Cataluña para los catalanohablantes

Entre las grandes figuras de la historia reivindicadas por los líderes independentistas catalanes –desde Artur Mas hasta Carles Puigdemont, pasando por Oriol Junqueras–, no está, que yo sepa, James Monroe. Y es de lamentar, porque la célebre doctrina de quien fuera el quinto presidente de los Estados Unidos, “América para los americanos”, se ajusta como un guante al proceder del catalanismo –esto es, del nacionalismo catalán– durante las últimas décadas. Sólo que, así como en el caso americano la principal coartada para la expansión fue el territorio, en el del catalanismo la ha encarnado siempre la lengua. En otras palabras: la presunta defensa del idioma es lo que legitima la política nacionalista en los confines de la propia Cataluña y lo que sirve asimismo como excusa a su afán colonizador del resto de las comunidades autónomas integradas en el constructo ideológico denominado “Países Catalanes”.

            Pero no acaban aquí las similitudes. Del mismo modo que, hace dos siglos, los colonos estadounidenses fueron avanzando hacia el Pacífico haciendo bueno el derecho de conquista y sin que les importara lo más mínimo el consiguiente exterminio de los nativos que encontraban a su paso, las fuerzas de choque del catalanismo, amparadas y sufragadas por sus respectivos gobiernos autonómicos, han ido avanzando también en su propósito de expulsar el castellano del espacio público al margen de lo que prescribiera la legalidad. Ya en los primeros años ochenta, tras comprobar que el marco normativo de la ley de normalización lingüística recientemente aprobada no garantizaba el aprendizaje del catalán en la escuela por parte de los alumnos cuya lengua materna era el castellano, el gobierno nacionalista de la Generalidad empezó a implantar, por su cuenta y riesgo y a imagen y semejanza de sus correligionarios del Quebec, el modelo de inmersión lingüística. En consonancia con el objetivo perseguido, la zona de progresiva implantación fue el “cinturón rojo” barcelonés, de amplia mayoría castellanohablante. La política de hechos consumados tendente a fomentar el cambio de lengua en más de la mitad de la población catalana estaba, pues, en marcha.

            Con todo, no fue hasta una década más tarde cuando esa política halló un acomodo legal, o lo que es lo mismo, unos decretos que la amparasen. Aunque para eso hizo falta la complicidad de un gobierno socialista y la previa aprobación de una ley, la LOGSE, acordada con el resto de la izquierda española y los nacionalismos vasco y catalán. La LOGSE asignaba a las comunidades autónomas con lengua cooficial la potestad de fijar los contenidos de un 45 por ciento del horario y, en general, una generosa capacidad de maniobra en la organización del nuevo sistema educativo, cuya obligatoriedad la propia ley había extendido hasta los 16 años. Sobra indicar que los nacionalistas no desaprovecharon la oportunidad. En el primero de los decretos que promulgaron en 1992 para aplicar la reforma, se establecía que el catalán “se utilizará como lengua vehicular y de aprendizaje” de toda la enseñanza obligatoria. Dicho y hecho.

            En lo sucesivo, el modelo de inmersión se fue generalizando al conjunto de los centros docentes, públicos y concertados, de Cataluña –incluyendo las enseñanzas no obligatorias y, por supuesto, las comunicaciones internas y externas de cada centro­–, a pesar de las denuncias y recursos interpuestos por las asociaciones de defensa de los derechos de los castellanohablantes y a pesar incluso de las resoluciones que los tribunales fueron dictando. Y cuando el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 trató de legalizar esas prácticas ilícitas cuyo fin no era otro que erradicar por completo el castellano de la escuela y del resto de la administración pública, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 anulando el apartado que declaraba el catalán “lengua preferente” dio al traste con las pretensiones del nacionalismo. Una vez reconocido por el Alto Tribunal el carácter de lengua vehicular del castellano, distintas sentencias del Supremo concretaron dicha vehicularidad –valga el palabro– en un mínimo del 25 por ciento del horario y en asignaturas que tuvieran la condición de troncales, lo que evitaba la treta, tan común, de recurrir a la Educación Física para cubrir el expediente.

