Decir que vivimos tiempos revueltos es decir poco. Desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder, hace ya más de dos años, la disrupción se ha convertido en norma. Sólo faltaba la nefasta gestión de la pandemia, con su ristra de mentiras, ocultamientos, bandazos y trilerías, para confirmarlo. Nada es seguro en España, nada es duradero. Ni en política ni en ningún otro ámbito de la vida pública. Lo que trae como consecuencia que tampoco lo sea en la esfera privada. ¿Qué padres de familia pueden planificar hoy en día el porvenir de sus hijos? Por desgracia, sólo aquellos que disponen de posibles para mandarlos al extranjero a formarse y de este modo abrir cauce a un futuro profesional. Números cantan: económicos, educativos, asistenciales. Y mientras esos números andan de capa caída, los asociados a la corrupción siguen al alza.

               Así las cosas, se entiende que cunda el desánimo entre muchos españoles y que no pocos apuesten por una ruptura de signo radicalmente contrario. Se entiende, digo, aunque resulte difícil compartirlo. La historia de España está llena de esa clase de vaivenes. Y todos acabaron mal. Que la actual mayoría gubernamental juegue a repetirlos, de obra y de palabra, para provocar con ellos una reacción extremada, no debería llevarnos ni al desaliento ni al encono. Sí, en cambio, a la firmeza. Una firmeza que pasa, ante todo, por la defensa de la continuidad institucional. O sea, de nuestra Monarquía constitucional, encarnada en el Rey Felipe VI, y nuestro Estado de las Autonomías. Pero también de otra clase de continuidad.

            Cuando se cumplían 60 años del inicio de la Guerra Civil, Julián Marías publicó un breve y sustancioso ensayo, España ante la historia y ante sí misma (1898-1936), cuya lectura debería figurar –y sé bien que no es el caso– en los haberes de todo bachiller español. Pues bien, dicho ensayo contiene un epílogo donde el autor acuñaba un concepto, el de continuidad subterránea, para desmentir que la dictadura hubiese sido un verdadero páramo desde el punto de vista social y cultural. La tragedia civil había supuesto sin duda una “atroz sacudida”, pero no había cortado por completo el hilo de historia que los españoles llevaban décadas hilvanando. El propio Marías podía dar fe de ello, no sólo por haberlo vivido –y, en parte, sufrido–, sino por haber contribuido con su ejemplo a trenzar esa continuidad sin la cual nuestra Transición y la consiguiente recuperación de las libertades políticas habrían sido una quimera. (Sobra precisar que en ese ejercicio de plena asunción del pasado que sirvió para alumbrar la democracia constitucional de la que felizmente seguimos disfrutando participaron también aquellos españoles a los que la Guerra Civil y el franquismo habían empujado al exilio y que en el ínterin no habían podido o deseado regresar.)

            Para entender el alcance y la trascendencia de esa continuidad subterránea a la que se refería Marías hará pronto un cuarto de siglo, piénsese tan solo en los antiguos catedráticos de instituto de enseñanza media. Muchos se habían formado en los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera y durante la Segunda República. ¿Eran por ello partidarios de un Estado autoritario, eran por ello republicanos? En absoluto. Podían serlo o no. Podían estar incluso alejados de toda inclinación política. Eran, eso sí, cada uno en su campo, depositarios de un saber que ha configurado lo que Marías denominaba en 1996 “nuestro tiempo”, un tiempo que arrancaba en 1898 y en el que quiero creer que todavía estamos. Habrá quien me objete, y con razón, que muchos de los españoles formados en esos años prebélicos no pudieron siquiera aspirar a una cátedra porque tuvieron que exiliarse o porque, simplemente, se les impidió por razones ideológicas ejercer la docencia. Pero ello no quita que quienes sí llegaron a ejercerla supieran transmitir a miles de jóvenes educandos un conocimiento que venía de antiguo y les hacía partícipes de una tradición. Por desgracia, terminada la Transición, la llegada del PSOE al poder y la ulterior implantación de unas leyes educativas regidas por un igualitarismo programático, esto es, por un enfermizo rechazo del mérito y la jerarquía, diluyeron aquel cuerpo de catedráticos de instituto que tanto habían hecho por esa continuidad en un cuerpo polimórfico de nueva planta donde todos eran “trabajadores de la enseñanza” y donde tanto valía un catedrático de Bachillerato como un profesor de Formación Profesional.

