La reeducación familiar

La palabra educación ha sufrido a lo largo del último medio siglo, año más, año menos, un progresivo desplazamiento semántico del ámbito familiar, que le era propio, al escolar. En paralelo, lo que era característico de la escuela, la enseñanza, entendida como la entendía Rafael Sánchez Ferlosio –o sea, como el proceso de adaptación de los estudiantes “a las impersonales condiciones de los conocimientos” y no de los conocimientos “a las idiosincrasias o condiciones personales de los estudiantes”–, ha ido diluyéndose, cuando no desapareciendo, en los programas de las asignaturas, en beneficio de un sinfín de aderezos pedagógicos presuntamente formativos. Lo que los padres han desistido en buena medida de hacer por convicción, comodidad o imposibilidad, es decir, educar a sus hijos en casa, lo hace hoy en día la escuela mediante una labor de suplencia que está produciendo ya sus efectos. En los hijos, claro, pero también en los padres.

Los movimientos de renovación pedagógica que han girado como un calcetín la enseñanza pública de este país emulando en el procedimiento a sus homólogos del otro lado de los Pirineos –a quienes Jean-François Revel acusaba ya en 1988 de traicionar el oficio confundiendo la enseñanza con el adoctrinamiento– se han cebado en particular en el principio de jerarquía. El que se establecía entre profesores de secundaria y maestros atendiendo a la titulación acreditada; el que regía entre los propios estudiantes mediante las calificaciones numéricas o el requisito de aprobar para promocionar de curso, y, en fin, el que se daba en las relaciones en el aula entre el enseñante y sus alumnos, reflejado en los tratamientos utilizados –del usted al tú– y en el respeto en general. El igualitarismo, tan caro a la ideología izquierdista que subyace en estos movimientos, ha tendido a minar la autoridad de la figura del profesor, privada del reconocimiento y el prestigio que confiere ser depositario de un saber que los alumnos deben adquirir.

Pero ese vacío en el área de los contenidos ha sido rellenado con otros materiales. Aparte de los meramente pedagógicos, a los que ya he aludido, están los relacionados con el adoctrinamiento. Por supuesto, en aquellas partes de España donde gobierna el nacionalismo, con el adoctrinamiento de corte esencialista: fomento de la lengua, la cultura y la historia privativas y rechazo, tergiversación u olvido de cuanto nos une como españoles, empezando por la lengua. Los libros de texto al uso, en especial en secundaria y bachillerato, dan fe de ello. Y no digamos ya el entorno de tantos centros docentes, con sus actividades extraescolares debidamente escogidas y las movilizaciones emprendidas cada vez que desde instancias superiores, políticas o educativas, han tocado a rebato.

Con todo, existe una modalidad de adoctrinamiento a la que no se suele prestar tanta atención y que afecta a todos los ciudadanos por igual, residan donde residan del territorio. Me refiero a la que guarda relación con eso que llaman el desarrollo sostenible o, si lo prefieren, la Agenda 2030. Su proyección en el ámbito escolar desde la más tierna infancia y su posterior implementación a lo largo de las distintas etapas educativas va mucho más allá de las cuatro paredes del aula. El niño y el adolescente trasladan esas inquietudes, como es lógico, al ámbito familiar. Lo cual no tiene por qué ser malo. Que sus padres tengan acceso a dicha información mediante los medios de comunicación o las campañas promovidas por la Administración o que les llegue a través de aquello que los propios hijos han aprendido y asimilado en la escuela o el instituto debería ser, en principio, lo de menos. Pero no es así. Porque en el caso de los hijos los consejos y pautas en cuestiones de salud, de alimentación, de consumo, de energía o de medio ambiente tienen un cariz más imperativo en la medida en que se transmiten debidamente aliñados por la palabra del maestro. No es sólo una opinión lo que les trasladan; son casi unas tablas de la ley.

Ese sesgo, a la larga, no influye únicamente en la educación de los jóvenes. También en la de sus progenitores. Los padres, caso de discrepar, tenderán a buscar puntos de encuentro con sus vástagos. Al fin y al cabo, hay que convivir. Y, si es preciso, se dejarán convencer de que merece la pena hacer esto y dejar de hacer aquello por el bien y la salvaguarda del planeta, por más que abriguen serias dudas sobre su eficacia o incluso sobre la razón de ser de la medida. Ellos ya no educan a sus hijos como antes. Lo hace la escuela en su lugar. Y en casa son cada vez más los hijos quienes reeducan, para bien o para mal, a sus padres. 