            Aun así, los distintos gobiernos de la Generalidad siguieron a lo suyo. ¿Cómo no iban a continuar desobedeciendo a los organismos judiciales si durante casi toda la última década no han hecho otra cosa que crear el caldo de cultivo necesario para impugnar nuestro marco legal y justificar de ese modo su tentativa de golpe de Estado? De ahí que la enmienda conjunta de PSOE, Podemos y ERC introducida en la tramitación de la llamada “ley Celaá” y por la que se suprime de un plumazo el carácter vehicular del castellano y su condición de lengua oficial del Estado del articulado del proyecto de ley, deba considerarse como un nuevo intento de blanquear las ilegalidades pasadas. Nadie duda, y menos aún los promotores de la enmienda, de que el Alto Tribunal declarará inconstitucional esa alteración del texto cuando resuelva los recursos que han prometido interponer diversas fuerzas políticas de la oposición. Pero eso al nacionalismo le trae sin cuidado. Al contrario, así tendrá un nuevo agravio que sumar a su ya largo memorial. Y, mientras tanto, no se ha reparado bastante en otras tres modificaciones del articulado que persiguen un fin separativo similar. Me refiero a la que permite a las autonomías con lengua cooficial ampliar todavía más la facultad de fijar los contenidos del currículo –de un 45 a un 50 por ciento del horario–; a la que posibilitará que los gobiernos de esas mismas comunidades autónomas designen a sus inspectores educativos sin que medie oposición alguna, con lo que el sesgo ideológico y las arbitrariedades consiguientes estarán servidos, y a la que consolida el derecho de propiedad del nacionalismo sobre la educación al convertir la asignatura “Lengua cooficial y literatura” en “Lengua propia y literatura”.

            Me gustaría equivocarme, pero, a este paso, del Estado de derecho que una inmensa mayoría de los españoles nos dimos hace ya más de cuarenta años, Constitución mediante, pronto no va a quedar ni el recuerdo.

(ABC, 16 de noviembre de 2020)

Aquella República

El 27 de julio de 1931, en su discurso de toma de posesión como presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Julián Besteiro aludió a la historia en estos términos: “La Historia es, en efecto, la maestra de la vida; pero ¡cuántos errores se cometen invocando su nombre! ¡Cuántas veces se la hace servir a las más bajas pasiones y se la convierte, de una respetable matrona, en una especie de Celestina de las especies más variadas de Melibeas!” Lejos de mi intención usar de esa respetable matrona para terminar cayendo en este artículo en semejantes extravíos. Pero esas palabras de Besteiro, tan premonitorias del desenlace que iba a tener aquel régimen, resultan hoy de una actualidad vigorosa. Y es que la Historia, atrapada en esa anunciada ley de Memoria Democrática con que el Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias pretende dar una considerable vuelta de tuerka –permítaseme la licencia– a su antecesora, la llamada ley de Memoria Histórica, está siendo tratada, y con ella sus protagonistas, como una verdadera facilitadora de ficciones, a cual más embelesada. Empezando, claro, por la que proyecta sobre la propia Segunda República española.

            La Segunda República española fue un régimen fracasado. Y no porque desembocara en una guerra civil –con eso ya bastaría–, sino porque, en su esencia misma, obedeció a la voluntad de imponer a millones de españoles la voluntad de otros tantos millones. La República advino –Josep Pla dixit– tras unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas agrupados en un Comité Revolucionario creado apenas medio año antes obtuvieron la victoria en las principales ciudades españolas, lo que indujo al Rey Alfonso XIII a abandonar el país para evitar un baño de sangre. Pero, en diciembre de 1930, ese mismo Comité ya había intentado derrocar a la Monarquía mediante la combinación de una huelga general revolucionaria y una serie de levantamientos en distintas guarniciones militares. El golpe no había triunfado, pero el mensaje de sus patrocinadores no ofrecía dudas: cuantas medidas había tomado durante 1930 el gobierno del general Berenguer al objeto de intentar transitar de forma pacífica de un régimen dictatorial, la Dictadura de Primo de Rivera, a uno democrático, y cuantas se tomasen en el futuro, de nada iban a servir. La implantación de la República era innegociable. Y la República la encarnaban el Comité Revolucionario y el Gobierno Provisional que este alumbró. Ni sombra de parecido, sobra añadirlo, con lo que fue hace nueve lustros nuestra Transición y su feliz corolario, la Constitución de 1978.