            Decía más arriba que el momento que estamos viviendo reclama, ante todo, una firme defensa de la continuidad institucional: Monarquía, Constitución, Estado de las Autonomías. Desde la recuperación de la democracia no habíamos tenido nunca en España un gobierno, no importa el color, en el que estuvieran representadas fuerzas políticas cuyo propósito más o menos explícito fuera acabar con los tres ejes que conforman esa continuidad. Del mismo modo, nunca un gobierno había gozado del apoyo parlamentario de formaciones que han hecho ya de ese mismo propósito una hoja de ruta manifiesta, recurriendo incluso a la violencia para tratar de alcanzar su objetivo. El momento, pues, es delicado. Y es ahí donde esa continuidad institucional precisa del apoyo y el aliento de la otra continuidad, esa que no cabe calificar ya, siguiendo a Marías, de subterránea, dado que, por fortuna, vivimos en un régimen de libertades, pero cuya esencia no deja de ser a grandes rasgos la misma: a saber, la que procuran, con su quehacer diario, tantos millones de españoles que no están dispuestos a renunciar a lo que tanto ha costado conseguir.

            Se me dirá que ya están los partidos políticos constitucionalistas para cumplir con esa labor. Cierto. Pero no ha nacido todavía ninguno que en los instantes decisivos anteponga el interés general al suyo como partido. Por eso es tan importante la acción civil. No como alternativa, sino como refuerzo. No como impugnación de la política representativa, sino como corolario democrático de su propia existencia. Los españoles de bien tienen el derecho y el deber de preservar, renovándolo día a día, su patrimonio común. Se juegan, nos jugamos, mucho. Todo, sin duda.


(ABC, 19 de agosto de 2020)

