Aun así, yo creo que los catalanes de buena fe no deberían sentir zozobra alguna. O, al menos, no más de la que pueden haber sentido en meses anteriores. De verdad, no hay motivo. Se mire como se mire, esto se acaba —me refiero, claro, al proceso de discusión del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto—. Fíjense. El Alto Tribunal, en sus intentos resolutivos, procede por elevación. Quiero decir que va subiendo en busca de una salida, esto es, de un fallo asumible para una mayoría de sus miembros. Empezó la magistrada Elisa Pérez Vera, redactando hasta cinco ponencias, de las que sólo llegó a votarse la última, que fue rechazada. Le ha seguido el vicepresidente Jiménez, que ni siquiera ha permitido que se votara la suya. Y ahora le toca el turno a la presidenta María Emilia Casas. En vista del procedimiento seguido, puede decirse que el Constitucional está funcionando, en eso, de forma muy parecida a como lo hace la propia justicia con determinadas resoluciones contra las que se ha presentado recurso. O sea, permitiendo que se apele a una jerarquía superior, que es la que debe procurar, al cabo, la sentencia definitiva.
De ahí que al vía crucis del Estatuto, una vez alcanzada la Presidencia, no le reste ya ninguna estación. Dentro de poco, todos los catalanes de buena fe podrán quitarse un peso de encima. A no ser, claro, que la presidenta Casas también fracase en su intento, lo que traería como consecuencia su renuncia y, probablemente, la drástica renovación de los componentes del Alto Tribunal y quién sabe si de la propia institución. O sea, el triunfo, indirecto, de la doctrina Montilla.
Llegados a este punto, ya no nos quedaría otro consuelo, a los catalanes de buena fe, que interponer recurso contra la historia. Aunque mucho me temo que lo tomarían por un berrinche y ni siquiera lo admitirían a trámite.
ABC, 22 de mayo de 2010.