía; el alcance que tendrá para la financiación del resto de las comunidades autónomas de régimen común la condonación parcial de la deuda al Gobierno de la Generalidad catalana, o los traspasos de distinta naturaleza acordados sobre todo con los nacionalismos catalanes y vascos –por no hablar, claro está, de ese apoyo de EH-Bildu a la investidura “a cambio de nada”, tras el que se esconden muy probablemente medidas relacionadas con los presos de ETA–.

Los diputados de los partidos nacionalistas no van a plantearse nada de esto como no sea para frotarse los ojos de incredulidad y contento. Al fin y al cabo, son ellos los grandes beneficiarios de lo acordado. Sus demandas han sido atendidas casi por completo, sin apenas regateo, y pueden alardear ante los suyos del botín obtenido y de seguir troceando España a fuego lento –y enfrentando de paso a los españoles entre sí–. En cuanto a los de Sumar, esa muleta chavista de la que se sirve Pedro Sánchez para sus fines y que reúne a lo más florido de la izquierda identitaria, ¿qué más les da a sus componentes el engorde del separatismo? Siempre se han mostrado muy comprensivos con sus propósitos y, si no fuera por la necesidad de contar con un espacio propio, es decir, con unas ubres de dinero público que les amamanten, seguro que muchos de ellos ya formarían parte de sus filas.

Caso distinto es el de los diputados del PSOE. O debería serlo al menos, atendiendo a su filiación socialdemócrata y a su viejo respeto por la Constitución y el Estado de derecho. Pero de los 121 que integran el grupo y que amparan esa proposición de ley de amnistía, ninguno va a abstenerse o a votar en contra mañana. Ninguno hará lo que Pedro Bofill, exdirector de El Socialista, les pedía hace unos días en una entrevista en El Español: votar en conciencia y rechazar de este modo la amnistía. Aunque nadie podría impedirles hacerlo, tienen todos y cada uno la voluntad comprada. De su obediencia ciega al partido –o, si lo prefieren, al dictado del líder– depende su futuro político, lo que muy a menudo es también su futuro económico. Y eso que existe un precedente en el propio PSOE del voto en conciencia. En octubre de 2016, quince diputados del Grupo Parlamentario se negaron a secundar la decisión de la Gestora de abstenerse, tras el rocambolesco Comité Federal que descabalgó a Sánchez de la secretaría general. Para justificar su voto en conciencia, su no al candidato del PP, adujeron que se habían presentado a las elecciones con el compromiso de no hacer presidente a Mariano Rajoy.

Pero hay otro factor de cohesión del grupo parlamentario que no se daba hace siete años –o no con semejante intensidad, al menos– y sí se da en estos momentos: el meramente ideológico. El odio visceral a la derecha. A la derecha como un todo –si se exceptúa, claro, la blanqueada por el nacionalismo–, una derecha a la que hay que odiar y combatir por principio, recurriendo, si cabe, a falsear la realidad pasada y presente, en una lucha que se ha convertido ya, a estas alturas, en la única razón de ser del PSOE. Y, para muestra, lo que va de ayer a hoy. Si entonces una quincena de diputados alegaron que votaban en conciencia para no traicionar el programa con que el partido había concurrido a las elecciones, ahora, aun cuando el partido hubiera proclamado a los cuatro vientos antes del 23 de julio que no habría amnistía, ya ven dónde estamos. Prietas las filas y con la conciencia por los suelos. Ya lo advirtió Jean-François Revel a comienzos de siglo: “La ideología es una máquina de rechazar los hechos siempre que estos puedan obligarla a cualquier modificación. Sirve también para inventarlos, siempre que estas invenciones sean necesarias para perseverar en el error”.

(The Objective, 15 de noviembre de 2023)

Y también dos huevos duros

Comprendo el desasosiego de tantos y tantos ciudadanos ante la situación política presente. Es más, lo comparto plenamente. Que el Gobierno de España en funciones, el gobierno que a todos representa, nos guste o no, depare cada día de forma directa o por vía interpuesta un espectáculo tan grotesco, vergonzoso y humillante, resulta difícil de soportar. Los últimos movimientos para lograr la investidura del candidato Sánchez están mucho más cerca del esperpento que de lo que cabría esperar de una negociación mínimamente formal, lo cual añade, si cabe, aún mayor gravedad al momento. Súmese a lo anterior, en el orden de lo esperpéntico, la rusticidad en las formas y la carencia de luces de la tercera autoridad del Estado, la socialista mallorquina que preside el Congreso de los Diputados, y se entenderá el grado de bochorno exhibido por quienes hoy nos gobiernan y representan. 