(The Objective, 25 de octubre de 2023)

Memorias profanadas

Se preguntaba aquí Antonio Caño este lunes por la sonrisa del presidente del Gobierno en su posado con los dirigentes de Bildu y, en concreto, con su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurúa. Le parecía, con toda la razón, que ya que sus intereses particulares y de partido le habían llevado a reunirse con los herederos de ETA –la propia Aizpurúa fue condenada en 1984 por hacer apología de la banda terrorista–, lo mínimo que podía exigírsele era cierta contención, un gesto “serio y circunspecto”, dada la identidad de quien le acompañaba en la foto. Pero nada, ni por esas. La sonrisa de Pedro Sánchez era tan franca para su interlocutora como hiriente para cuantos españoles han defendido a lo largo de cerca de medio siglo el Estado de derecho y las libertades en él consagradas, y, en especial, para la memoria de quienes han sido víctimas, en un grado u otro, de la violencia de ETA.

En Salir de la noche (Libros del Asteroide, 2023) Mario Calabresi, hijo de un comisario de policía asesinado en Milán en 1972 por militantes de la organización de extrema izquierda Lotta Continua, narra lo que fueron aquellos años de plomo en Italia y, en particular, lo que fue para él y su familia, al tiempo que para otros familiares de víctimas del terrorismo, conllevar en lo sucesivo aquel duelo. “Hay que empezar por las víctimas –escribe–, por su memoria y por su necesidad de llegar a la verdad. ‘Hacerse cargo’ es la expresión clave. Hacerse cargo de las peticiones de justicia, de asistencia, de ayuda y de sensibilidad”. Y emplaza en dicha tarea no sólo a las instituciones y los políticos, sino también a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Calabresi también reproduce en el libro, a modo de pauta moral y cívica, las palabras de 2007 de Giorgio Napolitano, entonces presidente de la República Italiana: “La legítima reintegración en la sociedad de los culpables de actos de terrorismo que hayan saldado sus deudas con la justicia debería traducirse en el reconocimiento explícito de la injustificable naturaleza criminal del ataque terrorista contra el Estado y sus representantes y servidores, y debería ir acompañada por conductas públicas inspiradas en la máxima discreción y mesura”.

Sobra añadir, creo, que para cualquier lector español de Salir de la noche resulta imposible eludir la asociación de lo narrado en el libro con lo que supuso en aquella misma época y hasta hace algo más de una década el terrorismo de ETA y con lo que siguen suponiendo hoy en día sus secuelas para sus víctimas, familiares y allegados. Unas secuelas que incluyen la impunidad con que sus herederos, encuadrados en EH Bildu, actúan en el País Vasco. Dejemos a un lado los múltiples ongietorri dispensados en los últimos años a los presos etarras tras salir de la cárcel y ciñámonos a lo más reciente. El pasado 6 de octubre, como sin duda conocen, la tumba de Fernando Buesa en el cementerio de Vitoria fue profanada con pintura y heces. Pues bien, el ultraje a la memoria del dirigente socialista alavés asesinado por la banda terrorista en 2000 junto a su escolta mereció una declaración institucional de condena suscrita por todos los grupos políticos representados actualmente en el Ayuntamiento de Vitoria, excepto Bildu. Esa negativa fue compensada en parte por el rechazo al atentado expresado por Arnaldo Otegi, pero evidenció a su vez que las juventudes de Bildu, tal y como advirtió Mikel Buesa al día siguiente en la Cope, campan a sus anchas y sin control alguno por el País Vasco, necesitadas como están de violencia.

Todo ello no constituiría mayor sorpresa –no es la primera vez que la tumba de Fernando Buesa es profanada, recordaba su hermano Mikel–, si no fuera por lo que significan la foto y la sonrisa a las que aludíamos al principio. Había transcurrido justo una semana desde el ultraje en el cementerio vitoriano a la memoria de un correligionario del presidente Sánchez, pero ello no le impidió posar con los herederos de los asesinos del dirigente vasco a fin de allanar un acuerdo de investidura que le garantice su permanencia en el poder. Y encima, sonriendo.