La imprescindible continuidad

    19 de agosto de 2020
No creo que las imágenes de los aplausos tributados el pasado 15 de junio por el personal de un hotel mallorquín a los primeros turistas alemanes desembarcados en España desde la declaración del estado de alarma fueran del agrado de la izquierda que nos gobierna. Una cosa es que no quede más remedio que tener hoteles, turistas y cuanto se sigue de su existencia, y otra muy distinta que encima haya que mostrar pública gratitud por dicho estado de cosas. Que yo sepa, nunca hasta ahora los trabajadores de un establecimiento turístico habían participado sin reparos ni fisuras en un acto de reconocimiento a quienes contribuyen con su presencia a su presunta explotación como clase. Es verdad que este año no es como los demás. La pandemia ha traído un desbordamiento sentimental inusitado cuya máxima expresión eran –y es de esperar que no tengan que volver– aquellos aplausos de agradecimiento ciudadano desde balcones y ventanas a la caída de la tarde. De ahí que la reacción de esos trabajadores de hostelería pueda entenderse como formando parte de un estado de ánimo más general. Pero, aun así, no deja de resultar significativa, y muy especialmente por la comunidad autónoma donde se produjo.
            Así como en España el turismo representa cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone un porcentaje del empleo similar, en las Islas Baleares ronda el 45% del PIB autonómico y emplea a un tercio de la población asalariada. No es de extrañar, en consecuencia, que en el archipiélago los dardos izquierdistas hayan tenido siempre como objetivo el sector turístico. Unos dardos, por cierto, en los que no ha faltado el componente xenófobo aportado por los nacionalistas del lugar, deseosos de ver su tierra limpia de forasteros, ya sean estos españoles, ya de otras latitudes. En los últimos años han proliferado las campañas contra esas supuestas invasiones bárbaras, en forma de manifestaciones en las terminales portuarias y aeroportuarias, e incluso de acciones más o menos violentas contra bienes públicos y privados. Tampoco han sido ajenos al ambiente creado, para no variar, los vientos ideológicos que soplan desde Cataluña. O, seamos precisos, desde la Barcelona de la alcaldesa Colau, una de cuyas concejalas llegó a desear en la pasada legislatura la desaparición de los cruceristas, a los que calificó de “plaga de langostas”. Y como todo lo malo se pega, sobre todo si encuentra el campo abonado, también en el País Vasco la actividad turística ha sufrido la ira de los violentos.
            Esa fobia al turismo ha tomado como pretexto el fenómeno de la masificación, en particular en las grandes ciudades. Es indiscutible que esa masificación ha existido, como lo es que ha comportado para los lugareños no pocas incomodidades y contratiempos: movilidad limitada, lo mismo en núcleos urbanos que en carreteras y autopistas, mayores niveles de ruido, de suciedad, de contaminación de playas y aguas marinas, etc. Todo ello, insisto, resulta indiscutible, en especial en los meses punteros del verano. Pero ese aumento de visitantes no ha obedecido por lo general a un incremento del turismo tradicional, sino a la proliferación e intensificación de dos modalidades, si no nuevas, sí mucho más recientes: los cruceros y el llamado alquiler turístico o vacacional, que han venido a sumarse a las ya existentes. En el primer caso, con una población esencialmente paseante cuyo número no tiene otro límite que la capacidad de carga de cada buque y la cantidad de buques que los muelles de un determinado puerto puedan acoger a diario; y en el segundo, con una población también numerosa pero difícil de cuantificar, por cuanto su presencia en el territorio descansa en un marco normativo enmarañado y, luego, discutido y polémico. Es de creer, sin embargo, que con el tiempo los organismos públicos terminarán por regular ambas modalidades turísticas, dada la necesidad de fijar, socialmente hablando, unos límites razonables.
            Con todo, esa fobia al turismo tiene, en las filas de nuestra izquierda, unos fundamentos que no guardan gran relación con esas multitudes que nos invaden en cuanto llega el solsticio de verano. Así, por ejemplo, ese enemigo del consumo que nos ha tocado en suerte como ministro de Consumo, Alberto Garzón, declaró a mediados de mayo en sede parlamentaria que el turístico era “un sector estacional, precario y de bajo valor añadido”. Y no lo hizo, sobra añadirlo, para poner de manifiesto su relevancia. No hay duda de que la ignorancia es muy atrevida, pero las palabras de Garzón reflejan algo más que el drama formativo de un ministro que necesita a todas luces mejorar: son la evidencia de un prejuicio fuertemente enraizado en la mentalidad de una parte de este gobierno y, por supuesto, de muchos de los grupos que le dan apoyo. Ven el turismo como una actividad depredadora del territorio regida por unos empresarios que tratan a sus trabajadores sin miramiento alguno. No negaré, claro está, que a lo largo de siete décadas se hayan cometido abusos. Pero convertir esas prácticas –que en general han sido corregidas– en una dominante resulta tan contrario a la verdad que no merece ni siquiera la pena detenerse en ello. 
            Por lo demás, no parece que el Gobierno vaya a enmendar con sus actos las palabras de su ministro. La inversión pública prevista para el turismo con vistas a la recuperación es netamente insuficiente –una séptima parte de lo necesario, a juicio de Exceltur–. Tal vez convenga recordar que fue este el sector que tiró del carro en la crisis de 2008. Y que apoyarle equivale a apoyar la restauración, el comercio, el transporte, la construcción, el ocio. O, lo que es lo mismo, a producir riqueza y empleo. No está el país para reservas ni experimentos. Sobre todo cuando el FMI pronostica ya una caída de porcentaje en el PIB nunca vista. Que encima dé la casualidad de que esa caída coincide con el PIB representado por el turismo sólo indica hasta qué punto este último, para España, es como el pan. Sí, bendito turismo.


Bendito turismo

    14 de julio de 2020