En cuantas ocasiones el actual secretario general del PSOE ha alcanzado la presidencia del gobierno, lo ha hecho a costa de ir cediendo a las exigencias de la izquierda radical y los nacionalismos en sus respectivas locuras identitarias. Vistas en perspectiva, esas cesiones han seguido una progresión más geométrica que aritmética. A medida que Sánchez ha ido necesitando sus votos –no sólo ya para su investidura; también para aprobar los presupuestos y las distintas leyes, algunas tan trascendentes como la enésima de educación, la mal llamada de memoria democrática o las no menos mal llamadas de libertad sexual–, los cachos de legalidad a los que ha ido renunciando el Gobierno del Estado en beneficio de los intereses espurios y privativos de determinados colectivos minoritarios se han multiplicado. Pero, aun así, lo vivido estos días no tiene precedentes.

Habrán visto seguramente esa pequeña maravilla cinematográfica de los Hermanos Marx titulada Una noche en la ópera. De ser así, seguro que recuerdan la famosa escena del camarote. Justo antes de que en este se vayan amontonando toda clase de personajes, Groucho, de pie en el pasillo, llama al camarero y le indica qué desea para cenar: “Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua, dos en tortilla…” De pronto, se oye a Chico –que viaja, lo mismo que Harpo, escondido en el compartimento– exclamar: “¡Y también dos huevos duros!”. Groucho se lo repite al camarero, que va tomando nota, y entonces resuena un trompetazo de Harpo, lo cual lleva a Groucho a rectificar y a decirle al camarero: “En vez de dos pon tres”. La escena, lejos de terminar ahí, se va alargando con nuevas peticiones y nuevos trompetazos, como si no fuera a tener fin.

Ese gag se ajusta de modo bastante certero a la imagen que están trasladando las negociaciones de los independentistas de Junts y ERC con el PSOE, o sea, a las exigencias de todo tipo a que los primeros someten al segundo para lograr sus fines y a las renuncias de todo tipo a que el segundo está dispuesto para conseguir su objetivo. Con la diferencia, claro, de que aquí no estamos ante ninguna ficción. Al igual que el camarero de la película, lo mismo el secretario de Organización socialista Cerdán con Puigdemont que el ministro de la Presidencia Bolaños con Junqueras se limitan a ir tomando nota de lo que sus interlocutores les exigen y a concederlo, ya sea la amnistía –queda por ver si total o parcial–, la oficialidad de las lenguas cooficiales –de momento sólo en el Congreso–, las condonaciones de deuda pública o el traspaso a la Generalidad catalana de la red territorial de Cercanías. Pero Puigdemont y Junqueras, aparte de laminar el Estado del que aspiran a separarse, también compiten entre sí. Por una cuestión de huevos. Quien logre más que el otro y sea capaz de venderlo como un éxito entre los votantes de la región tendrá muchos puntos para ser, en 2025 o antes, el nuevo presidente de la Generalidad.

Pero, por suerte, las recientes actuaciones del CGPJ y de los jueces de la Audiencia Nacional demuestran que el Poder Judicial no está dispuesto a dar su brazo a torcer en defensa del imperio de la ley por muchas interferencias que reciba por parte de los demás poderes. Ni tampoco los ciudadanos que se manifiestan en las calles y allí donde haga falta en defensa de la igualdad y la libertad del conjunto de los españoles. Ni lo está, por supuesto, la Corona en su empeño por preservar la continuidad de nuestro Estado de derecho, encarnado desde 1978 en la Constitución que la heredera del trono acaba precisamente de jurar.

