Pues no. O, cuando menos, no si el decreto ha de acabar respondiendo a lo que responde el actual proyecto de ley. Vaya por delante que el texto admitido a trámite no guarda, por suerte, mucha relación con otros que el Gobierno tripartito había presentado anteriormente. Y es que, por fin, la visión de las víctimas de la guerra civil tiene un carácter comprensivo. Están las de ambas retaguardias. Y, al lado de las que «sufrieron persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña» —lo que permitía, dado el espíritu del legislador, un sesgo inequívoco a favor del reconocimiento exclusivo de las pertenecientes al bando perdedor—, están también las que sufrieron persecución «a causa de sus opciones personales, ideológicas o de conciencia». Por este lado, pues, nada que objetar.
El problema es de otra índole. Nadie —o casi nadie— discute el derecho de cualquier ciudadano a reclamar para un familiar represaliado un reconocimiento público y la exhumación de sus restos a fin de poder darle un entierro digno. Otra cosa es que determinadas entidades públicas y privadas vayan a disfrutar, como estipula el decreto, del mismo derecho. ¿A santo de qué? La mayoría de estas entidades —financiadas en su totalidad, directa o indirectamente, por la propia Administración— actúan «en nombre» de los familiares de las víctimas. Pero, muy a menudo, esta representación se limita a una o a algunas de las víctimas cuyos restos pueden estar enterrados en una fosa. ¿Con qué derecho van a exhumar el conjunto de los restos? ¿Y si en algún caso ya no existen familiares a los que apelar? Peor aún: ¿y si alguno de los familiares —como ha ocurrido ya, por ejemplo, con los descendientes de García Lorca y con no pocas víctimas de la represión franquista— se niega a que los restos de su ser querido sean exhumados? Ah, la Generalitat —o sea, el Estado— ni siquiera ha previsto tal eventualidad.
Por de pronto, el grupo de Convergència i Unió, aparte de poner el acento en muchas de las contradicciones anteriores, ya ha calculado lo que va a costar la iniciativa: 59 años de trabajos y 16 millones de euros, a razón de 40.000 euros por fosa y 1.000 euros más por cuerpo exhumado. Lo que nadie parece haber calculado, en cambio, es el costo sentimental. Seis décadas dan para mucho.
ABC, 21 de junio de 2008.