(The Objective, 18 de octubre de 2023)

Nuestros antisemitas

“El nuevo antisemitismo (…) adopta la apariencia de antisionismo de izquierda. (…). El antisionismo parte de una premisa explícita: el sionismo es una forma de racismo. Tal es el principio que adquirió consistencia dogmática en el sínodo progresista de Durban y que, con carácter de axioma, fundamenta la lógica persecutoria que, una vez probada en el laboratorio francés, se exporta a todos los rincones de Europa por medio de los movimientos antisistema. La ecuación sionismo = racismo, con todo, no es europea en origen, sino árabe. El hecho de que buena parte de la izquierda europea se la haya apropiado admite, por supuesto, una serie de explicaciones parciales: la obsesión de las vanguardias europeístas por desprenderse de un pasado nacionalista, imperialista y racista y la correlativa denegación de la singularidad del Holocausto; el antiamericanismo de las izquierdas europeas en general y de la derecha francesa en particular, que se proyecta fatalmente sobre Israel, o un tercermundismo estúpido traducido en autodenigración masoquista (…). Pero, más allá de estos factores, todos ellos alarmantes, la asimilación del antisionismo árabe constituye un índice inequívoco de la islamización de la izquierda occidental, huérfana de las distintas ideologías colectivistas emanadas del marxismo, y que encuentra ahora en el islam un trasunto vivo del ideal comunista.”

Estas palabras de Jon Juaristi, pertenecientes al arranque del prólogo que escribió para la versión española del ensayo de Alain Finkielkraut Au nom de l’autre (En el nombre del otro, Seix Barral, 2005), deberían bastar para entender la reacción de la izquierda española ante la bárbara razia perpetrada el pasado sábado por Hamás contra la población civil israelí. Es verdad que la respuesta no ha sido monocorde. No todas las fuerzas políticas de izquierda han reaccionado igual, no todos los dirigentes de cada una de ellas han coincidido entre sí, no todos han mantenido con el paso de las horas el mismo criterio. Así, por ceñirnos a los miembros del Ejecutivo, resulta llamativo el contraste entre, de una parte, la evasiva inicial del presidente Sánchez y las declaraciones del ministro Albares calificando sin ambages lo sucedido de “terrorismo” y, de otra, el mensaje de la vicepresidenta Díaz parapetándose tras la acostumbrada equidistancia de la “solidaridad con todas las víctimas”. Claro que, al tiempo, fuentes del propio Ministerio de Exteriores se han referido al “ataque de Gaza a Israel”, mediante una equiparación que confiere rango de Estado al territorio palestino controlado por Hamás y contribuye de paso a disolver, o como mínimo atenuar, el carácter terrorista de la acción. (También el diario El País ha recurrido en su edición digital a una fórmula semejante como epígrafe, “Guerra entre Israel y Gaza”, que deja entrever la misma igualación.)

Por supuesto, quien se sumerja en lo dicho y redicho en las últimas horas por insignes comunistas como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Enrique Santiago podrá comprobar qué niveles de odio y abyección son capaces de alcanzar y propagar nuestros antisemitas particulares. (En el caso de la también comunista Yolanda Díaz su aparente contención se explica tan sólo por el cargo que ocupa, ni que sea en funciones, en el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.) Sin olvidar, claro, a no pocos opinadores presuntamente expertos en la materia, que se afanan estos días por justificar en los medios de comunicación las acciones terroristas de Hamás como un acto de legítima defensa ante el supuesto “terrorismo de Estado” del Gobierno de Israel. 

Todo ello confirma hasta qué punto sigue vigente lo que Juaristi denunciaba hace cerca de veinte años en su prólogo al libro de Finkielkraut. La islamización de la izquierda occidental, reencarnación, a través del antisionismo árabe, del viejo antisemitismo europeo, es uno más de los ismos que caracterizan a esa izquierda. Hay que poner, pues, el nuevo antisemitismo en el mismo saco identitario que el nacionalismo separatista, el activismo de género o el ecologismo radical. Como ocurre con las demás formas de identitarismo, no faltan las asociaciones, entidades sociales y oenegés dispuestas a abanderar su credo, disfrazado de humanitarismo antirracista, y a recibir de las administraciones públicas –gobernadas en general, aunque no siempre, por la izquierda y los nacionalismos– los recursos económicos necesarios para desarrollar su actividad.

En sus años de alcaldesa de Barcelona Ada Colau destacó en la labor de fomentar y acrecentar dicha política subvencionadora. No es de extrañar que la rematara, poco antes de perder el sillón, con la suspensión temporal de las relaciones institucionales del Ayuntamiento barcelonés con Israel, lo que suponía congelar también el hermanamiento del Consistorio con la institución homóloga de Tel Aviv. Se lo había pedido, adujo, un centenar de asociaciones y entidades de la ciudad en protesta por el “apartheid contra el pueblo palestino” y ella no podía negárselo. Tanto más cuanto las había amamantado ella misma y dependía de sus votos para revalidar la Alcaldía. Y aun así, mira por dónde, terminó quedándose sin ella.

