El problema catalán

Este periódico afirmaba hace un par de días, a toda portada, que los españoles tenemos un problema y que este problema se llama Cataluña. Y lo concretaba en una serie de casos recientes en que la Generalitat ha actuado al margen de la ley o elaborando propuestas que harán que actúe, tarde o temprano, de este modo si nadie lo impide. Por supuesto, no seré yo quien niegue la existencia del problema. Es más, se trata de algo consustancial a la existencia misma del nacionalismo: hay problema catalán desde que hay nacionalismo catalán —o sea, desde hace más de un siglo—, por lo que mucho me temo que habrá problema mientras siga habiendo nacionalismo. Dicho lo cual, conviene recordar que el problema, aun cuando afecte ante todo a los catalanes, es, además de catalán, español. O, si lo prefieren, es, por catalán, español. Lo que significa que compete a todos los españoles, si no resolverlo, por cuanto no parece que el nacionalismo vaya a desaparecer algún día de nuestros despertares, sí al menos conllevarlo. Y el único instrumento de que disponemos para ello es el Estado de Derecho. Corresponde, pues, al Gobierno de la Nación salvaguardar nuestros derechos de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y corresponde a los partidos llamados nacionales, y muy especialmente al que tiene en este momento responsabilidades de gobierno, velar por que esta ley se cumpla. En este sentido, no es de recibo que la representación de este partido en Cataluña ofrezca su concurso al ejecutivo autonómico, o sea, al nacionalismo gobernante, para aprobar los presupuestos y acepte, a un tiempo, que ese ejecutivo actúe y se proponga seguir actuando al margen de la ley. No es de recibo, porque ello, lo quiera o no y le guste más o menos, le convierte en cómplice necesario de todas las políticas de la Generalitat. Y aunque el anterior Gobierno de España se entregó, sin tapujos, a una progresiva laminación del Estado, uno quisiera creer que el actual no va a estar por la labor.

ABC, 17 de marzo de 2011.