Me parece estupendo. Lástima que no hubiera sido este el propósito desde el principio, esto es, desde que el Gobierno de la Generalitat, allá por 2004, empezó a aventar las cenizas de los muertos. Dicho lo cual, no puedo por menos que dudar de que los hechos vayan a corroborar finalmente las palabras del vicepresidente. De entrada, porque el texto donde el actual coordinador del proyecto, Jordi Oliva, narra —en catalán, claro— los objetivos y vicisitudes de la investigación lo es todo menos un texto conciliador. Quien se entretenga en leerlo, aparte de comprobar que está lleno de errores gramaticales y de que España recibe siempre el mote de «Estado español», podrá observar, pongamos por caso, cómo las víctimas del bando vencedor son identificadas de forma inconcreta y genérica, y asimiladas sin excepción al régimen franquista, mientras que las «decenas de miles» del perdedor, «jóvenes, mujeres, niños y niñas, y gente mayor», lo son por «por haber vivido en zona republicana, haber defendido la legalidad (…) o haber formado parte de los (…) vencidos». Un buen punto de partida, sin duda.
Pero acaso no sea eso lo peor. Y es que el proyecto en cuestión ha sido presentado —supongo que por las prisas electorales— cuando no se han introducido en la base de datos sino 40.000 de las más de 70.000 personas que, según afirman sus responsables, debe finalmente contener. Yo he echado en falta, por ejemplo, a un familiar, presidente de la CEDA en Gerona cuando estalló la guerra y asesinado en noviembre de 1936. ¿Estará finalmente? ¿No estará? Veremos. Por de pronto, lo que sí he podido constatar mediante una simple cata, completamente aleatoria, es la laxitud del concepto de víctima —del bando perdedor, claro—. Atiendan: un hombre nacido en Murcia y fallecido en Barcelona en 1938, a los 86 años, de muerte natural.
La que nos espera.
ABC, 26 de junio de 2010.