(The Objective, 11 de octubre de 2023)

8 de octubre, domingo

El próximo domingo se cumplen seis años, con sus correspondientes domingos, de aquel 8 de octubre de 2017. Las razones por las que un millón de personas desbordaron entonces las calles de Barcelona –el diputado regional Lluís Llach, exudando su contrastada xenofobia, las había bautizado ya la víspera con el expresivo nombre de “buitres”– son las mismas por las que el próximo domingo van a manifestarse en la ciudad decenas o cientos de miles de personas. Menos, en todo caso, que en 2017, entre otros motivos porque este 8 de octubre los socialistas del lugar, fieles a su nacionalismo de cuna y a su vínculo con el PSOE de Sánchez –o sea, al odio segregado contra la derecha–, no van a movilizar a sus partidarios en defensa del Estado de derecho.

Decía que las razones son las mismas y debería haber añadido que la situación política es infinitamente peor. Entonces veníamos, sí, de un intento de golpe de Estado concretado en las llamadas “leyes de desconexión” aprobadas por la mayoría independentista del Parlamento regional y suspendidas al poco por el Tribunal Constitucional, y de un referéndum ilegal de autodeterminación saldado con el fracaso de los convocantes. Pero el martes siguiente el Rey de España se había dirigido a la Nación y, en particular, a cuantos ciudadanos de Cataluña se sentían parte integrante de ella –más del 50% de la población según los sondeos de la época– para mostrarles su apoyo y su cariño y asegurarles, en suma, que no estaban solos. La manifestación de aquel 8 de octubre fue, en definitiva, la expresión multitudinaria de la fortaleza del Estado de derecho y los poderes que lo componen.

Seis años más tarde, esa fortaleza está en entredicho. Quienes salgan a la calle el domingo respondiendo a la convocatoria de Sociedad Civil Catalana y al llamamiento de las distintas entidades cívicas y partidos políticos que la secundan no van a contar con el sostén del poder ejecutivo ni de medio legislativo. En lo que respecta al poder judicial, está por ver qué papel jugará el Constitucional cuando le toque –en el supuesto de que llegue a tocarle– pronunciarse sobre esa amnistía de momento no nata. Lo que tendrán enfrente esos manifestantes, además de a un gobierno autonómico independentista, es a un gobierno del Estado y a una mayoría provisional del Congreso de los Diputados dispuestos a pactar con el independentismo lo que haga falta con tal de que Pedro Sánchez conserve el poder. La primera evidencia de esa sumisión del todo a la parte fue la decisión tomada por la Mesa del Congreso cuando aprobó una modificación del reglamento para que sus señorías pudieran expresarse en lo sucesivo en cualquier lengua cooficial en el ejercicio de sus labores parlamentarias. ¿Cómo no sentirse menospreciado como ciudadano residente en Cataluña –o en Baleares, Comunidad Valenciana o País Vasco– al contrastar esos derechos lingüísticos de los que se ha revestido a sus representantes en la Cámara Baja, cediendo a las exigencias de un prófugo, con la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en sus respectivos territorios en la lengua oficial del Estado?

Los manifestantes del próximo 8 de octubre, al igual que los de hace seis años, son “los otros”. Descontando a quienes vayan a desplazarse desde otras partes de España y cuya presencia en la manifestación resulta esencial para poner de relieve que lo que está en juego no es ni puede ser jamás un problema estrictamente catalán, ni menos aún, como pretende el fugado, un problema de “Cataluña con España” y para descartar que una forma de salir del atascadero sea, como sostienen algunos presuntos ilustrados, permitir a los independentistas separar Cataluña del resto de España; descontando, en suma, esa muestra de solidaridad con los catalanes que también son y se sienten españoles, lo importante del domingo son las víctimas de la ignominia, estén o no estén presentes en la manifestación. Me refiero, claro, a los que llevan décadas y décadas aguantando el ninguneo al que les somete el nacionalismo con la complicidad, interesada o indolente, de los sucesivos gobiernos del Estado porque se resisten a abrazar la causa identitaria. Un ninguneo que no se limita al pisoteo de sus derechos lingüísticos en el mundo educativo o en el campo institucional, sino que se extiende a cuantos ámbitos –y su número no para de crecer– han sido colonizados por el nacionalismo.

Por ellos, por esos españoles sin amparo, hay que movilizarse sobre todo el domingo. Para tratar de impedir que una futura amnistía a quienes delinquieron y prometen volver a hacerlo no venga a sumarse a las afrentas ya sufridas y no se sientan, pues, además de cornudos, apaleados. O, como reza el lema de la marcha, para que ni la amnistía ni la autodeterminación sean en su nombre. Ni en el nuestro.

(The Objective, 4 de octubre de 2023)