Estigmatizaciones

Comprendo la decisión del juez Castro de no imputar a la infanta Cristina en la causa que se sigue contra Iñaki Urdangarín, como le pedía el sindicato Manos Limpias. Si, según la Fiscalía Anticorrupción, no existen indicios de que la infanta «conociese la conducta supuestamente ilícita de su marido», no tiene sentido alguno llamarla a declarar. Lo que ya me resulta más difícil de entender es la apreciación que el juez ha añadido en su auto; a saber, que tal imputación «sólo conduciría a estigmatizar gratuitamente a una persona». Si comparecer ante la justicia significa ya por sí solo, en palabras de un juez, ser estigmatizado, mal andamos. Y luego está el adverbio «gratuitamente», que presupone, por de pronto, que hay distintas clases de estigmatizaciones como las hay, pongamos por caso, de cohechos —ya saben, aquello del activo y del pasivo—. Así, una estigmatización gratuita sería la que podría haberse evitado, por arbitraria, mientras que la otra, la estigmatización a secas, sería la que cabía esperar, la justa, la inapelable. Lo cual nos lleva a preguntarnos si el exigir una enseñanza también en castellano para sus hijos supone para un ciudadano español residente en Cataluña una forma alguna de estigmatización. Y a responder que sí, y por varias razones. En primer lugar, por el oprobio de tener que pasar bajo las horcas caudinas financiadas por el Gobierno autonómico y siempre prestas a movilizarse cuando la ocasión lo requiere. Y, luego, porque la negativa de la Generalitat a modificar un ápice su modelo de inmersión en catalán a pesar de las sentencias que así lo reclaman —sustentada incluso, para vergüenza de la propia justicia, en fallos como el de este jueves del TSJC— pone a las familias demandantes en el dilema de pedir o no una enseñanza individualizada en castellano para sus hijos. O sea, de aceptar o no que la Administración educativa los estigmatice durante su vida escolar. Y lo haga —si es que hace falta añadirlo— con toda gratuidad.

ABC, 10 de marzo de 2012.