Durante años, uno de los principales argumentos de los garantes del modelo de inmersión lingüística ha sido la inexistencia de una demanda efectiva de escolarización en castellano. «El número de peticiones registradas en toda Cataluña —suelen aducir— no alcanza siquiera la docena, por lo que no tiene sentido modificar el sistema.» Por supuesto, se les olvida añadir que la Administración tampoco ha facilitado las cosas, con su postura cerril a favor del modelo vigente o con la supresión de aquella casilla destinada a elegir, se supone, la lengua de enseñanza. Pero, aun así, está claro que la mayoría de los padres deseosos de escolarizar a sus hijos en castellano —o también en castellano— no han querido significarse con una demanda de esta naturaleza, por cuanto al hacerlo, y dejando a un lado lo incierto del desenlace, a quienes significaban de verdad era a sus vástagos. ¿A quién le gusta que el hijo aparezca marcado, ya desde sus primeros pasos escolares, como una rara avis? Y luego está la consideración, nada despreciable, de que el conocimiento del catalán resulta indispensable para quien pretenda ejercer en Cataluña una actividad relacionada con la cosa pública. De que se trata, en suma, de la lengua del poder.
Con todo, es posible que algo esté cambiando en este terreno. Convivencia Cívica Catalana acaba de anunciar que existen ya 500 familias dispuestas a exigir que la Generalitat aplique lo que prescriben de forma inequívoca tres sentencias recientes del Tribunal Supremo que no hacen sino recoger la doctrina emanada del fallo del Constitucional sobre el Estatuto; a saber, que en el sistema educativo autonómico deben usarse por igual ambas lenguas oficiales. Y lo más relevante, por lo que tiene de novedoso, es que entre esas familias hay muchas cuyo idioma familiar es el catalán. Lo cual demuestra, por si hacía falta, que lo que está en juego aquí no son los sentimientos, sino la libertad. Nada más y nada menos.
ABC, 21 de mayo de 2011.
