El nuevo Gobierno Balear ha suprimido la Dirección General de Política Lingüística. La noticia no tiene precedente en la España de las Autonomías —y no digamos ya en las demás—. Ni siquiera en la Comunidad Valenciana se ha dado una situación parecida, puesto que el acceso al poder del Partido Popular en 1995, si bien comportó la eliminación de la dirección general creada por los socialistas, no impidió que gran parte de sus funciones —e incluso la propia denominación— se integraran en una de nuevo cuño consagrada también a otros menesteres. Y, más adelante, en una análoga. Ha tenido que llegar José Ramón Bauzá a la Presidencia del Gobierno Balear para que por primera vez en España la política lingüística haya sido arrancada de cuajo. La razón aducida por el dirigente popular ha sido el ahorro. Una razón de peso: nada más y nada menos que 10 millones de euros, de los que siete corresponden a la propia dirección general y los otros tres al resto de las áreas gubernamentales. Lo cual no significa, claro, que el ejecutivo balear deje de realizar cualquier tipo de política en el campo lingüístico. Piénsese, por ejemplo, en la educación, donde el compromiso del presidente de garantizar la libre elección de lengua va a entrañar sin duda un cambio de modelo y, en definitiva, una nueva política. Pero, aun así, la noticia tiene un calado enorme. En primer lugar, porque si se demuestra que un gobierno puede ahorrarse un desembolso importante sin que pase nada, es que ese gobierno, o los anteriores, han estado tirando el dinero. Luego, porque, con la medida, se elimina un organismo cuya principal función no era otra que la propaganda ideológica y, en definitiva, la coacción. Pero, sobre todo, porque la supresión posee un gran valor simbólico. El nacionalismo se ha jactado siempre de no recular jamás. Gobierne quien gobierne. Ponerle freno y hasta obligarle a retroceder es una de las mejores lecciones que pueden dársele.

ABC, 25 de enero de 2011.

Sin política lingüística

    25 de junio de 2011