No creo exagerar lo más mínimo si afirmo que nada hay más dañino para nuestra democracia que el desprecio a las instituciones y a quienes las dirigen. Y no digamos ya cuando los que practican ese desprecio y contribuyen a propagarlo son los máximos representantes del Poder Ejecutivo, desde el presidente del Gobierno hasta el último de sus ministros. A estas alturas, cuesta encontrar alguno que se comporte con el decoro que cabría esperar de su cargo. Las invectivas contra el Poder Judicial y los forcejeos con el Legislativo responden casi siempre al empeño de imponer la voluntad gubernamental a cualquier precio. Y el primero en perder las formas y en jactarse de ello para intentar lograr su propósito –como si de un émulo de Donald Trump se tratase, aunque sin ninguna medalla que lucir de puertas afuera– es el propio Pedro Sánchez.
Pero ese desprecio institucional se extiende más allá de las esferas del Gobierno. El contagio no conoce límites, y ahí tenemos al director del Instituto Cervantes convirtiendo los prolegómenos del recién inaugurado X Congreso Internacional de la Lengua Española en una suerte de pugilato entre él y su homólogo de la Real Academia Español. Al parecer, el desencuentro entre Luis García Montero y Santiago Muñoz Machado no es cosa de ayer. Algunos lo atribuyen a una incompatibilidad de caracteres, a dos egos difíciles de congeniar. Lo dudo. Allí donde comparece el ego de García Montero no tiene cabida ningún otro. También se ha aludido a su incontinencia, lo que sin duda se acerca más a la verdad. Quien haya leído alguna de sus columnas en El País –no me refiero ahora a las de tema lírico, sino a aquellas que versan sobre la situación política española– habrá comprobado que no le duelen prendas a la hora de remar a favor del gobierno presidido por quien lo empoderó al frente del Cervantes hace ya más de siete años. Y si no se contiene en absoluto ante lo indecoroso que resulta utilizar un medio escrito privado –pongamos que El País sigue siéndolo– para ensalzar la labor de aquel a quien rinde vasallaje, cómo va a contenerse en el curso de un desayuno informativo, en respuesta a una pregunta. Allí lo que priva la mayoría de las veces es cierta improvisación y más, si como buen ególatra, uno se pone estupendo.
Con todo, cuesta creer que las respuestas de García Montero del pasado jueves en dicho desayuno informativo fueran fruto de la improvisación. Al contrario, parecían un ataque premeditado, aunque sea por persona interpuesta –su director, en este caso–, a una institución supuestamente hermana. (Y digo supuestamente hermana porque tanto el Cervantes como la RAE colaboran en la organización del Congreso y, en general, en la proyección de la lengua española en el mundo.) García Montero le afeó a Muñoz Machado no ser filólogo, como sí lo habían sido sus antecesores inmediatos en la dirección de la Real Academia. Ello habría dificultado, según el filólogo García Montero, su relación con Muñoz Machado. Sobra añadir que en parte alguna de los estatutos de la institución académica figura la exigencia de que su director sea filólogo, por lo que Muñoz Machado, elegido en una junta plenaria por los académicos, lo es de pleno derecho, aun cuando su formación sea jurídica. No cabe descartar, de otro lado, que la referencia a las afinidades filológicas del pasado y a las desavenencias formativas del presente constituya en el fondo un anticipo de la batalla que el director del Cervantes piensa librar, según sus propias palabras, contra la posible elección del periodista Juan Luis Cebrián como sustituto de Muñoz Machado. Una batalla, por cierto, en la que resulta difícil no ver el sesgo ideológico y el afán colonizador de las instituciones, en la medida en que la va a librar quien presume de amistad con Pedro Sánchez contra quien lleva ya tiempo criticando en artículos y libros los efectos nocivos para España de la política populista del actual presidente del Gobierno.
Pero donde el desprecio a la figura del director de la RAE aparece con mayor crudeza es en otra de sus salidas de tono: “La RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”, soltó el filólogo la semana pasada. Y lo remató diciendo: “Eso, personalmente, crea unas distancias. García Montero cobró el año pasado 107.805, 51 euros brutos procedentes tesoro público, a los que hay que añadir, supongo, lo percibido en concepto de dietas. Ignoro cuánto cobró Muñoz Machado por esos “negocios (…) para empresas multimillonarias” a los que se refería el filólogo, ni tengo por qué saberlo. Pero lo que sí sé es que los miembros de la RAE –una institución independiente, con personalidad jurídica propia, que no forma parte, por tanto, de la Administración General del Estado– no tienen sueldo fijo y sólo cobran dietas por cada pleno al que asisten o por desplazamiento si no residen en Madrid. La acusación del director del Cervantes carece pues de fundamento y sólo pretende confundir a la opinión pública sobre la licitud de los ingresos de su homólogo de la RAE. Y de paso, manchar a la propia institución. Por lo demás, esas palabras no pueden sino delatar la inveterada costumbre de tantos comunistas acaudalados de arremeter contra la propiedad privada. Siempre y cuando no sea la suya, claro está.