            Esa apropiación de la legitimidad democrática por parte de la llamada Conjunción Republicano-Socialista y la Esquerra Catalana, o, lo que es lo mismo, esa confusión entre República y democracia, como si fuera de los confines del republicanismo y la izquierda toda, incluidos comunistas y anarquistas, ninguna fuerza política tuviera derecho a existir; esa apropiación, digo, estuvo en la base del fracaso del régimen. Durante los cinco largos años que precedieron a la guerra civil, en ningún momento intentaron los promotores de la República incorporar a ella a los desafectos de 1931. Es más, muchos de los que, no siendo republicanos, habían recibido con simpatía la llegada del nuevo régimen, se desengañaron al poco ante el cariz violento que iban tomando los acontecimientos: quema de iglesias, atentados terroristas, huelgas generales –y, en contraposición, la sublevación monárquica del general Sanjurjo en agosto de 1932–. Una suerte de revolución permanente que los nuevos rectores políticos eran incapaces de atajar, suponiendo que no la alentaran o consintieran.

            Pero acaso la máxima expresión de esa violencia y del carácter privativo que para la mayoría de los antiguos representantes de aquel Comité Revolucionario tenía el nuevo régimen fuera lo ocurrido a raíz de la llegada a la gobernabilidad del Estado de los partidos de centroderecha, de resultas de las elecciones generales de noviembre de 1933. Es decir, lo ocurrido a raíz de la primera alternancia en el poder, principio insoslayable de toda democracia representativa. Ya desde aquella fecha, los que habían sido desalojados del Gobierno por la fuerza de los votos empezaron a conspirar para recuperarlo cuanto antes por la fuerza de las armas. No lo lograron, pero un año más tarde dejaron como recuerdo trágicamente cruento una revolución en Asturias y un golpe de Estado en Cataluña, amén de una huelga general revolucionaria en toda España. Y lo más importante: la certidumbre de que jamás iban a permitir que el régimen que ellos habían traído estuviera en otras manos que las suyas. De ahí al estallido de la guerra civil, esas formaciones políticas –de las que se había ido desgajando, ya desde finales de 1931, el partido de Alejandro Lerroux­– no hicieron sino consolidar su alianza con la creación del Frente Popular, lo que las llevó a vencer –fraude mediante, como han demostrado recientes investigaciones– en las elecciones de febrero de 1936. El siguiente y postrer episodio de esa infausta República fue el golpe de Estado militar de signo contrario que sumió al país en un desgarro del que hasta muy poco casi todos los españoles creíamos habernos recuperado definitivamente.

            No estamos en los años treinta, por suerte. Pero sí estamos sometidos a las intemperancias, arbitrariedades y abusos de un gobierno de coalición y una mayoría parlamentaria que recuerdan demasiado a los de aquel Frente Popular. En su composición –la tríada de socialistas, comunistas y separatistas– y en su espíritu –la consideración de que nadie más que ellos tiene derecho a ocupar el poder–. Y, de forma parecida a la de entonces, desafiando a la Monarquía, negando validez a los logros de la Transición, diluyendo y enfangando la separación de poderes, convirtiendo los medios de comunicación bajo su control en instrumentos de burda propaganda y rebanando la Historia según convenga. Dividiendo a los españoles, en suma, y enfrentándolos entre sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que una mayoría de esos españoles y las fuerzas políticas que les representan decidan unirse con el único propósito de devolver el país a la senda de la libertad, la convivencia y el progreso.

(ABC, 20 de octubre de 2020)