(The Objective, 8 de noviembre de 2023)

Baleares y las trampas del lenguaje político

La presidenta del Gobierno Balear, Marga Prohens, ha asegurado que tanto el Estatuto de Autonomía como la propia legislación educativa “no permiten que haya segregación” en la enseñanza. Lleva razón. Segregar es marginar, relegar, perjudicar. Es decir, apartar con fines lesivos a una persona o a un grupo de personas del resto. Y en ningún renglón legal se prescribe que alguien pueda o deba sufrir un castigo de esta índole por motivos que no sean los estrictamente disciplinarios. Prohens también ha afirmado que, a ella en particular, el término segregación no le gusta, y menos para referirse a la lengua. Ocurre, sin embargo, que este es el término acuñado por la oposición social-nacionalista balear para referirse, tras posponerle el adjetivo lingüística, a eso que otros denominan libre elección de lengua. Y el término que replican los medios de comunicación públicos y subvencionados; los miembros más ideologizados del lobby educativo, tanto si pertenecen al profesorado o al alumnado como a los padres de alumnos; las entidades o asociaciones que viven del fomento de las llamadas “lengua y cultura” propias y del dinero público; y, en fin, a poco que se despisten, algunos concejales y diputados del mismísimo Partido Popular. Sólo los de Vox están curados de espanto y reivindican la libre elección de lengua, aunque tampoco sepan muy bien cómo llevarla a la práctica en el sistema educativo insular.

Hace un par de semanas, lo recordarán sin duda, el Parlamento autonómico no pudo aprobar el techo de gasto para el próximo ejercicio al negarle Vox al PP los escaños que precisaba para ello. El motivo no eran los grandes números, por descontado, sino las discrepancias entre las dos formaciones con respecto al ritmo de aplicación de la libre elección de lengua en la enseñanza pública. Cuando ambas firmaron a finales de junio el acuerdo de gobierno, se comprometieron a garantizar el derecho a elegir libremente la primera lengua de escolarización y a extenderlo a “todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”. Lo que no fijaron fue el ritmo de aplicación. Y el PP, que es quien gobierna, lo quiere lento y gradual, con un calendario lo más inconcreto posible, mientras que Vox aspira a que sea justo lo contrario. En todo caso, el punto de encuentro debe producirse de un modo u otro esta misma semana, para que en la siguiente pueda aprobarse el techo de gasto y antes de fin de año los presupuestos. Y para que, por primera vez, una de las comunidades autónomas donde los gobiernos de izquierda y nacionalistas han impuesto un modelo de inmersión lingüística disponga de una planificación plausible para revertir dicho modelo y para que los ciudadanos que en ella residen empiecen a tener garantizado su derecho a la libre elección de lengua.

Que no resultará fácil, sobra añadirlo. Baste indicar que las fuerzas de choque opositoras ya velan sus armas, prestas a salir a la calle para defender lo que consideran su coto privado: la educación y su forma de concebirla. Con todo, el episodio no sólo debería servir para que el centro derecha insular, tras ganar limpia y holgadamente las elecciones autonómicas, ejerza el derecho a aplicar lo que las formaciones que lo componen llevaban en sus programas respectivos y acordaron en el acuerdo de gobierno que suscribieron, sino también para combatir la falacia en que se asienta el concepto de segregación lingüística. Para que exista segregación, tendría que darse previamente un conjunto, un todo, al que se priva de una parte, lo que no es ni puede ser el caso. A nadie se le ocurriría decir que los alumnos de un centro están segregados con respecto a los de otro centro simplemente porque no caben todos en el mismo centro. Tampoco que lo están los de un determinado nivel, porque el exceso de alumnado ha obligado al centro a dividir los de una misma edad en más de un grupo. Que el derecho a la libre elección lleve a crear más de una línea, una con la lengua oficial como primera lengua y la cooficial como segunda y otra en que la prelación sea la inversa no atenta contra derecho alguno; al contrario, garantiza el de los padres a escoger la fórmula que más les convenga. Lo que sí conlleva es una complicación organizativa y una partida presupuestaria mucho mayores para la Administración. Pero para eso está la Administración, ¿no?

En realidad, para hablar de segregación como hacen la izquierda y el nacionalismo tiene que haber habido con anterioridad imposición. Y no la del franquismo, como sostienen sus voceros, sino la que ellos mismos han practicado en plena democracia con la inmersión lingüística obligatoria en la lengua cooficial correspondiente. Visto así, no hay duda de que su tan cacareada segregación no es más que un bendito ejercicio de libertad.

(The Objective, 1 de noviembre de 2023)