La cosa, pues, no va de páginas. Va de horas. En concreto, de las tres horas de castellano semanales que, según el decreto de mínimos promulgado el 7 de diciembre de 2006 por el Ministerio de Educación, deberían impartirse en nuestra enseñanza primaria y no se imparten. Como ustedes sin duda sabrán, los alumnos más o menos primarios de Cataluña cursan en estos momentos dos horas de lengua catalana, dos de lengua castellana y dos de un invento denominado «Estructuras comunes». Estas estructuras, que se supone que son comunes a ambas lenguas, se dan de forma sistemática en catalán —como el resto de las asignaturas, por otra parte—, por lo que, en definitiva, los niños catalanes no reciben durante toda la enseñanza primaria sino dos horas semanales de lengua castellana. En el mejor de los casos, eso es, si en el centro no se olvidan de impartirlas.
¿Que cómo es posible? En Cataluña todo es posible, incluso que haya dos sin tres. Pero no vayan a creer ahora que el Departamento de Educación se ha negado en redondo a aplicar el decreto. Eso fue sólo al principio, cuando algunas voces —republicanas y comunistas, mayormente— hablaron de injerencia en los asuntos internos de la nación. Luego, las aguas volvieron a su cauce y el consejero Maragall buscó una tercera vía, que contentara mínimamente al Ministerio y no violentara demasiado a los compañeros de viaje gubernamental. La vía consistía en dejar que cada centro se las apañara para colocar esa tercera hora donde quisiera. Por supuesto, daba igual que se enseñara o no la lengua durante esos sesenta minutos semanales.
Así las cosas, el pasado mes de abril vencía el plazo para que cada centro escolar presentara su «proyecto lingüístico». Pues bien, unos días antes el Departamento ampliaba el plazo hasta el próximo 14 de junio. Y esta misma semana, cuando faltaban apenas diez días para el segundo vencimiento y tras el enésimo chantaje de ERC, el propio Departamento anunciaba que los centros van a disponer de un año más de margen. No sé si reparan en que, en junio de 2009, habrán transcurrido ya dos años y medio desde la fecha de promulgación del decreto. Y en que, por entonces, el Estatuto, que prevalece sobre una ley estatal, habrá superado ya a buen seguro el escollo del Constitucional y la Generalitat tendrá ya aprobada su Ley de Educación de Cataluña.
Lo dicho: seguirá habiendo dos sin tres. Y, si no, al tiempo.
ABC, 7 de junio de 2008.