Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán y senadora, ha presentado en la Cámara Alta una moción para que se prohíba en España el uso del «burka» o del «niqab». La cosa no dejaría de ser una iniciativa más de los populares catalanes en relación con la inmigración —como las ya tristemente famosas del concejal García Albiol—, si no fuera porque la moción de Sánchez Camacho ha ido precedida de un anuncio similar de la alcaldesa socialista de Cunit y también senadora, Judith Alberich. Eso sí, de un anuncio que no ha pasado de anuncio, dado que en última instancia la dirección del PSC ha desautorizado a Alberich y a esta no le ha quedado más remedio que echarse atrás.

Convendrán conmigo en que no es habitual que los dos grandes partidos nacionales compitan en un mismo terreno, con las mismas armas y con un mismo objetivo —sí, ya sé que el PP, aquí, es el de Cataluña, y que el PSC es el PSC, pero no hay duda de que el Senado también es el Senado—. Por lo general, cada formación tiene su propio campo ideológico y su propia táctica. Sin embargo, cuando se acercan elecciones, toda clase de elecciones, las fronteras se difuminan. Sobre todo si en el pastel electoral existe una fuerza como la xenófoba Plataforma per Cataluña de Josep Anglada, que ha hecho de la lucha contra la inmigración su bandera y que amenaza con pescar votos allí donde hasta ahora sólo pescaban las fuerzas políticas tradicionales.

Pero, más allá de estas consideraciones, lo verdaderamente interesante es analizar las razones por las que el PSC ha obligado a su senadora a frenar en seco. Están, por supuesto, las meramente corporativas. Alberich forma parte de una coalición en la que también figuran senadores pertenecientes a otras siglas —ICV y ERC— y estos senadores, o las direcciones de sus partidos, si bien manifiestan estar en contra del uso del llamado «velo integral», no abogan por su prohibición, sino por recurrir a la mediación en caso de conflicto. Ya saben, aquello del diálogo y sus efectos purificadores —doctrina a la que, por cierto, no son ajenos los socialistas—. Y están, luego, las razones del presidente de la Generalitat y secretario general del PSC. A él tampoco le gusta el «burka». Dice que no forma parte de la cultura catalana —el pobre, siempre arrastrando las orejeras autonómicas: ¿no será de la cultura occidental?—. Pero, aun así, no se declara partidario de prohibirlo, porque, a su juicio, su uso no constituye en estos momentos «ningún problema en la calle ni tiene relación con ninguna demanda social».

Es verdad. Sólo muy de tarde en tarde y en según qué partes de España alguna de esas prendas ominosas genera algún problema. ¿Y qué? ¿Es eso razón suficiente para no legislar? ¿O acaso hay que esperar a que el problemín se acabe convirtiendo en un problema? Una de las características de nuestra clase política es su absoluta falta de principios. O sea, de entereza. Renunciarían a lo que fuera preciso. Menos a las lentejas, claro. Eso sí que sería un problema. Qué digo un problema, ¡un problemón!

ABC, 5 de junio de 2010.